Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado pero que permanece en libertad, suscribieron contratos con Odebrecht que cubrían el desvío de fondos, destinados oficialmente a obras de infraestructura en Venezuela, para el pago presunto a 'funcionarios y políticos extranjeros', como estableció hace tiempo la fiscalía holandesa. Ahora surgen en alertas del Deutsche Bank al Departamento del Tesoro estadounidense las evidencias de transferencias de millones de dólares a una de ellas.
Parte de los fondos destinados para expandir el Metro de Caracas terminaron en Holanda. La ruta del dinero evidenciada en los llamados FinCEN Files por primera vez muestra que la constructora brasileña Odebrecht, que quedó debiendo a la capital venezolana obras contratadas como el Cabletrén de Petare, se ocupó en cambio de completar una autopista financiera que desvió el dinero del Metro de Los Teques o del Tren Guarenas-Guatire a cuentas bancarias en el Reino de los Países Bajos.
Unas pocas transferencias, camufladas entre los más de 2.100 reportes de actividades sospechosas de la banca en Estados Unidos –originalmente filtrados a Buzzfeed News, analizados por Armando.info y otros 107 medios bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en los FinCEN Files–, dan cuenta de algo más de siete millones de dólares que salieron de la filial venezolana de Odebrecht a una desconocida empresa registrada en los Países Bajos con el nombre de Finandi Equipment BV.
El nombre de la compañía neerlandesa no pasó inadvertido en el Departamento del Tesoro estadounidense –para las autoridades de su Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)– a pesar de que iba dentro de una maraña de transferencias, por más de 337 millones de dólares, que la filial venezolana de Odebrecht movió en 79 operaciones solo entre septiembre y octubre de 2015.
Los oficiales de cumplimiento de la sucursal en Estados Unidos del Deutsche Bank y, luego, sus interlocutores del Departamento del Tesoro, levantaron la bandera roja tras notar que entre los fondos se encontraban 65,3 millones de dólares provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Si bien buena parte del monto que Odebrecht recibió de Pdvsa luego fue transferido al consorcio a cargo de la tantas veces prometida y nunca concluida central hidroeléctrica Manuel Piar de Tocoma –la misma que prometía generar una nueva fuente de energía sobre el río Caroní, desde el estado Bolívar, en el sur de Venezuela–, una porción ciertamente llegó a la novata Finandi Equipment BV.
El reporte de actividades sospechosas retrata el desvío de 7,1 millones de dólares a través de cinco transferencias pero, más que eso, asoma un nuevo canal, hasta ahora desconocido, por el que se encauzaron fondos en la trama local del caso Odebrecht.
La información fiscal de la empresa Finandi Equipment BV, registrada en abril de 2011, aparece en la ciudad de Amsterdam a nombre del empresario holandés Hendrik van Wijlen. El nombre de este hombre de negocios ya había surgido en diligencias de la justicia neerlandesa, que lo habían relacionado con Odebrecht y las otras empresas de ingeniería civil brasileñas que forman parte del elenco del ya célebre caso Lava Jato.
Sin mencionarlo explícitamente, el Ministerio Público de los Países Bajos (FIOD, por sus siglas en holandés) anunció en febrero de 2019 la apertura de una investigación contra un individuo que resultó ser Van Wijlen. Informó sobre la inspección a seis oficinas y domicilios relacionados con él, sobre la incautación de algunos de sus computadores, y formalizó el inicio de una investigación.
“Se sospecha que las empresas holandesas han facilitado el pago de sobornos a gran escala”, manifestaron las autoridades de la fiscalía en un comunicado del 26 de febrero de 2019. “Los sobornos fueron pagados por el conglomerado brasileño Odebrecht SA y probablemente estaban destinados en última instancia a funcionarios y partidos políticos extranjeros. Se trata de un mínimo de 100 millones de euros que han pasado por el sistema financiero holandés”.
Desde entonces, en los Países Bajos no hay más noticias sobre el caso. Aunque para este reportaje se le solicitó a la Fiscalía mayor precisión sobre el estado de la investigación, un portavoz del Ministerio Público se limitó a señalar desde Amsterdam que el proceso está en marcha. Los FinCEN Files, de cualquier modo, adelantan algo que no han advertido ni los fiscales holandeses ni mucho menos han investigado sus colegas venezolanos: lo de Finandi Equipment no fueron unas meras transferencias, sino una de las vías que empleó Odebrecht para lavar el dinero de Venezuela.
De acuerdo
con el reporte de actividades sospechosas emitido por el Deutsche Bank, a
Finandi Equipment llegó una porción de los recursos que Pdvsa depositó a
Odebrecht a finales de 2015. Pero el nombre de otra empresa homónima –ya no
Finandi Equipment sino Finandi Voorschoten– aparece en los contratos acumulados
en tribunales de Brasil junto a facturas, documentos y testimonios que
sustentaron los cientos de juicios derivados de la trama de Lava Jato.
En uno de esos contratos, con fecha del 2 de febrero de 2014, Odebrecht alquilaba a la neerlandesa Finandi Voorschoten dos máquinas especiales que a lo largo de tres años perforarían los túneles del tren Caracas-Guarenas-Guatire, una extensión ferroviaria del sistema del Metro de Caracas que comunicaría a la capital venezolana con dos ciudades-dormitorio al este.
"La vigencia del Acuerdo será de treinta y seis (36) meses a partir de la entrega de cada equipo en Puerto Cabello, República Bolivariana de Venezuela", reza el documento. “El pago del arrendamiento de cada equipo se abonará sobre la base de una tarifa mensual, fija e indefinida de quinientos cincuenta mil euros (550.000,00 €) desde la entrega efectiva de cada equipo al arrendatario en Puerto Cabello”.
La maquinaria nunca llegaría a Venezuela; el Metro de Caracas tampoco alcanzaría los suburbios de Guarenas. El dinero, sin embargo, se evaporó: el monto del contrato suscrito sobre ese papel, más de 46 millones de dólares, serviría de tapadera para el desvío de fondos.
Los primeros datos de la firma holandesa que se pueden ver en el registro mercantil de Amsterdam datan de abril de 2011, con un capital de 18.400 euros. Apenas ocho meses después, en diciembre de ese mismo año, ya se había multiplicado más de diez veces hasta llegar a 250.000. Cuando, en 2016, la compañía fue liquidada, contaba con 500.000 euros de capital.
Al momento de esa liquidación, no habían transcurrido más de seis meses desde la transferencia que prendió las alarmas del Departamento del Tesoro. Eso dio tiempo para registrar las transacciones que ofrecen una pista que de otra manera habría resultado muy difícil de seguir. Por fortuna, el rastro quedó allí, en los FinCEN Files. De cualquier modo, los movimientos del holandés Hendrik van Wijlen ya dejaban evidencias de que a él llegaba buena parte de los recursos desviados de Odebrecht Venezuela.
Van Wijlen salió en junio de 2013 de la directiva de la misma empresa Finandi. Pero el registro de compañías de Países Bajos lo delata tras bastidores en otras subcontratistas ficticias que rebanaron el presupuesto asignado por el gobierno chavista para las obras faraónicas de infraestructura que publicitaba prematuramente en su propaganda.
Por ejemplo, Van Wijlen, el directivo de la Finandi Voorschoten –encargada sobre el papel de proveer maquinarias para el tren a Guarenas–, pasaba por una puerta giratoria y aparecía al frente de Likam Vouwwerken Internationaal, otra firma premiada con unas supuestas obras civiles para el Metro de Los Teques –capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas–, el nunca construido Cabletrén de Petare –un populoso barrio obrero al este de la capital venezolana– y la tantas veces prometida Línea 5 del Metro de Caracas.
Otro Van Wijlen, pero de nombre Paul –el hermano de Hendrik– entonces figuraba a la cabeza de PW Trading, la empresa que suministraría las piezas para construir otro de los tantos elefantes blancos de Odebrecht en Venezuela: el Proyecto Agrario Internacional Jose Inácio Abreu e Lima, una ciudad campesina proyectada para 500 familias cerca de El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.
Las de Países Bajos son al menos ocho compañías relacionadas a un grupo financiero llamado Pan-Invest, y que conducen a Van Wijlen. Cuando se le intentó contactar en Amsterdam para este reportaje, a través de su abogado rechazó la solicitud de entrevista.
Se puede asegurar, de cualquier modo, que todo empezó en 2009 con una negociación directa entre los ejecutivos de la constructora brasileña con el propio Van Wijlen. Eso recuerda Marcos Grillo, ex funcionario de Odebrecht y, sobre todo, testigo fundamental en esta historia. “La tarifa acordada con él por el uso de la estructura fue del 3% neto de impuestos”, explicó en diciembre de 2016 frente a los fiscales que lo interrogaban en Brasil a cambio de beneficios procesales.
“Con el crecimiento del programa y la necesidad de nuevas estructuras en los Países Bajos, estábamos aumentando el número de empresas utilizadas”, agregó Grillo, quien fue encargado de la “generación de recursos” del Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo que empleó Odebrecht para bautizar su oficina de sobornos. “Para evitar la auditoría obligatoria impuesta por la ley holandesa, nuestros socios holandeses controlaban de cerca los siguientes indicadores en todas las empresas, ya que al menos dos de ellas, en conjunto, no podían ser superadas durante dos años consecutivos: por ingresos superiores a 8.000 millones de euros por año, número de empleados mayores de 60 años y activos superiores a 4.500 millones de euros”.
Así se configuró la llamada Caja 2 de Odebrecht, o más bien el camino por donde desviaron los recursos. En el caso venezolano, el conducto de escape originalmente fue a través de una retahíla de empresas registradas entre Portugal y Uruguay, pero el colapso del Banco Espírito Santo de Portugal –que llegaron a emplear– y otros descuidos, dejaron entrever algunos cabos sueltos que llevaron a los brasileños a trasladar a los Países Bajos –una especie de paraíso fiscal dentro de la Unión Europea– la estructura que al principio empleaban en la península ibérica con el nombre de Brasfix.
Solo entre 2011 y 2015, en las diferentes obras del Metro de Caracas se desviaron, en palabras de Alessandro Dias Gomes –el número dos de Odebrecht en Venezuela– “entre 120 y 140 millones de dólares”. El mayor porcentaje provino de los pagos para las obras del tren a Guarenas.
Aunque las obras de esa vía ferroviaria quedaron a la vista como meros mausoleos de concreto y cabillas, en Venezuela nunca investigaron la trama de Odebrecht. La Fiscalía General de la República, designada por la chavista Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y a cargo de Tarek William Saab, ni siquiera volvió a hablar del caso, a pesar de que en los tribunales brasileños quedó constancia de al menos parte de los contratos ficticios y transferencias ilegales que dieron pie para este reportaje, así como otras ramificaciones en Venezuela.
El protagonista de esta historia, entretanto, se encuentra en algún lugar de los Países Bajos. Eso es lo único que aceptaron confirmar las fuentes en el Ministerio Público de ese país. Pero Hendrik van Wijlen no se encuentra ni en prisión preventiva, ni sometido a otras restricciones. Mientras se esperan resultados concretos de esa investigación sobre el desvío irregular y legitimación de cuantiosos fondos venezolanos en Amsterdam, no muy lejos de allí, en La Haya –como se supo en días recientes–, parece estar a punto de iniciarse un proceso para que la Corte Penal Internacional juzgue la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Dos extremos interconectados de un mismo drama.
Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos suscritos por Odebrecht con el Estado venezolano no se llevaron a cabo. Ese país rutilante que en mapas el comandante Chávez dibujaba durante sus transmisiones en cadena, sembrado de puentes ultramodernos, vías férreas y represas, cuya construcción confió sin concurso a la compañía favorita de su aliado Lula da Silva, quedó para el ensueño. Aunque sus costos sí fueron reales. Un inventario de los 32 proyectos que la corporación líder del esquema de Lava Jato tomó en Venezuela, de los que 17 quedaron en deuda, permite comprobar el colosal incumplimiento.
La historia del que iba a ser el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo no es una oda a la ingeniería, sino una trama de sobreprecios, pagos fingidos y malabares cambiarios que desembocó en una obra inconclusa: solo quedan un terraplén y escasos pilotes después de 15 años desde su inicio y de cientos de millones de dólares invertidos. El documento de un contrato entre Odebrecht y uno de sus proveedores, una dudosa compañía en los Países Bajos, recientemente filtrado, permite echar un vistazo a una muestra en pequeño de las prácticas que a la larga conformaron un fraude monumental y otra promesa incumplida del chavismo.
A finales del año pasado el Estado venezolano se deshizo de la que fuera sede de la embajada del país ante el Reino de los Países Bajos, una casa señorial y centenaria que había terminado como archivo de documentos, a la que durante años no se le hizo mantenimiento y terminó vendiéndose a un precio poco competitivo que supo aprovechar una empresa de bienes raíces con todas las características de una ‘shell company’. Esta, en menos de un mes, revendió la propiedad por más de la mitad del precio original.
La compañía brasileña acaparó durante años los monumentales contratos para obras de infraestructura que debían convertir a Venezuela en una potencia. Pero los delirios de Chávez dieron paso a la realidad del país, una vez más. Tras el colapso del emporio entre escándalos internacionales de corrupción, y su retirada consiguiente, los campamentos del área metropolitana donde antes estuvieron a resguardo las maquinarias, materiales y el personal de esos proyectos -sobre todo de trenes de cercanía, en los que se invirtieron miles de millones de dólares- se convirtieron en escombreras y baldíos prestos para las pobladas invasoras. Un cuartel de policía y un huerto de ajíes son algunos de los reciclajes improvisados que florecieron en su lugar.
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora brasileña, incluyendo las coimas para Venezuela, dejó huellas en los reportes de operaciones sospechosas que recogen los FinCEN Files, que llegaron seis años después de la operación. Los ex ejecutivos del ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ de la compañía buscaban huir de los molestos controles de cumplimento en las entidades privadas y resolvieron hacerse un banco a su medida a partir de la carcasa de la sucursal de un banco austriaco en el Caribe Oriental.
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
