La última carta de Marcel Granier

LOS SECRETOS DE WIKILEAKS

6 junio 2011

Marcel Granier no se quedó de brazos cruzados después de ver cómo el negocio de su familia política –la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV)- moría por segunda vez. En enero de 2010 le hizo una exigencia al encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy. RCTV, la estación más longeva del país, había comenzado a transmitir a través de la televisión por suscripción tras el polémico episodio que en mayo de 2007 puso fin a sus operaciones a través de la frecuencia del Estado venezolano. Distintas versiones se manejaron en su momento para explicar la decisión: el gobierno aseguró que al canal se le había vencido la concesión, mientras que su directiva argumentaba que todo se trataba de una venganza del presidente Hugo Chávez debido a la línea crítica de la planta.

La estación reorientó su plan de negocios para funcionar en otras circunstancias: con menos anunciantes, menos penetración y televidentes, pero a salvo de las frecuentes interrupciones de los discursos del presidente Hugo Chávez. En el segundo semestre de 2009, no obstante, hubo una modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que obligaba a todas aquellas plantas consideradas como Productores Nacionales Audiovisuales a retrasmitir los discursos del jefe del Estado cuando así este lo decidiera. RCTV entraba en esa categoría.

Ante la negativa de sus dueños de asumir la nueva clasificación, el 23 de enero de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió que multaría a las compañías que mantuvieran en su grilla de programación a los canales que no cumplieran con la ley. RCTV, de acuerdo con el Gobierno, era uno de ellos.

Fuera del aire por segunda vez, comenzó de nuevo el peregrinar de Marcel Granier por programas de opinión y foros que defienden el trabajo periodístico denunciando lo que consideraba como un plan siniestro para provocar la bancarrota del negocio. La representación diplomática había reportado previamente al Departamento de Estado los ataques de grupos chavistas a su residencia, y el estatus de los reclamos de los equipos confiscados por el gobierno en el reporte mensual sobre la situación de la libertad de expresión.

El presidente de las empresas 1BC, propietaria de la planta, acudió con el consejero legal Oswaldo Quintana para plantearle al gobierno de EE. UU que obligara a las empresas Inter, Directv y Net Uno a reincorporarlos al sistema alegando que “habían actuado ilegalmente y sin una orden judicial”, y que estas debían responder a sus casas matrices en Estados Unidos. Caufield y el consejero político presente en la reunión no tenían muy claro si estas empresas eran estadounidenses. Lo siguieron escuchando: el empresario se había decidido a tocar la puerta porque RCTV Internacional, que así se llamó la empresa mientras estuvo en el cable, había sido fundada en Estados Unidos en 1982. “Las cableras están siendo cómplices de violaciones a los derechos humanos”, argumentó Granier.

El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.

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