LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La cancillería española desconfiaba del trabajo de las ONG venezolanas y rechazaba la insinuación de una relación entre Caracas y las FARC a partir de las incautaciones de armas venezolanas a la guerrilla. Mientras el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Venezuela parecía preocupado por las estrechas relaciones del presidente Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC y las crecientes muestras del jefe del Estado autoritarismo en asuntos internos, el reino de España miraba hacia otro lado.
Los cables despachados desde Caracas por la embajada de Estados Unidos reseñan un par de episodios que demuestran el cambio de la política española hacia Caracas tras el sonado incidente entre el rey Juan Carlos y Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre del 2007.
En el primer hecho, en mayo del 2009, durante la celebración del Día de Europa en Caracas, el encargado de Negocios de la misión estadounidense, John Caufield, participó en unas conversaciones sobre las implicaciones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que planteaba restricciones al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El embajador de Bélgica dijo estar preocupado por el alcance de la propuesta y la naturaleza antidemocrática del gobierno del presidente Chávez, al tiempo que agregaba que la misión de la Unión Europea lideraría el diálogo con los diputados del Parlamento venezolano sobre el negativo impacto de una legislación como la planteada. Pero el embajador de España, Dámaso de Lario, consideró la propuesta de ley un asunto de orden interno, y agregó que muchas ONG venezolanas eran “políticas”. No descartó empaparse más de los alcances de la ley y manifestar sus impresiones discretamente a las autoridades venezolanas.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos 2.600 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025. Con el mismo intermediario, la petrolera estatal despachó otros nueve tanqueros con rumbo a Cuba, en medio de la crisis energética que durante ese verano empezó a azotar a la isla. Pero sus destinos reales no figuran en ningún registro marítimo internacional y terminaron siendo inciertos.
La consigna de Hugo Chávez en 2010 fue la de atender cuanto antes a los damnificados por los deslaves, y de ello se encargó la recién creada Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe). Sembró moles masivas de estilo soviético en el estado Vargas, hoy La Guaira, recurriendo a la asignación de contratos a dedo y a una dudosa supervisión técnica para cumplir los plazos perentorios. El resultado después del reciente doblete sísmico: 16 de sus torres colapsaron, y otras 27 quedaron listas para la demolición.
El líder revolucionario quedó cautivado en Libia por las obras de una constructora turca. Y la trajo para levantar sobre una meseta de Playa Grande un urbanismo que, con el tiempo, indistintamente llevaría su nombre o el de la empresa Summa. Tras el reciente doblete sísmico, muchos de sus edificios cedieron de una manera peculiar: hundidos en el suelo, rebajados en uno o dos niveles. La violencia de los sismos, sumada a las características de las estructuras y del terreno, asoman como los factores detrás del fenómeno.
El pueblo de Yumare solo emerge de su letargo con las sacudidas: ya sea por la metáfora violenta de una masacre hace cuatro décadas o, literalmente, por el 'doblete sísmico' del miércoles 24 de junio. Aunque se le identificó como el origen del terremoto más fuerte de ese Día de San Juan, los destrozos en este valle de Yaracuy fueron menores, en comparación con los registrados en Caracas y el Litoral Central. Sus pobladores tuvieron que esperar 12 horas para, con el regreso de los servicios de luz e internet, conocer que la tragedia se había gestado bajo sus pies.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
