Omar Farías recibió en enero de 2014 un préstamo de más de 750 mil dólares, que las autoridades dominicanas ahora le cobran públicamente en un juicio que lo ha retratado, con esposas mediante, frente a las cámaras de televisión. Lejos de la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, en Santo Domingo empiezan a pasar factura a los venezolanos involucrados en la quiebra del ya célebre Banco Peravia.
Este cumpleaños tuvo que ser diferente. El empresario Omar Farías Luces –bautizado en Venezuela como “el zar de los seguros”– cumplió 54 años el pasado 15 de agosto, en República Dominicana, amarrado a un grillete electrónico en el tobillo. Preso, con arresto domiciliario en Santo Domingo, la de este año fue una celebración truncada por la quiebra del Banco Peravia; sin duda un golpe bajo para quien ha tenido más que suerte en los negocios dentro y fuera de Venezuela.
Farías Luces, el dueño de Seguros Constitución, es uno de los 20 señalados en Dominicana por el fracaso del Peravia. En su caso, el juez José Alejandro Vargas lo acusó de haber pedido unos de los millonarios préstamos ficticios que terminaron ordeñando el capital de la entidad financiera.
Acostumbrado a la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, este mes no ha pasado desapercibido para él, desde que el pasado 4 de agosto fue retratado caminando con las manos esposadas y escoltado por cuatro policías y una retahíla de reporteros, que esperaban alguna declaración de su parte. Ese día, las autoridades locales truncaron su intención de abandonar República Dominicana en un avión privado, que estaba a punto de abordar desde el mismo Aeropuerto Internacional de Punta Cana que funge como puerta de playas paradisíacas y resorts todo incluido.
La carrera de Farías Luces se ha visto manchada de escándalo en escándalo: ya en 2005 hubo quien vociferaba dudas por su acelerado crecimiento gracias a contratos otorgados por el gobierno bolivariano a su empresa de seguros; 10 años después apareció en la lista de investigados por uno de los grandes casos de lavado de dinero del Banco de Madrid y este año destacó en la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, donde se muestra cómo creó para su beneficio una estructura financiera en paraísos fiscales. Pero ninguno de esos escándalos le habían valido una orden de detención; Dominicana fue la excepción.
El dueño de Seguros Constitución permaneció cuatro días preso hasta que consiguió el beneficio de prisión domiciliaria a cambio de una fianza de 40 millones de pesos dominicanos –unos 870 mil dólares americanos– por medio de la cual está terminando de negociar su libertad plena. Según el expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, Omar José Farías Luces y su hijo, Omar Gustavo Farías Pacheco, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, aprovecharon su relación con los venezolanos José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray, directivos del Banco Peravia, para “hacer maniobras fraudulentas típicas del lavado de activos en perjuicio del banco y sus ahorrantes.”
El Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A fue disuelto en noviembre de 2014 ya que no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana, sino como “una verdadera estructura criminal de cuello blanco”, tal como queda expresado en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de ese país y los informes de la Superintendencia de Bancos dominicana.
Uno de los considerados criminales de cuello blanco es Farías Luces quien, junto a 20 empresarios más, fue imputado de cometer varios delitos, entre los que se destaca la violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad, y lavado de activos. Una de las formas más utilizadas para el desvío de los ahorros de los clientes era la aprobación de préstamos fraudulentos.
Según el expediente judicial del caso, aproximadamente 80% de las operaciones realizadas por el banco no eran verdaderas, los fraudes registrados abarcaban falsificación de firmas para el cobro de cheques emitidos a favor de suplidores, sustracción de dinero, facturas y alquileres sin contrato, inclusive el otorgamiento de créditos de manera irregular mediante suplantación de identidad y complicidad con los beneficiarios. Además se usaba “la sustracción de fondos mediante créditos instrumentados de manera ficticia utilizando los datos de clientes existentes, sustracción de fondos mediante créditos otorgados por vías de terceros, así como mediante la instrumentación de créditos fraudulentos para pagos a suplidores y acreedores. Las operaciones simuladas también incluían entradas de efectivo realizadas utilizando los certificados de los clientes para el pago de las deudas de los directivos”.
El zar de los seguros y su hijo se vieron involucrados en el entramado delictivo cuando el 15 de enero de 2014 el banco le otorgó un crédito por 35 millones de pesos dominicanos –más de 760 mil dólares– a la empresa Representaciones Los Andes, C.A (REANDES), propiedad de Reinaldo Enrique Carvallo, empresario venezolano contratista del Estado bolivariano, según el Registro Nacional de Contratistas. Pero ese mismo día movieron 33 de los 35 millones de pesos dominicanos para abrir un certificado financiero a nombre de Seguros Constitución, cuyos directivos presentaron como fondos propios. Se trataba de un enroque de divisas, que muestra uno de los muchos caminos por donde se evaporaron los fondos del banco.
En la operación se utilizó en garantía el mismo inmueble para el que supuestamente se estaba tomando el préstamo para adquirirlo y nunca se presentaron datos o registros de la compra-venta del terreno.
Seguros Constitución montó una mampara para estafar a los ahorristas en complicidad con los dueños y administradores del banco.
La abogada mercantil, Lucia Escalante, quien ha analizado el expediente del caso Peravia, explica que en el préstamo en el que se vio involucrado Seguros Constitución, es obvia la presencia de fraude y desviación de fondos. “En un día lograron hacer todo: supuesta venta de inmueble, aprobación de crédito, préstamo, certificado financiero. Esas operaciones no se logran de la noche a la mañana. En Venezuela tomaría meses la aprobación de un crédito, por ejemplo. Seguros Constitución montó una mampara para estafar a los ahorristas en complicidad con los dueños y administradores del banco. Se pagaron y se dieron el vuelto, como se dice coloquialmente”, explica Escalante.
A Farías Luces se le señaló de haber violado los artículos 265, 266, 405, 408, 147 y 148 del Código Penal Dominicano; también la Ley 183-02 y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana le otorgó casa por cárcel, después del intento fallido de escape, y una medida de coerción con fianza de 870 mil dólares.
El abogado defensor de Farías, Erick Hernandez Machado, expresó a través de un comunicado de prensa, publicado por medios dominicanos, que la relación del empresario venezolano con el Banco Peravia ha sido exclusivamente en su condición de cliente, con operaciones lícitas, y que es sólo uno más de los miles de clientes afectados por la situación.
Por su parte, los perjudicados por el fraude siguen esperando respuesta de la justicia dominicana. El abogado César Amadeo Peralta, quien defiende a algunas de las víctimas de nacionalidad venezolana, explica que confían que el proceso avance para que a los acusados les decomisen bienes ocultos y así las víctimas obtengan el pago que les corresponde. “En el caso de Farías, él pagó la multa en efectivo y le será retirada la acusación”, agregó Peralta.
Omar Farías es actualmente el dueño de Corporación OFL, que representan las siglas de su nombre, una empresa encargada de contratos en las áreas de salud, comercial y finanzas. Desde el 2008, sus empresas Seguros Constitución y a ARS Constitución tienen sede en República Dominicana. Según investigaciones del portal de perfiles Poderopedia, en 2009 se asoció con Pedro Torres Ciliberto, adquiriendo 33% de las acciones de las empresas La Previsora y Premier.
Pero antes de eso, el llamado zar de los seguros inició su carrera en los archivos de una compañía de seguros, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, según ha contado en entrevistas a los medios. Fue creciendo paulatinamente en el área, pasó por Seguros Horizonte, la Británica de Seguros y Seguros la Previsora. En 2005 fundó Seguros Constitución, compañía que lo consolidó finalmente como importante representante en el mundo de los seguros. Desde entonces se le ha visto en una carrera meteórica llena de jugosos contratos con el Estado venezolano. No en vano, se hizo de jugosas pólizas como la de Petróleos de Venezuela, así como de contactos con célebres amistades como el ex gobernador de Carabobo, Felipe Acosta Carles, y el ex alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto.
En Dominicana, de cualquier forma, no valieron esas amistades. Tuvo que pagar el préstamo del fracasado Banco Peravia con multa incluida, mientras queda libre de cargos y termina de cerrar un caso que lo hizo pasar un cumpleaños –sin duda diferente– con un grillete electrónico aferrado a su tobillo.
En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente como los ‘Panama Papers’, sólo una persona se mantiene detenida en Venezuela. La abogada Jeannette Almeida Quevedo es acusada de captación indebida, sufre una enfermedad crónica y sus allegados se preguntan cuál es la verdadera razón por la que aún sigue en prisión.
Unos quinceaños particulares han puesto a Caracas a hablar sobre el lujo y la osadía de una fiesta en la que hubo hasta shows de strippers en presencia de menores de edad. En tan sólo un par de horas corrió la pregunta sobre el perfil de semejante anfitrión y cómo había levantado una fortuna que ostenta en tiempos de escasez. En Armando.info desnudamos al personaje y sus empresas.
A través del despacho jurídico panameño se hicieron complejas operaciones para que compañías hicieran contratos con el Estado venezolano y ganaran una partida al control cambiario.
Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
