Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La exenfermera Claudia Patricia Díaz Guillén sabe que la vida te conduce por giros inesperados. Lo sabe por experiencia.
De tomarle la temperatura al presidente Hugo Chávez, Díaz pasó a convertirse en la cabeza de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano en apenas unos años. Y de tener una vida de lujos en Madrid, llegó a una celda en una cárcel de mujeres en California, donde ahora comienza a cumplir una condena de 15 años de prisión impuesta en abril de este año por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, tras haber sido hallada culpable de participar de un esquema en el que permitió acceso a dólares del Estado venezolano a cambio de sobornos.
En el caso específico estudiado por el tribunal, Díaz, como cabeza del ente encargado de gestionar y custodiar los fondos de la República -así como determinar la emisión y colocación de bonos-, permitió al empresario Raúl Gorrín el acceso a dólares al precio controlado entonces por el gobierno venezolano, seguidamente. Gorrín transaba las divisas en el mercado negro y obtenía ganancias millonarias, según el esquema descrito por la justicia estadounidense.
El acceso privilegiado de Gorrín a divisas venezolanas significó un súbito enriquecimiento para Díaz y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa también conocido como Guarapiche, oficial del Ejército, quien fuera jefe de seguridad del palacio presidencial también durante el mandato de Chávez. La pareja fue beneficiada con sobornos que permitieron la compra de todo tipo de caprichos, incluyendo un yate, dos aviones y hasta el lanzamiento de una línea de ropa de alta costura que comenzó -y terminó- en República Dominicana. El jefe de la sección de Fraude de la Fiscalía estadounidense, Markenzy Lapoint, en el escrito oficial donde pidió hasta 23 años de prisión para cada miembro de la pareja, describió con dureza que Díaz “actuó a sabiendas y deliberadamente para ejecutar su parte en el plan y se benefició sustancialmente al recibir más de 136 millones de dólares en sobornos”.
A pesar de su exhautiva investigación y del veredicto condenatorio contra Díaz, emitido en diciembre de 2022, entre los fiscales quedó la sospecha de que la pareja pudo haber amasado una fortuna que se escapó del escrutinio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El escrito final de la fiscalía calificó como “engañosas y vagas” las respuestas de Díaz y Velásquez durante ese proceso judicial, que “podrían dar lugar a intentos en el futuro de recuperar el acceso a fondos ilícitos procedentes de sus delitos que no han revelado o de los que no han rendido cuentas”.
El mismo día de la condena en Miami, otro integrante del equipo de la Fiscalía, Paul Hayden, advirtió con precisión que las autoridades federales “creen que [Díaz Guillén] está ocultando activos” por hasta seis millones de dólares.
No dio detalle sobre a qué activos se refería. Pero, de todas maneras, al otro lado del Atlántico, en el bucólico Principado de Liechtenstein, en los Alpes, hay pistas de que las sospechas de Hayden y sus colegas fiscales estaban en lo cierto: se trata de la compra de 250 lingotes de oro (de un kilogramo cada uno) entre 2014 y 2015, valorados en 9,5 millones de dólares, a través de la empresa Amaze Holdings Limited, constituida en San Vicente y las Granadinas, cuya beneficiaria final era Claudia Díaz. De esta operación no hay constancia en los documentos del juicio en Florida ni entre los 537 elementos de prueba presentados por la fiscalía estadounidense.
Entre tanto, una investigación judicial que desde 2019 adelantaban en Liechtenstein, desentrañó una trama que reunía a empresas offshore, operadores bancarios, señalados testaferros de funcionarios del gobierno venezolano y, como gran hallazgo, a dos hasta entonces ilustres desconocidos: un ciudadano suizo de nombre Ronnie Budja, y otro venezolano, José Antonio Alcántara de la Torre, quienes, con 32 y 34 años en ese momento, fueron los únicos autorizados por Díaz Guillén como custodios, con acceso y capacidad de movilización de aquel oro hasta que su hijo, hoy con 14 años de edad, destinatario final del metal, cumpliera la mayoría de edad.
Ahora, tras seguir su rastro a través de documentos judiciales de Liechtenstein, mercantiles e inmobiliarios en Francia, Mónaco, Luxemburgo, y de sus gestiones ante los programas de visa dorada de Chipre y Malta, los reporteros de Armando.info y del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) comprobaron que los dos hombres entraron de lleno en el mundo de las finanzas –juntos y por separado–, a la vez que buscaron hacerse de un nombre como mecenas de arte, en un período que coincide en el tiempo con la custodia del oro.
Según la investigación de Liechtenstein, Ronnie Budja fue el representante de Amaze Holding Limited, la empresa que en 2015 efectuó la compra del oro, que por un tiempo reposó en la bóveda G1 de la empresa privada Liemeta AG, de origen suizo pero con las instalaciones de resguardo de metales en Liechtenstein. El documento señala que fue Budja también quien, tres años después, entre abril y noviembre de 2018, retiró 120 lingotes en cinco tandas. Más tarde, autorizó la salida de otros 90 lingotes, también en noviembre de ese año, y finalmente el traspaso del valor de 30 a su cuenta en enero de 2019 (lo que da una suma de 240 lingotes vendidos; el documento oficial no refiere que ocurrió con los restantes 10).
En ese período, justamente, Claudia Díaz empezaba a concentrarse en su defensa contra los intentos judiciales en España -país donde se había instalado junto a su marido tras dejar República Dominicana- para extraditarla a Estados Unidos, cuya justicia la reclamaba y finalmente la obtuvo en mayo de 2022. Aunque no se sabe exactamente cómo Ronnie Budja pudo haber logrado tal nivel de confianza de parte de Claudia Díaz, como para ser uno de los custodios del oro, algunos mensajes intercambiados en las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook, que datan de 2012 y 2013 y que todavía pueden encontrarse en Internet, sugieren que era amigo de Norka Martínez Luque, la hija mayor de Norka Luque, esta última íntima amiga de la exministra y hoy alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.
Investigaciones adelantadas por Armando.info como parte de los llamados Pandora Papers de 2021 revelaron entonces que Luque y sus tres hijas fueron las creadoras y beneficiarias de, al menos, 19 compañías incorporadas en distintas jurisdicciones, a través de las cuales compraron seis inmuebles, valorados en 5,5 millones de dólares, y un avión de 1,5 millones de dólares.
Por cierto, el vínculo con la familia Luque no fue la única intersección de Budja con protagonistas del movimiento fraudulento de capital venezolano en el sistema financiero internacional. Budja es el hermano menor de Nathalie Budja, antigua ejecutiva de los bancos suizos Credit Suisse, primero, y Julius Bär, después, que aparece mencionada como operadora de las cuentas en esos bancos del exviceministro venezolano, Nervis Villalobos, quien hoy tiene causas penales abiertas en su contra en España, Estados Unidos y Andorra por presunta corrupción y lavado de dinero.
El parentesco entre Ronnie y Nathalie Budja lo confirma un documento elaborado por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) al momento de registrar una de las primeras empresas de Ronnie, Magma Capital, en la nación del istmo. En su hoja de vida se detalla que el propio Ronnie Budja trabajó, como su hermana, en el Julius Bär, entre 2006 y 2009.
Al año en que se autorizó la compra de los lingotes de oro a Budja corresponde también a los primeros indicios de su asociación con el venezolano José Antonio Alcántara de la Torre, dos años mayor que él y el otro nombre apuntado por la extesorera y exenfermera de Chávez, Claudia Díaz, como custodio de los lingotes de oro.
Justo en 2015 ambos aparecen como los beneficiarios finales de una empresa registrada en la Isla de Man -una de las islas británicas en el Canal de la Mancha y paraíso fiscal- de nombre Goodfellas LP. Poco después, en 2016, Budja incorpora a Alcántara de la Torre como uno de los dueños de una empresa que había registrado en Mónaco, Midas Group, y establece el cambio de nombre de esta a JR Group, que combina las iniciales de los nombres de los socios. El capital social de esa empresa fue de 100.000 euros.
Mientras continúan las revelaciones del caso Liechtenstein, los expertos afirman que la corrupción entre funcionarios en Venezuela es extremadamente común, pero es muy difícil seguirles la pista y procesarlos dentro del país. “Los funcionarios en funciones pueden abusar de su poder, obstruir la justicia o manipular a los organismos hasta detener las investigaciones u obtener sentencias favorables", dijo Nikos Passas, profesor de criminología y justicia penal de la Northeastern University en Massachussets, Estados Unidos. “Siempre es difícil ir tras funcionarios públicos en ejercicio con influencia y poder”. Los abogados de Díaz no respondieron a múltiples peticiones de comentarios.
Nacido y registrado para votar en Valencia, capital del estado Carabobo en Venezuela, José Antonio Alcántara de la Torre aparece por primera vez ligado a la trayectoria de Claudia Díaz Guillén en 2008, cuando ambos fueron nombrados directores de rango medio en el Ministerio de Finanzas, a cargo entonces de Alí Rodríguez Araque. Según la Gaceta Oficial número 38991, Alcántara fue designado como Director General de Inversiones y Valores, mientras a Díaz la encargaban en “comisión de servicios” de la Dirección General de Egresos.
Pero Alcántara estuvo en aquel cargo solo un año. De hecho, su paso desde la burocracia del Estado chavista al sector financiero privado se completaría pronto. Para 2013, año del fallecimiento de Hugo Chávez y del término de la gestión de poco más de dos años de Claudia Díaz como Tesorera de la República, Alcántara contrataba los servicios de la oficina suiza del bufete Henley & Partners para solicitar, en calidad de inversionista, la tramitación de la nacionalidad maltesa.
Al mismo tiempo, Alcántara introdujo los documentos en Chipre para obtener la nacionalidad de la isla. A la postre fue este intento el que rindió frutos y en abril de 2014 se convirtió en ciudadano chipriota.
Malta y Chipre son estados insulares de la Unión Europea en el oriente del mar Mediterráneo. Aunque sujetos a la normativa continental, sus permisivos sistemas bancarios les otorgaron características de paraísos fiscales. No en balde, sirvieron de refugio a dineros negros y capitales golondrinas llegados desde Rusia y otros países del Este. Ambas naciones, además, coincidieron -como otros pares europeos- en la implementación de programas de las llamadas visas doradas o pasaportes dorados, por los que se prometían estatus de residencia o de ciudadanía a quienes aportaran determinadas inversiones. En el caso de Malta, la ciudadanía se concedía a quienes comprometieran una inversión neta de al menos 600.000 dólares, inamovible durante 36 meses. En Chipre, en cambio, la inversión alcanzaba 2,5 millones de euros.
Chipre canceló su programa de pasaportes dorados en 2020, tras comprobar que se había convertido en el subterfugio preferido para decenas de personajes implicados en casos de corrupción y lavado de dinero, que deseaban despistar a sus persecutores. Pero entonces ya había dado tiempo para que Alcántara, junto a otros cinco venezolanos, obtuvieran sus documentos chipriotas.
Tras aquella diversificación de su origen nacional, Alcántara procuró la financiera. También en 2013 el valenciano registró, junto a su hermana Bárbara Alcántara de la Torre, una empresa en París de nombre Creatum, con un capital inicial de un millón de euros. El objetivo de la empresa, todavía vigente según los registros de la capital francesa, es la gestión y administración de un apartamento en la avenida Foch, una de las más costosas de París, en un lujoso edificio con jardín interno.
Documentos a los que han tenido acceso OCCRP y Armando.info dan fe de que, a través de Creatum, Alcántara de la Torre compró ese inmueble por 1,4 millones de euros. También se supo que vive allí de forma intermitente. En dos oportunidades, entre marzo y junio de este año, le fueron enviados cuestionarios que, hasta la fecha, no ha respondido.
También los reporteros de esta historia le enviaron una solicitud de entrevista al lugar que, en los documentos de Creatum, apuntó como su residencia en el estado Carabobo, en Venezuela. Un residente del edificio, ubicado en el sector Valle del Camoruco en la capital carabobeña, confirmó que Alcántara de la Torre residió allí “hasta hace unos ocho años y no ha vuelto más”, y comentó que en el lugar sigue viviendo su padre, Pedro Alcántara, custodiado por un par de guardaespaldas.
La investigación judicial de Liechtenstein revela que el oro en cuestión fue comprado entre 2014 y 2015, a través de Amaze Holdings y una trama de empresas registradas en San Vicente y las Granadinas, un paraíso fiscal del Caribe oriental cuyo gobierno es firme aliado del chavismo gobernante en Venezuela. El expediente del principado alpino alude a “fuertes sospechas” de que los recursos utilizados para ello provinieron de “fondos públicos transferidos fuera de Venezuela”.
Las pesquisas señalan que la empresa utilizada para la compra y almacenamiento del oro fue la suiza Liemeta AG. Aunque no se encontró una página oficial en la web de la central suiza, la de su filial en Chipre describe sus servicios: “Liemeta es una de las mayores casas de compraventa de monedas, lingotes y metales preciosos del Principado de Liechtenstein y de Suiza (…) Somos el socio ideal para intermediarios financieros (bancos, fondos, asesores de inversión, compañías de seguros, etc.) pero también para clientes particulares”.
También en ese website la referida empresa se jacta de contar con la última tecnología de almacenamiento -solo guardan en la sede de Liechtenstein- y seguridad. Abunda en las ventajas de lo que llama la “custodia segregada”, que implica que “el oro, la plata, etc. almacenados con nosotros se asignan a nombre de nuestros clientes y se almacenan en custodia para nuestros clientes (...) no forman parte de nuestro patrimonio y no son patrimonio de nadie más. Pertenecen legalmente sólo a nuestros clientes específicos”.
Esto concede una importancia fundamental a la instrucción de custodia del oro emitida por Díaz en favor de Budja y Alcántara, quienes, durante el tiempo en que los lingotes estuvieron en la bóveda de Liechtenstein, emprendieron nuevos negocios y adoptaron nuevos roles de perfil público.
Alcántara, por ejemplo, pasó a formar parte del Comité de Adquisiciones para América Latina de la famosa Tate Modern Gallery, en Londres, uno de los museos de arte moderno más importantes del Reino Unido. Alcántara había mantenido esa posición hasta el año pasado, al menos, según lo reportado en el informe anual de 2022.
“Para pertenecer a esos comités por lo general no es solo gente que tiene dinero, o más que dinero, vale que tengas alguna fundación o seas coleccionista o das algún tipo de apoyo para tu comunidad artística [pero] tampoco tienes que ser necesariamente un experto en arte”, comenta una galerista y experta venezolana en arte contemporáneo que prefiere mantener su nombre en reserva. Dicho esto, tanto esa experta como otro miembro del Comité de Adquisiciones de la Tate consultados por los reporteros, aseguraron no conocer ni de oídas el nombre de Alcántara de la Torre. La oficina que regenta el mecenazgo de la Tate Gallery no respondió a la solicitud de comentarios enviada por Armando.info y OCCRP.
En 2019, Alcántara de la Torre figuró junto con Budja en la lista de colaboradores de Serpentine Galleries, también en Londres, un importante complejo dedicado al arte moderno en los jardines de Kensington que aloja el proyecto de su pabellón anual, que se encarga cada año a alguno de los mejores arquitectos del mundo. Solicitudes de comentario enviadas a esta galería tampoco fueron respondidas.
Por su parte, Budja fue más allá del mecenazgo artístico en la construcción de su perfil filantrópico. En 2017 se convirtió en donante de la fundación amFar (The Foundation for AIDS Research), dedicada a la investigación de paliativos del sida y su eventual cura. Ese año, Budja fue uno de los asistentes a una gala de la fundación para recaudar fondos en Milán, Italia, como parte de una lista de invitados que incluyó tanto a diseñadores de moda como Donatella Versace o Kenneth Cole y actrices como Mila Jovovich.
Budja incursionó a fondo entre 2016 y 2019 en operaciones de gestión financiera y de bienes raíces. En una empresa radicada en el principado de Luxemburgo, BV Diamond, aparece como miembro del consejo de administración junto a otro ciudadano suizo, Daniel Hans Vogt, ejecutivo de una compañía de gestiones financieras y que es mencionado por la investigación en Liechtenstein como el que llevó a cabo el papeleo para la compra de los lingotes de oro. En 2019, poco después de terminar la extracción del oro de la bóveda, según el documento de Liechtenstein, BV Diamond fue disuelta.
En el resto de las empresas de Luxemburgo en las que Budja figura como socio (Con 2 Aif, Turicum Aif, Isabela Hold Co y Venloer4711), lo hace como un inversionista que aporta capital, en montos que oscilan entre cientos de miles hasta dos millones de euros. Son empresas con un amplio abanico societario, en las que llaman la atención los nombres de algunas figuras rusas de gran calado como Ilya Rybalkin, conocido abogado de magnates rusos (entre ellos, algunos sancionados por Estados Unidos), Evgeniya Tyurikova, también sancionada por Estados Unidos, y Mikhail Bondarenko, cabeza de la empresa i-Teco, pero descrito por reportes de prensa como trabajador en el área de inteligencia de la policía política rusa.
Fuera de estas complicadas asociaciones, la vida de Budja en otro principado, Mónaco, luce apacible. Cada año, eso sí, sale a participar en carreras de esquí en Los Alpes de su Suiza natal.
La historia de la sociedad entre Alcántara y Budja parece haber llegado a su final también con la custodia compartida del oro, pues con la salida de la última fracción del oro de la bóveda en Liechtenstein, en enero de 2019, también se consumó el final de JR Group, que fue disuelta por decisión de ambos socios en abril de ese mismo año. Su otra empresa en común, Goodfellas, no registró otra actividad más allá de su mera conformación.
A comienzos de este año, al ser contactado por Armando.info y OCCRP, Budja envió un amenazante acuse de recibo de un cuestionario a través de sus abogados y su hermana, Nathalie Budja, también respondió que "no desea ser contactada". Una tónica de opacidad que reconoce la misma investigación de Liechtenstein que, admite, no pudo “establecer el paradero posterior de estos lingotes de oro”.
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los paraísos fiscales ha cambiado gracias a la filtración; también la práctica del periodismo colaborativo transnacional. Los documentos y comunicaciones del bufete panameño Mossack Fonseca arrojaron luz sobre el ambiente de cinismo e hipocresía donde líderes políticos, capos del crimen organizado y magnates de la esfera corporativa ocultan fortunas malhabidas. Entre los hallazgos había alcancías de personalidades de la Revolución Bolivariana. Pero, a pesar de estos logros, expertos sostienen que hace falta hacer mucho más.
Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela encontró el libro 'Claudia Patricia: mi huella' al allanar el apartamento de la extesorera. Se trata de un panegírico que encargó para contar su vida y la relación que mantuvo con el fallecido presidente. Ella y su esposo aparecieron reseñados en los llamados Papeles de Panamá. El gobierno venezolano ha aprovechado el escándalo mundial para dar la impresión de que está luchado contra la corrupción. Claudia Diaz y su pareja son los grandes afectados de una investigación que avanza sin hacer ruido.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Nacido en Valencia, estado Carabobo. Ex funcionario venezolano del Ministerio de Finanzas. Apuntado por Claudia Díaz como custodio de 250 lingotes de oro. Mecenas de arte.
Agente financiero, ciudadano suizo. Apuntado por Claudia Díaz como custodio de 250 lingotes de oro. Apuntado por autoridades judiciales de Liechtenstein como comprador y vendedor del oro.
Fue enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez y extesorera de la Nación. Es señalada por la justicia de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales y organización criminal.
Es la hija de Norka Josefina Luque y el general de Brigada retirado de la Guardia Nacional Pedro Julio Martínez Pérez. Cantante y dueña de la Galería de Arte ModArt.
Es una empresaria venezolana vinculada a militares venezolanos y a una de las empresas usadas por Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, para la compra de 250 lingotes de oro.
Fue enfermera del presidente Hugo Chávez y luego directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, entre 2011 y 2013. Junto a su esposo, Adrián Velásquez, es solicitada tanto en Venezuela como en Estados Unidos, por lo que, desde Madrid, enfrenta un juicio de extradición ante la Audiencia Nacional de España.
Ex jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores, como oficial de la Casa Militar, y esposo de la ex Tesorera de Venezuela, su nombre despuntó en 2016 cuando los Panama Papers lo mostraron al frente de una empresa offshore, que abrió en Seychelles para manejar una cuenta bancaria en Suiza.
