El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente chavista de 2018 y recientemente ratificado, Tarek William Saab, aseguró solemne que el sistema de transmisión de los votos de la elección presidencial del 28 de julio había sido blanco de un “ataque [cibernético] realizado desde Macedonia del Norte”, pocos venezolanos sabían ubicar al país balcánico en un mapamundi. Sin mayores relaciones bilaterales, con ambas naciones separadas por más de 8.000 kilómetros y un intercambio comercial intrascendente, la versión de Saab, que se prestó a burlas en las redes sociales, sugería una conexión entre Venezuela y Macedonia del Norte que, a la postre y a falta de pruebas, resultó infundada.
Pero eso no quería decir que no hubiera una conexión binacional. Si bien desconocida hasta 2021, esta otra fue muy real y sigue siendo objeto de averiguaciones.
A finales de 2021 en Skopje, la capital normacedonia, el banco Eurostandard Bank, propiedad de dos fondos de Lugano, ciudad en el cantón italohablante de Ticino en Suiza, se declaró en bancarrota. La quiebra dejó a casi 140.000 clientes en la ruina.
De aquel terremoto financiero, tan lejano e inadvertido para los venezolanos, surgieron inesperadas pistas de negociados con Pdvsa, la estatal petrolera que el régimen autodenominado bolivariano ha usado como una cash cow a la que ordeñó hasta dejarla seca.
Una auditoría independiente que la firma eslovena R.U.R Consulting realizó para analizar las causas de la quiebra del banco, publicada en abril de 2022, destacó que el Eurostandard Bank se condenó a sí mismo con su participación en un “plan ilegal de préstamos” en el que también actuaron otras entidades financieras y empresas macedonias durante casi dos décadas. En ese esquema, según los auditores, unas empresas intermediarias servían para canalizar préstamos hacia otras que no calificaban por los estándares bancarios para obtenerlos de manera regular. Concluye el documento que, ante el impago de los créditos otorgados a esas empresas previsiblemente morosas, el sistema se descontroló y provocó grandes pérdidas en los bancos, hiriendo de muerte al Eurostandard Bank.
Al margen de esos hallazgos generales, una nota a pie de página del informe llamó la atención: mientras en los tres primeros trimestres de 2019 el Eurostandard Bank se despeñaba a la quiebra, “clientes de Venezuela” habían depositado 110 millones de euros a través en cuentas del banco, de los que unos 10 millones fueron luego entregados en préstamos a los “clientes más expuestos del banco”.
El informe no ofrece más detalles al respecto, como tampoco aclara cómo estas transacciones se relacionaron con el esquema de préstamos o qué papel jugaron en la quiebra del banco, pero su autor, Drago Kos, dijo en una entrevista ofrecida en 2022 a la prensa local que los 110 millones depositados por los venezolanos, entonces anónimos, parecían haber sido en su oportunidad “absolutamente necesarios para que el Eurostandard Bank siguiera vivo”.
Pero ahora una investigación, adelantada en conjunto por Armando.info, el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el Investigative Reporting Lab (IRL) de Macedonia del Norte, permite comprobar que no solo ocho empresas representadas por ciudadanos venezolanos fueron creadas en ese país y tuvieron cuentas en ese banco, sino que en el mismo lapso de tiempo fueron creadas otras tres, también por venezolanos y con fines prácticamente iguales. De todo el grupo, cinco de estos venezolanos eran contratistas de Pdvsa además de un exalto funcionario de la junta directiva de la petrolera, ahora en prisión en Caracas.
Los nombres de ocho empresas que están detrás de las cuentas señaladas por los auditores fueron filtrados a la prensa en septiembre de 2022 por las autoridades de investigación de Macedonia del Norte.
La presente cobertura periodística encontró que además de esas empresas, otras tres adicionales también con dueños venezolanos, se registraron en Skopje entre 2019 y 2020. De las primeras ocho, cinco registraron la misma dirección en un centro de negocios del centro de la ciudad: Bulevar Sveti Kliment Ohridski Nº 52A. Las otras tres se establecieron en las inmediaciones.
Entre la gama de objetos sociales que las empresas declararon ante el registro mercantil de Macedonia del Norte, muchos coinciden en definir sus propósitos como “consultoría y servicios financieros” o “marketing y servicios”. De resto, sus expedientes no muestran nada diferente al trámite de la incorporación. Ni siquiera incluyen los informes financieros exigidos por ley. Ninguna de estas empresas tuvo ni tiene presencia digital. Tampoco un número de teléfono. Apenas alguna de ellas publica una dirección de correo electrónico.
En el registro figuran 14 personas diferentes como propietarios o representantes de estas empresas: 11 de nacionalidad venezolana, dos españoles y un inglés.
Entre los cinco venezolanos vinculados a la industria petrolera, destaca Luis Enrique Molina Duque, el exvicepresidente de Producción y Exploración de Pdvsa, detenido en octubre de este año junto con otros diez directivos de la estatal petrolera, hasta entonces encabezada por Pedro Tellechea, también arrestado.
Al momento de registrar en Skopje la empresa International Petrochemical Corporation Services, en julio de 2019, Molina Duque se desempeñaba como Director de Planificación y Gestión de Pequiven, la filial de Pdvsa para productos petroquímicos. Molina Duque registró como “dueña” de la empresa en Macedonia del Norte a otra del mismo nombre registrada en Hong Kong, de la que personalmente se declaraba propietario, y que había registrado con una dirección exótica y de conveniencia, un buzón en la isla de Samoa, en la Polinesia del océano Pacífico suroccidental. La empresa de Molina Duque en Skopje tuvo cuenta en el Eurostandard Bank.
Otras tres empresas de Skopje fueron registradas ese mismo año por otros tantos empresarios -aunque dos de ellas sin cuentas en el Eurostandard-, cuyas compañías venezolanas han obtenido, entre todas, casi 100 contratos de Pdvsa.
Uno de ellos es Alejandro Josué Ruiz Mazzeo, quien aparece como el representante en Skopje de una empresa llamada Petrovez, homónima de una empresa venezolana de la que posee 50% de las acciones y en la que figura como director, aunque sin cuenta en el Eurostandard. La venezolana Petrovez obtuvo 40 contratos con Pdvsa entre 2015 y 2019, relacionados con servicios de logística, adquisiciones y otros servicios, según muestran los datos del Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Gustavo Alonso Guevara Estaba, empleado de Ruiz Mazzeo en otra empresa venezolana de este, Constructora Conkor C.A., también registró una entidad en Skopje, de nombre Inverfinanzas, el mismo día y en la misma dirección que la Petrovez de Macedonia del Norte. Aunque esta (Inverfinanzas) sí abrió una cuenta en Eurostandard, no fue parte del grupo de empresas filtradas inicialmente por las autoridades normacedonias.
Ruiz Mazzeo no es un desconocido. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó en su canal de YouTube en mayo de 2020 que Ruiz servía de testaferro de Tarek William Saab, hoy Fiscal General del oficialismo pero antes, entre 2004 y 2012, gobernador del estado Anzoátegui, una provincia turística, agroindustrial y petrolera en el noreste del país, donde Conkor se constituyó en el año 2000. Siempre según Ortega, ambos se habrían beneficiado de decenas de contratos con Pdvsa que les fueron adjudicados sin un proceso de licitación adecuado mientras cargaban de sobreprecios sus servicios.
Ortega Díaz, que rompió con el gobierno de Maduro en 2018 y huyó de Venezuela para finalmente exiliarse en España, afirmó que de esa manera Constructora Conkor había ganado 59 contratos de subsidiarias y filiales de Pdvsa entre 2003 y 2017 y que, entre estos y otros contratos obtenidos por la empresa Petrovez, amasaron más de 1.000 millones de dólares en ingresos.
Aunque no ha habido verificación independiente y documentada sobre las afirmaciones de Ortega Díaz, lo cierto fue que Ruiz Mazzeo se adelantó a borrar su huella digital en Internet, para lo que contrató a la empresa española Eliminalia.
Ruiz Mazzeo no ha sido formalmente investigado ni por sus empresas en Macedonia del Norte ni por las acusaciones contra Conkor. Pero sí debió enfrentar una acusación por formar parte de una red de blanqueo de capitales. Fue en 2012 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con su socio Ramón Koury Guevara. Entonces Ruiz Mazzeo y Koury Guevara se libraron de ese trago amargo tras entregar 350.000 dólares a las autoridades. La investigación del caso se cerró.
Las denuncias de Luisa Ortega Díaz también han aludido a otro personaje con empresas constituidas en Macedonia del Norte en torno a la trama del finado Eurostandard Bank: Jesús Vidal Salazar.
Axio Financial Services fue creada por el ciudadano italiano con cédula venezolana, Fabio Ghilli, quien nombró como gerente de la entidad en Skopje a Jorge Luis Chirinos Alvarado. Tanto Ghilli como Chirinos formaron parte de la junta directiva de Guarapiche Servicios Petroleros S.A, cuyo dueño es el venezolano Jesús Vidal Salazar, según se constata en el RNC.
En su canal de YouTube, la exfiscal general afirmó que la empresa constructora de Salazar, Constructora Vidalsa 27, también se benefició indebidamente de docenas de contratos gubernamentales sobrevalorados y asignados a dedo, sin licitación. Acusó a Salazar de actuar como testaferro del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, convencionalmente considerado como el número dos del chavismo gobernante.
“El sargento retirado Jesús Vidal Salazar Acevedo, a través de su empresa Constructora Vidalsa 27 C.A., empresa que en realidad pertenece a Diosdado Cabello, ha obtenido jugosos contratos con el Estado venezolano”, dijo Ortega Díaz el 20 de mayo de 2020.
Como en el caso de Ruiz Mazzeo, para respaldar la denuncia Ortega mostró algunos documentos cuya veracidad no ha podido confirmarse de forma independiente.
La vinculación de Ghilli con Salazar Acevedo, y también con Pdvsa, trasciende su fugaz pasantía como uno de los directores de Guarapiche Servicios Petroleros. En 2018, Ghilli fue apuntado como director de una empresa panameña llamada Helios Petroleum Services S.A. que, ese año, fue elegida como una de las seis que explotarían el Campo Orocual en un área de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Monagas, en el oriente venezolano.
Helios Petroleum Services es parte del Consorcio Helios Vidal, que también es propiedad de Salazar Acevedo y en la que un primo de Diosdado Cabello, de nombre Néstor Cabello Cabello, ejerce como director.
Otro venezolano, Héctor José Bracho Vivas, creó en Skopje una empresa con el mismo nombre de una que posee en Venezuela, Insumos y Proyectos de Occidente C.A, que obtuvo nueve contratos con Pdvsa entre 2013 y 2017.
Bracho Vivas es copropietario de otra empresa venezolana junto a Denny Jhonny León Chacón, quien también fungió en los documentos hallados en Skopje como gerente de una empresa en Macedonia del Norte, Servicios Insumos y Consultoría, que comparte el mismo nombre con una compañía venezolana que obtuvo al menos tres contratos de Pdvsa. Bracho Vivas y León Chacón comparten titularidad además en una empresa de reciente creación registrada en Florida, Estados Unidos.
Todas esas empresas registradas en Skopje quedaron disueltas de manera reglamentaria, un proceso automático en el registro mercantil de Macedonia del Norte que prevé la clausura de las personas jurídicas que no completen un depósito de 5.000 euros o no presenten su informe financiero. En otras palabras, con objetivos difusos, constituciones casi simultáneas y sin mayor actividad financiera registrada, estas empresas de venezolanos parecen haber sido constituidas para una circunstancia temporal. ¿De qué se trataba?
El experto en sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, Juan Carlos Torres, identifica en la dinámica que exhibió este anillo de empresas registradas por contratistas de Pdvsa en Macedonia del Norte, algunos indicios de que se trató de entidades “de maletín”, sociedades prefabricadas sin un objetivo comercial claro que, a menudo, mantienen cuentas bancarias para llevar a cabo lo que posiblemente fue una “única operación”.
“Muchas veces pasa que estas empresas existen en carpetas pero no hay operatividad. Mientras el monitoreo lo permite, pasan fondos por un par de años, o hacen una operación puntual, y después las cuentas las dejan en cero y dejan que las compañías mueran, o sea, que se liquiden automáticamente”, explica.
El objetivo, según Torres, también pudo haber sido una triangulación de pagos para evitar las sanciones impuestas desde Washington a las actividades comerciales con Pdvsa.
“Lo que me parece es que esta pudo haber sido una estructura creada para evadir sanciones de la OFAC [siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro], porque al ser contratistas de Pdvsa puede ser que estas estructuras se crearon para hacer pagos a Pdvsa fuera del sistema financiero de Estados Unidos”, concluye Torres, quien destaca que para hacer estas triangulaciones se suele buscar “un marco regulatorio no tan fuerte o más laxo, seguramente un régimen fiscal también más permeable que el de otra jurisdicción”.
Pero es el propio informe de auditoría de R.U.R. Consulting el que termina por ofrecer una de las pistas más reveladoras sobre lo que pudo inspirar el improbable vínculo entre ambos países. En 2019, el consejero de Eurostandard Bank, Nikolce Petkovski, viajó a Venezuela para negociar un préstamo de 17 millones de euros para recapitalizar el banco, según la auditoría. Sin embargo, Petkovski “no tuvo éxito en la adquisición del dinero”, dice el documento.
En un principio, Petkovski accedió a conversar para este reportaje, pero luego canceló alegando razones médicas. No respondió a otras preguntas enviadas por correo electrónico.
Armando.info, Occrp e IRL enviaron solicitudes de contacto a todos los personajes mencionados en este reportaje. Solo el departamento legal de Insumos y Proyectos de Occidente respondió un primer contacto, aunque finalmente no lo hizo ante el cuestionario enviado en consecuencia.
La quiebra de Eurostandard en 2020 hizo perder sus ahorros a más de 140.000 depositantes. El Fondo de Seguro de Depósitos del gobierno normacedonio destinó más de 70 millones de euros a compensarles, aunque unos 3.000 siguen esperando para obtener reembolsos fondeados por la venta de los últimos activos disponibles del banco.
A finales de ese 2020, el Banco Central de Macedonia había detectado importantes problemas en la gestión del Eurostandard, entre los que se encontraba la aprobación irregular de préstamos sin garantía que provocaron grandes pérdidas.
En febrero de 2021, la fiscalía inició una investigación contra cuatro empleados del banco por sospechas de blanqueo de dinero y otras actividades que contribuyeron al colapso de la entidad. A medida que se ampliaba la investigación, las autoridades descubrían más y más cuentas sospechosas, lo que daba pie a pensar que el fraude se había extendido en la organización bancaria más de lo que se creyó en un principio, según declaró a los medios locales el exjefe de la policía financiera a cargo de las pesquisas, Arafat Muaremi.
En 2021, Blazo Trendafilov, exdirector de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Macedonia del Norte, declaró a Radio Free Europe que más de 100 millones de euros habían sido transferidos al extranjero desde Eurostandard por “clientes de alto riesgo” en un “periodo de tiempo muy corto”, una aparente referencia a los fondos vinculados a clientes venezolanos.
Pero el caso judicial correspondiente se ha prolongado durante años sin apenas señales públicas de progreso. Los activos financieros relacionados con los clientes del banco se habrían movido por 17 países diferentes, creando un complejo rastro que los investigadores siguen tratando de reconstruir.
Según la fiscalía normacedonia, se enviaron peticiones internacionales de ayuda a esos países, pero solo Serbia, que congeló más de 3,3 millones de euros conectados a la red en el país, ha respondido hasta ahora. Los fiscales declararon para esta historia que se habían congelado otros 660.000 euros en bancos locales.
El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia.
Los datos obtenidos en la filtración de los 'Suisse Secrets' revelan que más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a cuatro tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Fuera de cuestionamientos éticos la lógica de un ente privado al abrir una empresa offshore parece elemental, declarar sus ganancias en un territorio en los que pueda pagar menos impuestos de lo que debería en su lugar de origen. Pero al tratarse de una empresa estatal de la talla de Petróleos de Venezuela, que no está obligada a pagar impuestos –y por lo tanto, no necesita evadirlos– cuesta entender por qué dentro de su esquema de negocios se detectan contrataciones con empresas establecidas en paraísos fiscales y hasta la creación de filiales propias en estos lugares. ¿Qué gana con esto el tesoro público venezolano?
Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.
El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.
En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.
Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.
Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.
Controla con mano de hierro el municipio insular Almirante Padilla, una región remota pero estratégica sobre la barra del Lago de Maracaibo. Fue constituyente del chavismo. Con todo eso, la carrera política de Alberto Sobalvarro, apadrinada entre otros por un exgobernador de Zulia, luce apenas como una distracción frente a su vida de empresario, al mando de un conglomerado que se extiende por el Caribe e importa marcas de cigarrillos que incluyen algunas de la dudosa tabacalera paraguaya del expresidente Horacio Cartes.
