Un trabajo del Florida Center for Investigative Reporting revela los riesgos de salud que enfrentan los haitianos luego de ser deportados a su país y terminar en la cárcel.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
PUERTO PRINCIPE — Estados Unidos ha deportado a más de 250 haitianos desde enero, a sabiendas de que se encarcelarán a uno de cada dos sin cargos y en instalaciones tan poco higiénicas que representan un riesgo de salud mortal.
Una investigación del Florida Center for Investigative Reporting determinó que el gobierno del presidente Obama no ha seguido sus propias normas de buscar alternativas a la deportación en casos de preocupaciones médicas y humanitarias serias. “En Haití, a diferencia de otros países, es que los deportados son encarcelados de inmediato y las condiciones carcelarias son objeto de condena universal por la violación de los derechos humanos”, dijo Rebecca Sharpless, de la Immigration Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, que ayuda a los inmigrantes a apelar sus órdenes de deportación.
Los riesgos de salud de los deportados encarcelados han aumentado significativamente desde octubre del 2010, cuando comenzó un brote de cólera que ha afectado a más de 470,000 personas y causado la muerte de 6,500, entre ellos algunos prisioneros. Expertos internacionales de salud afirman que los deportados en las cárceles haitianas corren el riesgo de contraer cólera, que puede extenderse rápidamente en celdas atestadas donde falta el agua, el jabón y no tienen instalaciones sanitarias. Una vez expuestos al germen, las víctimas del cólera fallecen en menos de 24 horas.
En enero, Wildrick Guerrier, deportado de 34 años cuyos antecedentes penales en la Florida incluyen agresión y posesión de un arma de fuego, murió de lo que según los médicos fueron síntomas de cólera, dos días después de ser liberado de la celda donde enfermó, una de las mismas celdas donde los deportados están detenidos hoy.
Las autoridades haitianas dicen que encarcelan aproximadamente a la mitad de los deportados por considerarlos “delincuentes serios”, una calificación arbitraria. Estas detenciones, que duran hasta 11 días, infringen la ley de Haití y tratados de Naciones Unidas cuando los deportados no han sido acusados de ningún delito en ese país.
Un día después del terremoto del 12 de enero del 2010 que devastó la mayor parte de la capital haitiana, el gobierno de Estados Unidos suspendió las deportaciones. Desde entonces, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cabildeado a países contra la deportación de haitianos debido a las malas condiciones en ese país. “La crisis sigue ahí”, dijo Michel Forst, experto independiente de la ONU sobre derechos humanos. “La mayor ayuda que la comunidad internacional puede ofrecer a Haití es suspender la deportación forzada de sus ciudadanos”.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reanudó las deportaciones a Haití el 20 de enero, el mismo día que el Departamento de Estado emitió una alerta de viajes en la que exhortó a los estadounidenses a no visitar Haití por el peligro de enfermedades e inestabilidad.
Autoridades de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) dijeron que las deportaciones a Haití se reanudaron porque un fallo del Tribunal Supremo federal exigió la liberación de los detenidos después de 180 días. Esa exigencia hubiera permitido el asentamiento de “algunos nacionales haitianos con antecedentes penales significativos en comunidades del país, lo que a su vez significa una amenaza al público”. Bárbara González, secretaria de Prensa del ICE, expresó en un mensaje electrónico que la entidad “daría prioridad a los que representan una mayor amenaza para la comunidad”. Pero el FCIR halló que por lo menos tres de los deportados que llegaron a Haití en agosto y septiembre fueron encontrados culpables de delitos no violentos por drogas y que tres cuartas partes de los haitianos deportados en años recientes no tenían antecedentes penales, según registros de inmigración.
“La hipocresía es asombrosa”, dijo Sharpless. “Las autoridades estadounidenses saben desde hace mucho que es peligroso deportar a los haitianos porque los encarcelan. También saben que el brote de cólera empeoró la situación porque es una combinación mortal en las cárceles. Pero los siguen deportando de todas formas”.
La mañana del 9 de agosto, Franco Coby, un joven de 24 años nacido en Haití que creció en Fort Myers, Florida, se bajó de un avión en Puerto Príncipe. Coby había cumplido dos años de prisión por vender cocaína a un informante de la policía, seguido de cuatro meses en un centro de detención de inmigrantes. La policía haitiana transportó a los 43 deportados en dos autobuses blancos.
“Para mí, estoy en un país extranjero, aunque nací aquí”, dijo Frantz Fils-Aime, de 29 años y deportado de Nueva York que fue declarado culpable en el 2008 por vender cocaína.
Florence Elie, directora del Ministerio de Protección Ciudadana de Haití, subió a uno de los autobuses y explicó a los deportados que debían reportarse semanalmente como parte de un programa de probatoria de 18 meses, aunque ninguna ley en Haití contempla esa medida preventiva. También se refirió a un rumor que circulaba entre los deportados: que algunos serían colocados en “retención administrativa”, lo que significa la cárcel.
La mañana siguiente, Coby estaba en la Comisaría de Petionville, una cárcel ubicada frente a uno de los 900 campamentos de desplazados establecidos después del terremoto. La policía haitiana colocó a Coby en una atestada celda pequeña, junto con Filis-Aime, otro deportado de Nueva York y otros de Georgia y Michigan. Durante los siete días siguientes compartieron la celda entre dos y 15 deportados. Hubo momentos en que no había espacio suficiente para que todos pudieran dormir en el piso de cemento. El fuerte olor a heces fecales del toilet roto abrumaba el lugar. “Me comenzaron a salir lesiones en la piel. No sé si soy alérgico a algo”, dijo Coby, después de su primera noche en la celda. “Me siento mal: el estómago me está matando. Hoy comí arroz y ni siquiera lo pude digerir”.
El Dr. John May, presidente de Health Through Walls, una organización sin fines de lucro de North Miami que trabaja para mejorar las condiciones carcelarias en otros países, viajó recientemente a Haití. Allí visitó la instalación donde Coby y los otros deportados estuvieron detenidos cuatro semanas antes de ser liberados. “Esto es lo que vemos en todas partes”, dijo May. “La tuberculosis tendría terreno fértil en estas condiciones, así como enfermedades de la piel, que vemos con frecuencia. Pero la mayor preocupación es el cólera, y solo hace falta un enfermo para que los demás se contagien rápido”.
El cólera se trasmite a través de las heces y provoca vómitos y diarreas fuertes. “Cualquier situación en que no exista la higiene debida es terreno fértil para la propagación del cólera, que es lo que tenemos aquí”, dijo May.
Cuando se le preguntó si tales condiciones amenazaban la salud de los deportados, Pierre Wilner Casseus, presidente de la Comisión a Cargo de los Deportados de Haití, se limitó a decir que los deportados que parecen estar enfermos son liberados de inmediato.
Algunas veces las condiciones carcelarias en Haití complican los problemas médicos que ya padecen los deportados, como le ocurrió a Jeff Dorne, quien vivió muchos años en Boston y que padece de esquizofrenia paranoide. Dorne cumplió seis años de prisión en Nueva Jersey por una violación en el 2003. Las autoridades haitianas lo encarcelaron de inmediato, sin acusarlo de nada, en la misma celda donde luego retendrían a Coby. Dorne tiene que tomar a diario cuatro medicamentos, de manera que las autoridades estadounidenses de inmigración le enviaron medicamentos para un mes a la Policía Judicial haitiana. Pero las prisiones en Haití no tienen personal encargado de medicamentos y la policía haitiana no está capacitada para ofrecer servicios médicos básicos.
La primera noche de Dorne en la prisión de Petionville, la policía municipal le dio los medicamentos, y entonces, según Dorne, le retuvieron, o perdieron, el resto de las píldoras. “La receta médica decía que tenía que tomarlas todas las noches. Así que el sábado le pregunté al oficial encargado si me podía dar los medicamentos”, dijo Dorne. “Me dijeron que no podían encontrarlos. Se los pedía todos los días, pero después de dos o tres veces desistí”.
Durante los siguientes días en prisión, Dorne dijo que regresaron algunos de los síntomas que se le habían aliviado después que comenzó un tratamiento siquiátrico en la prisión de Nueva Jersey. “No podía dormir. Las manos me temblaban”, dijo.
El Dr. John May dijo que los detenidos que son enfermos mentales enfrentan graves riesgos porque con frecuencia no pueden defenderse. “Una persona que tiene que tomar medicamentos antipsicóticos… puede deteriorarse rápidamente sin ellos”, explicó May.
El oficial de policía a cargo de la prisión dijo que no estaba familiarizado con el caso de Dorne.
Un memorando del ICE del primero de abril que explicaba la decisión de reanudar las deportaciones indicó que se considerarían alternativas en casos con preocupaciones médicas y humanitarias. Pero, como en el caso de Dorne, se siguen deportando haitianos con problemas médicos documentados.
Abogados de inmigración en Estados Unidos están combatiendo la deportación individual de haitianos sobre la base de la Convención de las Naciones Humanas sobre la Tortura de 1984, que prohíbe a los gobiernos deportar personas a países donde puedan sufrir “dolor y sufrimiento severos”. En abril, un inmigrante haitiano, mentalmente enfermo, de Miami logró diferir su deportación sobre la base de que las condiciones carcelarias en Haití podían cumplir la norma en su caso.
La Comisión a Cargo de los Deportados incluye representantes de cuatro ministerios haitianos y la independiente Oficina de Protección Ciudadana. Una vez que los deportados llegan a Haití y son transferidos a la estación de policía donde los retienen, la comisión decide si los liberan o permanecen encarcelados. Este proceso es mayormente ad hoc. No hay normas establecidas y poco consenso sobre los miembros de la Comisión sobre el propósito de las detenciones.
El secretario de Estado para el Ministerio de Seguridad Pública, Aramick Louis, dijo que las detenciones son para proteger a los deportados durante el “vulnerable” período de transición al llegar al país.
Frederic Leconte, comisionado de la Policía Judicial de Haití, dijo que las detenciones le permiten al gobierno entender la situación personal de cada individuo. Aunque el gobierno de Estados Unidos envía documentos detallados sobre cada deportado dos semanas antes de su llegada al país, el FCIR no pudo documentar ningún caso en que los deportados detenidos fueran entrevistados, ni siquiera observados directamente, por autoridades haitianas.
La ley de Haití no contempla que nadie pueda ser encarcelado sobre la posibilidad de que pueda cometer un delito en el futuro. “Esto es contra lo que batallo”, dijo Privat Precil, director general del Ministerio de Justicia de Haití entre el 2002 y el 2004. “Es una norma policial que no es legal según las leyes haitianas”.
El reportero Jacob Kushner escribió este reportaje para el Florida Center for Investigative Reporting. Sus investigaciones fueron apoyadas en parte por el Nation Institute Investigative Fund y la Investigative News Network.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Cinco musulmanes trinitarios vivieron una pesadilla en el destino más chévere del mundo. Cuando viajaron a Caracas a tramitar el visado necesario para peregrinar hacia La Meca fueron detenidos por la policía política bajo cargos de terrorismo. Pasaron dos años, seis meses y 25 días en los calabozos del Sebin. Transcurrido ese tiempo, y para no reconocer el error de imputar a cinco inocentes, la jueza dictó una pena equivalente al tiempo que llevaban encerrados. La solución no devuelve el tiempo perdido a cinco extranjeros que vivieron la tragedia de lidiar con el perverso e inoperante aparato judicial creado por el chavismo
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Wilmer José Brizuela se convirtió en el epítome del ´pran’ o líder de las cárceles venezolanas. Por sobre las del Estado, impuso su ley en una prisión del sur del país en medio de la lucha encarnizada entre clanes y una venganza mal perpetrada, episodios propios de una saga medieval. Su leyenda, consagrada ya en los confines del sistema penitenciario, acaba de cobrar vigencia nacional cuando un tiroteo en la isla de Margarita permitió saber que estaba en libertad con permiso oficial, a pesar de cumplir condena por complicidad en un asesinato. Todavía tiene poder. El siguiente texto es una versión abreviada de un perfil preparado originalmente por el autor para la antología ‘Los Malos’, que en 2015 publicó la Universidad Diego Portales de Chile, bajo la edición de la cronista argentina Leila Guerriero.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
