LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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La cancillería española desconfiaba del trabajo de las ONG venezolanas y rechazaba la insinuación de una relación entre Caracas y las FARC a partir de las incautaciones de armas venezolanas a la guerrilla. Mientras el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Venezuela parecía preocupado por las estrechas relaciones del presidente Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC y las crecientes muestras del jefe del Estado autoritarismo en asuntos internos, el reino de España miraba hacia otro lado.
Los cables despachados desde Caracas por la embajada de Estados Unidos reseñan un par de episodios que demuestran el cambio de la política española hacia Caracas tras el sonado incidente entre el rey Juan Carlos y Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre del 2007.
En el primer hecho, en mayo del 2009, durante la celebración del Día de Europa en Caracas, el encargado de Negocios de la misión estadounidense, John Caufield, participó en unas conversaciones sobre las implicaciones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que planteaba restricciones al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El embajador de Bélgica dijo estar preocupado por el alcance de la propuesta y la naturaleza antidemocrática del gobierno del presidente Chávez, al tiempo que agregaba que la misión de la Unión Europea lideraría el diálogo con los diputados del Parlamento venezolano sobre el negativo impacto de una legislación como la planteada. Pero el embajador de España, Dámaso de Lario, consideró la propuesta de ley un asunto de orden interno, y agregó que muchas ONG venezolanas eran “políticas”. No descartó empaparse más de los alcances de la ley y manifestar sus impresiones discretamente a las autoridades venezolanas.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
