El presidente del grupo Corimón asegura que nada tiene que ver con la compra del diario El Universal. Ni siquiera con su nuevo presidente, a pesar de que el hermano morocho de este está al frente de algunas de sus compañías.
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El pasado domingo 14 de diciembre, horas después de publicado el reportaje El citizen Gill compra medios por América Latina, el empresario Carlos Gill se comunicó con quien suscribe estas líneas. El exbanquero y actual propietario del grupo Corimón en Venezuela expresaba en la llamada telefónica su estupor por el contenido del reportaje y los señalamientos que allí se hacían acerca de su persona. Gill aseguró que su equipo jamás le informó de los esfuerzos hechos por este periodista para conocer su versión. “Tengo el mismo teléfono desde hace 18 años y un correo electrónico que está en la página web de Corimon”.
Este trabajo se viene preparando desde hace tres meses e incluye pesquisas en Bolivia. En la sede del grupo Corimón informaron que Gill no vivía en el país. Proporcionaron un email equivocado y sugirieron, por último, que era más fácil ubicarlo a través de Proa Comunicaciones, la agencia de comunicaciones capitaneada por su esposa Chepita Gómez. En un correo enviado a Vivianne Agudelo, vicepresidenta de esa compañía, se reiteró la solicitud. Nunca hubo respuesta.
Gill dice que toda su vida ha sido un hombre de trabajo: que ha participado en la reestructuración de ocho bancos, que hace 20 años rescató a Corimón de la crisis y la convirtió en un negocio rentable que se internacionalizó, que fue director-presidente de Mercedes Benz, que recientemente compró la cadena de comida rápida Wendy’s y que ha visto la posibilidad de invertir en medios de comunicación por varias razones. Una de ellas: su esposa, hija del editor de El Informador de Barquisimeto, es, además, periodista.
“A mí se me presentó hace ocho años la posibilidad de adquirir dos diarios en Bolivia, La Razón y Extra, directamente al grupo Prisa. Yo conozco directamente a Manuel Polanco. Yo participé en una de las reestructuraciones de esa empresa española. Ellos estaban buscando salir de unos activos en América Latina y llegamos a un acuerdo que se anunció en la prensa”.
Con ello Gill pretende echar por tierra la versión expresada tanto en el reportaje como en el libro A control remoto, del periodista boliviano Raúl Peñaranda. Que La Razón y Extra, junto a una televisora llamada ATB fueron adquiridas en 2008 por una empresa creada especialmente para la transacción llamada Akaishi para ocultar la identidad de los nuevos propietarios. Un esquema que calca al utilizado para la venta de las marcas de la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas Noticias) y del periódico El Universal. “Yo negocié directamente con ellos y el acuerdo se hizo público de inmediato. No tengo nada que ver con Akaishi”.
El equipo de Gill envió una información publicada en el medio español Cinco Días para darle credibilidad a su versión. En la edicióndel 22 de octubre de 2009, en efecto, se anuncia el acuerdo del empresario con Prisa, que consistió en “la permuta de unos activos en Bolivia a cambio del 12% de la participación que Gill tenía en la cadena de televisión estadounidense V-me Media Inc”. Esta explicación, sin embargo, contrasta con lo expresado por el periodista Raúl Peñaranda en su libro. Once meses antes, en noviembre de 2008, el reportero recibió una llamada de un colega que trabajaba en una oficina gubernamental de prensa. “Me dijo que los empresarios venezolanos Carlos Gill y Jordán Silva, que ya habían concretado el proceso de compra de La Razón, deseaban hablar conmigo para ofrecerme la dirección del periódico”. Son once meses al menos en los cuales nadie reclama la propiedad del medio.
Carlos Gill no le da credibilidad a la versión manejada por Peñaranda en su libro y ratifica que no encubre sus transacciones. “Yo soy accionista del diario El Nacional. Por eso mi esposa está en la junta directiva de ese diario, así que nada tengo que ver con el diario El Universal ni con el señor Jesús Abreu Anselmi. Conmigo sí trabaja desde hace 20 años su hermano Rafael Enrique, quien también está en Bolivia como presidente de la junta directiva de Ferroviaria Oriental, cuya sede está en Bolivia y en Venezuela preside la compañía de pinturas Sherwin Williams.
Gill dice que ha decidido expandir sus intereses en el sur, específicamente en Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, por el potencial de estos países para hacer negocios. “¿Por qué los periodistas no hablan de las cosas buenas que hace uno? ¿Tú sabes lo que cuesta mantener en Venezuela a una nómina de más de 10 mil empleados en Venezuela y 7 mil fuera del país? ¿Tú tienes idea de eso?”, pregunta.
Gill también niega que la línea editorial de La Razón sea impuesta o se acuerde con el gobierno del presidente Evo Morales. “Es un medio sin sesgo político”, advierte, como para terminar de despachar las versiones que señalan que se ha puesto su dinero al servicio del gobierno de Bolivia como una manera de agradecer el aumento exponencial de su patrimonio durante los tres lustros de gobierno chavista.
En Bolivia también se especula que Gill es uno de los empresarios que financió la construcción del teleférico entre la capital de Bolivia, La Paz, y la vecina ciudad de El Alto, un enclave donde el presidente Evo Morales se ha hecho muy fuerte. “A mí me interesa la logística”, respondió. “Me parece que esa obra es un ejemplo para el mundo. No he puesto dinero allí”. Fue la última pregunta que permitió: “Te dejo porque voy a volar”.
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
Las transmisiones deportivas de los canales MeridianoTV y Telearagua son un verdadero circuito cerrado de negocios para Trapiello, un veterano productor artístico, y su socio Harry Camba, presidente y vicepresidente de Telearagua y de la emisora de radio Aragüeña 99.5 FM, medios regionales financiados por la Gobernación. Pero ambos también se han proclamado dueños de TyH Producciones, una empresa privada que presta servicios a esas televisoras y que fue diseñada para esquivar cuestionamiento alguno sobre el conflicto de intereses entre la gestión de lo público y lo privado
Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.
Pase y póngase cómodo para ver la televisión de Petróleos de Venezuela. En 2012, el ex presidente Hugo Chávez lanzó al aire la idea: crear la primera televisión petrolera del mundo. Se materializó, formaron equipo, ocuparon un Bien de Interés de la Ciudad. Tras meses en prueba en la Televisión Digital Abierta y un año en emisión en la Web, aún no tiene, ni siquiera, programación continua.
La revista emblemática de la transición y del destape español al final del franquismo cayó en 2014, y tras cuatro décadas, en manos de dos inversionistas venezolanos. Son los hermanos Neri, contratistas en gran medida de la Alcaldía y el Gobierno capitalinos, en manos del chavismo. Ahora desde la revista, convertida en mensuario y con salas de redacción en Caracas y Madrid, dicen que quieren promover el diálogo entre los polarizados españoles, aunque no falte quien le achaque a la publicación el propósito de circular con “culos, autoayuda y picante”.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
