El banquero alemán de la Operación ‘Money Flight’ hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita

La operación detectivesca tuvo origen en la delación que la CS hizo ante las autoridades estadounidenses en 2016, admitiendo que había sido reclutada por operadores financieros de la llamada boliburguesía -la clase empresarial que ha hecho fortunas con la autodenominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- para legitimar 78 millones de dólares de una transacción cambiaria irregular entre Pdvsa y un particular, la empresa Rator XXX, que al final sumaría 1.200 millones de dólares, y de la que además se debían pagar sobornos para los ejecutivos de la petrolera que participaron en el negocio. La CS accedió a colaborar desde ese momento con las agencias policiales para rastrear todo el esquema. Como infiltrado, grabó conversaciones; hasta fingió comprar un avión en Brasil., pero pagadero en España, para “marcar” los circuitos bancarios por donde circulaban los flujos de dinero de la banda.

La llamada de Matthias Krull se producía en enero de 2017. Una de las tantas entre la CS y Krull que los agentes norteamericanos grabarían, en esta en particular el banquero alemán, representante entonces del banco suizo Julius Baer, se disponía a introducir una nueva posibilidad de negocios. Un funcionario del Estado venezolano, identificado en el documento como Venezuelan Official 3 necesitaba un mecanismo efectivo para recibir los pagos de coimas que le enviaría una empresa de abogados que había representado a la República de Venezuela en litigios de arbitraje internacional.

Con una presencia tan amplia en el mundo de las finanzas en Panamá, parecía probable que las gestiones de Krull se hubieran cruzado con Mossack Fonseca, uno de los dos mayores bufetes de Panamá y entre los mayores proveedores de servicios offshore en todo el mundo, hasta su reciente cierre en marzo de 2018, como consecuencia del escándalo de los llamados Panama Papers, publicados en abril de 2016.

Precisamente en esa filtración, originalmente recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich y coordinada como proyecto periodístico de investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), aparece una comunicación en la que Matthias Krull intercede por uno de sus clientes venezolanos.

Se trata de la familia Saleh. Su patriarca, Hassan Saleh Saleh, de origen libanés, falleció en 2017. Saleh obtuvo en la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, en el mar Caribe de Venezuela) una bien reconocida reputación de líder de la poderosa comunidad de comerciantes árabes en esa entidad insular, puerto libre y destino turístico por excelencia.

En 1994, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, Saleh constituyó un banco en Margarita que pronto reunió gran parte de los capitales árabes en la isla: el Banco Confederado. Mantuvo la pequeña operación regional hasta 2004, cuando la vendió por 19 millones de dólares a un grupo de inversionistas encabezado por Juan Carlos Maldonado, integrante del grupo familiar que por décadas había controlado Seguros La Previsora. En 2009 el banco, como la aseguradora, pasó a manos del empresario Pedro Torres Ciliberto. Pero casi enseguida, durante la minicrisis financiera de finales de ese año, el Banco Confederado y otros tres bancos privados de magnitud mediana fueron intervenidos y amalgamados en una nueva entidad del Estado, el Banco Bicentenario.

Un reportaje de The Washington Post en abril de 2002 mencionaba al Banco Confederado en conexión a las sospechas permanentes de que Margarita sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas del Medio Riente, como el libanés Hezbollah. En la nota su autor, Scott Wilson, citaba fuentes de la policía política venezolana (Disip; ahora Sebin) que aseguraban que mantenían vigilancia sobre las operaciones de transferencias de dinero desde el Banco Confederado, entonces todavía bajo control de los Saleh, a destinatarios en Siria y Líbano. Sin embargo, aclaraban las mismas fuentes, las 30 cuentas bancarias monitoreadas no mostraban movimientos mayores a los que correspondería a remesas familiares.

En 2007, tres años después de la venta oficial del Banco Confederado, los Saleh acudirán a Mossack Fonseca en Panamá para ordenar se registre la primera de cinco empresas del grupo familiar en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Su nombre es Active Plus Finance Corp, con un capital de 50.000 acciones a un dólar cada una, y sede en Road Town, en la isla de Tortola. Su junta directiva quedaría a la larga conformada por el patriarca, Hassen Saleh, dos de sus hijos, Ibrahim y Youssef Abass, y Youssef Ahmad Shmayssani, quien fue directivo del Banco Confederado.
El banquero Matthias Krull escribió en 2009 un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca en Panamá para pedirle que, con urgencia, obtuviera en las Islas Vírgenes Británicas copias apostilladas de los documentos constitutivos de Active Plus Finance Corp -la compañía de los Saleh- y los remitiera a los cuarteles generales del banco Julius Baer en la dirección: Rue Pierre Fatio 7, 1212 Ginebra, Suiza.
Pocos días después, el bufete confirmaba el envío.
Además de Active Plus Finance Corp, los Saleh abrirían a través de Mossack Fonseca otras cuatro sociedades: La Nobleza Corp, La Fortaleza Corp, Promociones Globales SA y PC-Planet SA. Esta última es homónima de otra conformada en Venezuela y que aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor del Estado. El mismo nombre lo lleva una tienda de electrónicos en el Centro Comercial La Vela de Porlamar, principal ciudad comercial de Margarita.

Este rastro fugaz de Matthias Krull en los archivos de Mossack Fonseca da fe de su entrada entre las nuevas fortunas venezolanas y el tipo de diligencias que adelantaba para ellas.