Esta serie fotográfica del periodista y documentalista, Jorge Benezra, muestra el drama diario de la mayor mina de oro de Venezuela. Una colonia multinacional de 30.000 mineros artesanales, librados a su suerte y a lo que determinen la codicia y las mafias locales, arrasan con lo que queda de humanidad y del medio ambiente en ese sector al sureste del estado Bolívar. Las autoridades observan pero apenas intervienen en ese coliseo en medio de la selva. Pronto debe llegar la corporación china Citic a poner orden y a producir.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El yacimiento aurífero de Las Cristinas, en el estado Bolívar (sureste de Venezuela), a unos 15 kilómetros de la frontera con el Territorio Esequibo que Guyana controla, y a 88 de las Colonias de El Dorado, es la quinta mina de oro del mundo. Tiene unas reservas probadas cercanas a las 17 millones de onzas, un botín que despierta la codicia de cualquiera. Se sabe que el Estado venezolano la asignó a la corporación china Citic, que debería reanudar en unos pocos meses la producción que otrora estuvo a cargo de trasnacionales como Placer Dome, Vanessa Ventures o Cristallex... Pero no será tan sencillo.
Hoy Las Cristinas es el reino de la anarquía, es un lugar que nunca duerme. Manda la ley del más fuerte. En sus entrañas hormiguean unos 30.000 mineros ilegales. Y siguen llegando a diario en autobuses y camiones. Muchos de ellos son extranjeros. Vienen de Brasil, Trinidad, República Dominicana, Perú, Guyana y Colombia. A todos, locales o foráneos, los une el sueño compartido de una riqueza súbita. Cuando menos, que es el caso más frecuente, obtienen lo suficiente para sobrevivir.
Tropas de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército custodian la mina y las instalaciones del campamento aledaño. Pero es poco más que un saludo a la bandera. Nada perturba a los buscadores de oro. El perímetro militar es como la frontera del laissez faire. De y hacia el exterior pasan camiones, motores, combustible, alimentos, bebidas alcohólicas. Al interior las cosas son de quienes las toman, casi siempre organizados en mafias. La valiosa nucleoteca, el archivo geológico donde se guardaba toda la memoria de exploración de Las Cristinas, es una ruina desvalijada.
La minería ilegal no tiene límites. Es un paroxismo colectivo que los precios del oro estimulan. Un kilo de oro ronda los 33.000 dólares americanos en el mercado internacional. Un equipo de mineros, por rudimentario que sea, puede extraer diariamente unos 10 o 20 gramos. Por algo se habla de la fiebre del oro.
“Si la tierra brilla, allí estaremos”, dice Felix Rodriguez, un minero con más de 20 años en la zona. “No nos importa pagar vacuna a quien sea”.
En los últimos dos años la población de El Callao, la puerta de entrada a la minería en el estado Bolívar, pasó a superar el promedio nacional de asesinatos. La voracidad se ha convertido en el gentilicio local. Para hacerle honor, los pobladores explotan con desenfreno el territorio. Coltán, madera y oro alimentan el delirio. Alrededor de cada explotación se congrega una cadena criminal para controlar los suministros.
El costo de la vida vale oro. No es una metáfora en Las Cristinas. En la zona se puede pagar 35 bolívares por litro de gasolina, 40 veces el precio oficial. En los abastos no se registra la escasez ya típica de las ciudades. Todo se consigue, pero los precios pueden ser tres o cuatro veces lo normal y hay hasta quien paga con gramas de oro.
La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y otros metales pesados que los mineros ilegales usan. El mercurio contamina también las fuentes de agua. Las aguas de ríos oscuros como el Cuyuní y Caroní arrastran el elemento que contamina y mata los peces, que a su vez constituyen la base de la dieta de los pueblos ribereños.
Los niños son explotados en las minas. Hay prostitución y maltrato infantil.
Bárbara es una muchacha de 19 años venida del estado Zulia, al otro extremo del país. Lleva viviendo los últimos cuatro meses en una residencia de chicas en los campamentos mineros. Cuenta que llegó a Las Cristinas con una amiga de su pueblo que tenía ya varios meses de campaña y regresó al terruño con mucho dinero. “En los pocos meses que tengo viviendo acá he ganado lo que tendría tras dos años trabajando en la tienda de donde me botaron".
Cada vez son más las historias de personas que son explotadas sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, en torno a los 15 o 17 años de edad, a las que trasladan de otras regiones del país –incluso desde Caracas– a este borde resplandeciente de la Gran Sabana. A menudo llegan engañadas con la promesa de un rentable trabajo como domésticas. Terminan acomodándose, por necesidad, en la prostitución.
Los réditos rápidos de la extracción del oro convierten a gente sencilla en el lobo del hombre. Sobre el terreno la vida es difícil. Pero las dificultades se soportan con el horizonte ilusorio de la riqueza. América Latina, y dentro de ella, Venezuela, tienen tradición blandiendo ese señuelo.
Para conocer esas dificultades se hizo este trabajo. Han sido varias semanas de investigación visitando los pueblos del sur de Venezuela donde se concentra la actividad minera ilegal: Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. Uno más complejo que el otro. Como la mayoría de la explotación minera es ilegal, la presencia de periodistas no es grata. Hace falta hacerse invisible ante las bandas delictivas que se pelean el territorio y las propias autoridades. Es incontable el dinero que está en juego.
Los mineros son gente como cualquiera, que solo busca sobrevivir. Pero tienen miedo. De las mafias, de los militares. Todo el mundo busca aprovecharse de ellos. Lo que extraes con el sudor de tu frente tienes que compartirlo con esos grupos, es una máxima que hay que seguir si se quiere vivir en las minas. Aquí no existe ningún tipo de organismo de defensa de los derechos humanos. Todo es explotación en este mundo que el resto del país se resiste en reconocer.
De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
Múltiples indicios sugieren que el empresario colombiano Alex Saab, uno de los mayores proveedores de los programas alimentarios del Gobierno de Nicolás Maduro y blanco para las investigaciones policiales de varios países, participa en el opaco intercambio de metales preciosos por bienes de consumo que se ha establecido entre Venezuela y Turquía. Que el nuevo presidente de la empresa estatal Minerven sea un antiguo empleado suyo, es apenas una de las pistas.
El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
Un reportero holandés del site brasileño Infoamazonia viajó durante tres meses por las disputadas áreas mineras del sur de Venezuela y, en el camino, encontró grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas por guerrillas y enclaves de mineros informales atormentados por la malaria. El futuro de Guayana pinta incierto. Aquí el corolario de su travesía.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
Con un derroche de ruedas de prensa televisadas y producción de videoclips, al entonces Fiscal General, Tarek William Saab, le bastaron 35 días para demoler a fines de 2023 el relato oficial de un homicidio-suicidio que, ocho años antes, el propio Ministerio Público había asumido como explicación para las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y el bajista Carlos Molnar. El acelerón demandó atajos y omisiones tanto en las investigaciones como en el proceso judicial. Su conclusión resultó tan endeble que solo pudo sostenerse en las confesiones de los acusados obtenidas, según testimonios, bajo coacción.
Muestras toxicológicas que se dañaron en la morgue; el celular de uno de los occisos que se siguió usando como si nada: estos y otros cabos sueltos de la investigación en 2015 de las muertes del rapero Tirone 'Canserbero' González y del bajista Carlos Molnar, produjeron una versión oficial, la del homicidio-suicidio, vulnerable ante las conjeturas en redes sociales y la sensibilidad herida de familiares y seguidores del artista. La mella que estas hicieron fue suficiente para que, años después, la fiscalía de Tarek William Saab pudiera fabricar un nuevo relato.
Un par de abogados que pusieron sus rostros a la toma de Bangente actuaban atados por un acuerdo, una opción de compra, a un tercer abogado, José Simón Elarba, quien poco después se quedaría con otra entidad financiera, Bancamiga. Esta última operación fue más pública que la primera, en la que los letrados convirtieron los tribunales en armas arrojadizas. El negocio convocó no solo a los familiares de Elarba, dueño a la vez de la recolectora de desechos Fospuca, sino también al entorno de un influyente personaje: Carlos Malpica Flores, el sobrino ‘favorito’ de Cilia Flores.
Entre apretones de manos, empresas novísimas y mucho silencio, un grupo de líderes empresariales con estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro estableció, durante los primeros meses de su mandato, un canal secreto con operadores políticos en Caracas y con Camimpeg, la empresa estatal venezolana dirigida por el ejército, para cerrar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas venezolanos. Aunque Petro mantuvo en público las distancias con Maduro, sus amigos lograron conseguir los contratos.
La policía política se apoderó de una quinta residencial en los cerros del sur de Caracas para hacerla una ‘casa segura’. Al final, le dio uso como escondite de desaparecidos y centro de torturas. La siniestra actividad siguió inadvertida para los vecinos del lugar pero, en cambio, quedó grabada en la memoria de los presos políticos que pasaron por allí. La afinidad del inmueble con la agencia de inteligencia se remonta hasta el año 2000, cuando era propiedad de uno de sus directores, antiguo guardaespaldas de Hugo Chávez.
