LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Los cables dan cuenta de que la embajada gringa en Caracas le tomó el pulso al desempeño de los adversarios de Chávez durante 2009 y 2010. En su criterio, esta se rajó en varias materias. ¿Por qué?
El 15 de enero de 2009, un mes antes del referéndum que decidiría una enmienda a la Constitución venezolana, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Caufield, escribió: "Aunque Chávez ha estado aceitando su maquinaria electoral desde hace más de un mes, la oposición finalmente parece que ha regresado de sus vacaciones y está empezando a fortalecer la campaña del 'No'. Queda por ver, sin embargo, si están a tiempo de encontrar una estrategia unitaria y de movilizar a los electores a los centros de votación el 15 de febrero".
El irónico comentario daba cuenta de la forma cómo operaban los adversarios de Chávez en vísperas de la consulta sobre la reelección continua. Sin articularse, sin un mensaje unitario y solo con un punto de coincidencia: que Chávez no pueda nuevamente presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de diciembre de 2012. "La oposición se rompió después de la larga campaña de las elecciones regionales de noviembre de 2008", explicó Alejandro Vivas, asistente del secretario general de Copei, al consejero político estadounidense.
Los estudiantes universitarios de oposición eran la cara más visible del rechazo a la enmienda y buscaban repetir la victoria de diciembre 2007, cuando salieron a la calle para encabezar un movimiento de masas que derrotó la propuesta del jefe de Estado venezolano de reformar la carta magna. "Cada partido está tratando de proteger los espacios conquistados en las elecciones regionales antes que unificarse detrás de la campaña del "No", explicó en la misión gringa el exembajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria.
A la oposición, de acuerdo con los cables, parecía haberla tomado por sorpresa la propuesta de Chávez. El encuestador Alfredo Keller también fue irónico. Delante de la representación diplomática "se burló" de la falta de preparación de la oposición señalando que después de la Navidad de 2009 "pasó dos semanas tratando de encontrar a alguno de sus integrantes dispuestos a renunciar a sus vacaciones para discutir los resultados de una encuesta sin encontrar a nadie".
Era una situación crítica, porque el entusiasmo del chavismo contrastaba con la opaca campaña de sus adversarios. A principios de enero de 2009, el hoy diputado Enrique Mendoza, que se encargaba entonces de movilizar a la maquinaria opositora, confesó tanto al consejero político como al encargado de negocios que su mensaje "no conectaba con las clases bajas" y que la base del antichavismo "es más propensa al cansancio que los chavistas".
La derrota de la oposición por casi nueve puntos, 54,85% a 45,14%, hizo más visibles las fracturas entre los partidos y entre las diferentes generaciones de políticos opositores. Jaqueline Núñez, una joven activista del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo, afirmó a la embajada que ella esperaba que el resultado adverso presionara a la oposición para renovarse.
Algunos cables, escritos entre enero de 2009 y febrero de 2010, exploraron estas contradicciones, y dieron cuenta de los diversos intereses y agendas de cada una de esas individualidades. Surgieron así conflictos internos en Un Nuevo Tiempo entre el liderazgo histórico de Manuel Rosales y el emergente de Leopoldo López, que terminó con la salida de López de la tolda para fundar una nueva organización; diferencias entre el entonces presidente de Acción Democrática, Víctor Bolívar, y el secretario general Henry Ramos Allup, quien se negaba, según Bolívar, a sacrificarse para promover nuevos liderazgos; o las quejas del entonces diputado de Podemos, Juan José Molina, por el tiempo que pasaba el líder de la tolda Ismael García hablando a través del canal Globovisión. La visión de Caufield era contundente: "La oposición continúa reaccionando a la agenda impuesta por Chávez en vez de crear y comunicar la suya".
La embajada mantenía esas percepciones con discreción absoluta, y propuso al Departamento de Estado que Washington se esforzara en subvencionar a aquellas organizaciones apolíticas que trabajaran "por unos comicios libres y limpios". Mientras tanto seguían llevándole el pulso a la situación interna de los adversarios de Chávez en su afán de alcanzar el santo grial de la unidad. Por varios meses reseñaron los desencuentros entre los diversos factores, e incluso la resignación con la que cierta parte de la población opuesta al gobierno mostraba por la ausencia de una esperanza de cambio. "Muchos venezolanos se la están arreglando para acomodarse a la Revolución Bolivariana", escribió Caufield transcurridos cuatro meses de la victoria del chavismo.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Una docena de políticos venezolanos figuran entre los beneficiarios de la contratista brasileña y entre ellos destacan el diputado Elías Jaua y el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. El representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, lo contó todo en Brasil y su testimonio, filtrado en esta entrega, advierte que la lista incluye tanto figuras del chavismo como a los opositores Manuel Rosales, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.
