Ramón Carrizález, vicepresidente y marido solidario

En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.

La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.  

Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe

Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.

Ya no haría falta tachar las líneas incómodas u ordenar a los periodistas que “no toquen” a personajes determinados. La nueva censura va directo a la yugular de Internet: elimina o entierra contenidos incómodos a través de manipulaciones, mensajes fraudulentos y comandos técnicos para restringir la búsqueda, y se puede contratar. La española Eliminalia es una de las empresas más duchas en estos servicios, con una creciente cartera de clientes venezolanos y una disposición cada vez mayor a dejar de hacer advertencias y solicitudes ante los medios, para en vez de ello sacar a los medios de circulación mediante una triquiñuela por la que engañan a Google y a otras grandes plataformas en la red.

Aunque apasionado criador de purasangres de carrera, Iván Rodríguez Gelfenstein ha dado más de un salto propios, en realidad, de la disciplina de la equitación: de odontólogo a proveedor de alimentos para el gobierno de Chávez, de miembro de una hermandad de burócratas revolucionarios a magnate en la costa este de Florida. En uno de esos fue a dar con sus negocios a Panamá, y allí el HSBC lo reportó haciendo transferencias a un grupo comercial señalado por actividades de supuesto lavado de dinero.

¿Dónde está? Es el clamor que mantiene en Twitter su madre y que las redes multiplican, a veces de modo equívoco, creyendo que se trata de un mártir de oposición. Este investigador submarino, de doble nacionalidad y en cuyo apellido yacía su destino, se convirtió en toda una leyenda del mercado global de salvamentos en las profundidades oceánicas. Pero mientras participaba en operaciones espectaculares como la búsqueda del sumergible 'Kursk' o la recuperación del heredero del imperio Missoni, también se fue enredando en una madeja de intereses y arcanos que pueden dar pie, cada uno, a hipótesis diferentes para su desaparición hace más de dos años, un día en que tomó un vuelo de Miami a Caracas.

El que con bancos mata, a bancos muere: casi medio siglo de próspera trayectoria en el negocio no previno a esta familia del estado Lara de una racha negativa en transacciones relacionadas con las finanzas. Si su banco en Puerto Rico fue objeto de una redada del FBI en 2019, ya arrastra una década con un pleito en España iniciado por la compra frustrada de otro banco en Cataluña, a través de una compañía registrada en Luxemburgo. Ambos emprendimientos internacionales surgieron en el mismo momento en que Hugo Chávez les expropiaba la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia; pero de algún modo se han salido con la suya de cada contratiempo.

Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.