LOS SECRETOS DE WIKILEAKS ¿Cómo desertaron varios médicos cubanos de la misión Barrio Adentro, el programa social bandera de la llamada Revolución bolivariana, con la ayuda de los gringos? ¿Hasta dónde llega la relación entre el presidente Hugo Chávez y su par de Irán, Mahmud Admadineyad? Estos son apenas dos de los interrogantes que comienzan a resolver los cables de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, obtenidos por SEMANA gracias a WikiLeaks. Las más de dos mil páginas de cables -emitidos entre enero de 2009 y febrero de 2010- fueron leídas y trabajadas en alianza con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Los siguientes apartes son algunos de los cables de lo que será publicado de forma simultánea en los próximos días en Semana.com y en ArmandoInfo, portal de esta organización.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Los cables de la Embajada de Caracas despiertan un interés particular, porque, a diferencia de otros países donde los funcionarios locales son los que surten de información a la misión diplomática gringa, en Venezuela el gobierno había vetado cualquier diálogo con los estadounidenses.
El embajador Patrick Duddy había sido expulsado del país el 11 de septiembre de 2008 por el presidente Chávez. Con todas las puertas cerradas, la misión tuvo que desarrollar ingeniosas tácticas para obtener información, por ejemplo, del sector petrolero. Con la caída del precio del crudo en 2009, los presidentes de las empresas de Estados Unidos que extraían crudo venezolano estaban preocupados por las deudas que acumulaba Pdvsa. Y por eso, cada alto ejecutivo de la estatal petrolera venezolana que llegaba a solicitar la visa de turista para viajar a Estados Unidos era inmediatamente abordado por los consejeros de la misión que manejaban ese tema particular, y eran sometidos a una entrevista informal. Así, la Embajada logró mantenerse al día de la verdadera situación de la principal empresa del país.
En los 14 meses de los cuales se tienen cables, delegados estadounidenses solo se vieron cinco veces con algún representante del gobierno bolivariano. En general, las reuniones eran convocadas por alguna tensión bilateral. Como ocurrió el 16 de enero de 2009, cuando el canciller venezolano Nicolás Maduro citó al encargado de negocios de Estados Unidos, John Caufield, para que explicara por qué había estado en Puerto Rico por las mismas fechas en que un grupo de políticos y opositores al gobierno de Chávez estaban de visita en ese país. El canciller reclamaba que Caufield se había reunido con Alberto Federico Ravell, del canal Globovisión; con Luis Ignacio Planas, del Copei; con Julio Borges, de Primero Justicia, y con Omar Barboza, de Un Nuevo Tiempo, para diseñar estrategias frente al referéndum por la enmienda constitucional que eliminaría los límites a los mandatarios en ejercicio para aspirar a su reelección.
La explicación que le dio Caufield a Maduro fue que viajó por un matrimonio y que, "en virtud de su cargo, solía reunirse con esos políticos opositores presentes en Puerto Rico".
En los cables fechados en la Embajada en Caracas queda claro que Estados Unidos ha tenido una participación activa en la deserción de médicos cubanos que llegaron a Venezuela para trabajar en la misión Barrio Adentro, creada por el gobierno de Chávez en abril de 2003 para proporcionar atención primaria y gratuita a los sectores más pobres del país. Según los cables, a partir de agosto de 2006, Estados Unidos comenzó a aceptar aplicaciones para un programa llamado Significant Public Benefit Parole, mediante el cual se otorgan permisos de entrada a ese país por razones humanitarias. "Los médicos cubanos se quejaban por las pobres condiciones de trabajo y de estar supervisados por sus colegas", se lee en un aparte de la comunicación. Para abril de 2009, el Departamento de Homeland Security había aceptado 739 aplicaciones, de las cuales había aprobado el 69 por ciento. Desde diciembre de 2009, según la comunicación diplomática, los beneficiarios del programa tuvieron problemas para salir por Maiquetía, el aeropuerto de Caracas. Solo "diez de esas personas cruzaron la frontera y viajaron hacia Miami con los documentos emitidos en Caracas (…). No ha habido reportes de personas deportadas a Cuba", consigna un cable. El resto era liberado después de varias horas de detención.
Contrario a lo que podría pensarse, los diplomáticos estadounidenses, según se refleja en los cables, eran duros críticos de la forma como la oposición chavista operaba. Un ejemplo de esto se dio a principios de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez inició una campaña para hacer un referendo que permitiera la reelección indefinida. A la oposición, dice la Embajada en Caracas, la tomó por sorpresa la decisión de Chávez de solicitar esa enmienda constitucional y estaba entregada a perder con el gobierno.
El diputado Enrique Mendoza, preocupado, les confesó tanto al consejero político como al encargado de negocios que el mensaje de los adversarios de Chávez "no conecta con las clases bajas" y que la base del antichavismo "es más propensa al cansancio que los chavistas".
El encuestador Alfredo Keller fue mucho más duro. En una reunión con los diplomáticos "se burló" de la falta de preparación de la oposición y agregó que después de la Navidad de 2009 "pasó dos semanas tratando de encontrar a alguno de sus integrantes dispuestos a renunciar a sus vacaciones para discutir los resultados de una encuesta".
Después de la derrota en el referendo, la oposición convocó a una rueda de prensa en la que anunció que se unificaría bajo una plataforma unitaria. La crónica del anuncio, recogida en los cables, señala la ausencia de líderes jóvenes y el desinterés de los asistentes. Durante el discurso del secretario general de Copei, Luis Ignacio Planas, "muchos preferían atender sus Blackberries", escribieron los diplomáticos gringos. Y otros, como el gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, decían que los esfuerzos unitarios "eran una pérdida de tiempo".
La oferta no puede ser más esperanzadora: una "vacuna" o inmunoterapia contra el cáncer de mama capaz de reducir el tumor y la posibilidad de metástasis. Una opción poderosa en un país donde las neoplasias son la segunda causa de muerte de los venezolanos y donde es cada vez más limitado el acceso a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Pero esta investigación, desarrollada por el ilustre médico venezolano Jacinto Convit a partir de 2002 y que continúa después de su fallecimiento, acumula imprecisiones y procesos opacos que la hacen tambalear frente al rigor científico, ético y médico.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, miles de civiles ucranianos de los territorios ocupados se han desvanecido en el aire. Estos ‘prisioneros fantasmas’ son llevados por las fuerzas de ocupación a lugares de detención informales, donde se les retiene fuera de todo marco legal y se les somete a torturas. Algunos son trasladados al sistema penitenciario ruso, donde languidecen sin cargos o cumplen condenas falsas. Historias Prohibidas y sus colaboradores desvelan este sistema opaco destinado a descomponer la sociedad ucraniana.
En el verano de 2023, una reportera se infiltró en los territorios de Ucrania ocupados por los militares del Kremlin y cayó prisionera casi de inmediato. En febrero de 2025 volvió a Ucrania hecha cadáver, casi irreconocible, con signos de tortura y algunos órganos removidos. ¿Qué ocurrió entre una y otra fecha? La historia del descenso de Viktoriia Roshchyna al infierno del sistema de prisiones de Vladimir Putin la siguieron 45 periodistas de un consorcio liderado por ‘Forbidden Stories’ y Armando.info la republica en exclusiva. Esta es su primera entrega.
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.
