Ni las consignas patrióticas, ni la tensión diplomática entre ambas naciones han frenado la compra por parte de Venezuela del arroz de Guyana para los CLAP, el programa bandera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque de manera extraoficial las compras a ese país están prohibidas desde mediados de año, los contratistas del gobierno han ideado la fórmula para simular un origen distinto del producto: los barcos salen de Georgetown, pero justo antes de llegar a Venezuela, atracan durante unas horas en otros puertos del Caribe.
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Fueron dos viajes, casi simultáneos.
“Aquí estamos en La Haya para defender a la Guayana Esequiba”, proclamó en La Haya la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. el 13 de noviembre pasado, al llegar a esa ciudad de los Países Bajos, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ),
Por otra parte y un día después, a despecho de la tensión diplomática entre ambos países por el histórico diferendo limítrofe, zarpó desde Georgetown, el puerto de la capital guyanesa, el buque Lady Defne con un cargamento de 5.250 toneladas de arroz que arribó cinco días después al puerto de Guaranao, en Punto Fijo, estado Falcón.
Venezuela y Guyana mantuvieron por años un intercambio de combustible en condiciones preferenciales a cambio de arroz bajo el paraguas de Petrocaribe, la alianza política diseñada por Hugo Chávez para ganar lealtades en la región. Pero en 2015, año en que Guyana anunció que la petrolera estadounidense Exxon Mobil había encontrado petróleo en el bloque Stabroek, en aguas que forman parte de la disputa territorial con Venezuela, Caracas frenó la compra de arroz. Sin embargo, a partir de 2016, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) por parte de Nicolás Maduro, el negocio se reanudó la compra a través de privados y contratistas del programa estatal. Y así, hasta el sol de hoy, a pesar de los vaivenes políticos y diplomáticos, Venezuela se convirtió en el principal mercado del arroz guyanés.
En 2019, Venezuela recibió 34% del total de 526.000 toneladas de arroz exportadas por Guyana, logro destacado por la prensa de ese país, y equivalentes a unos 89 millones de dólares, de acuerdo con Comtrade, la base de datos de las Naciones Unidas sobre flujo comercial entre países.
Ese año, cuando todavía eran los principales proveedores de los CLAP y a través de Eagle Ventures Fze, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, Alex Saab Morán, el contratista favorito de Nicolás Maduro, detenido en 2020 en Cabo Verde, y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, apresado en Caracas a comienzos de este año en medio de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, al menos adquirieron 10.000 toneladas de arroz guyanés por casi cinco millones de euros a una compañía de la familia Hakh –guyaneses de origen indio que destacan, con su Hakh Group, entre los principales industriales del arroz en Guyana–, de acuerdo con documentos obtenidos para este reportaje.
Un año después, en 2020, las importaciones venezolanas de arroz a Guyana se dispararon hasta alcanzar la cifra récord de 176 millones de dólares, superando el pico de 160 millones de 2013, año en que Nicolás Maduro llegó a Miraflores. Todavía en febrero del año en curso, Roberto Latini, director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se quejó de las importaciones de arroz de países como Guyana. “Se traen arroces de pésima calidad y desplazan la producción nacional. Incluso, no cumplen con normativas oficiales”, declaró en una entrevista radial.
Hoy, en plena escalada diplomática entre Venezuela y Guyana, y pese a que de manera extraoficial las autoridades aduaneras venezolanas prohibieron a mediados de año las importaciones desde ese país, el negocio continúa a través de los contratistas que abastecen a los CLAP. Irónicamente, el buque Lady Defne atracó en Punto Fijo el 19 de noviembre, día que el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo el simulacro del referéndum consultivo sobre el Esequibo que se realizará en Venezuela, hoy 3 de diciembre, y que plantea la “creación del estado de Guayana Esequiba” en los casi 160.000 kilómetros cuadrados comprendidos en la reclamación histórica de Venezuela.
El viaje de Delcy Rodríguez a La Haya quedó registrado por los medios de comunicación y en sus redes sociales, mientras que la huella del Lady Defne está en plataformas de tráfico marítimo que se nutren con la información satelital de los barcos.
El registro que quedó en esas plataformas sobre el itinerario del Lady Defne describe una ruta singular. Tras zarpar el 14 de noviembre a las 16:37 horas, el buque cruzó las aguas que forman parte de la disputa territorial y en cuyo fondo se han encontrado reservas petroleras; Luego avanzó por el Mar Caribe y se detuvo el 18 de noviembre en Willemstad, Curazao. En esa isla, antigua colonia neerlandesa cercana a las costas de Venezuela, el buque permaneció sólo nueve horas antes de seguir hasta el Puerto Internacional de Guaranao, en Punto Fijo, estado Falcón, tal y como muestran los registros de Vessel Finder y Marine Traffic, dos de las plataformas más utilizadas en el tráfico marítimo.
Esa última parada en Curazao evita que la procedencia del buque sea Guyana. En el ámbito aduanero lo llaman “triangulación”, ya que técnicamente el puerto de origen es justo el anterior a su destino final. “Lo hemos visto con el arroz de Guyana, hacen triangulación en República Dominicana, Trinidad y otros puertos”, asegura una fuente del ámbito naviero que pidió reservar su identidad. En el caso del Lady Defne, la escala previa a su destino venezolano se hizo en el puerto de Curazao, como confirma el tracking de la embarcación.
Tanto en los itinerarios recientes del barco, como en los del año pasado, se comprueba que la ruta entre Georgetown, en Guyana, y Punto Fijo, se repitió varias veces. Por ejemplo, el 3 de noviembre salió del Puerto Internacional de Guaranao y atracó en Guyana cuatro días después sin detenerse previamente en otro puerto. Ambos puertos fueron los que más visitó el Lady Defne en 2022, según muestran los registros de Vessel Finder.
Armando.Info confirmó que el consignatario de las 5.250 toneladas de arroz llegadas el pasado 19 de noviembre fue Comercializadora El Cardón de Paraguaná, una empresa dedicada a la distribución de alimentos, pero que en sus redes sociales ofrece la venta de cervezas importadas. El agente aduanero fue A Navas & Co C.A. (Navasca). Ambas compañías son propiedad de Hegrelin Jesús Romero Guanipa, un empresario de 36 años, que como agente naviero ha tenido relación con Walid El Hage, empresario colombiano de origen libanés, contratista de los CLAP y quien, al menos en 2020, importó arroz guyanés del grupo Hakh, el mismo al que comparon Alex Saab y Álvaro Pulido en 2019, según documentos aduanales.
A pesar de los registros públicos, el representante legal de Navasca, Eduardo Uribe, negó que el barco viniera de Guyana o que el arroz fuera de ese país. “Para efectos de la naviera y lo que aplica en el ámbito naviero es que el buque venía de Curazao con una carga a bordo de Brasil”, repitió Uribe en una conversación telefónica. Aunque inicialmente prometió suministrar los documentos que probarían su versión, al cierre de esta edición no los había compartido, así como tampoco había respondido un cuestionario que se le envió por WhatsApp.
Sobre la validez de la información reportada en las plataformas de tráfico marítimo, Uribe insistió en que se trata de sistemas “manipulables”. “Yo que soy agente naviero y tengo mucho tiempo en esto, te podría decir que esa información tiene su porcentaje de falsedad o de veracidad”, aseguró. Al contrario de lo afirmado por Uribe, de manera consistente, ninguna de las plataformas de tráfico marítimo mostraron al Lady Defne en puertos de Brasil.
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aportó más detalles sobre el comercio del arroz con Guyana. “En este esquema corrupto utilizan el barco Lady Defne el cual viaja permanentemente a Georgetown, donde carga el producto y luego se dirige hacia Curazao. En esa isla cambian los BL [abreviación de ‘Bill of Lading’, que se traduce como guía de carga] y facturas por arroz supuestamente de Brasil”.
Consultado para este reportaje, Mundaray ratificó que tanto la “triangulación” como el cambio de papeles de la carga es para “esconder que el arroz viene de Guyana”. “Es probable que las facturas con las que nacionalizan la mercancía digan que viene de Brasil”, detalló.
En la denuncia publicada el pasado 21 de noviembre en redes sociales, apenas dos días después de que llegara la embarcación a Punto Fijo, Mundaray había aportado más datos: mencionó a la compañía Rayaadul Hakh Rice Industry como proveedora del arroz guyanés, precisamente, del mismo grupo al que Alex Saab y Álvaro Pulido compraron arroz en 2019, y detalló que empaquetadoras en Acarigua, estado Portuguesa, son las que finalmente lo distribuyen para los CLAP.
El representante legal de Navasca no ofreció detalles sobre el proveedor de la carga, ni de los clientes en el mercado venezolano, pero reconoció que suelen ser tanto públicos como empresas privadas. “El arroz se distribuye a nivel nacional y evidentemente sus receptores finales son muchos, empresas públicas, empresas privadas, todo va a depender de quién lo necesite”, explicó Uribe.
Al cierre de esta edición, Armando.Info no pudo confirmar si, en efecto, las 5.250 toneladas transportadas por el buque Lady Defne hasta Punto Fijo fueron despachadas por Rayaadul Hakh Rice Industries, la compañía señalada por el fiscal del Ministerio Público. “No se nos permite exportar a ese país”, respondió escuetamente Rayaadul Hakh, al ser contactado para este reportaje vía WhatsApp. La compañía, que en su website asegura que sus exportaciones representan “aproximadamente 50% de la producción de arroz de Guyana”, tampoco contestó a la petición de entrevista formulada por correo electrónico.
Sin embargo, documentos adicionales obtenidos para este reportaje confirman que Rayaadul Hakh Rice Industries ha vendido arroz para otros contratistas de los CLAP, más allá de Alex Saab y Álvaro Pulido.
En 2020, el año récord de las importaciones venezolanas de arroz guyanés, Rayaadul Hakh Industries despachó arroz para Tropical Import, propiedad de Walid El Hage, el empresario colombiano de origen libanés que en el pasado ha tenido relación comercial con Hegrelin Romero Guanipa, el consignatario de la carga del Lady Defne.
Además de contratista de los CLAP, El Hage comercializó petróleo venezolano como forma de pago por los alimentos, un esquema que derivó en el escándalo de corrupción que provocó la renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo en marzo pasado. Aunque las sociedades manejadas por El Hage acumulaban deudas con la petrolera estatal petrolera, al menos hasta agosto de 2022, su nombre no apareció en la investigación del llamado caso Pdvsa-Cripto.
A diferencia del arroz que, como el del pasado 19 de noviembre a bordo del Lady Defne, llega y se descarga a granel y luego es empaquetado como arroz venezolano para los CLAP, la mercancía comprada en esa oportunidad por Tropical Import llegó en paquetes de un kilogramo bajo el sello de South American Pearl, una de las marcas guyanesas que terminaron en las cajas CLAP. Al igual que Navasca y Comercializadora El Cardón de Paraguaná, el agente aduanal y la consignataria de la carga del Lady Defne, Tropical Import, está registrada en Falcón y tiene su centro de operaciones en Punto Fijo.
Pero la conexión de Walid El Hage con las 5.250 toneladas de arroz guyanés que recientemente llegaron al puerto de Guaranao es todavía mayor. Walid El Hage también controla la operación del buque Lady Defne, según fuentes que conocen la actividad del empresario.
En la denuncia formulada en redes sociales, el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, también señaló la responsabilidad del gobernador del estado Falcón y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Clark.
Si en 2016, cuando Nicolás Maduro creó los CLAP en medio de la crisis de desabastecimiento que se vivía en el país, el programa encontró su tabla de salvación en proveedores dispuestos a enviar desde México alimentos de mala calidad para el programa socio-clientelar venezolano –ello, a pesar de que entonces gobernaba en ese país Enrique Peña Nieto, en las antípodas políticas del chavismo–, ahora algo similar se plantea con Guyana: un país aliado de Estados Unidos desde donde, sin importar la disputa territorial que mantiene con el régimen de Caracas, este aprovisiona su despensa.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
empresa guyanesa del grupo Hakh. Ha despachado arroz para contratistas de los CLAP como Alex Saab, Álvaro Pulido y Walid El Hage.
empresario colombiano de origen libanés. Dueño de Tropical Import, empresa registrada en el estado Falcón, que ha importado arroz de Guyana para los CLAP.
empresario de 36 años, propietario de Comercializadora El Cardón de Paraguaná y de A Navas & Co C.A. (Navasca). Ambas empresas están relacionadas a la carga de 5.250 toneladas de arroz que llegó al puerto de Guaranao, en Punto Fijo, el 19 de noviembre en el buque Lady Defne.
