La estrecha victoria del No en el plebiscito convocado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo de paz alcanzado por las FARC en La Habana, Cuba, representa un alto en el camino, quizás la última escala, antes de que cese el conflicto interno. Con las inminentes conversaciones que también iniciará el ELN en Quito, los familiares de las personas desaparecidas en el estado Barinas se preguntan si sus familiares, vivos o muertos, siguen en poder de las FARC.
Barinas.- La mayoría de los secuestrados por las FARC en Venezuela vivían en Barinas, el estado natal del líder de la autodenominada revolución bolivariana Hugo Chávez.
En esa provincia de los llanos occidentales las desapariciones de jóvenes sin aparente motivo se incrementaron en 2009. En aquel año se supo del rapto de dos infantes. El del pequeño Ben Jing Shoung Cano, de tres años de edad, hijo del conocido comerciante de origen chino Leo Shoung –rescatado sano y salvo luego de permanecer varios días en poder de un grupo de bandoleros colombianos y venezolanos– fue quizá el más relevante porque provocó una protesta de 24 horas, que incluyó el cierre de comercios regentados por chinos y árabes, que suelen darle la espalda a esta clase de manifestaciones cuando son convocadas por partidos políticos.
Fue un hito en la historia reciente de la región. Docenas de personas se apostaron con pancartas en la conocida redoma de Cada, el viejo supermercado ya desaparecido, para exigir la liberación de los menores. De pronto la comunidad caía en cuenta de lo que venía pasando. Muchos jóvenes desaparecían y nunca más se volvía a saber de ellos. Semana tras semana se conocía de uno y otro caso. Llegaban noticias de jóvenes muertos. El mismo patrón.
La noticia, de tan recurrente, dejó de tener impacto para algunos, pero no para Oscar Pineda, un jubilado que entonces tenía 60 años de edad. Con el paso de los meses Pineda se pondría al frente de una ONG llamada Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. Olía algo en el ambiente. Algunos llegarían a tildarlo de loco cuando lo veían con su maletín color marrón lleno de recortes de periódicos y la lista de cada desaparición reseñada en los medios de comunicación de la región.
Pineda encontró que las varias desapariciones no solo podían atribuirse a la acción de los mafiosos sindicatos de la construcción, o a individuos que actuaban al margen de la ley aprovechando sus vínculos con el gobierno local. Muchos de esos desaparecidos terminaban en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que entonces encontraban en el aliviadero de Venezuela la tranquilidad que no tenían en su país. Con la ayuda de Estados Unidos el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) inició una guerra sin cuartel contra la guerrilla que diezmó sus efectivos y redujo su área de influencia.
Pineda, siempre con su maletín marrón, incluso quiso plantearle en 2015 el caso de los desaparecidos en Barinas a la exsenadora colombiana Piedad Córdova. El 23 de marzo de ese año la líder Movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, la del eterno turbante, conocida por su estrecha amistad con Hugo Chávez, estaba en el mismo avión que esa tarde abordaría Pineda.
Allí estaba ella rodeada de miradas camino a su asiento. Pineda la reconoció al instante. Tratar de acercarse a Piedad Córdova parecía fácil hasta que se atravesaron unos escoltas. “Usted qué desea”, le preguntaron. “Yo quiero hablar con la Senadora de los casos de secuestros en Barinas”. Al escucharlo Córdova le dijo: “en Caracas hablamos”. Nunca lo recibió.
Quizás Pineda le habría mostrado la foto que circuló en el diario De Frente (de tendencia pro gobierno y hoy fuera de circulación), en Barinas. Quiso el destino que una información sobre las FARC fuese ilustrada con una imagen del archivo de agencia AFP, y que la jefa de redacción de aquel entonces escogiera la fotografía. Allí estaba el hijo perdido de una humilde mujer.
“Vimos la foto que estaba en el periódico y aparecía mi hijo con traje militar."
Wilfredo Valero Díaz fue raptado el 06 de abril de 2009 a sus 19 años. Fue un día lunes, a las 12:36 pm, cuando el joven se encontraba en una peluquería cercana a su hogar. Cuatro sujetos armados descendieron de una camioneta para llevárselo a la fuerza. Nadie pudo hacer nada.
“Vimos la foto que estaba en el periódico y aparecía mi hijo con traje militar. Me dirigí al Comando de la Policía y hablé con el comandante Cacioppo, con el gobernador Adán Chávez, con el alcalde Abundio Sánchez, le entregué una carta al presidente Chávez en sus manos y hasta la fecha nunca tuve respuesta de mi hijo”, recuerda Zaida.
Esta mujer recibió la llamada de un desconocido manifestándole que no perdiera las esperanzas de ver a su hijo. Recuerda que llegó a pagar por el rescate unos 40 millones de bolívares (Bs. 40.000 después del cambio del cono monetario).
Aunque han pasado siete años la tristeza sigue igual. El relato de su drama es conmovedor. A pocos meses de la desaparición de su hijo, la depresión la atacó hasta el punto de perder por completo su cabello, soportar la descamación de la piel y no poder dormir. “Fueron dos años sin poder trabajar, mientras no lo vea muerto está vivo para mí”.
El ansiado acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC también es un alivio en muchas familias venezolanas. “Le hago un llamado al presidente Santos para que por favor haya paz, para que nos entreguen a nuestros familiares. En ese año 2009 no sólo fue mi hijo. Muchas otras madres también vivieron el dolor de su desaparición. Y al presidente Maduro que también nos ayude, aquí hubo muchos desaparecidos y de ninguno tenemos respuesta”.
Al día siguiente de aquella famosa foto, varios programas de radio hicieron mención de esta novedad, de esta noticia que removió las entrañas de una ciudad. Oscar Pineda se acercó a la emisora de mayor alcance para aquel momento en el Estado, Radio Sensacional 94.7 FM (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la suspendería en agosto de 2014) y ofreció detalles de lo que estaba ocurriendo en Barinas.
Pero no sólo fue Wilfredo Valero. Muchos casos comenzaron a ser reportados, la lista crecía todas las semanas y también las sospechas de que algunos desaparecidos podían estar en poder de la guerrilla colombiana.
Unos zapatos como prueba de vida Alfonso Alejandro Briceño Piña fue secuestrado el 29 de enero de 2010. Tenía entonces 20 años y estudiaba tercer semestre de Administración Tributaria. Es el hijo mayor de Rosa Gisela Piña. A ella le ha tocado sobrellevar la viudez en ausencia de Alfonso, su columna de apoyo.
“Nos dijeron que buscáramos nosotros, que llamáramos a los del taller para que declararan, pero no hemos sabido nada”, recordó. A Alfonso se lo llevaron de un taller de latonería y pintura muy cercano al Aeropuerto de Barinas. Estando en el lugar cuatro hombres lo amenazaron con pistola delante del dueño del local. Esa tarde coincidió en el negocio con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) a quien le reparaban el carro.
Alfonso, muy dado a hacer alardes de su pequeña “chimonera”, predio donde se prepara el chimo, producto a base de tabaco, de consumo muy común en los estados andinos y llaneros) no parecía ser una víctima propicia para que lo raptaran. “Quizá pensaron que teníamos plata”, especula Rosa.
Le describían cómo estaba vestida, le dejaron los zapatos de Alfonzo en la entrada de la vivienda.
Después de tres días comenzaron a recibir llamadas a diario. Le describían cómo estaba vestida, le dejaron los zapatos de Alfonzo en la entrada de la vivienda. Tenían claves de una tarjeta de débito y conocían el día de la graduación de bachiller de su hijo.
Esa Semana Santa entregó 300 mil bolívares, pero “Alfonsito” no apareció. “Me dijeron que me fuera, que diera no sé cuántas vueltas, vía Barrancas, cerca de río La Yuca. Y que lanzara el dinero en el puente por donde pasa la carretera a San José Obrero”.
Siete meses después recibió una llamada a las 10:00 pm. “¡Madre, madre!”, exclamó una voz al otro lado de la bocina. Solo Alfonso solía llamarla así. El número comenzaba con el código de área del estado Delta Amacuro, provincia más oriental de Venezuela). Luego Rosa se enteró que el teléfono pertenecía a una reclusa y que había pasado por varias manos antes de que escuchara la voz de su hijo.
El 9 de junio de 2009 ocurrió el rapto de Luis José Barrios Silva, de 19 años. El caso fue denunciado por su madre Livia Silva ante la Ong, Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos. El hecho ocurrió en una conocida avenida del Municipio Barinas, como en el caso de Wilfredo, frente al Aeropuerto de la ciudad. Ese día se encontraba con su amigo Adrián Arturo Moreno Rodríguez, de la misma edad.
Al parecer habrían sido detenidos por unos motorizados de la Guardia Nacional, quienes le pidieron sus identificaciones. Luego, siempre según el relato de Livia, los funcionarios llamaron por teléfono. Al cabo de un rato aparecieron dos grandes camionetas. Se bajaron alrededor de seis personas vestidas de civil y hablaron con los jóvenes. A Adrián lo montaron en uno de los vehículos y a Luis lo trasladaron en una moto de parrillero. El único testigo que se encontraba de faenas esa tarde observó cuando se los llevaban. “No sabemos si realmente eran funcionarios o no”.
Esto aconteció un día martes. “El viernes”, cuenta Livia, “me llamaron a las 5:00 pm. Era un hombre con acento colombiano y me dijo que si quería saber de mi hijo teníamos que entrevistarnos. Que habían sido llevados por un teniente y cuatro funcionarios más. Se encontraba en una finca en San Silvestre, debía pagar” explica esta mujer, rememorando aquel día en que todo cambió para ella.
Nunca más pudo comunicarse con aquel hombre y perdió la única pista. Una persona de su confianza se acercó hasta Arauca, estado Apure (fronterizo con Colombia), y le informaron que el joven había sido vendido a un grupo irregular.
A los días recibió otra llamada con código del estado Táchira y le informaron que su hijo iba a ser vendido a las FARC porque no había pagado.
Livia habla de sus visiones, como mujer cristiana ha pedido revelaciones, algún indicio. “Observé a un helicóptero cuando lanzaba a esos muchachos en alguna parte montañosa donde había un camión cava, allí los metían”.
Luego de la publicación de la fotografía de Wilfredo Valero trataron de comunicarse con “Voces del Secuestro”, el muy sintonizado programa de Herbin Hoyos que escuchan los cautivos en la selva colombiana. “Le mande mensajes a mi hijo, a la FARC y al Noticiero de Colombia, a los meses de ocurrido los hechos”. Hasta el día de hoy ni la policía judicial venezolana ni en el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) le han dado alguna noticia sobre su paradero.
Miletza Sosa, hermana de Rodolfo Antonio Meléndez Sosa, desapareció cuando tenía 32 años, un 20 de septiembre de 2008. Es ella quien ha asumido la búsqueda desde el principio. Sus mensajes en la red social Facebook siempre son un recordatorio de los años que transcurren, de los cumpleaños y las ausencias de Rodolfo.
El día de su secuestro se dirigían a una finca de su propiedad cuando fueron interceptados por unos funcionarios, presuntamente del Cicpc (policía de investigación criminal), ubicados en una alcabala móvil. En el vehículo se encontraban Rodolfo, un tío, la esposa, la novia de su hermano y cuatro (4) niñas. Las mujeres fueron liberadas a las 11 p.m. y el tío dos días después. A todos los llevaron a una casa. Uno de los sujetos portaba un brazalete en uno de sus brazos con las siglas del Frente 10, donde figuraba un fusil con una bandera cruzada.
"Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”
A los hombres los mantuvieron dos días en una finca en San Silvestre, municipio Barinas. Luego los sacaron del país a través del estado Apure. Sólo Rodolfo permanece en poder de ese grupo. Pero cuando estaban en San Silvestre el tío pudo registrar el sitio donde se encontraban aprovechando un descuido para correrse la venda. Muchas botas largas negras, una vivienda bonita, con mucha logística. Un joven que se encontraba en el lugar les dijo que se portaran bien, que no les pasaría nada, que él también era cautivo. A todos les tomaron fotos.
“Al mes un hombre al que llamaban “comandante” se puso al teléfono para pedirle 500 millones de bolívares. Solicité una fe de vida y nunca me la dieron”, explica Miletza.
Son tantos y tantos casos. Andrés Eloy Blanco Fernández, de 26 años, secuestrado un 1 de diciembre de 2009, en la población de La Luz, Municipio Obispos. El rescate fue pagado, pero nunca ha llegado al hogar. Sus padres han hecho esfuerzos infructuosos.
Según una leyenda urbana extendida en la zona por esos años, habría sido lanzado al caimán Pepito, una mascota de uno de los poderosos sindicatos de la construcción en aquel tiempo. Un testigo protegido ofreció unas declaraciones en su momento, para luego retractarse al ser amenazado y chantajeado y más nunca habló de lo ocurrido. Al ser entrevistado por primera vez llegó a decir –recorte de periódico en mano– que el joven habría sido asesinado. Pero nunca ha habido indicios.
Pero hay secuestros que se extienden en el tiempo, como el de Pedro Antonio Zambrano, ocurrido el 9 de septiembre de 2006 a sus 42 años, productor, oriundo de la población del Municipio Pedraza. Como fe de vida enviaron un dedo a la madre y luego un video donde mostraba la extremidad faltante.
Nelson Alí Sánchez, desaparecido un 25 de diciembre de 2009, tenía 38 años. Se dedicaba a la venta de pescado. Seis hombres encapuchados, con armas cortas ingresaron a su vivienda y se lo llevaron sin decir una sola palabra. Gritaba que no se lo llevaran, que no había hecho nada. Los hombres llegaron en una camioneta de cuatro puertas, doble cabina y pequeño carro.
Su padre, Jacinto González se acercaría ese día a conversar con los vecinos y determinar si había algo extraño. “Tanto ellos como yo estaban sorprendidos. ¿Por qué le pasó eso si él era un hombre tranquilo, que llegaba del río con los pescados?”.
Nunca llamaron a Jacinto. Las autoridades, mutis total. “La esperanza de uno es esa, que los cuerpos de seguridad traigan a mi hijo vivo o muerto, así sea los huesos, esa es la esperanza que yo tengo”.
Hace un par de años, Oscar Pineda aseguró –en una entrevista concedida a la prensa– que los guerrilleros colombianos tendrían por lo menos a cinco rehenes que residían en Barinas cuando fueron secuestrados. Hoy lo reitera y pide apuntar el caso de una joven enfermera oriunda de Táchira con varios años en poder de la guerrilla. “Sólo recuerdo que se llama María y ha sido reseñado por los medios tachirenses”. Mientras tanto, siguen transcurriendo los días y el acuerdo de paz, con sus tropiezos, es el tema del momento en Colombia. Pero nadie les da respuestas a esas familias.
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
