AMPLIACIÓN: Los traficantes salvajes del cardenalito El Ministerio Público promete investigar los movimientos de las mafias que comercian con especies del país.
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Abigail Rodríguez, director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, anunció hace una semana en una reunión con representantes de distintos cuerpos de seguridad del Estado, en el salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que quiere evitar la extracción de la fauna silvestre mediante una campaña. Una de las especies en las cuales harán énfasis es el cardenalito (Carduelis ucullata, según su nombre científico), pues es una de las más buscadas por mafias. “Se colocarán afiches, pendones, dípticos y un listado con las especies de la fauna silvestre en peligro de extinción, los cuales deberán estar exhibidos en lugares de uso público, con la finalidad de que los usuarios conozcan sobre el tema”, informó una nota de prensa de la Fiscalía General de la República.
En la campaña participan el Ministerio del Ambiente; el Servicio Nacional de Administración Tributaria; la Guardia Nacional; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; autoridades de Maiquetía y la Fiscalía General de la República. Evalúan extenderla a los puertos y los puntos de control vial en un esfuerzo por desmantelar las mafias que comercian con fauna silvestre.
Está previsto profundizar en la revisión de los equipajes en los aeropuertos del país. Uno de los casos más curiosos ocurrió el 17 de octubre de 2012. Ramón García Molina –ciudadano español– cargó en un bolso con 85 aves (cardenalitos, colibríes, turpiales, pericos, entre otros). Burló los controles de seguridad en Maiquetía, voló hasta el Aeropuerto Internacional Barajas, en Madrid, y allí abandonó el equipaje al sentirse descubierto.
La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, escribió en un artículo de opinión, publicado el pasado domingo en el diario Correo del Orinoco, sobre la frecuencia con que ocurren episodios de comercio de fauna silvestre. Refirió que en dos allanamientos, practicados el 14 y 15 de julio, en Cabudare y Barquisimeto, estado Lara, se rescataron 109 especies que iban a venderse en el exterior, entre ellas venados, loros, monos, báquiros, babas, guacamayas y reptiles. En ninguno de los procedimientos se rescataron cardenalitos, según la Fiscalía 23 de Ambiente del estado.
Los traficantes de cardenalitos son especializados. “Raras veces son atrapados. La última captura en Lara fue la de un brasileño con las aves en carretera, luego no se han practicado otras en el estado desde entonces”, explicó una fuente de la Fiscalía 23.
La venta de aves, especialmente silvestres y exóticas, es uno de los negocios en el mercado de Quinta Crespo, localizado al oeste de Caracas. Aunque no está exhibido, el cardenalito es una de las especies que se vende en el sitio.
“Si lo pides con anticipación, te lo traen”, dice un comerciante de Quinta Crespo de frutas (ubicado cerca de uno de los antiguos puestos de ventas de aves), al preguntarle sobre las posibilidades de conseguir la especie.
El comercio de avifauna es casi una tradición en el mercado. Pese a los operativos de Guardería Ambiental en el lugar, los comerciantes no solían intimidarse con facilidad. Pero el Ministerio Público prohibió el 20 de julio el comercio de aves en el mercado. También fue sancionada Maritza Margarita Mora con ocho meses de trabajo comunitario por vender 14 aves silvestres.
Lea: Los traficantes salvajes del cardenalito
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Hasta partidas de caza con helicópteros se han tenido que organizar en Tierra del Fuego para controlar la nueva amenaza que anda en cuatro patas. Pero las jaurías de perros, que ya conquistaron el campo, ahora asedian los centros urbanos del extremo sur de Argentina, desde donde, con frecuencia, se escaparon inicialmente. Mientras ya se reportan ataques contra personas en la ciudad Ushuaia, surgen diversas propuestas para enfrentar el problema.
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Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.
A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.
Uno de los gigantes financieros de Estados Unidos acusa a una gran cadena de televisión mexicana de simular un préstamo a través de una entidad financiera de una isla del Caribe. Detrás del banco 'offshore’, que según una demanda en Florida habría prestado cientos de millones de dólares aunque su capital es de 4 millones, están un par de venezolanos, de los que uno ha sido asesor del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
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La operación militar conjunta del pasado junio entre fuerzas de Venezuela y Estados Unidos despertó expectativas de altos quilates en el sureste del estado Bolívar, una región aurífera hasta entonces sometida al yugo de las bandas criminales. Sin embargo, los desarrollos posteriores se quedaron cortos. Los habitantes de los asentamientos mineros de Las Claritas y Kilómetro 88, donde el Tren de Aragua se había hecho fuerte, apenas sienten mejoras, y ya empiezan a añorar el antiguo orden de los ‘pranes’ que todavía andan por allí.
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En una oscura sala judicial de Caracas se acaban de realizar las vistas iniciales de un juicio de naturaleza política, en el que se procesa a los acusados en 2024 de participar en una supuesta conjura para asaltar cuarteles y tramar el asesinato de Nicolás Maduro. Si bien durante las audiencias de apertura empezaron a verse las fisuras en los procedimientos e indicios que sostienen la causa, que esta se haya confiado a una jueza conocida por dictar sentencias duras, alineadas con el régimen, hace incierto su final.
El entendimiento entre José Gregorio Bracho Reyes, diplomático venezolano en Turquía, y Selim Bora, presidente de la compañía constructora Summa, fue a la vez catalizador y subproducto del proyecto urbanístico ‘Hugo Chávez’ de Playa Grande, que acaba de quedar en ruinas con el doblete sísmico del 24 de junio y hoy se encuentra en proceso de demolición. Mientras Bracho se hacía de un apartamento en Barcelona (España), pidió a su cuñado, el entonces vicecanciller Calixto Ortega, que nombrara a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo.
