En los negocios son destacables los empresarios que han amasado fortunas al ritmo de la esquizofrénica economía chavista. Un ciudadano peruano-español ha erigido un auténtico emporio en los últimos 13 años. Alguna vez señalado como el posible canal financiero entre el gobierno de Venezuela y el partido Podemos de España, lo verificable es que trabaja hombro a hombro con los militares y cada día incorpora nuevos negocios a su emporio. Atahualpa Fernández continúa ganando terreno entre los emprendedores amparados por el oficialismo.
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En las operaciones financieras, Atahualpa Fernández Arbulu es un experto en la multiplicación de negocios. Dentro de la decadente economía venezolana dos de sus nuevos emprendimientos, Tosta’o Coffee Market y Kenco Estudio Creativo, florecen contra cualquier pronóstico, por pésimo que sea. Son empresas nacidas en los peores años de la crisis de Venezuela y con una inesperada expansión en marcha. Su coartada son las estrechas alianzas con el chavismo.
Ninguno de sus proyectos ha mermado en la autoproclamada revolución bolivariana. En contra de la cafetería, localizada en el este de Caracas, hay una reciente denuncia de plagio del concepto impuesta por la famosa cadena de comida Tostao’ Café & Pan, perteneciente al grupo BBI International y oriunda de Colombia. Pero Fernández está despreocupado. Él sabe que su versión, ya operativa e inaugurada en septiembre por el Ministerio de Turismo de Venezuela –dirigido por Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, el poderoso número dos del chavismo que se desempeña como diputado de la Asamblea Constituyente oficialista–, apenas comienza su crecimiento en alianza comercial con la institución estatal Venezolana de Turismo (Venetur). “Todo el mundo ha ganado más que nunca con este proceso revolucionario. Eso sí, con leyes”, se destapó Fernández en una entrevista al principal canal del Estado, Venezolana de Televisión, en marzo, durante la celebración de la Expo Potencia 2017, una feria diseñada para publicitar las relaciones del gobierno de Nicolás Maduro con el sector privado.
Lo de Fernández no es una idílica racha de suerte. Sus pujantes compañías han tenido el respaldo del gobierno chavista después de 2004. Fue ese año cuando comenzó a experimentar una transformación de modesto comerciante a un referente corporativo en el país sudamericano. Había registrado, entonces, junto a su actual esposa, Darin Wahbeh Saroukhan, el Grupo Atahualpa.
El músculo de sus actividades comerciales ha sido el militar. En Fuerte Tiuna, la principal instalación militar del país, en el suroeste de Caracas, ha desarrollado el Complejo Industrial Tiuna I. Ahí, en el corazón del cuartel que sirve de sede al Ministerio de Defensa, opera su planta embotelladora de agua potable y su fábrica de textiles; ambas conforman el Grupo Atahualpa en una ubicación insólita.
Entre otras de sus compañías en Venezuela destacan Representaciones y Servicios ADWD, Distribuidora Todo Sur, Texticentro II, Servicios Industriales El Gran País, Productos Serigráficos Atahualpa. Sus clientes predilectos, en cambio, son el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Petróleos de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE), Sidor (Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”), la Compañia Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Movilnet, Gobierno del Distrito Capital, Corporación Venezolana de la Juventud Productora, Ministerio de Comunas, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entre otros organismos dependientes del Estado.
Su marca destacó en la campaña presidencial de 2013. Ese año sus mochilas, diseñadas por el Grupo Atahualpa con los omnipresentes ojos de Hugo Chávez como logo o motivo, fueron distribuidos entre miles de ciudadanos para promocionar al sucesor del líder de la revolución, Nicolás Maduro. Dos años después, el empresario se retrató junto a altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para promocionar botellas de agua mineral que, en alianza con la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim), surtirían el mercado venezolano. Había sido el punto de corte para que Fernández ya no fuese la figura detrás de sus productos, sino una marca en sí del proceso chavista.
Fuera del closet empresarial, Fernández insiste en mostrar un rostro fresco. Exhibe a un grupo de hombres uniformados que ha ganado, en octubre, y por novena ocasión un torneo de softbol celebrado en República Dominicana. Se trata del equipo “Bandidos de un solo Brazo” de Venezuela, patrocinado por su empresa Complejo Industrial Tiuna I, que ha doblegado a sus adversarios. El deporte es una de las incontables aficiones que comparte con el expresidente Chávez. Lo demás son sus doctrinas de izquierda, su pasión por lo militar y una pretensión por resaltar lo social. Así es su discurso delante de las cámaras de televisión y de la prensa escrita. Sus comentarios se centran en aplaudir la obra del socialismo venezolano en casi todas sus entrevistas.
Así, como Tosta’o Coffee Market, la agencia de diseño Kenco también ha mostrado un emergente potencial publicitario. Su directora y cofundadora, Karen Cortés, sobrina del ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas Poljak, ha inaugurado en septiembre una nueva sucursal en La Castellana, en el este de Caracas, donde prestan servicios que van desde imprimir planos hasta estampar telas.
Fernández se ha dedicado a fundar compañías junto a su esposa. Las razones sociales son variopintas: producción textil, servicio de comidas, fabricación de bebidas, diseño y asesoría creativa. Unas empresas y propiedades están establecidas en Venezuela, otras en tierras extrajeras como República Dominicana, Perú, Estados Unidos y España. Los tinos de este empresario han sido productivos aun en tiempos de revolución; se había insertado en una casta surgida en el gobierno de Chávez que, por más de diez años, lo convirtió en un beneficiario de los apetecidos dólares preferenciales concedidos por Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior), antiguo Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), una institución investigada ahora por la Fiscalía por haber desembolsado millones de dólares a empresas fantasmas o que, simplemente, incurrieron en delitos cambiarios entre 2011 y 2014.
El destino de los dólares que otorgó el órgano rector de divisas a Fernández –más de 7,5 millones en la década de los años 2004 y 2014– también ha sido un asunto a investigar en las filas de la oposición venezolana. En 2015, Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional, señaló al empresario y su socio Luis Eduardo Álvarez, pariente del exvicepresidente y actual canciller Jorge Arreaza -yerno del comandante Chávez-, de ser el puente financiero en Venezuela del partido Podemos de España. “Si revisan sus registros hallarán los nexos con Podemos”, dijo en una entrevista concedida al diario ABC de Madrid. “Las empresas de maletín de Atahualpa mantienen contactos activos en España, en donde posee empresas en asociación con José María Rubio Hermoso de Mendoza, quien es administrador de la Fórmula Cuatro Televisión y Medios SL, y donde además es socio de la Real Federación Española de Automovilismo y Fórmula 4 Ibérica SL”.
Fernández está residenciado en Madrid con Wahbeh Saroukhan y sus dos hijos. En España, él y su esposa regentan varios negocios. Antes de su frenética expansión económica había estado entre sombras. Su padre, Senen Fernández Delgado, un español y fundador del Partido Comunista de Bolivia, había migrado con su esposa peruana, Rosa Alburú, y sus cinco hijos a Venezuela, en octubre de 1983. La familia sorteaba la crisis económica de Perú, teniendo unos inicios flemáticos en Caracas.
Atahualpa, criado en un hogar de clase media, se dedicó a la industria textil. Fue cortador de telas, en un principio, en el centro de la capital de Venezuela. “A los 16 me convertí en mecánico de máquinas de coser, llegué a dominar el oficio siendo consecuente. Pasé necesidad pero he tenido la fortuna de encontrarme con gente buena en el camino que me tendió la mano”, dijo en una reseña publicada en agosto en su blog, “Atahualpa Fernández Arbulu”.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y hospedaje que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
