LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
La cancillería española desconfiaba del trabajo de las ONG venezolanas y rechazaba la insinuación de una relación entre Caracas y las FARC a partir de las incautaciones de armas venezolanas a la guerrilla. Mientras el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Venezuela parecía preocupado por las estrechas relaciones del presidente Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC y las crecientes muestras del jefe del Estado autoritarismo en asuntos internos, el reino de España miraba hacia otro lado.
Los cables despachados desde Caracas por la embajada de Estados Unidos reseñan un par de episodios que demuestran el cambio de la política española hacia Caracas tras el sonado incidente entre el rey Juan Carlos y Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre del 2007.
En el primer hecho, en mayo del 2009, durante la celebración del Día de Europa en Caracas, el encargado de Negocios de la misión estadounidense, John Caufield, participó en unas conversaciones sobre las implicaciones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que planteaba restricciones al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El embajador de Bélgica dijo estar preocupado por el alcance de la propuesta y la naturaleza antidemocrática del gobierno del presidente Chávez, al tiempo que agregaba que la misión de la Unión Europea lideraría el diálogo con los diputados del Parlamento venezolano sobre el negativo impacto de una legislación como la planteada. Pero el embajador de España, Dámaso de Lario, consideró la propuesta de ley un asunto de orden interno, y agregó que muchas ONG venezolanas eran “políticas”. No descartó empaparse más de los alcances de la ley y manifestar sus impresiones discretamente a las autoridades venezolanas.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Con cámaras de TV y redes de delatores, se ha impuesto una política de espionaje a los controladores que ordenan el tránsito de los aviones que aterrizan y despegan del principal aeropuerto del país. Algunos secretos e irregularidades están en resguardo en medio de un clima permanente de cacería de brujas. Dos empleados ya han sido sometidos a un juicio interminable y cuestionable como demostración de la suerte que aguarda a quien no desee someterse a un sistema que, más que la seguridad aérea, procura el silencio.
A partir de la oleada de sanciones que recibieron altos jerarcas rusos tras la toma de Crimea en 2014, los banqueros más ricos e importantes de Rusia tomaron medidas para salvaguardar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales detrás de complejas tramas que se revelan en una nueva entrega de los Papeles de Pandora. La previsión se mostró utilísima con las nuevas sanciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania.
Sin querer, queriendo, se dio a conocer recientemente desde la cumbre del tepuy Kusari, en el parque nacional Canaima. Era la fecha de su cumpleaños y la inusual locación del festejo hizo las delicias del ‘jet set’ bolivariano tanto como alimentó la indignación y el resentimiento en las redes. Solo entonces se supo que el operador turístico modélico de la Revolución llevaba años escalando posiciones, desde su natal isla de Margarita, en una parábola expansiva de carisma e influencia donde los límites entre lo público y lo privado a menudo se esfuman.
