Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas. El hallazgo, obtenido en el marco del proyecto periodístico transfronterizo OpenLux, puede representar el eslabón perdido para las investigaciones que desde hace tiempo autoridades de Estados Unidos y España adelantan, por presunta estafa a Pdvsa y lavado de dinero, contra los jóvenes magnates que hicieron fortuna gracias a la adjudicación de contratos eléctricos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel en una empresa española de lentes de sol y en un banco de Senegal. Pero ese estilo de vida, propio de una celebridad, podría estar próximo a aterrizar.
Los nombres de Betancourt y de sus socios, bautizados por la prensa como los bolichicos, son desde hace casi una década una fija en reportajes, columnas de chismes y cuentas antichavistas de denuncias por Internet. La racha de contratos concedidos por el Estado, de la que disfrutaron durante la emergencia eléctrica que el presidente Hugo Chávez decretó en 2010, los convirtió en el primer caso de corrupción que se instaló en la conversación y el imaginario públicos de los venezolanos. A pesar de ello, hasta ahora Betancourt ha logrado esquivar cargos penales que ya han golpeado a sus socios. Pero fuentes en Estados Unidos y en España afirman que investigan a este empresario venezolano con excelentes conexiones personales.
Ahora, un grupo de periodistas descubrió una red de empresas en Luxemburgo conectadas a varias compañías que están en el centro de una investigación mundial sobre corrupción en Venezuela.
Francisco Convit fue uno de los colaboradores más cercanos de Betancourt. Ahora es prófugo de la justicia de Estados Unidos. Lo buscan por su presunta participación en una conspiración para blanquear 1.200 millones de dólares desviados de la compañía petrolera estatal venezolana Pdvsa. Ese esquema fue develado tras una operación, conocida con el nombre de Money Flight, que la oficina de Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional) en Miami, Florida, llevó a cabo por dos años. Pero Convit creó empresas en varios países que movieron dinero de diferentes tramas de corrupción, incluida una en la que el gobierno supuestamente pagó a él y a Betancourt sobreprecios de 2.900 millones de dólares para construir centrales eléctricas.
Las autoridades de Estados Unidos ya conocían muchas de estas empresas y sus jurisdicciones. Empezaron a investigar a Convit por supuestamente lavar dinero del petróleo en Miami en bancos estadounidenses. Y sabían que parte de los fondos ilícitos que giraron de Venezuela a Europa terminaron en Luxemburgo.
Sin embargo, hasta ahora no han logrado vincular a Convit o a Betancourt con este dinero, indicó una fuente cercana a la investigación al Miami Herald, que colaboró con el Proyecto de Reportería del Crimen y Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) y el diario Le Monde de París en esta historia.
Pero ahora, como parte del proyecto OpenLux, periodistas descubrieron cuatro compañías de Luxemburgo controladas por Betancourt.
OpenLux es un proyecto colaborativo transfronterizo de investigación periodística que nació cuando el equipo del diario Le Monde de París logró extraer 3,3 millones de entradas del website del Registro Mercantil de Luxemburgo. El Gran Ducado, un enclave financiero en el corazón de Europa, por mucho tiempo hizo las veces de un paraíso fiscal. Pero, bajo intensa presión de la Unión Europea para cumplir las normas comunitarias, que obligan a identificar a quienes controlan las empresas, el diminuto país accedió en 2019 a publicar una base de datos parcial de los beneficiarios reales (beneficiary owners, en la jerga bancaria) de las personas jurídicas allí constituidas.
Como el que hace la ley hace la trampa, Luxemburgo limitó seriamente el registro que, aunque de acceso público, solo permitía búsquedas de empresas por nombre o número de identidad, pero nunca por nombre de personas. De allí la importancia de la extracción de datos por Le Monde: permitió estructurar una base consultable con la que investigadores de todo el mundo por fin consiguieron conocer su contenido al detalle.
Fue así que, por primera vez, resultó posible identificar las cuatro empresas, incorporadas legalmente, que Betancourt controla en el Gran Ducado.
Una de las firmas fue creada por una compañía neerlandesa dirigida por Convit. Todas las cuatro están conectadas con entidades en otros países que los dos hombres controlan y que están bajo investigación por lavado de dinero.
Al menos tres de estas compañías luxemburguesas tuvieron transacciones financieras con empresas bajo investigación en Estados Unidos, dejando abierta la pregunta de si hacían parte de la misma red.
Consultado para este reportaje, Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en la lucha contra el lavado de dinero, ex magistrado del Tribunal Supremo nombrado por la Asamblea Nacional opositora y ahora en el exilio. dijo que Luxemburgo es un lugar ideal para que personas como Convit y Betancourt oculten dinero ilícito. Indicó que usaron ese país, junto a otras jurisdicciones opacas, para crear empresas y mover fondos entre ellas.
"Se trata de un entramado de empresas para crear capas para pasar el dinero con el fin de diversificarlo y ocultarlo", dijo Rebolledo.
Refractario a los señalamientos que cíclicamente se le hacen desde la prensa, Betancourt atribuye su ascenso en el mundo de los negocios al "espíritu emprendedor". Esa declaración se puede leer en su website.
Betancourt López, como sus principales socios, incluyendo a Convit y su primo Pedro Trebbau López, vienen de familias mantuanas con orígenes que se remontan hasta figuras claves de la historia venezolana. Todos se conocieron en las aulas del exclusivo Instituto Cumbres de Caracas, un colegio regentado por la orden mexicana de los Legionarios de Cristo.
Sin embargo, Betancourt, en particular, se mueve en otro nivel desde hace una década. En 2012 asaltó las páginas de la prensa del corazón -y de la inmobiliaria- en España, al adquirir por una suma cercana a los 23 millones de euros un codiciado cortijo de 1.600 hectáreas cerca de Toledo, El Alamín. El joven magnate contrata a los mejores asesores de imagen, gestores de crisis y cabilderos: entre estos últimos estuvo el ex alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, a quien habría confiado la tarea de disuadir cualquier misión investigadora por parte de las autoridades estadounidenses.
Para el ascenso de una a otra división de la aristocracia global, el trampolín que Betancourt usó, más que sus habilidades empresariales, fue la ayuda que le prestó el gobierno revolucionario de Hugo Chávez.
No tenía siquiera 30 años cuando cofundó Derwick Associates, una empresa que Convit dirigía y que recibió contratos para construir centrales eléctricas de empresas gubernamentales sin pasar por una licitación y sin que se le conociera experiencia en el ramo. Según un informe de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, el gobierno pagó sobrecostos por 2.900 millones de dólares a la empresa de los dos bolichicos.
El registro empresarial de Luxemburgo revela cuatro personas jurídicas propiedad de Betancourt que tienen vínculos con Derwick
Derwick Associates, así como empresas hermanas en sitios como Panamá y el estado de Delaware -un virtual paraíso fiscal en la costa este de Estados Unidos- que han sido señaladas de corrupción, están en el corazón del imperio empresarial transnacional de los bolichicos. En una serie de cuestionables maniobras financieras, los beneficios obtenidos de negocios de electricidad y petróleo se canalizaron a cuentas bancarias suizas y a empresas conectadas en Barbados, Panamá y Luxemburgo.
El registro empresarial de Luxemburgo revela cuatro personas jurídicas propiedad de Betancourt que tienen vínculos con compañías de Derwick. Una empresa clave es Latin American Ventures, que hace cinco años recibió activos de una empresa de Derwick en Barbados. El traspaso se hizo a través de una “aportación en especie”, que describe una ampliación de capital que no se realiza en efectivo.
En 2011, apenas un año después de que Betancourt y sus socios entraran en el negocio de la electricidad, él y Convit aparecieron como directores de una nueva empresa, Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados. A través de esta empresa, obtuvieron de manera silenciosa una porción de los derechos sobre siete bloques concedidos a Petrozamora en el estado Zulia, la más tradicional cuenca petrolera de Venezuela. La operación era inicialmente un joint-venture con Gazprombank, una institución financiera rusa.
Una parte de los beneficios petroleros de Petrozamora se transfirieron luego a Latin American Ventures, incorporada en 2015 en Luxemburgo con un capital de 100.000 dólares. A finales de ese año, grandes sumas se habían transferido desde Derwick Oil & Gas y el balance de Latin American Ventures mostraba activos por más de 253 millones de dólares.
Sobre el papel, Latin American Ventures es propiedad de una fundación neerlandesa llamada Stichting Administratiekantoor DOG. El director de la fundación era Convit hasta septiembre de 2018, apenas dos semanas después de que Estados Unidos lo acusara de conspiración para cometer lavado de dinero.
En los Países Bajos lo reemplazó Orlando José Alvarado Moreno, una pieza clave en el imperio empresarial de los bolichicos. Alvarado ha sido director de Derwick en Caracas y aparece como directivo en tres de las empresas luxemburguesas de Betancourt.
Jon A. Sale y Frank Wohl, abogados de Betancourt, le dijeron al Miami Herald que “los activos y las fuentes de dinero del señor Betancourt son perfectamente legales. No están escondidos. De hecho, su interés por Luxemburgo ha sido divulgado públicamente para que el mundo lo vea. Es un empresario legítimo y muy exitoso que no ha infringido ninguna ley".
Latin American Ventures también hizo transacciones con una empresa llamada Vencon Holdings Investments Inc, que apareció en el elenco de la operación Money Flight como receptora de fondos desviados desde Pdvsa.
La operación Money Flight, como la bautizaron las autoridades estadounidenses, develó varios esquemas por los cuales petrodólares de Pdvsa, gracias a connivencias entre hombres de negocios y ejecutivos de la estatal, estos incentivados por sobornos, pasaban a formar parte del lucrativo mercado negro de divisas en Venezuela.
En 2016, Latin American Ventures movió 5,5 millones de dólares a Vencon, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. En la denuncia penal, las autoridades estadounidenses relacionan Vencon con Convit y con una persona que solo reseñan como Conspirador 2. En noviembre de 2019, el Miami Herald informó que ese nombre en código de Conspirador 2 correspondía a Alejandro Betancourt.
Mientras Betancourt suena en causas judiciales en Florida, fuentes judiciales españolas le indicaron a OCCRP que ese país también tiene interés en el magnate venezolano. Testigos han señalado a Betancourt como co-conspirador en un esquema de malversación de fondos de la empresa estatal Pdvsa.
"Hay personas investigadas tanto en España como en Estados Unidos que, en sus respectivas declaraciones a las autoridades, están implicando a Betancourt en la estafa a Pdvsa", dijo una fuente, añadiendo que Betancourt está bajo investigación por malversar "cientos de millones de dólares".
Estados Unidos también tiene la atención puesta sobre varios individuos que se aprovecharon del complejo sistema de control de divisas que funcionó en Venezuela entre 2003 y 2019. En el marco de esa investigación, agencias estadounidenses solicitaron a Suiza registros bancarios de varias empresas, que incluyen a Vencon y a IPC Investments Corp, una compañía de Barbados vinculada a Betancourt.
Las empresas le pidieron a la justicia helvética bloquear la solicitud, pero al final el Tribunal Federal Suizo ordenó entregar los registros bancarios. En su sentencia, indicó que estas compañías eran parte de una operación en la que "gracias a pagos corruptos hechos a funcionarios venezolanos (...) se permitió la malversación de más de 4.500 millones de dólares americanos que habrían sido desviados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza".
Aunque el tribunal no nombró ni a IPC Investments Corp ni a las demás empresas de los bolichicos, estas quedaron posteriormente delatadas por el website suizo de investigación financiera Gotham City.
Los balances de la luxemburguesa Latin American Ventures muestran que transfirió 16 millones de euros a IPC Investments Corp, presentándolos como el reembolso de un préstamo.
Betancourt ha usado IPC Investments Corp como vehículo para invertir en la empresa petrolera canadiense Frontera Energy Corporation, así como en BDK Financial Group, un banco luxemburgués que hace negocios en África Occidental. IPC Investments Corp también ha transferido dinero a otra de las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo: Gainsboro Developments.
En Gainsboro figura Alvarado, el socio caraqueño de Betancourt, como miembro del consejo de administración. La empresa ha sido usada como intermediaria para mover dinero entre las empresas offshore de los bolichicos.
Otra empresa registrada en Luxemburgo, Ming International, recibió un préstamo de 53 millones de euros de IPC Investments Corp. También tomó un préstamo del Centro Tecnológico de Turbinas (CTT), una empresa venezolana vinculada al sector eléctrico y a Derwick Associates.
A través de Ming, Betancourt gestiona 65% de las acciones de una empresa llamada Saldum Ventures S.L. Entre otras inversiones, Saldum es dueña de Hawkers, una exitosa empresa española que vende lentes de sol de diseño pero a precios asequibles, y que desarrolló una línea en colaboración con la estrella del fútbol Lionel Messi.
Betancourt es presidente y presidente del consejo de administración de Hawkers, que cuenta como inversor a O'Hara Administration, con sede en Panamá.
La fuente cercana a la investigación estadounidense Money Flight le dijo al Miami Herald que estaba al tanto de las inversiones de Gainsboro y Ming en Andorra, España y Suiza, pero las indagaciones no habían conectado directamente esas empresas con Luxemburgo. Dijo que los investigadores no sabían nada ni de Latin American Ventures ni de O'Hara Financial S.A.
A través de O'Hara Financial S.A., Betancourt es dueño de un Dassault Falcon 2000, un jet privado de fabricación francesa con la matrícula N717FM. Según ADSB-Exchange, una base de datos cooperativa de seguimiento de vuelos, el Falcon ha volado con frecuencia en los últimos dos años.
A principios de 2020, antes de que la pandemia de Covid-19 paralizara la mayor parte de los viajes aéreos, el avión registró dos docenas de vuelos por Europa. En 2019, el Falcon realizó más de 70 viajes a ciudades europeas, incluida Moscú. Los inversionistas rusos tienen vínculos comerciales estrechos con los venezolanos, incluso con Betancourt y Convit, a través del contrato que tenían en Petrozamora con Gazprombank.
A finales de ese año, el 3 de noviembre, el Miami Herald publicó el primer artículo que revelaba que Betancourt era el Conspirador 2 en la causa de Money Flight. El 12 de noviembre, Altea Services, la sociedad que administraba las cuentas de tres de las cuatro empresas vinculadas a Betancourt, renunció a su “acuerdo de domiciliación”. Y al día siguiente, el avión de Betancourt voló a Luxemburgo.
Altea no respondió por qué tomó esa decisión, pero la ley luxemburguesa señala que los administradores deben saber exactamente quién está detrás de una empresa. Si la ley que regula las sociedades mercantiles se incumple de algún modo, se recomienda a los administradores que rescindan el acuerdo de domiciliación, según el bufete de abogados Martin Avocats, con sede en Luxemburgo.
Muchos de los vuelos eran, con toda probabilidad, viajes de negocios, pero algunos parecían de placer. El Falcon ha volado a ciudades europeas como Ámsterdam, Atenas y Roma, y ha aterrizado en las Azores, un pintoresco grupo de islas portuguesas y destino turístico en el norte del Atlántico.
Rebolledo, el experto venezolano en lavado de dinero, dio la bienvenida a cualquier sanción o acusación de corrupción contra los bolichicos, añadiendo que sus estilos de vida son particularmente llamativos teniendo en cuenta el estado calamitoso de su país.
"Esos supuestos empresarios deberían estar en una lista que no les permita seguir pavoneándose con sus extravagancias mientras nuestro pueblo se muere de pobreza", dijo.
JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han facilitado el movimiento de dinero sucio. Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dólares levantaron alertas que desbordan a la FinCEN, pero el dinero siguió fluyendo libremente. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios, entre ellos Armando.info, revela que el blanqueo de capitales se apalanca en los bancos, que con una gran cantidad de puntos ciegos están en la primera línea de combate de este delito.
Registrada en Islas Vírgenes Británicas por un bufete panameño para manejar una cuenta bancaria en Bahamas, una empresa de dos venezolanos generó dudas en el escritorio Mossack Fonseca sobre su cumplimiento de la normativa del paraíso fiscal donde se alojaba. Sus propietarios, Ricardo Lugo y Adrián Requena, en repetidas ocasiones han sido señalados por participar en los amaños por los que la constructora española Duro Felguera ganó el contrato de una planta termoeléctrica en Venezuela, acuerdo que las autoridades anticorrupción de España investigan.
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, famoso por haber "rescatado" al gobierno de Hugo Chávez con la venta de plantas eléctricas de dudosa calidad y funcionamiento mueve a través de Suiza gran parte de los beneficios de aquella alianza con el chavismo y la petrolera rusa Gazprom mientras es investigado por el blanqueo de capitales
Un magnate venezolano investigado por corrupción en EEUU es el presidente y principal inversor de la sociedad matriz que controla la start-up de moda, Hawkers. Esta es su historia
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
