Nunca ha sido fácil hacer periodismo en Azerbaiyán, un país petrolero de Asia Central que gobierna una dinastía postsoviética. Pero desde comienzos de diciembre la represión contra la prensa tiene otro nivel y un nombre: Khadija Ismayilov, una reportera que con sus investigaciones sacó los trapos sucios de la familia presidencial y ahora está en prisión. Armando.info se suma a la campaña por su liberación,
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A la periodista Khadija Ismayilova la acusan de haber propiciado un suicidio que nunca ocurrió. La justicia de Azerbaiyán, una ex república soviética enclavada como bisagra entre Europa y Asia, ordenó su detención en un caso que –según Reporteros sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones a favor de la libertad de expresión– denuncian como una retaliación, por haber destapado varios casos de corrupción en la familia del primer mandatario de ese país, Ilham Aliyev.
La detención ocurrió el pasado 5 de diciembre y a partir de allí, varias redes internacionales de periodistas de investigación han activado un movimiento a favor de su liberación en los medios 2.0, bajo la etiqueta #freekhadija.
Amparándose en el artículo 125 del Código Penal azerí, los fiscales señalan a Ismayilova como protagonista de una historia en la que instigó a su colega y exnovio, Tural Mustafayev, a quitarse la vida, luego de que intercediera con sus editores para que no volvieran a emplearlo. Más allá de rechazar el rumor, la periodista y su defensa advierten que su detención no es más que un acto de retaliación y censura.
“Khadija es detenida únicamente a causa de sus actividades periodísticas, debido a las investigaciones que estaba llevando a cabo”, declaró su abogado, Elton Guliyev. “Los cargos en su contra son absurdos, el tribunal carece de pruebas”.
El poder en Azerbaiyán –una nación petrolera en los linderos del Cáucaso, que limita con Rusia e Irán– está a cargo de Ilham Aliyev, hijo del anterior mandatario, cuya familia ha amasado una fortuna de la que hoy hay noticias por una serie de reportajes publicados precisamente por Khadija Ismayilova, en los que demuestra a través de documentos que la esposa del jefe del Estado, Mehriban Aliyeva, y sus hijas, Leyla Aliyeva y Arzú Aliyeva, están detrás de empresas consentidas como la aerolínea Azal, la compañía de telecomunicaciones Azerfon y la minera Aimroc.
Rastreando precisamente a la firma Aimroc, Ismayilova y otros colegas encontraron que lejos de obedecer a una empresa extranjera, el primer mandatario estaba detrás de la supuesta trasnacional que había cometido daños contra el medio ambiente y los afluentes de agua que hay alrededor de las minas de la población de Chovdar.
“La empresa británica es en realidad una fachada para la familia presidencial”. Eso publicó el 3 de mayo de 2012 en Radio Free Europe, tras develar una investigación periodística que siguió las pistas de un consorcio de cuatro firmas, entre las que destaca Globex International, propiedad de otras tres firmas panameñas en las que destacaban dos hijas del mandatario azerí.
La reacción vino días después en forma de chantaje: Ismayilova recibió una carta que contenía imágenes suyas haciendo el amor en su casa con advertencias que le recomendaban no seguir con el caso, a lo que decidió usar su Facebook para dar a conocer la situación a la población de un país conservador y de mayoría islámica, en el que el sexo fuera del matrimonio es tema tabú.
“Luego de esta investigación, instalaron una cámara en mi hogar”, contó en noviembre de 2012 en entrevista con la agencia IPS. “Hubo vigilancia por largo tiempo en el apartamento que yo alquilaba y me grabaron teniendo sexo con mi novio. Luego me enviaron algunas de las imágenes; me exigieron que me comportara, y yo decidí no ‘comportarme’ como me pidieron: opté por hacer público (el chantaje) y afirmé que no tenía nada de qué avergonzarme. Son los que le roban al público, al pueblo, quienes deberían avergonzarse. Así que, decidí continuar con mi investigación”.
Consagrada en octubre del año pasado en Río de Janeiro durante la Conferencia Global de Periodismo de Investigación, uno de los eventos más importante sobre el tema, Ismayilova fue galardonada entonces por la Red Global de Periodismo de Investigación, GIJN por sus siglas en inglés, con el primer lugar del Global Shining Light Awards, que compartió con otra investigación sobre escuadrones de la muerte en Sudáfrica.
“Creo que el Gobierno buscará otras vías para silenciarme, pero yo prefiero concentrarme en mi trabajo, pues no tiene sentido preocuparse por las amenazas. No puedo controlar sus deseos de hacerme algo ni sus medios para concretarlo. Así que, preocuparse no sirve de ninguna manera”, declaró la periodista en la misma entrevista concedida a IPS.
Ahora desde la cárcel y a través de una carta, llama a otros colegas a seguir investigando este y otros casos de corrupción. “Tenemos que construir una nueva realidad donde la verdad sea una norma de vida”, dice. “Todos ustedes saben por qué estoy aquí en la cárcel. El hallazgo de la corrupción es la verdadera razón, y la única manera de probar regímenes opresivos es seguir descubriendo esa corrupción, para seguir defendiendo los derechos de los pueblos oprimidos”.
Khadija Ismayilova, de 38 años, es licenciada en filología. Comenzó su carrera en el periodismo como traductora y de allí pasó a los periódicos Zerkalo, Caspio Business News y la oficina de la Voz de América que tiene en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Sus investigaciones luego encontraron espacio en Radio Free Europe y Occrp, cuyas siglas en inglés traducen “Proyecto de Reportajes sobre Corrupción y Crimen Organizado” y cuyo director, Drew Sullivan, ha pedido a los periodistas de todo el mundo sumarse a estas investigaciones, para revertir el efecto de la detención de su colega.
En Georgia y Rumania ha habido manifestaciones públicas en favor de la periodista azerí. Por su parte, la Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos se ha pronunciado para pedir su excarcelación. También Amnistía Internacional, Freedom House, Reporteros sin Fronteras y la Red Global de Periodismo de Investigación. En Facebook hay incluso una campaña bajo la bandera de "FreeKhadija".
Giorgi Gogia, investigador principal del Cáucaso Meridional de Human Rights Watch (HRW), advierte que los observadores de Azerbaiyán habían venido expresando su preocupación por la represión creciente. "Pero el arresto de Ismayilova es la gota que rebasó el vaso”.
Las ONG han estado bajo la presión del Gobierno en los últimos meses. En mayo, la rama de Bakú de Oxfam, una confederación internacional de 17 organizaciones no gubernamentales, fue demandada y, en septiembre, IREX se vio obligado a retirarse de ese país.
Desde el gobierno azerí, sin embargo, justifican la detención de la periodista. El portavoz del presidente Aliyev en Bakú, Azer Gasimov, tildó las protestas a favor de Ismayilova como una "campaña antiAzerbaiyán" propiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y "fuerzas contra nuestro país".
Gasimov, citado en la prensa local, dijo: "Si se presta atención se puede ver que el Departamento de Estado, que se pronuncia al instante sobre cualquier pequeño incidente, no ha tenido ninguna reacción sobre este caso”.
Las manifestaciones por la libertad de la periodista, de cualquier modo, se desarrollaron también en Washington. Varios activistas se reunieron el pasado 8 de diciembre frente a la embajada de Azerbaiyán en la capital estadounidense, para manifestar su repudio al Gobierno de Aliyev y sus medidas contra la prensa libre.
Human Rights Watch ha observado un aumento en los informes de represión y abusos. Hasta 50 periodistas y blogueros independientes, así como activistas políticos han sido encarcelados en los últimos dos años y medio.
"No se trata solo de nuestros periodistas”, agregó desde Bakú Emin Milli, director general de TVMeydan. “Tenemos solo dos o tres plataformas de medios independientes en Azerbaiyán; todo el mundo en el país que trabaja para ellos está ahora bajo amenaza de ser arrestado, siendo llamado proarmenio o espía de la CIA".
Señala, además, un cambio en el clima político que se ha producido muy rápidamente. "Incluso para nosotros, las personas que hemos estado trabajando en los medios de comunicación desde hace muchos años, es impactante", advirtió.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
