Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de la que emergió Veniran. Aunque el bufete panameño veía con recelo la alianza entre los entonces mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, terminó resolviendo ese inconveniente para complacer a esos dos clientes
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Pequiven también registró empresas en paraísos fiscales. Para inscribir compañías en las Islas Vírgenes Británicas, la Corporación Petroquímica de Venezuela empleó el bufete panameño Mossack Fonseca, del que salieron los ya célebres Panamá Papers.
Establecida en 1977, la empresa estatal venezolana apeló a los mismos servicios que buscan algunos empresarios privados con el fin de evitar impuestos o guardar el anonimato.Y lo hizo junto a su par iraní de la National Petrochemical Company para formalizar la firma Veniran, el joint venture que desde hace 10 años promete metanol bajo una alianza comercial entre Caracas y Teherán.
La sociedad quedó asentada el 7 de agosto de 2007 con el nombre de Veniran Petrochemical Company Limited en el registro de las Islas Vírgenes Británicas, un territorio ultramar del Reino Unido, ubicado al este de Puerto Rico, que comparte su economía entre el turismo del Caribe y la bonanza que ofrecen las jurisdicciones offshore.
La idea original era registrar la compañía en Panamá, pero los propios directivos de Mossack Fonseca rechazaron esa opción en enero de 2007, a escasos días de la primera resolución que la Organización de Naciones Unidas dictó contra el gobierno iraní por el programa nuclear que entonces desarrollaba sin el visto bueno de Occidente.
“Hemos decidido no incorporar la compañía panameña debido a las recientes restricciones de Naciones Unidas sobre Irán”, respondió Mossack Fonseca a través de un correo dirigido a los gestores de Amaco, una firma de Aruba que Pequiven había contratado para esta tarea. “Incluso si su cliente no ha declarado que la empresa se dedica a estos asuntos, preferimos no involucrar a ninguna de nuestras firmas con cualquier negocio que tenga relaciones con Irán”, añadieron.
La decisión fue tomada incluso en las más altas esferas del bufete. El propio Chris Zollinger –uno de los socios– advirtió que no era buena idea arrimarse a un lado de la alianza entre Caracas y Teherán: “Parece demasiado arriesgado para nuestra reputación. Además de que –a pesar de que no somos políticos–no creo que debamos ayudar indirectamente a Chávez y Ahmadinejad con sus planes comunes”.
Eso advirtió el 15 de enero de 2007 en una de las tantas correspondencias que ahora se conocen tras la filtración de los llamados Panamá Papers. Tres meses después, sin embargo, el mismo bufete terminó haciendo diligencias para establecer Veniran ya no en Ciudad de Panamá sino en Tortola, la capital de las 40 Islas Vírgenes Británicas.
Tras una nueva solicitud, la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes respondió que no había problema con abrir la empresa en esa jurisdicción, a lo que –bajoel número de registro 1423568– terminó abriendo la compañía a nombre de Venezuela e Irán en partes iguales.
Pequiven mantiene 49% de las acciones mientras que el 1% restante de la porción venezolana quedó a cargo de International Petrochemical Holding Limited, otra firma offshore que la misma Pequiven estableció en Islas Vírgenes y desde la que administra su participación en empresas mixtas que operan en el occidente venezolano, tales como Sofilago y el Grupo Zuliano, así como la comercializadora International Petrochemical Sales Limited.
Los iraníes, por su parte, solo aseguraron 1% de la torta directamente en su territorio, a través de una empresa llamada Petrochemical Industries Investments Company. El otro 49% de esta ingeniería financiera está en el Reino Unido a nombre de la NPC International Limited, una subsidiaria de la petroquímica iraní, National Petrochemical Company, sobre la que pesan sanciones internacionales desde que figura en la llamada lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Si bien las empresas del Estado venezolano tienen cuentas y filiales en todo el mundo, el de Pequiven es un caso hasta ahora inédito. No hay experto que se aventure a señalar las razones por las que una empresa del Estado haya optado por registrar una empresa en un paraíso fiscal. Veniran, incluso, no es la única empresa offshore de Pequiven. Agazapadas en el Caribe inglés, la petroquímica venezolana también guarda otras firmas que incluso nada tienen que ver con Irán y las sanciones internacionales impuestas en contra de su gobierno. Se trata de las empresas International Petrochemical Holding Ltd, International Petrochemical Sales Ltd e International Petrochemical Ltd.
También en Islas Vírgenes Pequiven inscribió a Monomeros, una subsidiaria colombiana que hasta hace poco aparecía en su página web como “la única empresa filial en la que participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano”. En la estatal venezolana no hay, sin embargo, alguien que de luces sobre el tema: su sitio web se encuentra caído y la semana pasada no hubo quien atendiera el teléfono en sus oficinas.
Ni siquiera en persona hubo forma de que alguien respondiera por qué una empresa del Estado se vale del mundo offshore; sus oficinas de Caracas permanecieron cerradas el pasado viernes debido al cronograma de racionamiento eléctrico que sigue el Estado venezolano. Hace tiempo, de cualquier modo, que no llegan buenas noticias precisamente sobre Veniran. El director general de la empresa estatal iraní Persian Gulf Petrochemicals Holding CO., Adel Nejad-Salim, afirmó hace dos años que la asociación con Venezuela para la construcción y operación de una planta productora de metanol ha sido “parcialmente” cancelada.
De visita en la costa del Golfo Pérsico, el ex mandatario venezolano, Hugo Chávez, anunció en 2007 junto a su par iraní, Mahmud Ahmadinejad, la construcción de una planta de metanol de 1,65 millones de toneladas métricas por año en el parque energético iraní Pars, así como otra planta gemela en Venezuela.
“Esta es la unidad del golfo Pérsico y el mar Caribe”, sostuvo Chávez antes de terminar ese viaje. Las cosas, sin embargo, no terminaron tan claras. En declaraciones a la agencia Mehr de Irán, Nejad-Salim informó el 28 de abril de 2014 que Venezuela otorgó alrededor de 60 millones de euros para iniciar la parte iraní de la operación a pesar de que ocho años después no había resultados. De la planta iraní dijo que en el futuro podía ser construida en el puerto de Assaluyeh, mientras que de la venezolana no dio esperanzas: “En base a las negociaciones en curso, la construcción de la planta en Venezuela parece ser anulada”.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
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El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
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Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
