Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes
Pequiven también registró empresas en paraísos fiscales. Para inscribir compañías en las Islas Vírgenes Británicas, la Corporación Petroquímica de Venezuela empleó el bufete panameño Mossack Fonseca, del que salieron los ya célebres Panamá Papers.
Establecida en 1977, la empresa estatal venezolana apeló a los mismos servicios que buscan algunos empresarios privados con el fin de evitar impuestos o guardar el anonimato.Y lo hizo junto a su par iraní de la National Petrochemical Company para formalizar la firma Veniran, el joint venture que desde hace 10 años promete metanol bajo una alianza comercial entre Caracas y Teherán.
La sociedad quedó asentada el 7 de agosto de 2007 con el nombre de Veniran Petrochemical Company Limited en el registro de las Islas Vírgenes Británicas, un territorio ultramar del Reino Unido, ubicado al este de Puerto Rico, que comparte su economía entre el turismo del Caribe y la bonanza que ofrecen las jurisdicciones offshore.
La idea original era registrar la compañía en Panamá, pero los propios directivos de Mossack Fonseca rechazaron esa opción en enero de 2007, a escasos días de la primera resolución que la Organización de Naciones Unidas dictó contra el gobierno iraní por el programa nuclear que entonces desarrollaba sin el visto bueno de Occidente.
“Hemos decidido no incorporar la compañía panameña debido a las recientes restricciones de Naciones Unidas sobre Irán”, respondió Mossack Fonseca a través de un correo dirigido a los gestores de Amaco, una firma de Aruba que Pequiven había contratado para esta tarea. “Incluso si su cliente no ha declarado que la empresa se dedica a estos asuntos, preferimos no involucrar a ninguna de nuestras firmas con cualquier negocio que tenga relaciones con Irán”, añadieron.
La decisión fue tomada incluso en las más altas esferas del bufete. El propio Chris Zollinger –uno de los socios– advirtió que no era buena idea arrimarse a un lado de la alianza entre Caracas y Teherán: “Parece demasiado arriesgado para nuestra reputación. Además de que –a pesar de que no somos políticos–no creo que debamos ayudar indirectamente a Chávez y Ahmadinejad con sus planes comunes”.
Eso advirtió el 15 de enero de 2007 en una de las tantas correspondencias que ahora se conocen tras la filtración de los llamados Panamá Papers. Tres meses después, sin embargo, el mismo bufete terminó haciendo diligencias para establecer Veniran ya no en Ciudad de Panamá sino en Tortola, la capital de las 40 Islas Vírgenes Británicas.
Tras una nueva solicitud, la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes respondió que no había problema con abrir la empresa en esa jurisdicción, a lo que –bajoel número de registro 1423568– terminó abriendo la compañía a nombre de Venezuela e Irán en partes iguales.
Pequiven mantiene 49% de las acciones mientras que el 1% restante de la porción venezolana quedó a cargo de International Petrochemical Holding Limited, otra firma offshore que la misma Pequiven estableció en Islas Vírgenes y desde la que administra su participación en empresas mixtas que operan en el occidente venezolano, tales como Sofilago y el Grupo Zuliano, así como la comercializadora International Petrochemical Sales Limited.
Los iraníes, por su parte, solo aseguraron 1% de la torta directamente en su territorio, a través de una empresa llamada Petrochemical Industries Investments Company. El otro 49% de esta ingeniería financiera está en el Reino Unido a nombre de la NPC International Limited, una subsidiaria de la petroquímica iraní, National Petrochemical Company, sobre la que pesan sanciones internacionales desde que figura en la llamada lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Si bien las empresas del Estado venezolano tienen cuentas y filiales en todo el mundo, el de Pequiven es un caso hasta ahora inédito. No hay experto que se aventure a señalar las razones por las que una empresa del Estado haya optado por registrar una empresa en un paraíso fiscal. Veniran, incluso, no es la única empresa offshore de Pequiven. Agazapadas en el Caribe inglés, la petroquímica venezolana también guarda otras firmas que incluso nada tienen que ver con Irán y las sanciones internacionales impuestas en contra de su gobierno. Se trata de las empresas International Petrochemical Holding Ltd, International Petrochemical Sales Ltd e International Petrochemical Ltd.
También en Islas Vírgenes Pequiven inscribió a Monomeros, una subsidiaria colombiana que hasta hace poco aparecía en su página web como “la única empresa filial en la que participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano”. En la estatal venezolana no hay, sin embargo, alguien que de luces sobre el tema: su sitio web se encuentra caído y la semana pasada no hubo quien atendiera el teléfono en sus oficinas.
Ni siquiera en persona hubo forma de que alguien respondiera por qué una empresa del Estado se vale del mundo offshore; sus oficinas de Caracas permanecieron cerradas el pasado viernes debido al cronograma de racionamiento eléctrico que sigue el Estado venezolano. Hace tiempo, de cualquier modo, que no llegan buenas noticias precisamente sobre Veniran. El director general de la empresa estatal iraní Persian Gulf Petrochemicals Holding CO., Adel Nejad-Salim, afirmó hace dos años que la asociación con Venezuela para la construcción y operación de una planta productora de metanol ha sido “parcialmente” cancelada.
De visita en la costa del Golfo Pérsico, el ex mandatario venezolano, Hugo Chávez, anunció en 2007 junto a su par iraní, Mahmud Ahmadinejad, la construcción de una planta de metanol de 1,65 millones de toneladas métricas por año en el parque energético iraní Pars, así como otra planta gemela en Venezuela.
“Esta es la unidad del golfo Pérsico y el mar Caribe”, sostuvo Chávez antes de terminar ese viaje. Las cosas, sin embargo, no terminaron tan claras. En declaraciones a la agencia Mehr de Irán, Nejad-Salim informó el 28 de abril de 2014 que Venezuela otorgó alrededor de 60 millones de euros para iniciar la parte iraní de la operación a pesar de que ocho años después no había resultados. De la planta iraní dijo que en el futuro podía ser construida en el puerto de Assaluyeh, mientras que de la venezolana no dio esperanzas: “En base a las negociaciones en curso, la construcción de la planta en Venezuela parece ser anulada”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
