El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
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“Un
coronel ha llegado a la redacción”, era el mensaje que circulaba entre los
periodistas y empleados del diario Notitarde cuando el oficial
del Ejército Ramón José Carrasco Oropeza, ese primer semestre de 2015, llegó a
tomar las riendas del periódico con sede en Valencia, capital del estado de
Carabobo, al centro del país. Nunca antes se había visto a un militar, en todos
los años de la autodenominada Revolución Bolivariana, al timón de un medio
informativo.
Los dos años posteriores al fallecimiento del
presidente Chávez, en marzo de 2013, estuvieron marcados por el cambio de dueños
en algunos medios de comunicación, tanto en la capital venezolana como en el
interior del país. Procesos de compra-venta que en su mayoría resultaron ser
opacos y donde se evidenciaron cambios en líneas editoriales, esfuerzos por
censurar a los periodistas, disminución de unidades de investigación, renuncias,
despidos injustificados y autocensura. El caso de Notitarde no
fue diferente, síntomas del socialismo del siglo XXI que el chavismo preconiza y
donde los militares han abarcado desde puestos políticos hasta
negocios.
Mientras
fue propiedad del empresario carabobeño Ricardo
Degwitz, Notitarde llegó a ser el segundo diario de mayor
circulación en Venezuela, según el Comité Certificador de Medios (Ccmaf) de la
Asociación Nacional de Anunciantes (Anda) y la Federación Venezolana de Agencias
de Publicidad (Fevap). Es un mérito doble si se considera que lo consiguió en
una ciudad de provincias, aunque importante y con gran actividad económica hasta
no hace mucho. Cualquiera que haya sido la fórmula para ese éxito, en manos de
Carrasco se perdió: el diario circula cada vez menos y en lo periodístico se ha
convertido en poco más que un órgano de propaganda de la gestión de Francisco
Ameliach, el también ex oficial militar que acaba de dejar su cargo de
gobernador de Carabobo para unirse a la Asamblea Nacional
Constituyente.
El nombre de Ramón Carrasco sale a relucir tres
veces cuando se cruza el listado de empresas en el Registro Nacional de
Contratistas -una base de datos que ha sido descargada por el equipo de
Armando.info para la realización de una serie de reportajes donde se incluye el
presente- con los nombres de los militares dentro de la administración pública
proporcionado por Vendata, un proyecto de liberación de información de la Gaceta
Oficial de Venezuela.
Sus tres empresas tienen como objeto social
la administración de medios de comunicación: Inversiones La Ría, donde aparece
como director; Publicaciones Degal, C.A, donde es vicepresidente, y Editorial
Notitarde, C.A, en la que figuró desde la compra en el año 2015 como
vicepresidente hasta que, en la asamblea de accionistas del 9 de diciembre de
2016, toma el cargo de presidente. Las últimas dos compañías tienen por sede en
el mismo edificio en Valencia. Mientras en los primeros pisos el militar maneja
un periódico, en los últimos lleva una empresa de impresión de revistas en papel
glasé o mate.
“‘No oigo, no veo, no siento’ parece ser la nueva norma del periódico”
Ninguna de estas compañías tiene contratos con empresas del gobierno pero sí contratan entre sí y con empresas privadas. Publicaciones Degal tiene como uno sus clientes a Editorial Notitarde, C.A, por ejemplo. En estas empresas también se repiten los nombres de los empresarios, Juan Manuel Tome Fernández, José Rodríguez y Fabián González Vásquez.
En las primeras reuniones que Carrasco tuvo con el equipo de la redacción de Notitarde expresó que, a pesar de que su experiencia laboral se limitaba al área administrativa y militar -o quizás por ello-, su deseo era el de aprender de los periodistas. Sin embargo, dos años después de su llegada parece que los trabajadores del medio han sido los formados: seguimiento de órdenes, ningún derecho a disentir, jerarquía lineal, cumplimiento estrictos de horario y rápidas resoluciones sin importar razón y consecuencias. “‘No oigo, no veo, no siento’ parece ser la nueva norma del periódico” dice una de las ex redactoras del diario.
“Nosotros
queremos trabajar con nuestra misma gente”, aseguró Carrasco en julio de 2015, a
poco tiempo de su llegada, cuando le solicitó poner el cargo a la orden a la
jefa de redacción de la corresponsalía en Caracas, Lucy Gómez. La frase se fue
repitiendo a lo largo del tiempo hasta desmantelar casi por completo la
corresponsalía y reducir considerablemente el número de trabajadores en la sede
en Valencia.
Carrasco siempre ha sido la cara visible de la nueva administración del negocio periodístico.
La
orden era sencilla: a todo aquel que no siguiera la nueva política del periódico
se le entregaba su cajita feliz -plan de liquidación con
incentivos-, una indemnización suficiente para irse sin problemas. Y Carrasco
Oropeza, como buen militar, era el encargado ideal para poner en práctica ese
plan.
En el registro mercantil de Editorial Notitarde, C.A la
venta queda oficializada en la asamblea de accionista realizada el 10 de febrero
de 2015 donde la Corporación Noti-libre C.A vende todas sus acciones a La Ria
Comunicaciones, sociedad mercantil inscrita el 12 de diciembre de 2014, justo
dos meses antes de la compra, y representada por José Rodríguez Álvarez,
empresario conocido en Valencia por ser propietario de uno de los hoteles con
más renombre en la ciudad, el Hesperia. Según el registro mercantil de la
editorial, Carrasco comenzó siendo principal, pasó luego a la Vicepresidencia,
para terminar asumiendo la presidencia a finales de 2016.
Sin embargo,
sin importar su rol en los papeles del registro mercantil, Carrasco siempre ha
sido la cara visible de la nueva administración del negocio periodístico.
Rodríguez sólo se presentó en sus inicios como el nuevo dueño pero su presencia
fue limitada. Durante 2017, en la redacción, se han escuchado rumores de una
nueva venta sin haber aún confirmación en
papel.
Aunque
Carrasco Oropeza ha pasado por diferentes cargos durante el chavismo, no ha
estado en el centro de atención ni ha ocupado grandes puestos políticos. Su
trabajo se ha limitado al área administrativa. El militar, ahora en retiro, se
graduó en 1985 como integrante de la promoción General de Brigada Lucas
Carvajal”. Algunos de sus condiscípulos en esa añada fueron Carlos Osorio, ex
ministro de Alimentación y actual ministro del Despacho de la Presidencia; Pedro
Carreño, constituyente y ex diputado por el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), y Jesús García Toussaintt, ahora Ministro del Poder Popular
para Transporte.
Uno de los primeros cargos de Carrasco en la
administración castrense del chavismo fue la presidencia suplente del comando
terrestre de logística de la Comandancia General del Ejército. Así quedó
designado el 17 de junio de 2007, según se refleja en la Gaceta
Oficial 38.695. Meses más tarde, en la Gaceta
Oficial 38.737 del 1 de agosto de 2007, asume la Dirección General
Sectorial de Administración del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.
Carrasco
gana notoriedad al formar parte del gobierno en el estado de Vargas -litoral
central del país- del general Jorge Luis García Carneiro. Para el año 2012 era
el presidente de la empresa estadal socialista Transporte Urbano de Vargas
(Transurvar) y también fue Secretario Sectorial de la Salud de la gobernación de
ese estado hasta julio de 2014, cuando fue destituido y nombran en su lugar al
general Moisés Montero Ferrer.
A diferencia de otras figuras del chavismo
de cuartel, Carrasco no tiene presencia en redes sociales. Hay una cuenta de
Twitter que parece haber pertenecido a él, que no se actualiza desde mayo de
2014, donde se describe como “revolucionario” y sólo aparecen un par de trinos
referentes a su gestión en Vargas. Tampoco parece ser fanático de las
fotografías; empleados de Notitarde cuentan que son contadas
las ocasiones en que se para frente a una
cámara.
Una de esas raras ocasiones en las que la lente fotográfica lo captó fue el 17 de agosto de 2016, en la celebración de las cuatro décadas del periódico. Allí expresó sentirse orgulloso por la labor de los trabajadores. Aseguró que “con amor fraterno de familia” harían lo mejor posible para sacar adelante al diario. “En las vicisitudes siempre hay que ser optimistas y por eso no debemos desfallecer”, dijo en sus palabras al personal del rotativo. Sin embargo, en las conversaciones con trabajadores y ex redactores del diario ese amor fraterno no se ve correspondido. Al preguntarle a una ex redactora del medio cómo describiría a Carrasco, su respuesta fue: “No es un persona que inspira el mismo respeto que Degwitz, el dueño anterior”. Otros lo describen como una persona cortés, lejana pero interesada en aprender el funcionamiento del entorno periodístico. Más allá de sus atributos personales, la suya es una experiencia única: la bota militar logró pisar fuerte hasta en una redacción. Los resultados de esta gestión quizás den oportunidad para parafrasear el proverbio y comprobar que el periodismo militar es al periodismo lo que la música militar a la música.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
