La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
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Una lista de transferencias, inédita hasta ahora, da fe de al menos 142 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht canalizó en comisiones ilegales en Venezuela. Solo en 2014 esos pagos irregulares alcanzaron 57,5 millones de dólares, de los que más de la mitad, 34 millones, se fueron en sobornos vinculados a la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas, en la ciudad capítal.
La trama venezolana del ya célebre escándalo Lava Jato no había precisado el rastro de esos sobornos. Semejante suma se fue por un barranco que quedó asentado en el sistema Drousys, la base de datos secreta del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y cuyos datos ahora permiten reconstruir la película, gracias a una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en alianza con 18 medios del hemisferio, de los que Armando.Info forma parte.
La compañía apuntó allí minuciosamente los detalles de cada uno de los llamados pagos en caja dos. En ese laberinto de millones de dólares y operaciones financieras, destacan 36 transferencias que, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, sumaron 92,1 millones en las cuentas bancarias de una firma llamada Cresswell Overseas. Esta persona jurídica sirvió de ducto para los pagos irregulares registrados en la contabilidad paralela de cuatro grandes obras de movilidad en el área metropolitana de Caracas, encargadas a Odebrecht y nunca concluidas: la Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare.
Si bien los datos encontrados entre 2011 y 2013 son parciales, la información de 2014 apuntó buena parte de los egresos a nombre de un tal Camelo, un apodo o nombre en código cuya identidad ahora se sabe que conecta con el diputado oficialista Haiman El Troudi, ex director del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda, y para esa fecha ministro de Obras Públicas; por lo tanto, responsable de todos los proyectos mencionados.
Aunque se les contactó para este trabajo, voceros de Odebrecht ni confirmaron ni desmintieron la identidad de ninguno de los seudónimos de los venezolanos que registraron en la base de datos interna de su Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyas revelaciones hoy el ICIJ presenta en esta alianza bajo el título de La división de los sobornos.
De cualquier manera, los datos particulares de la compañía receptora de los fondos ofrecen algunas luces acerca de a dónde fue el botín.
Si bien está registrada en Panamá y dispone de cuentas bancarias en Portugal y Antigua y Barbuda, a Cresswell Overseas la representa un ciudadano venezolano, de nombre Leopoldo José Briceño Punceles. “No tengo nada que ver con eso”, respondió al otro lado del teléfono cuando se le contactó por primera vez para contrastar las informaciones recolectadas en este reportaje.
A pesar de su negativa, Briceño Punceles aparece ligado a Cresswell en el Registro Público de Panamá. Por si fuera poco, y de acuerdo al expediente 2016/0372 de la Corte Suprema de Antigua y Barbuda, Leopoldo Briceño fue llamado a comparecer ante esa instancia para responder por el dinero que le habían congelado en una de las tantas cuentas relacionadas con Odebrecht, que la isla se vio obligada a investigar cuando el escándalo de Lava Jato advirtió que buena parte de las triangulaciones pasaron por un pequeño banco –el Meinl Bank de Antigua– que la corporación brasileña había adquirido y reestructurado a su medida para operar su esquema trasnacional de sobornos.
En el sistema se observa que Odebrecht pagó durante 2014 más de 34 millones de dólares solo en sobornos conectados con el proyecto de la Línea 5 del Metro de Caracas.
En ese mismo período, entre 2013 y el 2015, Leopoldo José Briceño Punceles adquirió tres apartamentos en condominios de Miami por un poco más de un millón de dólares.
Briceño vive hoy en esa metrópolis del sur del estado de Florida, en Estados Unidos. Antes estaba residenciado en Caracas, donde fue directivo de empresas como Grupo Lord’s, dedicada al servicio técnico de impresoras.
En 2018 Briceño adquirió otro inmueble en Miami, con lo que completó propiedades por 1,2 millones de dólares. Registros públicos muestran que también es agente registrado de al menos tres compañías estadounidenses: una de compraventa de propiedades, un negocio de fotografía y un restaurante en Doral, la ciudad en el oeste de Miami-Dade que ha crecido con el impulso de la migración venezolana.
Uno de los primeros nexos de Cresswell Overseas con la constructora brasileña lo reveló Vinicius Veiga Morín, el banquero brasileño que ayudó a comprar el banco Meinl Bank de Antigua y que luego en Brasil –sentado en el banquillo de los acusados– mencionó a Cresswell entre las tantas firmas que habían servido de vehículo para la circulación de los pagos irregulares de Odebrecht. Briceño aseguró entonces, consultado dos años atrás por la cadena hispana Univisión de Estados Unidos, que no sabía nada. Reconoció, sí, que abrió la compañía en Panamá, pero precisando a la vez que esta nunca tuvo relación alguna con el gigante de la construcción brasileña.
Otras pistas que conducen a Briceño Punceles se hallan en Suiza. Un reportaje publicado el año pasado en Armando.Info ya advertía que la fiscalía de ese país investigaba las cuentas de un tal Luis Delgado, que resultó ser socio de Briceño. Las autoridades helvéticas habían identificado a Delgado como el medium entre las offshore fantasma de Odebrecht y cinco ciudadanos venezolanos, entre los que destacan María Baptista y Elita Zacarías, esposa y suegra del ex ministro Haiman El Troudi. Entonces, como ahora, aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental, El Troudi no ha respondido a los intentos de Armando.Info para contactarlo y recoger su versión.
Los investigadores suizos encontraron siete cuentas de los familiares de El Troudi en un banco. “Una vez ingresado en la cuenta de Alfa International International SA, el dinero fue sustancialmente transferido a las cuentas a nombre de Elita del Valle Zacarias Días y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el extranjero”, indicó la fiscal general de la Confederación Suiza, Dounia Rezzonico, en una carta que envió a la fiscalía venezolana a través de la embajada de ese país en Caracas.
La fiscal suiza activaba así las alarmas alrededor de una firma llamada Alfa International SA, registrada a nombre de la esposa y la suegra de El Troudi, junto a otros tres venezolanos: Alejandra Urdaneta Tovar, Jorge Henrique Lander Siblesz y el mismo Luis Enrique Delgado Contreras, que además de ser socio de Leopoldo Briceño, en los juicios de Brasil fue señalado por el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, como uno de los dos lobistas que gestionaron pagos para gestores que le agilizaban desembolsos a él y al resto del tren ejecutivo de Odebrecht.
En sus declaraciones, Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela y testigo de excepción de los tratos de la constructora brasileña con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, evitó siempre referirse a “sobornos”. A Luis Delgado y Héctor Dáger los mencionó con pelos y señales en los tribunales de Brasil como comisionistas y nunca con seudónimos. Pero quien sí terminó de despejar la incógnita fue su segundo a bordo, Alessandro Dias Gomes, que en Brasil confirmó durante su delación premiada que el Luis Delgado de esta historia es el mismo Camelo de Cresswell Overseas, que en el sistema Drousys aparece anotado junto a los pagos irregulares de la Línea 5 y otras de las obras emblemáticas encargadas a Odebrecht.
“Puedo decir que cualquier referencia a Camelo utilizada en operaciones por mí solicitadas significaba que los pagos eran destinados a Luis Delgado Contreras”, afirmó Dias Gomes en su declaración.
Según
los testimonios de Dias y Azevedo, tras la enfermedad de Chávez fue necesario
contratar a Delgado Contreras para recuperar los pagos atrasados que el gobierno
empezaba a deberles. Dias Gomes directamente “manejaba” la relación con el
abogado venezolano, quien obtenía 2% de cada pago o contrato que facilitara. El
brasileño añadió que Delgado había recibido un poco más de 100 millones de
dólares en cuentas bancarias asociadas a Cresswell Overseas y Alfa International
entre 2011 y 2015.
Luis Delgado y Leopoldo Briceño eran socios en el negocio de “colectar las deudas” y se repartían los pagos de Odebrecht entre Cresswell Overseas y Alfa International. Es lo que acepta Briceño a través de declaraciones de su abogado, con el que finalmente decidió dar una explicación.
Las cabezas de Odebrecht en Venezuela, tanto Azevedo como Dias, destacaron la influencia que Delgado Contreras parecía tener en el Ministerio de Transporte. Pero hasta ahora, el rol de Briceño Punceles, bajo cuyo nombre estaba registrado Cresswell Overseas, era un misterio. Su abogado, también llamado Luis Delgado, respondió que Odebrecht contrató a su bufete, el Escritorio Delgado Chapellín, para cobrar sus pagos atrasados.
Briceño
Punceles y Delgado Contreras, asegura el abogado, también cabildearon para que
el gobierno chavista emitiera bonos de deuda que luego podrían ser utilizados
para los pagos a Odebrecht. “Nuestro cliente trabajó con la Oficina Nacional de
Crédito Público de Venezuela, que autorizó y asistió en diferentes emisiones de
deuda durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015”, dijo. “En el momento en que
Odebrecht contrató al señor Delgado y al señor Briceño, Odebrecht gozaba de una
reputación impecable. Desde su punto de vista, no estaban haciendo nada ilegal,
estaban prestando un servicio, no eran políticos, no estaban en ninguna campaña,
no estaban involucrados en obtener los contratos, esos contratos se negociaron
directamente con el presidente Chávez entre Euzenando y
él”.
Azevedo
y Dias, sin embargo, declararon que los servicios de Delgado Contreras fueron
más allá de colectar pagos atrasados, pues este usó su influencia en el
Ministerio del Transporte para obtener, además, la aprobación de financiamiento,
incluso forjar “anexos” a contratos ya establecidos que significaron más
ingresos para Odebrecht.
Delgado
enviaba a Odebrecht documentos internos del Ministerio, entre ellos los llamados
“puntos de cuenta”, a través de los cuales se solicitaba anualmente la
adjudicación de recursos financieros extrapresupuestarios para las obras en
construcción y que debían ser aprobados tanto por el ministro de turno como por
el propio presidente de la República.
“En
numerosas ocasiones, con la interferencia de Luis Delgado Contreras, tuve la
posibilidad de moldear el texto de los puntos de cuenta a partir de nuestros
intereses,” dijo Días Gomes. El ejecutivo dijo que Delgado Contreras también
ayudó a obtener la aprobación de contratos adicionales por 12.000 millones de
dólares.
Fueron
fichas clave en toda la madeja que hoy envuelve el caso. Por lo pronto,
advierten a través del abogado que el dinero sigue congelado en Antigua y
Barbuda. Pero de las otras cuentas alrededor del mundo, como las suizas, no
saben.
* Este es un reportaje investigado y publicado en simultáneo por El Nuevo Herald, McClatchy y ArmandoInfo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Ilustración: Ricardo Weivezahn / ICIJ
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora brasileña, incluyendo las coimas para Venezuela, dejó huellas en los reportes de operaciones sospechosas que recogen los FinCEN Files, que llegaron seis años después de la operación. Los ex ejecutivos del ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ de la compañía buscaban huir de los molestos controles de cumplimento en las entidades privadas y resolvieron hacerse un banco a su medida a partir de la carcasa de la sucursal de un banco austriaco en el Caribe Oriental.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Más allá de los nombres de figuras políticas y funcionarios del Estado involucrados, la trama de corrupción desplegada por la constructora brasileña en Venezuela puso en circulación cantidades descomunales de dinero en pagos irregulares. En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil y hasta gerentes deportivos.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.
El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
