LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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La cancillería española desconfiaba del trabajo de las ONG venezolanas y rechazaba la insinuación de una relación entre Caracas y las FARC a partir de las incautaciones de armas venezolanas a la guerrilla. Mientras el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Venezuela parecía preocupado por las estrechas relaciones del presidente Hugo Chávez con la guerrilla de las FARC y las crecientes muestras del jefe del Estado autoritarismo en asuntos internos, el reino de España miraba hacia otro lado.
Los cables despachados desde Caracas por la embajada de Estados Unidos reseñan un par de episodios que demuestran el cambio de la política española hacia Caracas tras el sonado incidente entre el rey Juan Carlos y Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre del 2007.
En el primer hecho, en mayo del 2009, durante la celebración del Día de Europa en Caracas, el encargado de Negocios de la misión estadounidense, John Caufield, participó en unas conversaciones sobre las implicaciones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que planteaba restricciones al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El embajador de Bélgica dijo estar preocupado por el alcance de la propuesta y la naturaleza antidemocrática del gobierno del presidente Chávez, al tiempo que agregaba que la misión de la Unión Europea lideraría el diálogo con los diputados del Parlamento venezolano sobre el negativo impacto de una legislación como la planteada. Pero el embajador de España, Dámaso de Lario, consideró la propuesta de ley un asunto de orden interno, y agregó que muchas ONG venezolanas eran “políticas”. No descartó empaparse más de los alcances de la ley y manifestar sus impresiones discretamente a las autoridades venezolanas.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.
La red de intermediarios que contratan con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para traer las cajas CLAP parece interminable. En Sabadell, un pueblo cerca de Barcelona, una empresa casi fantasma se hizo con 70 millones de dólares por subcontratar el envío de alimentos a Venezuela gracias a la administración de Nicolás Maduro, que compra el contenido de las cajas a precios discrecionales y sin control. Solo el año pasado gastó entre 2500 y 3500 millones de dólares, pero la cifra exacta solo lo saben los jerarcas de la “revolución bolivariana”.
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
