Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.
Pedro Luis Martín Olivares (55 años de edad), quien opera desde una oficina en un lujoso complejo comercial y hotelero de Caracas, es poco conocido en su Venezuela natal, y su nombre no aparece en las listas internacionales de los "más buscados". Sin embargo, Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares por su detención, una cifra mayor incluso que la ofrecida por los hijos del infame jefe del cártel mexicano de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Martín, un alto funcionario de inteligencia del expresidente Hugo Chávez, fue acusado por un tribunal de Florida por cargos de narcotráfico en 2015. Estados Unidos ha sancionado sus intereses comerciales, que van desde la seguridad privada hasta la avicultura.
A pesar de las acusaciones de peso contra Martín, y del poder oficial que ejercía bajo el mandato de Chávez, se las ha arreglado para mantener un perfil bajo a lo largo de los años.
Nada de lo anterior, en cualquier caso, ha impedido a su familia acumular importantes activos en el extranjero.
Ahora, OCCRP (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), en colaboración con Armando.info de Venezuela, InfoLibre de España, y el Miami Herald de Estados Unidos, han rastreado parte de la fortuna de Martín hasta Barcelona, la capital catalana en España, donde sus familiares han adquirido apartamentos de lujo en una de las zonas más caras de la ciudad. Las propiedades eran desconocidas hasta para los investigadores españoles que siguen el rastro de Martín en ese país.
A partir de documentos judiciales, expedientes de investigación, registros de empresas y propiedades, y entrevistas, se han descubierto nuevos detalles sobre la vida del exfuncionario de inteligencia, que incluyen el hecho de que también adquirió un documento de identidad español. Tiene la nacionalidad española y los investigadores manejan la información de que tenía una identidad falsa con el nombre de Ramón José Garrido Sánchez.
Iván Simonovis, excomisario de policía y reconocido investigador penal venezolano, quien permaneció durante 15 años preso bajo el chavismo, dijo que Martín había "tenido mucho poder y hecho mucho daño a mucha gente" a lo largo de los años, aunque su influencia ha disminuido más recientemente.
De otras seis personas entrevistadas sobre Martín, entre las que se encuentran dos antiguos militares venezolanos que trabajaron bajo el mandato de Chávez y un oficial de policía, solo Simonovis accedió a ser citado por su nombre. Los demás prefirieron permanecer en el anonimato por temor a que hablar públicamente sobre Martín pudiera provocar represalias.
El propio Martín no respondió a las solicitudes de comentarios.
Más allá del hecho de que Martín Olivares nació en 1967 en Caracas, hay poco registro público de sus primeros años. Se ha descrito a sí mismo como abogado y economista, pero los periodistas de este reportaje no pudieron encontrar ningún registro de que haya estudiado esas materias en Venezuela.
Según Simonovis, que trabajó como detective de la policía durante años antes de convertirse en preso político bajo el mandato de Chávez y escapar después a Estados Unidos, Martín se involucró en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero en la década de 1990. Más tarde, según este testimonio, Martín empezó a cooperar con las autoridades venezolanas para evitar el riesgo de ser procesado, ayudando a montar varias "entregas controladas", es decir, ventas de droga realizadas con el conocimiento y la supervisión de las fuerzas del orden para capturar a otros traficantes.
"Tenía el agua hasta el cuello, pero aún podía respirar", dijo Simonovis. Una fuente que conocía a Martín y a su familia respaldó el relato de Simonovis.
Después de que Chávez llegara a la presidencia en 1999, Martín fue designado para la oficina antidrogas de la ciudad, aparentemente aprovechando las conexiones que había construido en la fuerza policial. En 2002, se convirtió en Director de Inteligencia Financiera de la policía política nacional: la Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), heredada con ese nombre del período democrático anterior y luego rebautizada por el chavismo como Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) .
Simonovis, respaldado por dos fuentes que conocían a Martín, dijo que este empezó a dirigir entonces una "oficina paralela" desde el Centro Lido -un lujoso mall de tiendas y oficinas en el noreste de Caracas, que incluye un hotel-, a pesar de que al mismo tiempo se desempeñaba en un alto puesto de los cuerpos de inteligencia estatal. El conjunto comercial-hotelero se ubica en un punto colindante con dos corredores de la antigua “milla de oro” caraqueña, los de las avenidas Francisco de Miranda y Venezuela de El Rosal.
Él y su gente utilizaban soplones y escuchas telefónicas para obtener información comprometedora sobre personajes ricos o poderosos, a los que luego citaban, les fabricaban expedientes penales y exigían dinero para detener el acoso, dijeron.
Un empresario que pasó años en la cárcel dijo que Martín también solía visitar la prisión y ofrecer "favores", como acceso a áreas abiertas, ordenadores o cursos a distancia, a cambio de pagos. Simonovis dijo que en cierto momento el poder de Martín había crecido lo suficiente como para empezar a chantajear a figuras dentro de la propia estructura de poder de Chávez. "Esa fue la gota que colmó el vaso", dijo el excomisario.
Tanto un exfuncionario militar como la persona que conocía a la familia de Martín apoyaron esta versión, diciendo que Martín fue destituido de su cargo después de tratar de extorsionar a alguien cercano a Chávez.
Martín dejó la Disip en 2004, pero mantuvo su conexión con la comunidad de inteligencia. Al menos fue lo que afirmó en una rara entrevista concedida al sitio web en español de la cadena de televisión panárabe Al-Mayadeen en octubre de 2020, publicada seis días después de que se anunciara la recompensa estadounidense por el expolicía venezolano; quizás sin el “ex”. Entonces dijo que todavía manejaba “información" a pesar de haber dejado formalmente la agencia. "Nunca se abandona la inteligencia, siempre se sigue obteniendo información", dijo.
Simonovis y una de las fuentes consultadas dijeron que Martín seguía manejando su "oficina paralela" desde el Centro Lido, donde entonces también comenzó a dirigir una especie de imperio comercial. Entre 2004 y 2007, Martín fundó al menos cinco empresas, la mayoría en el ámbito de la seguridad privada y el transporte de valores, aunque también registró una granja avícola en el estado Monagas, en el oriente del país.
Los detalles de las operaciones de estas empresas muestran que Martín seguía estando bien conectado incluso después de dejar su puesto oficial. Los registros empresariales muestran que su empresa de seguridad privada, Grupo Control 2004, obtuvo contratos de importantes instituciones estatales, como el banco estatal Bicentenario, el aeropuerto La Chinita de Maracaibo, en el estado Zulia, y Minerven, una empresa minera -principalmente aurífera- activa en la región de Guayana, en el sur de Venezuela.
Otra de sus empresas, PLM Consultores, prestó "servicios de asesoría en relaciones institucionales" a 11 empresas vinculadas a Omar Farías, un empresario conocido por entonces en Venezuela como el Zar de los Seguros porque consiguió importantes contratos de seguros de instituciones públicas, lo que le permitió amasar una fortuna bajo el mandato de Chávez. Farías se ha visto envuelto en múltiples escándalos de corrupción, no solo en Venezuela sino en otros países como, por ejemplo, República Dominicana y Ecuador.
Uno de estos casos se refería a un esquema en el que cientos de millones de dólares fueron saqueados de la compañía petrolera estatal, Pdvsa, y blanqueados en la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco ya desaparecido en el pequeño principado y paraíso fiscal de los Pirineos entre España y Francia, y a través del cual se canalizaron hasta 2.000 millones de dólares desviados de la petrolera venezolana, según una investigación judicial que se sigue en ese país.
Martín también trabajó con dos empresas presuntamente implicadas en el proceso de blanqueo de dinero en Andorra: ISB Sociedad De Corretaje De Reaseguros C.A., una correduría de seguros que canalizó 330 millones de dólares a través de contratos de seguros con entidades públicas a precios inflados, según la investigación; y Vida y Patrimonio Corretaje De Seguros, C.A., otra correduría de seguros que, según los fiscales andorranos, recibió 77 millones de dólares de una filial de Pdvsa.
Farías no respondió a los mensajes enviados por los reporteros en busca de comentarios sobre esta historia.
En 2010, Martín apareció en un cable clasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado entre las filtraciones de Wikileaks, en el que se detallaba un supuesto complot de la agencia de inteligencia venezolana para asesinar al entonces presidente panameño, Ricardo Martínelli. El cable no proporcionaba ninguna razón por la que el gobierno de Venezuela o uno de sus funcionarios quisiera llevar a cabo tal asesinato, pero sí vinculaba a Martín con el régimen de Chávez, seis años después de que dejara su puesto en el servicio de inteligencia.
"Aunque no se encontraron pruebas de ningún complot, el equipo de aplicación de la ley encontró información denigratoria significativa sobre Pedro Ruiz [sic] Martín Olivares", decía el cable, que lo describía como un "actor realmente malvado".
Por la misma época, una operación conjunta contra el narcotráfico llevada a cabo por las autoridades de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas tendría profundas consecuencias para Martín.
En 2010, la policía detuvo a tres hombres que esperaban en una embarcación para recuperar un paquete lanzado desde un avión procedente de Venezuela en aguas de las Islas Vírgenes Británicas. A la postre, en el paquete se encontraron más de 261 kilogramos de cocaína.
Las autoridades relacionaron el envío con el narcotraficante Roberto Méndez Hurtado, también conocido como Pluma Blanca, del colombiano Cártel del Norte del Valle. En 2013, Colombia extraditó a Méndez a Estados Unidos, donde fue acusado de organizar envíos de cocaína desde Venezuela a Centroamérica y el Caribe. En 2014, fue declarado culpable y condenado a 19 años de prisión, antes de ser liberado en enero de este año, según informan varios medios.
Según las autoridades estadounidenses, Martín había estado en la nómina de Méndez, supuestamente ayudando a coordinar los envíos de cocaína desde su puesto en la Disip y distribuyendo sobornos a funcionarios venezolanos. También se aseguraba de que los radares estuvieran apagados para permitir que los aviones cargados de cocaína cruzaran sin contratiempos el espacio aéreo venezolano.
Siempre según las autoridades estadounidenses, Martín, junto con el exjefe de la Disip y exjefe de la contrainteligencia militar chavista, el general Hugo El Pollo Carvajal, y otros altos cargos venezolanos, formaban parte del llamado Cártel de los Soles, una célula de narcotraficantes integrada por oficiales del ejército de ese país. Tras dos años de huida y también después de su ruptura con el régimen de Nicolás Maduro, Carvajal fue capturado en España en 2021 y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
Martín fue acusado por un Gran Jurado federal de Miami bajo cargos de tráfico de drogas en 2015. Tres años más tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) impuso sanciones a sus empresas, diciendo que Martín había "explotado su posición en el gobierno y aceptado sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un esquema más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y a través del espacio aéreo venezolano".
En 2018, la OFAC también mencionó a Martín en sus sanciones contra Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del chavismo, afirmando que ambos "trabajaron juntos para mover dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y Bahamas a finales de 2016”.
Esta alianza de periodistas ha sabido que los funcionarios de seguridad españoles también empezaron a investigar a Martín en 2014, después de que llamara su atención por el historial del venezolano en el servicio secreto de Chávez y por las acusaciones de que estaba involucrado en el Cártel de los Soles, con conexiones de alto nivel con el gobierno de Chávez. Los agentes de seguridad le asignaron en código el apodo de Platanote, y comenzaron a sondear sus bienes en España.
A pesar de estar en el punto de mira tanto de las agencias de seguridad estadounidenses como de las españolas, los miembros de la familia de Martín pudieron adquirir en 2013 dos valiosos apartamentos en la ciudad de Barcelona, en España, sin ser detectados, según parece.
Estos inmuebles, ambos desconocidos para las autoridades españolas hasta hoy, tienen un valor conjunto de unos 2,5 millones de euros, según un servicio de tasación de inmuebles del banco multinacional español BBVA.
Ambos inmuebles están situados en un antiguo edificio bancario de la década de 1950 en la llamada milla de oro de la ciudad, una franja de edificios de alto nivel en el centro de Barcelona. La propiedad de los bienes la detenta Urdanbest SL, una empresa española en la que la esposa de Martín, Alejandra Besteiro, su hijo, Pedro Luis Martín Besteiro, y su hijastro, Orlando Urdaneta Besteiro, aparecen como directores.
Urdanbest, a su vez, tiene su domicilio social en una lujosa oficina en uno de los barrios más caros de Madrid. Dominada por un gran cuadro, la oficina la comparte con Balclutha SL, una empresa vinculada a un empresario financiero venezolano, Luis Alberto Benshimol Chonchol, conocido por su mecenazgo del arte contemporáneo y por sus vínculos con el controvertido mercado paralelo que permitía a los inversores explotar la diferencia entre los tipos de cambio oficiales controlados por el Estado chavista y los del mercado negro, durante la primera década del s. XXI.
Tanto a Alejandra Besteiro como a sus hijos y a Benshimol se le enviaron solicitudes de comentarios sobre estas propiedades y sus relaciones, pero ninguno respondió.
Martín también es propietario de otro apartamento en Barcelona, adquirido en 2003. El piso, que actualmente vale unos 200.000 euros, está situado en un barrio de clase trabajadora. Cuando los periodistas lo visitaron en junio, descubrieron que el buzón no tenía nombre, aunque un vecino dijo que a menudo podía ver "movimiento en las persianas", lo que indicaría que estaba ocupado.
En su entrevista con Al-Mayadeen, Martín rechazó los cargos que se le imputan, diciendo que Méndez estaba ofreciendo información falsa para reducir su propia condena.
Las autoridades estadounidenses "meten en la cárcel a gente que ni siquiera te conoce", dijo. "Les dicen que tienen que testificar contra ti para reducir sus condenas". Aseguró que las sanciones de la OFAC no eran más que una manera de "chantajear y presionar" para que él se volviera contra altas figuras del gobierno de Chávez.
En 2018, Martín llegó a radicar una demanda por difamación en un tribunal de Florida contra Méndez y otro informante, según el Miami New Times. "Las dos personas que son extrañas a él están diciendo todo tipo de cosas exageradas", se citó a su abogado en ese momento.
Según las transcripciones del tribunal estadounidense, Martín se entregó a las autoridades venezolanas después de que se emitiera una alerta roja de Interpol contra él, hecho que su abogado en Estados Unidos utilizó para argumentar que no podía ser considerado un fugitivo.
Los fiscales estadounidenses rechazaron este argumento, alegando que Martín se había entregado porque sabía que Venezuela no lo enviaría a Estados Unidos. Cuando los venezolanos se dirigieron a las autoridades estadounidenses para preguntarles si querían presentar los trámites para que Martín fuera extraditado, se negaron.
"Sabemos bien que hay una prohibición constitucional en Venezuela para extraditar a sus propios ciudadanos", dijo Adam Fels, asistente del fiscal estadounidense en ese momento. "Entonces, ¿por qué molestarse siquiera?".
Fels señaló en una audiencia judicial que Martín había estado viajando desde mucho antes de su acusación, pero dejó de salir de Venezuela después de 2015, presumiblemente para evitar el arresto.
"Hay una enorme cantidad de viajes registrados en su propio pasaporte antes de ser acusado", dijo Fels. "Se trata de una persona que llenó las páginas de sus pasaportes. Y entonces, ya ves, tan pronto como se le acusa y descubre, todos los viajes se acaban".
En la actualidad, Martín sigue en Venezuela, trabajando desde las mismas oficinas del Centro Lido, según Simonovis. "Sigue ocupándose de los negocios en Caracas", dijo Simonovis.
Al menos 15 figuras del mundo de la inteligencia -algunas vinculados a corrupción y tortura- de una docena de países, además de sus familiares, que debieron llamar la atención de los ejecutivos de cumplimiento, tuvieron cuentas en el segundo mayor banco suizo, según lo que aparece en la filtración de los ‘Suisse Secrets’. Entre los titulares se encontraban jefes de espionaje de Jordania, Yemen, Irak, Egipto y Pakistán y un ex jefe de inteligencia venezolano que, tras contratar con el Estado chavista, se convirtió en un millonario hombre de negocios.
Una filtración de documentos bancarios a la que tuvo acceso Armando.info, El Pitazo y Runrun.es, de Venezuela, así como El Confidencial, de España, muestra cómo el sigiloso y discreto capitán, quien fuera la sombra y protección del hoy fallecido mandatario, puso sus manos en negocios tan diversos como el mantenimiento del Metro de Caracas, la importación de medicinas y hasta arrendamiento de aviones logrando amasar una fortuna superior a los 100 millones de dólares. Él es solo uno de los clientes del francés Charles-Henry de Beaumount, gestor financiero quien captó a más de un "boliburgués" para engrosar la lista de clientes de la banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Empresa registrada en Madrid a nombre de la ex esposa e hijos de Martín Olivares a través de la que se compraron los apartamentos en Barcelona. La empresa comparte dirección fiscal con una del empresario venezolano Luis Alberto Benshimol.
Hijo del actor Orlando Urdaneta y Alejandra Besteiro, hijastro de Martín Olivares, es uno de los directores de la empresa Urdanbest, a través de la cual se compraron los apartamentos en Barcelona.
Hijo de Martín Olivares y Alejandra Besteiro, uno de los directores de la empresa Urdanbest, a través de la cual se compraron los apartamentos en Barcelona.
Exesposa de Martín Olivares y titular de una de las empresas a través de la cual compró dos apartamentos en Barcelona.
Jefe de inteligencia financiera de la Disip entre 2002 y 2004 y sobre quien pende una recompensa por información para su captura de diez millones de dólares.
