La transgresión del paraíso

Cada vez son más los campamentos mineros en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, en lo que se conoce como la Gran Sabana, el paraíso escondido en el sureste recóndito de Venezuela, en la distante frontera hacia el Brasil. Se sabe que al menos una docena de bombas disparan diariamente potentes chorros de agua para remover la capa vegetal y así sacar el oro –y a veces los diamantes– que esconde el suelo en sus entrañas. Si bien antes lo negaban, a estas alturas, las autoridades indígenas reivindican sus derechos sobre los territorios ancestrales y aseguran que su gente necesita de dinero y que el turismo, una actividad a la que consideran tan destructiva como la minería, no les da para vivir.

14 noviembre 2014

Santa Elena de Uairén.- Comienza septiembre, corre la temporada alta en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima y, sin embargo, el parador turístico ubicado sobre el Kilómetro 826 de la Troncal 10 a la altura del majestuoso salto del río Kamá se encuentra desierto. Solo dos hombres indígenas ofrecen sus artesanías sobre la defensa de piedras al margen de la escalera que asciende hasta la parte alta del mirador.

El Sector Oriental del Parque Nacional Canaima es lo que se conoce como la Gran Sabana, la tierra del pueblo indígena pemón, 1.086.250 hectáreas salpicadas de bosques, explanadas verdes, morichales, nacientes de agua, ríos cristalinos e inmensos tepui, imponentes montañas de cimas planas, como el Roraima y el Kukenán, cumbres pobladas de especies milenarias escondidas en neblinas perpetuas.

La Sabana fue declarada como parte (oriental) del Parque Nacional Canaima en 1991 y tres años más tarde la Unesco incorporó a Canaima en su selecta lista de Patrimonios de la Humanidad.

En la práctica, alrededor de siete guardaparques equipados con un vehículo 4x4, dos cuatriciclos y radios para comunicarse custodian esta vasta región; además, en aproximadamente 350 kilómetros, equivalentes al tramo de la Troncal 10 que atraviesa el área, funcionan cuatro puntos de control fijo, dos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno del Ejército y uno de la Policía del Estado Bolívar (PEB) e instalaciones de Instituto Nacional de Parques (Inparques), del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que recoge de esta zona de nacientes buena parte del agua que emplea para producir 70% de la electricidad que consume el país.

Kamá es una de las cataratas más visitadas por los turistas, pareciera un velo vaporoso agitado por un vendaval, pero hoy, aunque hay turismo, nadie lo mira. El río esta turbio. Antes de precipitarse por la caída de 55 metros, sus aguas –siempre champaña– lucen terrosas, marrones, oscuras.

Las aguas del salto Kamá empiezan a lucir terrosas, marrones y oscuras. Foto: Morelia Morillo

Desde hace más de un año, tal vez dos, un grupo de mujeres y hombres hurgan aguas arriba, en el lecho del río que da nombre a la comunidad indígena de Uroi Uarai en busca de gramos de oro y esas aguas revueltas van a parar luego al caudaloso Kamá. Uroi Uarai es una comunidad indígena de aproximadamente 500 habitantes, seis de ellos mineros, todos fundamentalmente adventistas, el asentamiento y su hermoso templo hecho de piedras se encuentran en el kilómetro 822 de la Troncal 10, la carretera que une a la Sabana y al sureste profundo de Venezuela con el resto del país.

Un video, captado desde el interior de la mina, nos muestra lo que antes fue un espacio boscoso –a orillas del río Uroi Uarai– ahora convertido en un inmenso arenal. Bajo techos plásticos se observan dos carpas, algunos muebles de madera y utensilios de cocina, una pala, bidones y mangueras para la extracción y vertido del combustible, dos perros merodeando y un tamiz.

Los mineros llaman tamiz a una especie de canal, de varios metros de largo, preparado con una alfombra o cobija, una trampa mortal para el oro que esconden el agua y el material removido.

Hace rato que vienen denuncias de mineros ilegales en el sector occidental del parque, a escasos metros del Salto Ángel. Pero al otro lado, en la Gran Sabana, ya hay una docena de bombas disparando a diario potentes chorros de agua para sacar el oro –y a veces los diamantes– que esconde el fragilísimo suelo sabanero en sus entrañas. Al menos 40 hombres empleados. A razón de cuatro por equipo. Se sabe que en El Oso, muy cerca del mirador con vista a la Cadena Oriental de Tepui y en las nacientes del Aponwao, en San Luis de Iwarká y en Liwö Riwö, se repiten panoramas similares y que en Mapaurí, a 50 kilómetros de Santa Elena, la capital municipal, también hubo una mina, pero la comunidad sacó a los mineros, a pesar de ser paisanos y familiares.

Las lajas y pozas azules de El Oso son, con certeza, unos de los sitios más prístinos de la Sabana, el paraíso en la tierra. Por eso, aparentemente, sus guardianes controlan el paso hacia la zona con alambres y troncos. Y el Aponwao es el cauce sobre el cual se encuentra la catarata de 115 metros de altura, la más espectacular de todas las ubicadas en el Sector Oriental de Canaima.

Un fenómeno de tres años

Que se sepa, fue en 2011 cuando, por primera vez, se encendió una máquina minera en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima. En pocos días el boquete aledaño a la Escuela Integral Bolivariana de “Kumarakapay” se hizo visible la Troncal 10. Demasiada arena. Demasiado brillo.

Kumarakapay es una comunidad ubicada en la Troncal 10, a una hora de Santa Elena. Es conocida por sus posadas, sus restaurantes, su feria de artesanía y por ser la conexión en la ruta hacia el Roraima. De sus 1.512 habitantes, la mayoría adventistas, siete se habrían hecho mineros, inclusive varios profesores.

Efectivamente, al menos un docente renunció a su trabajo para dedicarse a la minería. Ahora tiene una máquina en Uroi Uarai. Aparentemente, el trabajo en la escuela y la presión era mucho y la paga poca.

“Ese tema de la minería no es nada nuevo”, admite Jorge Pérez, quien es capitán general del Sector Cinco del Pueblo Pemón, concejal y eventualmente coordinador del Consejo de Caciques.

Los capitanes son las autoridades tradicionales de este pueblo indígena, los antiguos caciques. El Sector Cinco está compuesto por las 24 comunidades ubicadas en el espacio geográfico correspondiente al este del Parque Canaima, una extensión en donde habitan 12.500 personas de acuerdo al Censo 2011.

“La figura de Parque Nacional es nueva, pero ahí están las comunidades indígenas que no son nada nuevo. El Parque Nacional está dentro del territorio indígena, hay comunidades indígenas que necesitan vivir. No todos somos mineros, pero siempre ha habido casos aislados haciendo minería (…) Antes era artesanal, hoy en día meten máquinas pequeñas, bombitas que ellos llaman”.

Las “bombitas” son máquinas parecidas a las que utiliza un camión cisterna. AS, un minero con más de dos décadas en el Sector Siete del pueblo pemón, vivió en las cercanías de Ikabarú, aclara que su poder de destrucción es similar al que puede tener una bomba de cuatro, de cinco, de seis cilindros.

“La diferencia está en el tiempo que uno se tarda en abrir el hueco, pero el daño es el mismo”.

Jorge Pérez cree que hay dos factores que están impulsando a sus paisanos a trabajar la mina en la zona oriental del Parque Nacional Canaima: el cambio en los patrones de asentamiento, en la forma en que los indígenas pemón se establecen en el lugar y la crisis económica.

“Hay comunidades indígenas que necesitan vivir”, justifica Jorge Pérez, quien es capitán general del Sector Cinco del Pueblo Pemón, concejal y coordinador del Consejo de Caciques. Foto: Morelia Morillo.

Recuerda que mientras las familias vivían alejadas las unas de las otras se les hacía más fácil subsistir, aprovechando las cosechas del conuco, la caza, la pesca, la recolección. “Ahora todo cambió, ya estamos reunidos, vivimos en comunidades y como comunidad crecen nuestras necesidades”.

Y además piensa que los planes del Gobierno no han motivado a quienes se dedican al turismo, un negocio que, en tales condiciones, no genera las ganancias necesarias para la subsistencia de las familias que atienden los campamentos vacacionales: “¿Cómo se come ese potencial turístico? ¿Cómo se come de cascada? La gente necesita comprar ropa, zapatos, medicina”.

Por eso, el capitán general del Sector Cinco no descarta la regulación de la actividad minera, aunque no entiende los intríngulis del caso. “¿Cuál es la diferencia, en destrucción, entre una actividad minera legal y una actividad minera ilegal?”, pregunta. Él y su equipo analizaron las fortalezas y debilidades tanto de la minería como del turismo y concluyeron que “la actividad turística también lleva a la misma situación de intervención cultural, enfermedades, sida, drogadicción, alcoholismo” y se decidieron por la agricultura: “Nosotros queremos trabajar en el área de cultivos, sembrar, proyectos grandes”.

El propio cacique general cuenta que, siendo un poco más joven, luchó contra la intervención de la Sierra de Imataca y contra la construcción de la red que atraviesa la Gran Sabana para llevar electricidad desde Venezuela al norte de Brasil. Eran los tiempos en que los pemón cerraban las vías y derribaban, en segundos y con pequeñas seguetas, las enormes torres sobre las cuales se extenderían las líneas transmisoras. Los líderes comunitarios llegaron incluso a aliarse con activistas ambientales nacionales y extranjeros con tal de detener la perpetración de Imataca y el paso del tendido. Pero algo cambió.

“La situación actual, la economía. Nosotros vivimos en la Gran Sabana. No todos somos funcionarios”.

Voces disidentes

A Thais Castro, segunda capitana de Kawí, le preocupan especialmente las consecuencias que ha traído la práctica de la minería a motor en la vecina Uroi Uarai, a tres kilómetros y medio de su casa. Además, ella vive en Kawí, pero sus hijos, tiene cuatro, estudian en Uroi Uarai.

“De qué vamos a hablarles a los niños, cuando estudien Ciencias Naturales, si el río está contaminado”.

No hay una voz al unísono. Dentro de las comunidades indígenas hay distintas posiciones a la hora de abordar el fenómeno de la minería. Foto: Flickr/Mauro

Le angustian el consumo de alcohol, de drogas cuyo nombre desconoce, las violaciones, la prostitución, la violencia, supo incluso de un acuchillamiento. Le inquieta que muchos de los niños sufran de diarreas y vómitos, se están llenado de llagas y faltan a la escuela porque sus propios padres, en lugar de enviarlos a clases, los mandan a la mina, a buscar en el material aunque sea un gramo de oro.

Ella, quien junto a su marido trabaja un modesto campamento turístico junto al Salto Kawí, cree que el problema es que muchos de sus paisanos “quieren ser como los caraqueños: comprar camisas KE y Columbia, el DirecTv y el Movilnet y ellos mismos se esclavizan porque esa no es nuestra cultura”.

Thais y su mamá, Alicia Lanz, capitana de Kawi, constituyen las voces disidentes reconocidas con respecto al ejercicio de la minería en el Sector Oriental de Canaima, en la Gran Sabana. “Nosotras dos, por los momentos. Hay mucha gente que está preocupada, pero tienen miedo a denunciar”.

Una antigua capitana indígena, quien prefirió resguardar su nombre, garantizó que son muchas las opiniones contrarias a la minería en la Gran Sabana. “Lo que pasa es que hay muchas comunidades que no quieren sacar lo que está pasando. La mayoría de los mayores no practican la mina. Quienes lo hacen son los muchachos jóvenes y las muchachas que se prestan para prostitución. La otra manera es que trabajen como cocineras”.

Recuerda que la minería en  Gran Sabana se incrementó a partir de 2010, cuando comenzaron a subir los precios del oro, que pasó de un máximo de 500 bolívares por gramo a un récord de casi Bs. 3.000 y se aceleró con la inyección de más combustible, con la asignación de cupos de gasolina a las comunidades indígenas, que respaldan sus solicitudes con los documentos que validan la posesión de carros, de estruendosas motos chinas, guadañas, sierras, rayadores de yuca, plantas eléctricas y otros equipos.

“¿Qué hacen las comunidades indígenas con cupos de gasolina, para eso están las bombas? ¿Para qué tanta cantidad de gasolina? Por eso es que se ven estas minas, esta destrucción de la naturaleza (…) Estamos facilitando la gasolina a los mineros”.

Por lo pronto, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima precisa en su Artículo 2 que “La Administración y Manejo del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima estará a cargo del Instituto Nacional de Parques (Inparques)” y en su Artículo 3 que “La Administración y Manejo del Parque Nacional Canaima tendrá como objetivo primordial la protección y conservación de los Recursos Naturales que en él se encuentran y la reafirmación de la soberanía en sus zonas fronterizas garantizando el equilibrio ecológico, en beneficio del interés colectivo de las generaciones actuales y futuras”.

Está en juego una de las reservas forestales más importantes de Venezuela. Foto: Flickr/Antonio Figueroa

Varios capitanes indígenas se dieron cita hace casi dos años en la Gran Sabana con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Wilmer Barrientos, y la ministra de pueblos Indígenas, Aloha Núñez. Fue el 10 de febrero de 2013. La reunión duró cinco horas y entre ellas, todos resolvieron promover la actividad minera “artesanal” en territorios indígenas bajo la supervisión de los capitanes generales.

Los propios indígenas se comprometieron a recuperar las áreas intervenidas, evitar la depredación forestal y trabajar con equipos de baja cilindrada, para sustentarse y alimentar a sus familias sin dañar la naturaleza. Pero desde entonces, cada día hay más embarcados en proyectos mineros, que surgen a espaldas de Caracas y el resto de Venezuela.

Extraoficialmente, se conoció que para el día primero de noviembre, el ministro del poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, visitaría el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima para instalar el Órgano Superior de Parques Nacionales, una organización interinstitucional que tomaría como pilotos de prueba a los parques nacionales La Restinga y Canaima, el último precisamente debido a las crecientes denuncias sobre la actividad minera en estos confines.

Hasta fines de la primera semana de noviembre, Izarra ya había visitado la Isla de Margarita, pero no la Gran Sabana, el paraíso transgredido.

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