Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes
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Pequiven también registró empresas en paraísos fiscales. Para inscribir compañías en las Islas Vírgenes Británicas, la Corporación Petroquímica de Venezuela empleó el bufete panameño Mossack Fonseca, del que salieron los ya célebres Panamá Papers.
Establecida en 1977, la empresa estatal venezolana apeló a los mismos servicios que buscan algunos empresarios privados con el fin de evitar impuestos o guardar el anonimato.Y lo hizo junto a su par iraní de la National Petrochemical Company para formalizar la firma Veniran, el joint venture que desde hace 10 años promete metanol bajo una alianza comercial entre Caracas y Teherán.
La sociedad quedó asentada el 7 de agosto de 2007 con el nombre de Veniran Petrochemical Company Limited en el registro de las Islas Vírgenes Británicas, un territorio ultramar del Reino Unido, ubicado al este de Puerto Rico, que comparte su economía entre el turismo del Caribe y la bonanza que ofrecen las jurisdicciones offshore.
La idea original era registrar la compañía en Panamá, pero los propios directivos de Mossack Fonseca rechazaron esa opción en enero de 2007, a escasos días de la primera resolución que la Organización de Naciones Unidas dictó contra el gobierno iraní por el programa nuclear que entonces desarrollaba sin el visto bueno de Occidente.
“Hemos decidido no incorporar la compañía panameña debido a las recientes restricciones de Naciones Unidas sobre Irán”, respondió Mossack Fonseca a través de un correo dirigido a los gestores de Amaco, una firma de Aruba que Pequiven había contratado para esta tarea. “Incluso si su cliente no ha declarado que la empresa se dedica a estos asuntos, preferimos no involucrar a ninguna de nuestras firmas con cualquier negocio que tenga relaciones con Irán”, añadieron.
La decisión fue tomada incluso en las más altas esferas del bufete. El propio Chris Zollinger –uno de los socios– advirtió que no era buena idea arrimarse a un lado de la alianza entre Caracas y Teherán: “Parece demasiado arriesgado para nuestra reputación. Además de que –a pesar de que no somos políticos–no creo que debamos ayudar indirectamente a Chávez y Ahmadinejad con sus planes comunes”.
Eso advirtió el 15 de enero de 2007 en una de las tantas correspondencias que ahora se conocen tras la filtración de los llamados Panamá Papers. Tres meses después, sin embargo, el mismo bufete terminó haciendo diligencias para establecer Veniran ya no en Ciudad de Panamá sino en Tortola, la capital de las 40 Islas Vírgenes Británicas.
Tras una nueva solicitud, la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes respondió que no había problema con abrir la empresa en esa jurisdicción, a lo que –bajoel número de registro 1423568– terminó abriendo la compañía a nombre de Venezuela e Irán en partes iguales.
Pequiven mantiene 49% de las acciones mientras que el 1% restante de la porción venezolana quedó a cargo de International Petrochemical Holding Limited, otra firma offshore que la misma Pequiven estableció en Islas Vírgenes y desde la que administra su participación en empresas mixtas que operan en el occidente venezolano, tales como Sofilago y el Grupo Zuliano, así como la comercializadora International Petrochemical Sales Limited.
Los iraníes, por su parte, solo aseguraron 1% de la torta directamente en su territorio, a través de una empresa llamada Petrochemical Industries Investments Company. El otro 49% de esta ingeniería financiera está en el Reino Unido a nombre de la NPC International Limited, una subsidiaria de la petroquímica iraní, National Petrochemical Company, sobre la que pesan sanciones internacionales desde que figura en la llamada lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Si bien las empresas del Estado venezolano tienen cuentas y filiales en todo el mundo, el de Pequiven es un caso hasta ahora inédito. No hay experto que se aventure a señalar las razones por las que una empresa del Estado haya optado por registrar una empresa en un paraíso fiscal. Veniran, incluso, no es la única empresa offshore de Pequiven. Agazapadas en el Caribe inglés, la petroquímica venezolana también guarda otras firmas que incluso nada tienen que ver con Irán y las sanciones internacionales impuestas en contra de su gobierno. Se trata de las empresas International Petrochemical Holding Ltd, International Petrochemical Sales Ltd e International Petrochemical Ltd.
También en Islas Vírgenes Pequiven inscribió a Monomeros, una subsidiaria colombiana que hasta hace poco aparecía en su página web como “la única empresa filial en la que participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano”. En la estatal venezolana no hay, sin embargo, alguien que de luces sobre el tema: su sitio web se encuentra caído y la semana pasada no hubo quien atendiera el teléfono en sus oficinas.
Ni siquiera en persona hubo forma de que alguien respondiera por qué una empresa del Estado se vale del mundo offshore; sus oficinas de Caracas permanecieron cerradas el pasado viernes debido al cronograma de racionamiento eléctrico que sigue el Estado venezolano. Hace tiempo, de cualquier modo, que no llegan buenas noticias precisamente sobre Veniran. El director general de la empresa estatal iraní Persian Gulf Petrochemicals Holding CO., Adel Nejad-Salim, afirmó hace dos años que la asociación con Venezuela para la construcción y operación de una planta productora de metanol ha sido “parcialmente” cancelada.
De visita en la costa del Golfo Pérsico, el ex mandatario venezolano, Hugo Chávez, anunció en 2007 junto a su par iraní, Mahmud Ahmadinejad, la construcción de una planta de metanol de 1,65 millones de toneladas métricas por año en el parque energético iraní Pars, así como otra planta gemela en Venezuela.
“Esta es la unidad del golfo Pérsico y el mar Caribe”, sostuvo Chávez antes de terminar ese viaje. Las cosas, sin embargo, no terminaron tan claras. En declaraciones a la agencia Mehr de Irán, Nejad-Salim informó el 28 de abril de 2014 que Venezuela otorgó alrededor de 60 millones de euros para iniciar la parte iraní de la operación a pesar de que ocho años después no había resultados. De la planta iraní dijo que en el futuro podía ser construida en el puerto de Assaluyeh, mientras que de la venezolana no dio esperanzas: “En base a las negociaciones en curso, la construcción de la planta en Venezuela parece ser anulada”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
