José Gregorio Vicari Méndez, un médico asimilado del Ejército Bolivariano, era el exitoso dueño de Proveeduría Médica VDS, la empresa que firmó un centenar de contratos con el despacho de salud en la época de la bonanza petrolera. El hallazgo forma parte de una base de datos elaborada por Armando.info con la información pública contenida en el Registro Nacional de Contratistas. Aunque la Ley Orgánica de la Contraloría señala que un funcionario activo podría tener responsabilidad administrativa si celebra contratos con el Estado, Vicari Méndez, que ya no pertenece a la empresa, esgrime en su defensa una razón que repasa la tragedia del desabastecimiento en Venezuela. “Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?
En el historial de las relaciones comerciales entre las empresas privadas y el Estado venezolano, Proveeduría Médica VDS pudiera pasar como una más. Pero no lo es. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) esta compañía aparece como la que ha firmado más contratos con el Estado. Son 406. Uno de sus accionistas era José Gregorio Vicari Méndez, médico traumatólogo especialista en cirugía de la mano y asimilado del Ejército.
Como militar y empleado público, Vicari Méndez tiene prohibido “celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro con la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales”, según el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ocurrió.
Los 406 contratos de Proveeduría Médica VDS, una de las mayores beneficiadas de su ramo, han sido hallados después de sistematizar toda la información pública del RNC en una base de datos elaborada por Armando.Info. Y además pueden cotejarse con la lista exhibida en el portal del RNC, que estuvo disponible para consultas públicas hasta el 30 de junio de 2017.
Con dólares preferenciales un funcionario importó con profusa regularidad material de osteosíntesis, prótesis, placas, tornillos, clavos y otros insumos para intervenciones de traumatología, para luego venderlos al Ministerio de Salud, a fundaciones y entes dependientes de otros ministerios, al Hospital Universitario de Caracas (donde el especialista trabaja desde 2003), a empresas aseguradoras y a centros privados de salud.
Creada el 16 de octubre de 2002 en Caracas, las actividades comerciales de Proveeduría Médica VDS, C.A, sin embargo, comenzaron en 2005. Al año siguiente sus estados financieros exhibían robustos ingresos, y así se mantuvieron durante cinco años más.
En 2008 tuvo quizá uno de los mejores desempeños, porque rubricó 217 contratos con el Ministerio de Salud entre agosto y diciembre, durante la gestión de Jesús Mantilla, también oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Además de haber conseguido numerosos contratos, también obtuvieron dólares preferenciales
Vicari Méndez llegó a la empresa en junio de 2005, como director médico, pero ya estaba vinculado a ella desde su creación. Tres años antes había aportado 1 millón de bolívares en efectivo (cheque) para completar el capital inicial de la compañía. En 2008 se convirtió en socio al adquirir 50% de las acciones y convertirse en el gerente ejecutivo. La otra mitad quedó en manos de Decia Morelia Duque Matheus, quien ingresó el mismo año que él para desempeñarse como gerente de administración y en 2006 se convirtió en accionista.
Los ingresos disminuyeron en 2010 debido a la caída de los precios del petróleo venezolano. Pero en los siguientes cuatro años logró quintuplicar sus ingresos. De hecho, entre marzo de 2009 y noviembre de 2011, Proveeduría Médica VDS importó instrumentos médico-quirúrgicos desde Brasil, Alemania y Estados Unidos por 276.000 dólares, como puede comprobarse en los registros de Import Genius, una base de datos de importaciones y exportaciones internacionales, que se nutre del Departamento de Aduanas de Estados Unidos.
Además de haber conseguido numerosos contratos, también obtuvieron dólares preferenciales. La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creada en 2003 por el gobierno de Hugo Chávez para regir el control cambiario instaurado ese año, y que aún sigue vigente bajo el nombre de Cencoex, le liquidó a esta empresa 383.288 dólares hasta 2012.
El Ministerio de Salud fue el ente del Estado con el que VDS firmó más contratos, pero no se casaron exclusivamente con ellos. También fueron proveedores del Hospital Universitario de Caracas (suscribieron al menos cinco contratos entre marzo de 2009 y agosto de 2010), de Pdvsa, del Ministerio de Comunas, de Agricultura y Tierras, de Obras Públicas y Vivienda, del Banco Central de Venezuela y de las fundaciones, también gubernamentales, Negra Hipólita, Pueblo Soberano, Vicente Salias y Oro Negro.
Esta última está adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo. Desde 2008 adquiere material médico y quirúrgico para Misión Barrio Adentro (el programa bandera creado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2003) y gestiona ayudas médicas. Desde 2008 trabaja allí uno de los exsocios fundadores de VDS: Rayco Antonio Santana Jiménez, quien luego de ocho años vinculado a Oro Negro fue designado director de Administración y Financiamiento de la fundación, cargo publicado en la Gaceta Oficial del 4 de enero de 2017.
No es común que un médico tenga su propia empresa importadora de insumos, con la que comercialice el material que use en cirugías de rutina
Vicari Méndez, por su parte, trabaja en el Hospital Universitario de Caracas desde 2003. Actualmente es médico adjunto del servicio de Cirugía de la Mano del hospital, a donde suele acudir los lunes y viernes para cumplir con sus obligaciones. Entre los médicos del piso 6 es visto como un adjunto más, que labora también en otro hospital y que cuenta con una casa de representación; “eso dicen”, comenta un especialista.
No es común que un médico tenga su propia empresa importadora de insumos, con la que comercialice el material que use en cirugías de rutina. Traumatólogos consultados, con décadas en ejercicio, coincidieron al decir que no es el “deber ser”. Otros más jóvenes, cursantes de alguna especialidad, no lo ven mal sino como una posibilidad para el ingreso extra, en un país dominado por una inflación de tres dígitos. Aunque la verdad es que los importadores privados de insumos médicos han quedado reducidos al mínimo, y sustituidos por empresas chinas que negocian ventas directas con el gobierno venezolano. VDS pudiera ser un ejemplo.
Vicari, como funcionario del Ejército, también es médico titular del Hospital Militar Vicente Salias Sanoja, ubicado dentro de Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante de Caracas, al suroeste de la ciudad. Y desde 2014 preside la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano. Adicionalmente, ejerce la medicina privada en dos clínicas que también han sido clientes de VDS.
Como militar activo, su hoja de servicios exhibe varios reconocimientos de la Dirección de Salud de la FANB (2011), de la Guardia de Honor Presidencial (2007), de la Dirección de Sanidad Naval y otros tantos, que deja ver en su perfil profesional.
En 2012 el ministro de la Defensa del momento, Henry Rangel Silva, lo ascendió al grado de Mayor del Ejército y cuatro años más tarde, en 2016, el actual titular, Vladimir Padrino López, lo ascendió a Teniente Coronel, ambas en la categoría de asimilado.
"Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?”
El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal señala, en su numeral 4, que la celebración de contratos por funcionarios, por persona interpuesta o en representación de otro, con entes y organismos del poder público nacional, estadal, municipal o distrital, pueden generar responsabilidad administrativa. Vicari Méndez no consideró que era necesario asesorarse jurídicamente cuando decidió sumarse a una empresa contratista del Estado siendo funcionario.
Su historia, como él mismo la describe, es la de un médico que quiso participar en una “empresa pequeña, familiar, en un equipo de emprendimiento” para tener un ingreso extra. Asegura que todos los trámites en la empresa eran legales, transparentes, que no había nada irregular y por ello no vio problema alguno en formar parte de ella siendo militar.
Su ingreso como director médico se debió a la necesidad que tenía la compañía de gestionar el registro sanitario para importar y vender los insumos médicos e instrumental quirúrgico que utilizarían para las cirugías. Vicari Méndez no considera como un conflicto ético o una irregularidad que su empresa le haya vendido el material al hospital donde trabajaba. “Eso depende de quién lo mire y cómo lo mire. Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?”, afirma el especialista.
De ser una de las empresas que firmó más contratos, VDS también pasó a ser uno de los proveedores que heredó deudas con el despacho de Salud. No fue la única. Vicari recuerda que en la misma situación se encuentran unas 791 empresas, a las que el Ministerio no les cancela por no tener presupuesto para eso. Esa fue la respuesta que obtuvo la empresa en varias reuniones con representantes del despacho.
El incumplimiento de los pagos del Ministerio acumuló una deuda, entre 2011 y 2013, que llegó a Bs 17.369.540. Sin embargo, en 2014 debió honrarse una parte equivalente a 7 millones de bolívares, aproximadamente, a juzgar por los estados financieros de la empresa, incluidos en el expediente archivado en el Registro Mercantil I de Caracas.
Proveeduría Médica VDS pasó a estar inhabilitada para contratar con el Estado, por no actualizar sus datos en el RNC. El abogado de la compañía, Erwin Dugarte, sostiene que se ha mantenido activa, vendiendo a particulares el poco stock que le queda (unas prótesis muy específicas), pues no tienen cómo importar material. Acerca de la deuda del Ministerio de Salud dice desconocer el estatus. “Yo me encargo de la parte legal, no sé nada sobre eso”.
“Dejé eso porque no valía la pena seguir allí, no valía la pena afectarme mi carrera. Estoy desconectado totalmente”
Vicari Méndez renunció a su cargo como gerente ejecutivo en febrero de 2014. Tres años después de haber tomado esa decisión, asegura no saber si la empresa sigue, o qué ha pasado con ella. Después de haber transcurrido tanto tiempo, dice, espera no tener problemas asociados a su paso por la empresa, de la cual aclara no haber obtenido ningún beneficio ni haberse enriquecido por sus ganancias. Afirma que vive alquilado y no posee mayores bienes.
“Dejé eso porque no valía la pena seguir allí, no valía la pena afectarme mi carrera. Estoy desconectado totalmente”, señala el médico asimilado. Descarta la posibilidad de haber sido una empresa favorecida con contratos por tener en su directiva a un militar.
Vicari vendió sus acciones a Decia Duque, con quien mantiene un vínculo familiar; ambos tienen un hijo en común. Duque es la actual directora gerente, con el 100% de las acciones. A pesar de haberse mostrado dispuesta a hablar sobre la empresa en un principio, terminó por rechazar la entrevista solicitada y remitir cualquier inquietud a su abogado Erwin Dugarte.
Dugarte justifica los 406 contratos suscritos por VDS con el argumento de que la empresa era “única” que tenía ese tipo de insumo médico y quirúrgico de traumatología para el momento, por lo que “resolvió un problema que ya no puede resolver porque no tiene stock”. Pero en el gremio de importadores de insumos médicos no se le recuerda así.
"Él es asimilado, los asimilados pueden hacer lo que quieran porque él no es militar activo”
El abogado descarta cualquier irregularidad vinculada a la presencia de un militar en la directiva de la compañía, mientras fue contratista del Estado. “El doctor Vicari es militar pero no de carrera, es asimilado porque es médico, eso no tiene nada que ver. Una vez que comenzó a vender sus equipos yo lo retiré de la empresa, en el año 2014. Cada quien puede tener la empresa que quiera. Él es asimilado, los asimilados pueden hacer lo que quieran porque él no es militar activo”. Y agrega: “el asimilado está totalmente separado del activo. Son dos cosas totalmente diferentes. El militar activo maneja armas. Los asimilados no maneja armas, son profesionales de cualquier carrera que prestan servicios a la Fuerza Armada”, dice Dugarte.
Sin embargo, los estados financieros de Proveeduría Médica VDS lo contradicen. La compañía vendió insumos al Estado mientras el militar asimilado estuvo en la directiva. Y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también. Los artículos 89 y 92 hablan sobre los asimilados y los incluyen dentro de la clasificación de personal militar.
"El personal asimilado tiene las mismas obligaciones respecto a la Ley de Corrupción” precisa Rocío San Miguel
Con base en esos artículos de la Ley, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, asegura que los asimilados no solo forman parte íntegramente de la Fuerza Armada Nacional (FAN), sino que tienen las mismas obligaciones y límites con respecto a la FAN, como cualquier integrante militar, “entre ellos la prohibición de contratar con el Estado, directa o a través de interpuesta persona. El personal asimilado tiene las mismas obligaciones respecto a la Ley de Corrupción”, precisa.
En todo caso, los ascensos recibidos en 2012 y 2016 dan cuenta de su carácter activo, y en 2012 Vicari aún formaba parte de la compañía.
Tras renunciar a sus acciones en VDS, Vicari y Duque no se han mantenido del todo alejados laboralmente. VDS ha patrocinado y apoyado los congresos que la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano ha organizado en 2014 y 2015, y que es presidida desde hace tres años por Vicari. El evento que estaba previsto para el pasado julio de este año, con médicos extranjeros invitados (como en los anteriores) fue suspendido. La sociedad “está quebrada”, indica Vicari.
El historial de Proveeduría Médica VDS, con información pública que podía ser consultada vía online en el portal web del Registro Nacional de Contratistas, desapareció el viernes 30 de junio. Se mantuvo visible y disponible al público durante los cinco años que estuvo inhabilitada (desde 2012), hasta que su búsqueda fue bloqueada en el sistema. Ya no es posible ver ni siquiera la ficha con los datos generales de la empresa.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
