Una docena de políticos venezolanos figuran entre los beneficiarios de la contratista brasileña y entre ellos destacan el diputado Elías Jaua y el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. El representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, lo contó todo en Brasil y su testimonio, filtrado en esta entrega, advierte que la lista incluye tanto figuras del chavismo como a los opositores Manuel Rosales, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.
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Odebrecht no discriminó en apoyos al gobierno y la oposición venezolana. La contratista brasileña –que enfrenta el mayor escándalo de corrupción de América latina– financió varias de las campañas regionales del chavismo pero más allá de la foto, en secreto hizo lo mismo con líderes de la oposición venezolana. Ahora se sabe la lista y empieza nada más y nada menos que con el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo y cuyo nombre hoy suena para presidir la Asamblea Nacional Constituyente que en este momento pretende instalar la revolución bolivariana.
A Cabello le patrocinaron en 2008 varios de los gastos de su campaña, para la misma elección en la que terminó perdiendo el chance de repetir como gobernador del estado Miranda. Ese año, su contendor, Henrique Capriles, lo sacó de juego y hoy se puede añadir que perdió aun con el apoyo económico del gigante de la construcción brasileña, según se desprende del testimonio que el director ejecutivo de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, rindió ante la justicia brasileña y cuyos respaldos fueron filtrados para esta nota.
Azevedo decidió colaborar a finales del año pasado con la investigación del caso Lava Jato. Ya lejos de Caracas y ajeno a los compromisos de su cargo, el 15 de diciembre del año pasado finalmente reveló ante los procuradores Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino Martinelli que, año a año, destinaba cerca de 3 millones de dólares, en nombre del gigante de la construcción brasileña, para campañas de los políticos locales.
Si bien ninguna de las 32 obras emblemáticas que Odebrecht asumió en Venezuela fueron adjudicadas por gobiernos locales, la filosofía de la empresa buscaba ganar aliados mediante el financiamiento de dirigentes y partidos políticos. “Las autoridades y funcionarios públicos de alguna manera involucrados con la obra podrían crear obstáculos, lo que se evitaba genéricamente con las donaciones sistemáticas en todas las elecciones”, contó Azevedo. “La contrapartida esperada con estas donaciones era que la ejecución de las obras fuese facilitada en todos los niveles, como por ejemplo, aprobación de licencias ambientales y liberación de aprobaciones municipales y estatales”.
Cauto aun frente a los procuradores que tomaban nota del tras cámaras de la operación Lava Jato en Venezuela, Azevedo no precisó el monto que la constructora contribuyó con la campaña de Cabello. Tampoco dio luces sobre los detalles de las transferencias, pero el hombre fuerte de Odebrecht en Venezuela –testigo de excepción de en Caracas– sí añadió otros nombres de beneficiarios que van, en el caso de la oposición, desde los ex gobernadores del estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez, hasta el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y su homólogo del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, hoy preso político del chavismo.
A todos, Odebrecht les pedía no entorpecer sus obras a pesar de encabezar las filas de la oposición y, aparte, facilitar permisos locales necesarios para avanzar en varias de las construcciones que a diferencia de otros países, no han sido finalizadas bien a causa de trámites burocráticos o por falta de recursos y escasa voluntad política.
Ya se sabe que los de Brasil financiaron en 2013 la campaña del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su contendor, Henrique Capriles. Un legajo de documentos –filtrados para esta y otras entregas– hoy dejan ver que a contracorriente del discurso oficial, la alianza de Odebrecht con la revolución bolivariana era circunstancial. De hecho, a espaldas de Chávez, en 2006 apoyaron la campaña presidencial del abanderado de la oposición, Manuel Rosales.
Lo dijo el propio Euzenando Azevedo en la sede que la Procuraduría General de Brasil tiene en el estado nororiental de Sergipe. Se trata del mismo hombre de negocios que gozaba de entrada libre al Palacio de Miraflores, teléfono directo al despacho presidencial y total sintonía con el propio Chávez, quien solo tuvo deferencias y buenas palabras en alocuciones públicas. “Ya este es venezolano, ¿ya tú te nacionalizaste? Oye, si no los has hecho…”, bromeó el comandante el 9 de octubre de 2006 antes de darle la palabra –en televisión nacional– durante la inauguración del tramo El Valle-La Rinconada de la Línea 3 del Metro de Caracas.
El procónsul de Odebrecht en Caracas, más allá de la anécdota, nunca tuvo papeles venezolanos; tal vez por eso terminó acogiéndose al pedido de la justicia de su país, donde se le hace guardado en alguna trinchera que lo libre de haber contado los pormenores de Odebrecht en el eje bolivariano.
Además de Maduro y Capriles, su testimonio involucra a una docena de dirigentes políticos financiados desde Brasil, entre los que destacan chavistas como el ex vicepresidente de la República y hoy diputado Elías Jaua, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el alcalde de Los Teques, Francisco Garcés. También el fallecido ex gobernador de Guárico, William Lara, el ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, y el presidente del Metro de Los Teques cuando aspiraba llegar a la Alcaldía del Municipio Carrizal de los Altos Mirandinos, Farith Fraija.
Las leyes venezolanas no admiten financiamiento de campañas desde el exterior pero más allá de los resquicios legales, la gran trama de corrupción de Odebrecht y el resto de las constructoras brasileñas se centró en sobreprecios de obras, sobornos y favores políticos, que salían a juego luego de los ayudas electorales.
En política, después de todo, no hay nada gratis. Si cada año pagaban 3 millones de dólares, entre 2004 y 2013 soltaron más de 30 millones en favores políticos.
(*) Este es un trabajo investigado en simultáneo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, de IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay y Armando.info en Venezuela.
(*) Este es un trabajo investigado en simultáneo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, de IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina, Sudestada de Uruguay y Armando.info en Venezuela.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.