Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado con la crisis económica del país y del cual, solo en 2018, quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. El epicentro del “negocio" está en Güiria, en el estado Sucre, donde hasta las autoridades policiales y migratorias venezolanas están involucradas pues en la cadena de transportar a las mujeres escasea la ética y sobran los dólares.
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Que fueron los miembros de una red de trata de mujeres los que secuestraron las dos embarcaciones que salieron de Güiria -en el estado Sucre, al oriente de Venezuela-, el 23 de abril y el 16 de mayo fue la versión que rápidamente corrió entre los habitantes del pueblo. No hacía falta una versión oficial para dar el veredicto. Allí todos saben que las mujeres están “en venta” y que cuestan 300 dólares cada una.
Luego, los hechos reforzaron la hipótesis que pasaba de boca en boca: no hay enseres flotando en el mar, no aparecen cuerpos. No hay rastro de muertos. Lo que sí hay son 60 familias que insisten que sus parientes están secuestrados y exigen que los busquen.
El 23 de abril naufragó el peñero Jhonnalys José. De 35 personas que lo abordaron, solo aparecieron 8 vivas y el cuerpo de una adolescente de 16 años que se ahogó. Patricia(*) había decidido ir por segunda vez a Trinidad y Tobago -había ido el año anterior- y le pidió el aventón a Noel Tortolero, conocido en el pueblo como “Noelito” y por trasladar mujeres hasta Trinidad y Tobago.
Ella lo conoce desde hace años y asumió que no corría peligro. No era la primera vez que la llevaban gratis y el 23 de abril vió lo de siempre: que a las chicas, en su mayoría menores de edad, les tomaban fotos antes de zarpar. Era de noche cuando abordó el bote y no logró fijar los rostros de las personas que estaban ese día en la embarcación. Para ella solo eran más mujeres que cruzarían a la isla. Como siempre.
El motor falló desde que arrancaron de Güiria, pero continuaron hacia Trinidad. Al llegar a Isla de Patos finalmente se paralizó y el agua empezó a inundar la embarcación. Todos se aferraron al bote hasta que se volteó y no tuvieron otra opción que entregarse al mar. Unas se subieron a las pimpinas plásticas de gasolina y otras se sostenían del bote que dio la vuelta, pero se mantenía a flote.
Patricia vio a una de sus vecinas en Güiria quitándose la ropa para empezar nadar. La mujer le pidió compañía para no desvanecer en el agua. Se veía una montaña y tenían fe que podían llegar a algún lugar donde agarrarse. Y llegaron. Estuvieron sobre una piedra un día y medio.
Por un instante pensaron que las buscaban para rescatarlas cuando vieron un drone acercarse a la zona donde naufragó el bote. Luego una embarcación se acercó y se alejó. La vista no las dejó distinguir si rescataron a otras personas. Gritaron pidiendo ayuda, pero no las vieron. El barco siguió la marcha hasta Trinidad y Tobago.
“Me dijeron que mi hija lloraba y no quería subirse al peñero. Les decía que su mamá pagaría la deuda.”
Luego de día y medio sentadas en una piedra, finalmente fueron rescatadas por pescadores de Güiria que llevaban una búsqueda incansable para encontrar rastros de las personas en el agua. Tras acompañarse en el naufragio hoy estas dos mujeres evitan hablarse y se mantienen bajo resguardo en sus casas. Saben que ya se salvaron una vez del agua y también que quizá no cuenten con la misma suerte de salvarse en ese pueblo.
Las sobrevivientes de la primera embarcación han reconocido por fotos a otras adolescentes que viajaban por la ruta ilegal. Una joven de Carúpano de 17 años de edad se fue de su casa diciendo que estaría de vacaciones en San Cristóbal con una amiga. Llamó en dos oportunidades a su mamá desde un número de teléfono desconocido diciendo que se quería devolver, pero que tenía una deuda de 200 dólares que intentaba resolver. “Ella me decía que no me preocupara, que estaba buscando la manera de regresar”, cuenta su madre que quiere mantener su identidad bajo resguardo.
Cuando su hija no se comunicó más, puso la denuncia ante las autoridades. Las llamadas que hizo la adolescente nunca fueron desde Táchira sino de Güiria. Su foto fue identificada por algunas de las sobrevivientes de ese primer bote que naufragó. “Me dijeron que mi hija lloraba y no quería subirse al peñero. Les decía que su mamá pagaría la deuda. Su amiga iba sentada en sus piernas en la embarcación”, dice la mujer.
Apenas 24 días después de este naufragio desapareció el barco Ana María, con 33 personas. De este peñero no hay rastros. Esta semana el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, confirmó que Alberto Abreu, supuesto capitán de esta segunda embarcación tiene antecedentes penales por trata de personas.
Abreu es, hasta ahora, la única persona que apareció y se suma a las pistas que indican que las personas a bordo del Ana María podrían estar secuestradas, pero tras haber sido rescatado hoy está en fuga. “El individuo que fue llevado a Granada resultó ser una persona con antecedentes penales que se dedica a la trata de personas. Tan pronto como se descubrió eso, el individuo se retiró del hospital en Granada”, explicó el ministro de Trinidad y Tobago.
En Güiria se sabe que el hotel donde las mujeres pernoctan por días antes de ser embarcadas a la isla es el Hotel Plaza. Todos lo señalan apenas se pone un pie en el pueblo. Conocen que solo captar a una mujer y entregarla a la red de trata deja una ganancia neta de 300 dólares; que unas saben a lo que van y otras no; que los funcionarios del Servicio Administrativo de Inmigración y Extranjería (SAIME) sellan pasaportes sin que la persona esté presente y que cada barco que sale del puerto debe dejar su cuota en dólares a cada cuerpo policial.
Todos salen de Venezuela legales y con el visto bueno. No es nada nuevo en Güiria ni tampoco para la Fiscalía. Tampoco para las autoridades de inmigración de Trinidad y Tobago.
Jehyson Gutiérrez es el hermano mayor de Kelly Zambrano, de 19 años de edad, que desapareció en la segunda embarcación. La chica oriunda de Rubio, estado Táchira, no pudo seguir costeando su carrera de Psicología. Una amiga la invitó a migrar hasta Trinidad y Tobago para que pudiera reunir dinero en una moneda que la ayudara a paliar la hiperinflación que se vive en Venezuela. Para ayudarla le pagó un pasaje por la ruta ilegal de Güiria, que cuesta 200 dólares, con las mismas personas que la cruzaron a ella.
Zambrano viajó desde Táchira hasta el oriente del país. Pernoctó en el Hotel Plaza bajo los cuidados de un hombre llamado Héctor Torres, a quien su amiga ya conocía porque coordinó el viaje que la sacó de Venezuela. Zambrano desapareció en el bote Ana María y aún no se sabe nada de ella.
Gutiérrez fue perseguido y recibió amenazas desde que llegó a Güiria tras los pasos de su hermana. Asegura que un día habló con el alcalde de la localidad, Ender Charles. Se montó en su carro e inmediatamente el equipo de seguridad de Charles detectó que un carro los seguía. Ese día el joven durmió bajo la custodia de los escoltas del alcalde.
Después unos hombres lo abordaron. “Me dijeron que me fuera porque me iba pasar los mismo que a mi hermana. Me dijeron que la habían matado y que me fuera porque les estaba afectando el negocio. Ellos se alejaron de mí, pero yo pregunté a la gente si los conocían. El personal de Protección Civil me dijo que ambos trabajaban para ellos”, cuenta.
Asegura además que la recomendación de una fiscal de Carúpano era no hablar con nadie de Güiria porque ahorita todos son sospechosos.
El delito de trata de mujeres con fines sexuales tiene una década siendo investigado en el Ministerio Público. El año pasado una ex fiscal, que prefirió mantener su nombre reservado para este reportaje, dijo que quedaron abiertos 16 casos en investigación. En todos había, por lo menos, cinco víctimas involucradas. Las rutas para llevarse a las mujeres salen de Güiria, Tucupita o Margarita.
Dos ex fiscales entrevistados por Armando.info confirman que entre los años 2014 y 2016 los casos de trata de mujeres aumentaron. La crisis socioeconómica del país hizo que el tráfico de todo se agudizara. Cangrejos, plátanos, queso, miel, cobre y hasta mujeres se enviaban como mercancía desde Venezuela hacia la isla.
Representantes del Ministerio Público, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, hicieron una reunión con la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas que llegó a una conclusión simple y triste: en la isla no había recursos para hacer las investigaciones. Y en Venezuela no fue mayor el interés. Las mujeres siguieron siendo mercancía.
“El primer problema que no logramos superar era que la inmigración en Güiria funciona de forma manual y no hubo manera que el Saime modernizara el sistema. Cuando pedíamos quiénes eran las personas que había en determinado bote que zarpó, no estaban los registros”, explica la fuente.
El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Fuerza Armada venezolana apoyó al Ministerio Público en la investigación durante entre los años 2014 y 2018 en la triangulación de llamadas telefónicas. Durante esos años se multiplicaron las denuncias de trata. Esas indagaciones arrojaron que funcionarios de cuerpos policiales y del Saime estaban involucrados y tenían alguna relación con quienes transportaban a las mujeres. Hubo detenidos, liberados y hasta personas que escaparon. Algunas veces las causas estaban vinculadas y otras no. Las redes son varias.
El caso más emblemático fue el de Detzy del Valle Padrón. Sobre ella, desde 2009, pesaban denuncias de mujeres que fueron utilizadas como esclavas sexuales en Trinidad y Tobago. La pareja de Detzy trabajaba en inmigración de Trinidad y Tobago y llegó a contar hasta nueve denuncias en su contra, con al menos dos mujeres en cada una que le acusaban de formar parte del delito y a sus cómplices.
En 2014 Padrón fue detenida saliendo de Margarita con una víctima más. Una pelea entre ambas mujeres prendió las alertas de las autoridades. A los pocos meses el juez que llevaba la causa cambió el sitio de reclusión de Detzy del Valle sin motivo alguno y ella escapó. Sigue libre.
Esta semana el Ministerio Público notificó que cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por su supuesta vinculación con una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Aseguran que el 2 de mayo fueron retenidos en la alcabala militar del pueblo Bohordal, municipio Cajigal del estado Sucre. Se dirigían a Güiria en un automóvil con dos mujeres y tres adolescentes. Dos de las menores de edad estaban en compañía de sus representantes, pero una viajaba sola.
La Guardia Nacional detuvo a dos hombres en río Salado, quienes presuntamente estaban planificando la salida de un peñero con estas personas con destino Trinidad y Tobago. Ninguno de los detenidos suena entre los implicados en la desaparición de los primeros dos barcos.
El año pasado una oleada de venezolanos detenidos en cárceles de máxima seguridad en la isla de Trinidad y Tobago demostró el desespero de los venezolanos por escapar de la crisis. Mientras la atención estaba volcada a documentar el paso de los caminantes hacia los países andinos, en otras zonas de Venezuela había coyotes pasando por las aguas del Delta del Orinoco y por Güiria a migrantes ilegales por el costo de 100 dólares americanos.
Los venezolanos que detenían por estar ilegales no eran deportados sino encarcelados y obligados a pagar fianzas hasta de hasta 1500 dólares.
investigación realizada por ArmandoInfo se reveló que muchas mujeres detenidas denunciaban que estaban secuestradas, que fueron víctimas de trata. Ninguna fue escuchada. No fueron tratadas como víctimas sino como inmigrantes ilegales, según denunciaron sus familiares.
Desde la Comisión de Política Exterior, el diputado Carlos Valero documentó estas denuncias y se llevaron a la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas. Los familiares de los detenidos acudieron también a la Cancillería, pero no hubo respuesta en ninguna de estas instancias.
A principios del año pasado llegaron dos aviones a Venezuela con venezolanos deportados que previamente estuvieron detenidos en la isla durante meses por estar indocumentados. Ante la deportación masiva, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le recordó a los funcionarios de este país que están obligados a cumplir el tratado de la Convención sobre los Refugiados de 1951 donde se establece la no repatriación o expulsión de personas que necesiten protección internacional, sin que se tome en cuenta la forma en la que entraron en el territorio.
El Primer Ministro Keith Rowley, quien en marzo de 2017 firmó un acuerdo de explotación conjunta de gas con Venezuela para destinarlas a Petrocaribe, respondió enfático ante el exhorto de Acnur: “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”.
Las recientes desapariciones hicieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y exigiera que se desarrollen mecanismos de búsqueda con un solo procedimiento que facilite la interposición de denuncias, y si es el caso, se proceda con la repatriación y entrega de restos.
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, declaró: “Este trágico naufragio en el Mar Caribe y las desapariciones de las personas que iban en la embarcación son una muestra más del nivel de desesperación que a diario enfrentan las personas venezolanas, quienes por diferentes causas se ven forzadas a migrar de sus hogares y a afrontar peligros extremos durante sus recorridos a otros países para buscar sobrevivir”.
Después de un año de denuncias y en medio de este escándalo por las mujeres venezolanas desaparecidas, Trinidad y Tobago decidió dar legalidad a los venezolanos que cruzan en un registro que iniciará el 31 de mayo hasta el 14 de junio para que puedan trabajar en la isla por unos meses.
El diputado Valero no ha podido aún reunirse cara a cara con las autoridades de Trinidad y Tobago y de las reuniones informales con autoridades del gobierno local solo pudo conocer que hay nueve detenidos por el hundimiento de la primera embarcación. “Los familiares tienen esperanzas que aparezcan sus parientes y por eso estamos internacionalizando la búsqueda y haciendo visible las fotos de los desaparecidos”, señala.
Luego de 5 semanas el Ministerio Público notificó que hay nueve personas detenidas, seis mujeres y tres hombres, por estar presuntamente involucradas al tráfico de personas con fines de explotación sexual del primer peñero que naufragó el 23 de abril: Beatriz Elizabeth Alcalá Saldivia (46), Deyson Alexander Alleyne Pimentel (28), Daniela Josefina Luces Pimentel (19), Ornella Milagros Martínez Marcano (26), Yaritza del Valle Morales Romero (22), Dignora del Valle Romero Zapata (40), Carlos Enrique Laffont Astudillo (30), Ingrid José Martínez Marcano (28) y Adrián Eduardo Pacheco Gómez (33).
Todos tienen imputaciones por los delitos de trata de personas y asociación, mientras que al dueño del bote se agregó el delito de homicidio intencional con dolo eventual porque murió la adolescente de 16 años de edad. El sitio de reclusión es la Estación de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana en Güiria.
(*) Nombre ficticio para proteger a la víctima
Pierden la libertad apenas pisan cualquier playa trinitense y su “pecado original” es una supuesta deuda que estas mujeres solo pueden pagar convirtiéndose en una mercancía sexual. Las amansan con un proceso previo de tortura, rotación y terror hasta que pierden el impulso de escapar. El crecimiento de estas redes de trata es tan evidente que informes regionales y parlamentarios reconocen que en esa maquinaria de engaño y violencia, la complicidad del aparato de justicia de la isla multiplica el número de víctimas.
Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon de las playas falconianas con rumbo a Curazao y desaparecieron con 51 personas a bordo entre 2019 y 2020. Un cuerpo recuperado, ni una estela de gasolina y muchas irregularidades se reseñan en el expediente del caso, pero no alcanza a revelar el misterio. La actividad de una banda local del crimen organizado que mantiene un pie en tierra firme y otro en las ex Antillas Neerlandesas, y los ecos de un operativo también previo e inusual de agentes de la policía científica, figuran entre los posibles motivos para que ninguna autoridad se muestre con ganas de resolver ambos casos. Entre tanto, el acarreo ilegal de migrantes continúa por mar, con ganancias para muchos y riesgos para unos pocos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
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