Ramón Carrizález, vicepresidente y marido solidario

En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.

La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.  

Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe

Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.

Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.

Atef Nemer pasó sin escalas del mercader de telas que recorría las polvorientas calles de Barinas en una bicicleta, al magnate que erige locales de lujo en el terruño de los Chávez Frías. Sus conexiones van más allá de la política y algunas solo se ventilan en tribunales. Pero el último hito de su expansión, el control de cuatro tiendas de Agropatria, irónicamente arroja algo de luz sobre el colapso y misterioso destino de la empresa estatal, que antaño fue la próspera Agroisleña

No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.

Llegaron desde Turquía: por un lado, un cargamento con lápices de colores, borradores, cuadernos y demás implementos para las clases escolares; por el otro, un despacho de pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica.  Pero el consignatario de ambos era una misma empresa en Panamá, hasta entonces desconocida, y con unos empresarios líbano-venezolanos, muy poderosos y amigos del chavismo de vieja data, por detrás.  

La vicepresidenta de Nicolás Maduro, cuyo poder crece en simultáneo con el de su hermano, Jorge, lo hace todo en familia. Así que con Yussef Abou Nassif, a quien se le asocia como su pareja afectiva, y sus hermanos, ha sido generosa. Aún antes de que la relación pase a mayores, Cupido llegó con una alforja llena de contratos para el clan de origen libanés, que de la noche a la mañana construyó una maraña de empresas que desde 2017 se nutrió con al menos 413 millones de dólares en convenios para el suministro de los CLAP, y luego se extendió a otros negocios como bodegones, tarjetas de pago y venta de insumos médicos.