El eco del apellido Chávez sigue retumbando con fuerza en el estado Barinas, donde el fallecido presidente nació hace casi 62 años. Uno de sus sobrinos ha sido acusado de liderar la invasión a la Escuela Agronómica Salesiana. Un decreto de “No a las Invasiones”, emitido en el 2011 por el propio Gobernador del estado, ha caído bajo el peso de la real politik.
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Barinas.- Se llama Nicola Lamartino y durante 16 años se desempeñó como Fiscal del Ministerio Público. Su última decisión le ha costado el cargo. Lamartino, descrito como un hombre discreto e íntegro, y conocido en el estado Barinas como un instructor de fiscales, había decidido detener una invasión a la Escuela Técnica Agronómica Salesiana San José dictando medidas que resguardaran tanto el patrimonio de una institución modelo para los barineses como el ambiente. Pero en el camino se cruzó con el apellido Chávez, que significa mucho en Venezuela, pero especialmente en esa provincia.
Ahora
Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz
y Chávez, Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación
Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo
Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad
plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal
de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse
periódicamente ante el tribunal que lleva la causa.
Pero antes de que
se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su
lado, sino el respaldo político del gobierno regional. En febrero de 2011 el
gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto
-número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de
predios urbanos y rurales en toda la provincia. Al mismo tiempo, Chávez daba a
entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión
de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos,
edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando
la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe
denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una
decisión”.
Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del Estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.
De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno de Estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.
El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga. A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.
Los invasores volvieron al terreno para destruir los bosques de galería que quedaban. Más tarde declararon en los medios de comunicación locales que habían sido agredidos. Del Despacho de la Fiscal Luisa Ortega solicitaron entonces un informe a la Fiscal Superior encargada del estado Barinas, Carolina Merchán, donde se ordenaba que levantara un acta en razón de las agresiones que sufrió el grupo de invasores.
Merchán comprobó que jamás hubo tal agresión y se negó a suscribir un documento forjado. Pero la decisión estaba tomada y la suerte de Lamartino sellada. Cuatro horas después de informar que no firmaría, a Merchán le entregaron la orden de remoción de Lamartino –que no especificaba motivos– firmada por Luisa Ortega Díaz. Lo que muchos barineses lamentan es el silencio del Ministerio Público ante los supuestos delitos de peculado de uso y corrupción que habría cometido Francisco Chávez al mando de la turba que destruyó la sabana y una institución declarada Patrimonio Cultural de Barinas en el año 2005.
Lamartino, detallista, exigente, y con un alto sentido del deber según testimonios de sus alumnos de la Universidad Santa María, ha recibido llamadas de personas que se solidarizan con su causa. Que haya sido removido por un problema que, según las autoridades locales, había disminuido, como lo declaró en marzo de 2014 el comisario Otto Salinas, entonces secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana, no ha dejado de llamar la atención.
Un equipo de abogados de la Asamblea Nacional ha evaluado los daños causados y se ha comprometido a tramitar un derecho de palabra de los directivos de la Escuela Agronómica Salesiana en la Comisión de Ambiente del poder legislativo, que preside el opositor Julio César Reyes. Su director, el sacerdote Rafael Montenegro, asegura que los invasores se mantienen dentro de los terrenos de la institución y que el daño ecológico persiste. “Están dentro de la Escuela, donde los muchachos duermen y pernoctan. Es un recinto agropecuario y los estudiantes deben movilizarse por todas las áreas para cumplir con las actividades propias de su educación”.
El 23 de febrero en horas de la madrugada fue incendiado uno de los vehículos de la institución, a poca distancia de los dormitorios de los estudiantes. El tablero de la energía eléctrica había sido destruido. Las propias autoridades y alumnos de la institución observaron el hilo de combustible que había sido regado con la aparente intención de provocar un estallido. Las propias familias y autoridades de la institución han pedido protección para los estudiantes. ¿De qué manera se están moviendo los hilos de poder por salvar un apellido? ¿Vale más que el de cientos de jóvenes que ven en la Escuela Agronómica Salesiana una oportunidad incomparable en su formación? ¿Dónde quedan los decretos, las grandes alharacas del pasado? La historia se está escribiendo minuto a minuto.
La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.
El obsecuente corrido de Cristóbal Jiménez que homenajea a Maisanta, el antepasado del fallecido presidente Hugo Chávez, tiene un título que calza en la horma de las historias de Diego Pérez Henao, otrora uno de los traficantes de droga más buscados del mundo, que tuvo su escondite en un pequeño latifundio del estado de Barinas. La finca emerge como uno de los secretos mejor guardados. Varias fuentes coinciden en que el fundador del cartel del Norte del Valle fue intocable dentro de los linderos que pertenecieron a Israel Ramón Chávez Aro, un familiar del caudillo bolivariano
Nuevas filtraciones de la ‘delación premiada’ que en diciembre pasado hizo ante la justicia brasileña el procónsul en Caracas de la constructora, Euzenando Azevedo, permiten saber que en las elecciones para escoger al sucesor del fallecido comandante Hugo Chávez, Odebrecht adoptó una decisión salomónica: entenderse con los candidatos de Gobierno y de Oposición y hacer aportes a las campañas de ambos. No sería en igualdad de condiciones: a uno dio 35 millones de dólares, al otro 15. Pero sí con la misma contraprestación: que respetaran los contratos de obras públicas a cargo de la multinacional de ingeniería.
Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.
A Jhon Quiroz se le ha visto de copas por Colombia. Mientras, la justicia bolivariana mandó a pedir a un homónimo en Panamá, a quien primero encerró en la cárcel y luego apenas le dijo perdón antes de soltarlo. La Fiscalía venezolana todavía no reconoce en público que perjudicó a un ciudadano equivocado. ¿Error o práctica común? Mientras el caso se dilataba, los magistrados colombianos aprobaron la extradición del verdadero implicado en el fraude que afectó a 7.000 personas, quienes pagaron importantes cifras para comprar automóviles de marca china, pero que nunca recibieron.
La estrecha victoria del No en el plebiscito convocado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para refrendar el acuerdo de paz alcanzado por las FARC en La Habana, Cuba, representa un alto en el camino, quizás la última escala, antes de que cese el conflicto interno. Con las inminentes conversaciones que también iniciará el ELN en Quito, los familiares de las personas desaparecidas en el estado Barinas se preguntan si sus familiares, vivos o muertos, siguen en poder de las FARC.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
