Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder público. Estos le permitieron manejar personalmente, según un cálculo de Armando.info a partir de una filtración de documentos, hasta 56.000 millones de dólares.
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De entrada, la cifra astronómica: 56.036.854.337,74 dólares. Redondeando, 56.000 millones. De ese monto fue que dispuso el fallecido presidente Hugo Chávez por la vía de decenas de “fondos” que creó con total discrecionalidad y sin contraloría entre 1999 y 2012.
El cálculo, elaborado por Armando.info, tomó como punto de partida una serie de documentos filtrados desde la sede del Ejecutivo venezolano y compartidos por el Proyecto de Reporte de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés). Se trata de cuatro informes del Ministerio de Planificación y Finanzas, de la Oficina Nacional del Tesoro y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), además de una presentación de la estatal petrolera Pdvsa. Los documentos datan de entre 2007 y 2012.
Aunque la mayoría de los fondos anunciados contaron con asignaciones en bolívares, para fines de la totalización en este trabajo, las cifras en moneda venezolana se reconvirtieron a dólares utilizando la tasa oficial establecida por el control de cambio impuesto por el gobierno en los años en que estos fondos fueron creados.
Los documentos revelan la proliferación de “fondos” para todo tipo de acciones o proyectos y a la vez dan fe de una gestión totalmente a discreción de Hugo Chávez, así como de una administración financiera sin rigor. A partir de estos papeles se identificó la existencia de al menos 40 fondos, pero la cifra expuesta proviene de las asignaciones a 30 de ellos, pues de los restantes 10 no aparece en los documentos disponibles ninguna información sobre montos asignados y mucho menos ejecutados. La totalización tampoco incluye el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), con más de 174.898,10 millones de dólares, y el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, con alrededor de 68.678,21 millones de dólares, los más conocidos y robustos en cuanto a la disposición de dineros públicos.
La creación de fondos comenzó tan pronto como Chávez se dio cuenta de la flexibilidad que esa figura podía otorgarle en el manejo del dinero público. Entre los primeros se encuentran el Fondo Único Social, creado en 1999, como “medida extraordinaria” para distribuir recursos a programas sociales y, luego, el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, creado en 2001 para ahorrar dólares de la renta petrolera.
Refiriéndose a este último, Chávez hizo un vaticinio o una confesión, quizá involuntaria. “Ustedes todos saben que contamos con esa alcancía que es el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica. Pues bien, llegó la hora de utilizar parte de esos recursos y para ello fue que nuestro Gobierno activó este Fondo y hemos estado fortaleciéndolo (...) son fondos de contingencia que nos permiten disminuir el impacto que puede causar la volatilidad de los ingresos petroleros”, dijo el 12 de febrero de 2002, en una alocución desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno.
A partir de entonces, los fondos pasaron de ser una alcancía para contingencia a una caja chica del Ejecutivo. De forma incremental, entre 2010 y 2012 –en la ruta a su última campaña de reelección presidencial–, tomaron formas diversas y sorprendentes; nombres opacos, objetivos impresionistas o apenas mencionados, como el de Ahorro Nacional de la Clase Obrera. Eso sí, todos millonarios.
Macrofondos, fondos binacionales –unos estrambóticos, como el Fondo Bolívar-Artigas (Fonba), y otros, superfluos, como el Fondo de Asfalto–: la creatividad del comandante eterno al bautizar cada fondo floreció al mismo tiempo que se difuminaban sus propósitos.
Así, al previsible objetivo del Fondo Binacional Venezuela-Irán de servir de cajón de recursos para costear proyectos empujados por los dos países (como lo fueron la cementera Cerro Azul o la fábrica de carros Venirauto, entre otros), siguieron otros repetitivos como el Fondo Bicentenario Productivo Socialista, creado en 2010 para entregar créditos para negocios en diversos ramos, el mismo objetivo que tenían el Fondo de Producción Social y el Fondo de Financiamiento para la Promoción de las Empresas de Producción Social, ambos del año 2005.
Luego empezó la etapa, a la vez superespecífica y ecléctica, en la que los fondos se crearon como meros bolsillos para resguardar recursos destinados a cualquier cosa. Algunos tan especiales como el Fondo para Atención de Solicitudes recibidas a través de la Cuenta @chavezcandanga (usuario de Hugo Chávez en Twitter, hoy X). El 8 de mayo de 2010, Chávez mismo anunció este subsidio: “He creado mi propia Misión Chávez Candanga para atender directamente, e incluso vamos a crear un fondo para esa misión para apoyar muchas cosas que hacen falta y que son urgentes”. Pero Chávez nunca anunció cuánto se invertiría ni cómo se utilizaría.
Pasó lo mismo con otros nueve fondos, anunciados pero sin rastro de dinero total asignado: el de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines; de Crédito Industrial; de Desarrollo Microfinanciero; de Mantenimiento y Obras Públicas; de Compensación Interterritorial; de Ahorro Nacional de la Clase Obrera; y el Ezequiel Zamora.
Parte de los documentos filtrados reflejan la discrecionalidad e improvisación con las que fue manejado el dinero público a través de los fondos. Fueran grandes o pequeños los montos, todo pasaba por una única criba, el bolígrafo de Chávez, quien los utilizaba a su antojo y a despecho de sus objetivos establecidos. Lo mismo daba sacar de un fondo de ahorro para pagar viviendas o maquinaria pesada que para pagar salarios. Así lo demuestra, por ejemplo, el punto de cuenta 317 del año 2012 que “recomendaba” destinar 3.000 millones de bolívares (poco más de 697 millones de dólares según la tasa oficial del momento) para el pago a trabajadores de 11 ministerios. Chávez lo aprobó con una nota de su puño y letra, aclarando que la fuente del financiamiento sería el Fondo Independencia. Este fondo fue creado en 2010 y nunca se supo de él gran cosa excepto que recibiría dinero directamente de Pdvsa, Tampoco hay cuentas públicas sobre su uso.
En julio de 2012, también como ejemplo, Chávez aprobó una solicitud de recursos de la Alcaldía de Caracas para el alquiler y pago de máquinas. En una nota manuscrita señaló que los recursos vendrían del Fondo Cambio 200, creado para financiar “proyectos sociales”, sin mayor precisión, en el marco del bicentenario de la independencia de Venezuela.
Ya antes de la muerte de Hugo Chávez, organizaciones no gubernamentales en el país indagaban sobre los fondos que cada tanto anunciaba el mandatario. Una de ellas, Transparencia Venezuela, calificaba en 2011 el manejo de los fondos como "deficitario, discrecional y opaco".
¿A razón de qué Hugo Chávez tomó este camino? Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma financiera Ecoanalítica, ensaya una explicación: “En sus primeros años de gobierno, Hugo Chávez tiene una línea de continuidad y mantiene a la ministra de Hacienda del expresidente Rafael Caldera (1994-1999), la doctora Maritza Izaguirre. Pero la estructura presupuestaria venezolana era muy rígida, sobre todo para cambiar naturalezas de gastos. Hugo Chávez se dio cuenta de que esto era una camisa de fuerza para su estilo y su forma de gobernar y diseñó una estructura perniciosa para manejar con discrecionalidad los recursos del Estado venezolano y, sobre todo, los recursos extraordinarios”.
Los fondos, refiere Oliveros, permitieron el manejo facultativo de los recursos en Venezuela. “Ello trajo como consecuencia que la estructura del presupuesto fuese un saludo a la bandera y eso derivó en desorden, corrupción e ineficiencia del crecimiento de la política fiscal”.
La política de ahorro y de disposición de fondos en Venezuela es tarea del Banco Central; la fiscalización, de la Asamblea Nacional. Es, al menos, lo que establece la Constitución de la República en su artículo 187.
Con los fondos, todo lo anterior se convirtió en entelequia. “En otros países hay figuras de manejo de emergencias y contingencias. En algunos casos hay partidas presupuestarias; en otros, es negociación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero en ningún país, sobre todo en los democráticos, ves este manejo centralizado”, ejemplifica Oliveros.
Para lograr ese manejo en Venezuela se desconoció de manera abierta lo dispuesto en la Constitución. Oliveros recalca que no hay constancia pública del destino final de todo ese dinero. Además, observa que en el uso discrecional y personal de la hacienda pública se halla la fuente de algunas victorias políticas que por convención se atribuyen a la popularidad de Hugo Chávez.
El abogado y exprocurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó entre 2019 y 2020, José Ignacio Hernández, explica que la proliferación de fondos rompió el principio de la unidad del tesoro, una norma esencial para la sanidad en las cuentas públicas, establecida en el artículo 314 de la Constitución Bolivariana.
“Cuando ese principio se viola y se empiezan a crear patrimonios separados, la gestión es ineficiente porque cada patrimonio tiene su costo de gestión”. Añade que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, otra norma que, se supone, blinda el manejo de los fondos públicos, fue también violada en estas prácticas. “Chávez manejó 700.000 millones de dólares en ingresos petroleros, y 120.000 millones de dólares en ingresos de endeudamientos entre el Fondo Chino y la deuda financiera. Eso te suma 820.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Porque no están en obras o en infraestructura o en inversiones”, cuestiona el exprocurador.
Aunque anunciados a los venezolanos con ese nombre, en realidad hablar de fondos puede considerarse un eufemismo. Hernández refiere que lo conveniente es tomarlos, de forma literal, como cuentas en el extranjero.
Las cuentas de esos fondos se radicaban en el extranjero a nombre del Gobierno de Venezuela, estrategia distinta de establecerlas a nombre de la República de Venezuela, del Banco Central de Venezuela (BCV) o de la Tesorería Nacional, entes que suelen administrar la hacienda pública venezolana. ¿Para qué? Para transformar el mecanismo de los fondos en una especie de muñeca rusa que permitía ocultar unos dentro de otros y despistar, así, cualquier empeño de contraloría.
“La centralización de esas cuentas debería recaer en el BCV, tomando en cuenta que 97% de las divisas por exportación que produce Venezuela provienen de Pdvsa. El comienzo del enredo fue cuando este principio se violó al cambiar la Ley del BCV en 2005 y se permite así desviar por un lado fondos a través del Fonden, que fue el principal fondo de este estilo, pero no el único”, enfatiza Hernández.
Añade que otras instituciones del Estado venezolano participaron en menor medida en ese reparto discrecional a través de empresas en el extranjero. Una práctica que, además, continuó Nicolás Maduro cuando se le vinieron encima las sanciones internacionales. “Maduro, por un lado, sabía que las sanciones venían y movió las cuentas para operar con opacidad. Y no operó con cuentas de Pdvsa, del Bandes, de Pequiven o de la Corporación Venezolana de Guayana, sino que con Pdvsa creó una red de filiales casi imposible de rastrear. ¿En dónde están estos activos? Principalmente en Asia y Europa: Rusia, China, Japón, España, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Bulgaria”.
Los fondos son hoy una prueba de cómo se dilapidó el dinero en Venezuela en aquellos años: un derroche por el poder, para el poder y desde el poder. Son, pues, “un reflejo de cómo se acabó con los ahorros venezolanos”, concluye Hernández.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control de cambio impuesto por Hugo Chávez tras la huelga petrolera de 2002-2003. Pero la medida paliativa terminó por ser una orgía de miles de millones de dólares para un puñado de funcionarios o corredores de bolsa que en la práctica quemaron los recursos extraordinarios de un boom petrolero que no se repetirá. Algunos de esos actores ocultaron sus ganancias con la venia del Credit Suisse.
Los datos obtenidos en la filtración de los 'Suisse Secrets' revelan que más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a cuatro tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
