Un expediente es el único rastro de los botes desaparecidos en Falcón

Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon de las playas falconianas con rumbo a Curazao y desaparecieron con 51 personas a bordo entre 2019 y 2020. Un cuerpo recuperado, ni una estela de gasolina y muchas irregularidades se reseñan en el expediente del caso, pero no alcanza a revelar el misterio. La actividad de una banda local del crimen organizado que mantiene un pie en tierra firme y otro en las ex Antillas Neerlandesas, y los ecos de un operativo también previo e inusual de agentes de la policía científica, figuran entre los posibles motivos para que ninguna autoridad se muestre con ganas de resolver ambos casos. Entre tanto, el acarreo ilegal de migrantes continúa por mar, con ganancias para muchos y riesgos para unos pocos. 

9 diciembre 2020

Mientras las miradas se concentran en la estrambótica política migratoria de Trinidad y Tobago hacia los venezolanos que llegan en bote a su territorio desde los vecinos estados Delta Amacuro o Sucre, la casa de Jhonny de Jesús Romero sigue de duelo casi al otro extremo de la costa del país. También por culpa de una migración forzada, que también navega en bote. 

Han pasado 17 meses desde la última vez que vieron al muchacho llegar a esa casa ubicada en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, donde, al apenas entrar, ahora irrumpe a la vista una gran ilustración de alguien arrullando una embarcación que surca el mar con personas a bordo. En sus brazos ese alguien lleva una inscripción: “Ayúdanos a encontrarlos”. 

El dibujo es copia fiel de la última fotografía que se tomó a las 34 personas y al bote con que zarparon el 7 de junio de 2019 desde las costas del estado Falcón, a unos 400 kilómetros al occidente de Caracas, y de las que nunca más se supo. Es también el logo de la fundación que se dedica a  seguir las pistas de esa desaparición para descifrar qué ocurrió. En la casa paterna de Jhonny de Jesús la imagen permanece colgada junto a otra foto que lleva un marco con su nombre y la etiqueta #34FS, siglas que identifican el caso en las redes sociales y que corresponden a la matrícula de una de las tres embarcaciones desaparecidas en 2019 tras partir de costas venezolanos, al oriente y al occidente. 

Las 34 personas desaparecidas fueron vistas por última vez, y capturadas en una fotografía, el 7 de junio de 2019 saliendo de la playa Punta de Aguide, en el estado Falcón.

La desaparición de los viajeros-migrantes irónicamente ha conseguido dejar al descubierto una trama tóxica que se alimenta de la desesperación de quienes quieren salir del país. Con respecto al trasiego de personas entre Falcón y las ex Antillas Neerlandesas, la trama incluye a las mafias que negocian cupos en lanchas para alejar a los migrantes de la crisis, posibles redes de trata de mujeres, traficantes de drogas y -por acción u omisión- a las propias autoridades del Estado.

Jhonny de Jesús Romero, entonces de 26 años de edad, estaba entre los 34 pasajeros desaparecidos en algún punto de la travesía entre Falcón y el ABC de las antiguas Antillas Neerlandesas -Aruba, Bonaire y Curazao, la última de las cuales era el destino de la expedición-, lo que la prensa ha dado en llamar el caso de La Vela de Coro, porque de allí eran oriundos la mayoría de los viajeros. La desgracia ocurrió luego de que en abril y mayo de 2019 zozobraran sendas embarcaciones llenas de migrantes que viajaban por la peligrosa Boca del Dragón desde las costas orientales de Venezuela con rumbo a la isla de Trinidad, y quizás por ello mereció menos atención.

Jhonny de Jesús Romero tenía tres años de regresar desde Colombia, a donde había migrado primero. Volvió a Falcón para renovar el pasaporte e irse de nuevo. Pero la crisis del papel moneda y de los servicios en Venezuela lo retuvieron en su tierra, pues no alcanzó a poner la documentación al día. Así quedó al alcance de su destino.

Mientras esperaba para regularizar su situación y viajar a Colombia, le ofrecieron la opción de ir a Curazao sin necesidad de pasaporte para trabajar como barbero. La opción lucía fácil. La isla parece estar a tiro de piedra de su casa y solo tenía que pagar 400 dólares a los traficantes, un dinero que, según le dijeron, recuperaría rápido con su trabajo en Curazao.

Su padre narra que se negó de inmediato a animar a su hijo en esa aventura, por la ilegalidad del viaje y lo temerario de la idea; en cambio, buscó disuadirlo. Sacó cuentas con él para calcular el costo de la vida en Curazao y cuánto podría percibir con su oficio como barbero. “Le decían que el dinero le iba a sobrar allá y yo le demostré con números que eso no era así, pero es la manera como engañan a la gente que se quiere ir de Venezuela”, denuncia Jhonny Romero, padre. 

Su hijo le aseguró que había entendido el argumento, pero en realidad escondía su intención de irse sin avisar. Hoy es uno de los 34 desaparecidos del caso sin respuesta de La Vela. La primera hipótesis de su padre fue que Jhonny de Jesús cayó en una red de trata de personas y bajo esa sospecha fue llevando su denuncia a diferentes entes venezolanos, organizaciones no gubernamentales y la embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas.

Desde el sistema judicial venezolano se iniciaron investigaciones que resultaron en el intento de juicio de dos personas detenidas y órdenes de captura para otras diez. Pero desde hace meses nada de eso avanza.  

Mientras tanto, las primeras diligencias y la posterior parálisis de la justicia han dado un velo de cobertura al negocio sin controles del trasbordo a las cercanas islas del ABC, que continúa desde las costas falconianas y dio lugar a otra tragedia: la desaparición en el Mar Caribe de un bote que zarpó desde la playa de La Tiraya, el 17 de marzo de este año con 17 personas a bordo. 

 “Esto es un duelo sin fin. Esto es una cosa que no cierra”, dice Jhonny Romero, padre, mientras el Caribe al noreste del estado Falcón sigue tapizando su lecho con ahogados que buscaban una mejor vida, tal como ocurre en el Mediterráneo o en el estrecho de la Florida.

Un cuerpo y un expediente

Las historias de quienes deciden irse en botes inseguros e indocumentados hacia la isla de Curazao varían tanto como abundan. Un ejemplo es el de Sugeidy Cumare, que trata de tener respuestas sobre el paradero de su hijo Yakeison Gómez, que contaba con 17 años de edad para el momento del viaje, y de su yerno, Ángel Urbina Zambrano, de 21 años de edad.

El esposo de Sugeidy Cumare tenía tiempo viajando, en avión y de manera legal, para trabajar en Curazao. Solo la última vez lo intentó -y logró- en lancha de manera clandestina, algo que quiso replicar su hijo Yakeison para reunirse con él y ponerse a trabajar. Más que la nostalgia lo impulsaba la necesidad, pues se acababa de enterar que tendría un hijo. En principio era Sugeidy Cumare quien tomaría el riesgo de cruzar en bote, pero Yakeison le pidió el puesto. Para el viaje de ambos, Yakeison y Ángel, les cobraron 700 dólares que debían pagar trabajando en la isla. En garantía, Cumare empeñó con los organizadores del traslado una moto que hoy sigue desaparecida, al igual que su hijo y alguna explicación.

“He ido a Caracas, a la embajada [de los Países Bajos en Caracas] y no veo que se esté investigando lo que sucedió. Ya son demasiados meses sin respuesta”, denuncia.

Los familiares de los 34 desaparecidos han protestado en varias oportunidades exigiendo que se investigue el caso.

Armando.info tuvo acceso al expediente del caso de La Vela de Coro. Resaltan varias irregularidades en la investigación que dan pistas sobre la posible complicidad de autoridades de la zona que se benefician de los viajes, y que podría explicar el escaso interés en conocer qué sucedió con estas personas.

Una testigo protegida que logró bajarse de la embarcación dio su testimonio a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Falcón, con lo que pudo relatar con lujo de detalles lo que sucedió antes del zarpe fatal del 7 de junio de 2019. La mujer, que para efectos de este reportaje será identificada como J., contó a los fiscales que el 5 de junio, dos días antes, 44 personas estaban listas para abordar. Todos, desde hacía varios días, esperaban en la zona de Punta de Aguide —una bahía ubicada al oriente del estado Falcón, a 156 kilómetros de Coro, la capital de esta entidad— a que llegara la embarcación que los llevaría.

Ese miércoles la salida estaba pautada para las cuatro o cinco de la tarde. Llegó el momento y el capitán, Alberto Vásquez, conocido como Pechón, un hombre que aparentaba unos 50 años, le dijo a todos que era muy tarde para salir y que el viaje quedaba postergado para el día siguiente. Los viajeros se dispersaron por la playa de Punta de Aguide esperando las nuevas instrucciones. Estas postergaciones eran usuales, según prosigue el relato. Los organizadores decían que había problemas para irse por asuntos logísticos, porque faltaban pasajeros, porque faltaba dinero o porque había patrullaje en las islas.

A las ocho de la noche de ese día se corrió la voz: “El gobierno había llegado”. Es común que en la jerga popular se le llame “gobierno” a los funcionarios policiales. Dos camionetas modelo Toyota 4Runner, una blanca y otra negra, se estacionaron. Ocho hombres vestidos de negro salieron de ellas, todos con chalecos antibalas y armas largas.

Tomaron fotos del lugar, del bote, de los carros. Estuvieron tres horas registrando todo. Entraron a las casas aledañas y revisaron los bolsos de quienes iban a viajar. Arrodillaron a dos personas en la arena. Cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas que se usan para empaquetar hielo y detonaron un arma entre ambas. Se llevaron a cuatro pasajeras que montaron en las camionetas y además una camioneta tipo pick up, de color blanco, que pertenecía a otro de los organizadores del viaje, al que le decían Danilo, que también se fue con los presuntos funcionarios.

Antes de zarpar le borraron el nombre a la embarcación con pintura blanca

Las cuatro pasajeras retenidas y Danilo regresaron al día siguiente del violento operativo. Era mediodía y volvían a bordo de la pick up del hombre. Dijeron a los demás que habían estado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC, policía científica de apoyo a la fiscalía) en Tucacas, puerto turístico y capital del municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, y que les preguntaron por qué la lancha no había salido todavía a la isla. “No sé por qué preguntaban ni por qué decían que era obligatorio que tenían que salir”, declaró J. Aseguró en su declaración, además, que uno de los organizadores -que albergaba a algunos de los futuros pasajeros en su casa mientras esperaban el momento del zarpe- dijo que los funcionarios policiales le habían pedido 20.000 dólares luego de lo ocurrido.  

En el expediente se cita el interrogatorio:

—Fiscal: Diga usted, ¿la actitud de las cinco personas que se llevaron presuntamente al Cicpc Tucacas cambió cuando regresaron el día jueves 06-06-2019?

—J.: Sí, ellos antes de que se los llevaran estaban totalmente relajados, o sea no estaban con la presión de si salía o no lancha, como sí estaban después que llegaron del Cicpc-Tucacas, ellos decían que obligatoriamente tenía que salir, era una presión distinta (sic).

La lancha terminó por salir el 7 de junio de 2019. Ese día, a las cuatro de la tarde, llegó el capitán del bote acompañado con una joven de 21 años de edad llamada Paola Gutiérrez Torres, a quien J. identificó como pareja del capitán.

Antes de zarpar le borraron el nombre a la embarcación con pintura blanca y 40 personas subieron a ella. A los diez minutos el motor falló y regresaron a la orilla. Paola Gutiérrez pidió que se bajaran entre diez o doce personas, según relata la testigo en el expediente. Entre gritos y promesas de regresar por quienes se quedarían, persuadieron a media docena de los pasajeros para que se bajaran. Entre ellos, J. A las cinco y veinte de la tarde finalmente salieron.

A quienes se bajaron se les prometió volver a eso de las dos o tres de la madrugada para recogerlos, pero eso nunca sucedió. Los 19 hombres, diez mujeres y cinco adolescentes -cuatro de 17 años y uno de 15 años de edad- tampoco llegaron a su destino anunciado. 

“Yo visualicé tres impactos de bala en su cuerpo”

El cadáver de Elio Ramones, de 45 años de edad, fue el único que apareció en las costas de Curazao dos días después de la salida ilegal desde Venezuela. Tuvieron que pasar tres meses para que el cuerpo de Ramones fuera repatriado, el 12 de septiembre de 2019.

Su autopsia, escrita en papiamento -lengua criolla que comúnmente se habla en las calles y pueblos de Curazao-, establecía el "ahogamiento" como causa de muerte, según explicó Jhonny Romero, padre. El CICPC elaboró otra autopsia en 30 minutos y solo a viva voz confirmó a los familiares que la causa de muerte era la misma establecida en Curazao. Los agentes también comunicaron que el cuerpo presentaba una herida en un costado y otra en la entrepierna.

La versión de Romero fue confirmada por los familiares de Elio Ramones. Orlando Ramones, hermano de la víctima, denunció que nunca se les entregó la traducción del examen post mortem, que llegó de Curazao dentro de la urna donde venía el cuerpo congelado de su hermano.

En la morgue de Coro fue Orlando quien notó que su hermano tenía una herida en la pierna. La patóloga de guardia le dijo que se la habían hecho en la morgue de Curazao.

Aunque la orden impartida por las autoridades fue la de velar a Elio Ramones con la urna cerrada, sus familiares tenían dudas sobre el procedimiento médico-legal que se había practicado para determinar la causa de muerte. El cuerpo fue llevado a su casa en La Vela de Coro. Eso dio oportunidad para que su hermano, en compañía de unos funcionarios policiales amigos de la familia, revisaran el cadáver. “Yo visualicé tres impactos de bala en su cuerpo”, aseguró Orlando Ramones.

De acuerdo al testimonio de Orlando Ramones, el cadáver de su hermano Elio presentaba heridas similares a las de arma de fuego algo más arriba de la rodilla izquierda, otra en la parta baja de su espalda y una tercera en la parte de atrás de la cabeza. Nada de eso estaba registrado en las versiones oficiales, que solo pudieron leer y nunca tener en físico, según las cuales su muerte había ocurrido por inmersión.

Todos a una con Los Lobos

El transporte ilegal de migrantes desde Venezuela a las islas del vecino Caribe neerlandés no es algo nuevo. En 2017 las noticias sobre este tipo de migración ilegal empezaron a resonar en los medios de comunicación. Lo que nunca había pasado era que un bote con 34 personas desapareciera sin que hubiera noticia de algún rastro de enseres, manchas de gasolina o aceite en el agua.

Son múltiples las organizaciones subterráneas que se dedican a captar personas que quieren ir a trabajar en la isla. El intercambio cultural, económico y los viajes continuos son parte del día a día de quienes viven en Falcón. En algunos casos, los pasajeros costean su traslado ilegal y, en otros, las personas asumen deudas que deben pagar una vez lleguen a las islas, lo que lleva a inferir que existe una red de tráfico de personas que opera en la zona.

Con la crisis, los viajes ilegales se han naturalizado entre la población y en las comunidades muchas personas se ven involucradas en el negocio. Algunos solo hospedan a los pasajeros que esperan durante días en playas escondidas y ya sin turistas a que el bote salga hasta las islas de Curazao y Aruba. Otros se dedican solo a cocinarles. Hay quienes no organizan los viajes, pero alquilan sus lanchas como medio de transporte. Como no son quienes transportan a los migrantes de un lugar a otro, no se sienten cómplices de los viajes ilegales ni consideran que son parte de una cadena de trata de personas. 

Un eslabón de la misma red también lo conforman las autoridades, que ignoran deliberadamente la salida de las lanchas, en las que también se transporta drogas y armas hacia Curazao y Aruba, según indican los pobladores de la zona. 

Coincidencia o no, en el sector Maicillal, ubicado a una hora de Punta de Aguide, el mismo fin de semana del viaje, incautaron 90 panelas de cocaína a tres hombres que se trasladaban en una camioneta rotulada con el emblema del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política).

Los sobrevivientes aseguran que la excursión letal desde de Punta de Aguide iba en efecto liderada por Paola Gutiérrez Torres, de 21 años, mencionada por J. ante los fiscales. Ella decidió ese día quiénes viajaban y quiénes no. La propia Gutiérrez viajaba ese día con su hermano, Diego Fernando Gutiérrez Torres, de 19 años de edad. Fue Paola quien avisó que hacía falta bajar a parte de los pasajeros. Su hermano se quedó con ella en el bote.

Paola Gutiérrez es señalada por testigos como parte de una banda apodada Los Lobos. Ella mostraba en redes sociales fotos de su tatuaje con el nombre de la organización delictiva.

Paola Gutiérrez también es señalada por los dolientes de los desaparecidos como miembro de una banda delictiva. Antes de desaparecer, en sus redes sociales se mostraba con amigos haciendo una seña con sus manos que los miembros de una pandilla apodada Los Lobos usan para identificarse. También aparece con la inscripción “Los Lobos” tatuada en una de sus manos. 

Esa banda, oriunda de Falcón, empezó desde hace unos años a secuestrar y extorsionar a comerciantes, según reportes policiales y reseñas de las secciones de Sucesos de medios locales. Luego se dedicó al tráfico de drogas a Curazao y Aruba, según una fuente que investigó a la banda desde las islas.

Gutiérrez se mostraba en muchas fotos de sus redes sociales posando con armas. Dejó inmortalizado en uno de sus cinco perfiles en Facebook el luto y un dolor evidente por el líder de la banda, Richard Lenin Batista Palencia, quien murió en un enfrentamiento con las autoridades en septiembre de 2018.

Una fuente consultada por Armando.info, que trabajó para una investigación sobre la migración ilegal y bandas delictivas de la isla, explicó que miembros de Los Lobos se instalaron en Curazao a partir de 2017 para dedicarse al tráfico de droga. En Holanda se interesaron en investigar a un grupo de al menos una docena de esos venezolanos que, en principio, entraron legalmente a la isla de Aruba, pero de los que las autoridades policiales sospechaban que hacían parte de una red que captaba personas de nacionalidad neerlandesa para que sirvieran de mulas y llevaran los valiosos alijos ilegales a Países Bajos.

Los familiares de los desaparecidos aseguran que el 13 de agosto de 2019, dos meses después de la desaparición, Paola Gutiérrez se comunicó con una amiga a través de una cuenta de Facebook identificada con su nombre y su foto. Pedía auxilio y dijo que la tenían secuestrada. Su amiga se comunicó con la madre de Gutiérrez para informarle en ese momento. Armando.info contactó a su madre, quien negó conocer tal fe de vida y no quiso dar declaraciones para este reportaje.

'Non-stop business'

Ya con las pesquisas y procesamiento de la desaparición sepultadas bajo el silencio de policías, fiscales y jueces, el 17 de marzo de 2020, cuando el país entraba en el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, desapareció una embarcación con 17 personas a bordo que salió de La Tiraya, otra playa del estado Falcón, pero en uno de sus puntos más septentrionales, en la península de Paraguaná. Solo dos de los pasajeros eran mujeres, y otros dos eran niños.

Además de las restricciones impuestas por la pandemia, la desaparición coincidió con una crisis nacional de escasez de gasolina que impidió la búsqueda inmediata de las personas. 

Tan solo un mes más tarde, sin que la cuarentena o la falta de combustible fueran obstáculos, la atención y los recursos de los cuerpos de seguridad venezolanos estaban concentrados en una operación para capturar al narcotraficante Emilio Martínez, alias Chiche Smith, que comenzó el 17 de abril. La búsqueda del capo fue disparada por la incautación, en la madrugada del 25 de febrero, de cinco toneladas de cocaína en Aruba, encontradas en el Aressa, un carguero de bandera camerunesa que había dejado dos días antes el puerto de Guaranao, en el estado Falcón. Las armadas de Colombia y Países Bajos se atribuyeron el éxito en el seguimiento y abordaje del buque, que debía continuar su ruta con destino a Grecia. Cuarenta días después de ese decomiso gigante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue en el mar Caribe suroccidental y el este del océano Pacífico de una fuerza aeronaval para detener el tráfico de droga desde Venezuela a otros países. 

El gobierno venezolano reaccionó y decidió desmantelar el llamado Cártel de Paraguaná, cuya cabeza sería el Chiche Smith. La operación que puso en marcha no solo en Falcón, sino en el estado Carabobo y la propia capital, Caracas, tuvo por nombre Romeo Golfo. Consiguió detener a diez integrantes de la banda, incautar 27 inmuebles y 92 vehículos, y detectar 44 empresas de fachada, según el parte difundido por las autoridades policiales. Pero el Chiche Smith siguió prófugo, hasta la fecha de hoy. 

En medio de ese operativo quedó opacada la reciente tragedia de La Tiraya. Las 17 personas continúan desaparecidas y se sabe que hay siete detenidos por el caso, pero sin noticia de que fueran sometidos a juicio. 

Los familiares acudieron en dos oportunidades a la Embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas. En una de las reuniones, los diplomáticos manifestaron a los familiares que el Ministerio Público de Curazao contestó una de las misivas sobre el caso a la Fiscalía venezolana, pero los familiares desconocen el contenido. En la Fiscalía Segunda con competencia plena de Venezuela, que lleva el caso, se le notificó al grupo de familiares que efectivamente había una carta que llegó de Curazao dando explicaciones sobre el caso, pero que estaba en papiamento y no tenían traductor.

En el expediente de la Fiscalía venezolana no hay ningún documento anexo que constate que la Embajada dio respuesta. Se contactó a la Embajada de los Países Bajos en Caracas para este reportaje, pero declinó ofrecer su versión para Armando.info.

Durante 17 meses los familiares no han tenido respuestas

El 14 de septiembre de 2020 las relatorías especiales sobre Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; sobre Derechos Humanos de los Migrantes; sobre la Venta y Explotación Sexual de Niños, incluida la Prostitución Infantil, Pornografía Infantil y otro Material de Abuso Sexual Infantil; sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud; y sobre la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos; todas del sistema de las Naciones Unidas, pidieron en conjunto información a Venezuela, Trinidad y Tobago y al Reino de los Países Bajos sobre las embaracaciones desaparecidas y las denuncias de trata de personas. 

El reciente 13 de noviembre, la Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante las Naciones Unidas respondió que el 10 de junio de 2019 su Guardia Costera con base en Curazao sí hizo la búsqueda de la embarcación que salió de Punta de Aguide -en la que viajaba Johnny de Jesús Romero y bajo el mando supuesto de Paola Gutiérrez- y afirmó que ese bote no naufragó en aguas de la ex Antilla Neerlandesa, cuya política exterior y defensa siguen a cargo de Amsterdam. 

“La Guardia Costera del Caribe holandesa ha hecho todo lo posible para rastrear el barco, pero no se han encontrado restos en la búsqueda. Por tanto, es poco probable que el buque se hundiera en aguas del Reino de los Países Bajos”, señala la declaración escrita, donde además explica la diplomacia neerlandesa que “las autoridades competentes no cuentan con pruebas para investigar la denuncia expresada en su carta de que varias personas que se dice que estaban a bordo de este barco han sido secuestradas y llevadas a Curazao por desconocidos con el propósito de explotación sexual y laboral”.

Durante 17 meses los familiares no han tenido respuestas. El silencio sobre el caso contrasta con el peloteo entre oficinas. La investigación comenzó en la Fiscalía Primera del estado Falcón. En un mes ya estaba en manos de la Fiscalía Quinta de Delitos Comunes, luego pasó a la Fiscalía 19. Ahora, a nivel nacional, lo lleva la Fiscalía Segunda con competencia plena

El expediente tiene cinco diligencias que dictó el Ministerio Público, en las que exige contactar a los familiares de todos los desaparecidos para entrevistarlos, practicar la inspección técnica del lugar del hecho, hacer los estudios telefónicos y cruces de llamadas, ubicar imágenes y audios captados por cámaras de seguridad, si existieran.

También los oficiales del Ministerio Público pidieron constatar si hubo personas detenidas por parte del CICPC -su propio órgano auxiliar de investigación- dos días antes de la desaparición, tal como aseguró su testigo bajo protección. La Fiscalía Primera del estado Falcón pidió copia del acta de novedades del 5 y 6 de junio de 2019 de la sede el CICPC en Tucacas, así como del registro de los funcionarios que estaban de guardia ese día, y solicitó información sobre si alguna comisión de la estación policial se trasladó hasta la playa Punta Aguide en esos días por órdenes del jefe de ese cuerpo policial.

Pero en el expediente no hay evidencia alguna de que esas peticiones, emitidas en junio de 2019, obtuvieran respuesta. Jhonny Romero, padre, denuncia que las autoridades venezolanas sólo entrevistaron a quince familiares que asistieron voluntariamente a declarar, y a tres familiares indirectos de los desaparecidos. De resto, en el expediente no yace ni siquiera un acuse de recibo. En casa de Jhonny Romero, padre, queda la espera por Jhonny de Jesús y por las explicaciones que den certeza de su paradero, o de su muerte y cómo ocurrió. 

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