LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
La renuncia del alto funcionario habría obedecido al inminente desplazamiento de su esposa, la ministra del Ambiente Yubirí Ortega, por una funcionaria que cautivó al presidente Hugo Chávez durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague, en 2009.
El vicepresidente Ramón Carrizález renunció a su cargo el 25 de enero de 2010. Su esposa, la ministra del Ambiente Yubirí Ortega, hizo lo propio ese mismo día. Ambos alegaron “estrictos motivos personales” para tomar la decisión.
Se especuló mucho con la salida del vicepresidente: que obedecía a la presencia de militares cubanos con cargos de comando en instalaciones castrenses venezolanas, o que estaba en desacuerdo con el cierre definitivo de la televisora Radio Caracas Televisión. La embajada recogió todos esos rumores y agregó otro, un tanto inesperado: que la renuncia de Carrizález tenía “un ángulo más personal”. “La directora de Cooperación Internacional del Ministerio del Ambiente, Claudia Salerno, acompañó al presidente Chávez a la Cumbre sobre el Cambio Climático de Copenhague, y capturó la atención del mandatario con la feroz retórica anticapitalista y antiestadounidense. Chávez quería promoverla como titular del Ambiente para sustituir a la mediocre esposa del vicepresidente”, dijo un informante de la legación estadounidense.
Salerno nunca fue nombrada. En febrero pasado Carrizález fue designado como secretario ejecutivo de la gobernación de Apure por órdenes de Chávez. Y el actual ministro del Ambiente es Alejandro Hitcher.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
