La embajada de Estados Unidos en Caracas consideraba que Eligio Cedeño era un banquero corrupto, pero recomendó a Washington que evaluara su solicitud de asilo en virtud de la poca independencia de los poderes públicos venezolanos y la erosión del debido proceso en su caso. Para la fecha que el embajador Patrick Duddy hizo esa […]
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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La embajada de Estados Unidos en Caracas consideraba que Eligio Cedeño era un banquero corrupto, pero recomendó a Washington que evaluara su solicitud de asilo en virtud de la poca independencia de los poderes públicos venezolanos y la erosión del debido proceso en su caso.
Para la fecha que el embajador Patrick Duddy hizo esa sugerencia —17 de diciembre de 2009— el empresario estaba en libertad condicional desde el 10 de diciembre gracias a una decisión de la jueza María Lourdes Afiuni, quien consideró que podía esperar en libertad la audiencia preliminar de su caso. Antes de salir a la calle le retuvieron el pasaporte y le ordenaron presentarse cada quince días en el tribunal, pero Cedeño aprovechó para viajar a Estados Unidos, donde posteriormente solicitaría asilo.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.
Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.
El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.
En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.
