El obsecuente corrido de Cristóbal Jiménez que homenajea a Maisanta, el antepasado del fallecido presidente Hugo Chávez, tiene un título que calza en la horma de las historias de Diego Pérez Henao, otrora uno de los traficantes de droga más buscados del mundo, que tuvo su escondite en un pequeño latifundio del estado de Barinas. La finca emerge como uno de los secretos mejor guardados. Varias fuentes coinciden en que el fundador del cartel del Norte del Valle fue intocable dentro de los linderos que pertenecieron a Israel Ramón Chávez Aro, un familiar del caudillo bolivariano
Don
José,
o el capo colombiano Diego Pérez Henao, había sembrado mucho durante su
cautiverio. Asentado en una finca en la inhóspita Colonia Mijagual del estado de
Barinas (llanos centro occidentales), fingió por un año ser un próspero
hacendado que hacía dinero como pocos a pesar de la debacle de la economía de
Venezuela. Había tejido una red de contactos con policías, campesinos y
hacendados en el pueblo, pero no le alcanzó para seguir disimulando. La
madrugada del 3 de junio de 2012 Pérez Henao fue capturado luego de una
operación fraguada entre la colombiana DIJIN (Dirección de Investigación
Criminal e Interpol) y la venezolana ONA (Organización Nacional
Antidrogas).
Con su arresto había sido develada la auténtica
identidad del enigmático terrateniente del poblado Mijagual. Pérez, alias Diego
Rastrojo, era un mafioso hasta la raíz: jefe del poderoso ejército de criminales
Los Rastrojos, sindicado de 66 homicidios en Colombia, varios secuestros y cinco
desapariciones forzadas; fundador del cartel del Norte del Valle, responsable de
traficar 81.100 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos entre 1994 y 2008,
fabricante de armas de fuego, culpable del asesinato en enero de 2008 de su
expatrón Wilber Varela, alias Jabón, y de otros tantos delitos. Un amplísimo
historial de más de 20 años de crímenes, pero sin un antecedente penal hasta su
detención. Fue en una corte federal del Sur del estado de Florida, en Estados
Unidos, que se dictó una condena de 30 años de prisión en su contra, el 6 de
agosto de 2014.
Su desenlace parece intrascendente en la Colonia Mijagual. Ahí solo es misterio y leyenda la finca del Capo. Su nombre real es “Potrero Redondo”, pero también le dicen “La Ramera” o “Cocuizal”. Desde la captura de alias Diego Rastrojo no se conoce así, sino por la historia que relaciona al terreno con el narcotráfico. En 2006, esas propiedades fueron vendidas por Jesús Manuel Briceño a la empresa Agroquímicos Santa Rita, perteneciente a Israel Ramón Chávez Aro, hijo de un primo del fallecido presidente Hugo Chávez, por 800 millones de bolívares (o unos 180.791 dólares, calculado a la tasa de ese momento). Una fuente, que estuvo relacionada con un organismo de seguridad en Colombia, afirma que esas tierras no pasaron legalmente a nombre del cabecilla de Los Rastrojos, pero sí en la práctica.
Es un secreto a voces que los terrenos pertenecientes a Chávez Aro están relacionados con Pérez Henao
El testimonio coincide con el expuesto por campesinos y un hacendado de Barinas. Todos aseguran haber visto empoderado al capo de esos dominios por más de un año. “Él vendía muchas cebollas, nos extrañaba porque cultivar cebollas es caro. Brindaba cervezas a los policías, venía y nos saludaba. Era un tipo sencillo, quién sospecharía de él”, comentan dos campesinos. Hasta en uno de los Registros Mercantiles de los llanos venezolanos es un secreto a voces que los terrenos pertenecientes a Chávez Aro están relacionados con Pérez Henao.
Pero
la detención del capo parece haber barrido con los detalles del que fue su
refugio por, al menos, un año. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia
entregó datos escuetos a los medios de comunicación sobre este asunto. Según la
reseña de diarios venezolanos y extranjeros, Pérez Henao había sido atrapado en
una finca arrocera, cercana al río Masparro, donde se hacía pasar por un
mayordomo y estaba escoltado por unos 10 hombres al momento de su arresto. No
había mención del dueño de la propiedad hasta entonces.
De las
propiedades de la familia Chávez se han hecho interminables referencias. Israel
Ramón Chávez Aro, de 37 años de edad, es uno de los señalados en Barinas por
ostentar grandes activos que van desde terrenos hasta un estadio de fútbol, pero
pocos documentos pueden respaldar su poderío económico. Además de los terrenos
relacionados con Pérez Henao, existe otra finca, llamada La Esperanza, de 96
hectáreas en el municipio Rojas de Barinas, que compró en 2006. Es conocido por
patrocinar diversos eventos musicales o artísticos en los llanos
venezolanos.
Su padre, Israel Ramón Chávez Jiménez, un técnico electricista nacido en el pueblo de Santa Rita y hermano de Asdrúbal Chávez (miembro de la junta directiva de la empresa Alba Nicaragua), es cercano a Argenis Chávez, otro hermano del expresidente de Venezuela y ahora candidato a la Gobernación de Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Padre e hijo también tienen una empresa, Servicios y Construcciones San Ramón, que opera en este país.
Pérez Henao no operaba solo en Venezuela. La decena de centinelas que lo acompañaban cuando fue capturado no eran los únicos en seguirlo en el país. En un barrio acomodado y comercial de la capital de Barinas afirman haber olido a la mafia de Los Rastrojos. Varios vecinos de un edificio relatan cómo convivieron con una familia que, supuestamente, se dedicaba a llevar negocios de un capo hasta febrero de 2012, aproximadamente. “Ellos huyeron. Se trataba de un matrimonio con dos hijos, una joven y un niño. De repente tuvieron un estilo de vida muy ostentoso, eso nos sorprendió. Su apartamento fue allanado por la policía, decían que el padre era testaferro de un narco”, indica una vecina.
“Decían: ‘¡Este es un caso de delito internacional, si ustedes entran allí las debo poner presas!’”
La descripción del padre de la familia coincide con la de alias “Chucho”, un ciudadano colombiano que, según un exfuncionario de seguridad de ese país, fungía como testaferro de Pérez Henao. De acuerdo con fuentes que estuvieron vinculadas a la seguridad colombiana, se trataría de un hombre llamado José Wilder Hortua Gómez. Los relatos de las personas que se relacionaron con él en Barinas afirman que muchos agentes advertían que no entorpecieran las investigaciones. “Nos decían: ‘¡Este es un caso de delito internacional, si ustedes entran allí las debo poner presas!’. Queríamos entrar y ver qué pasaba porque eran nuestros vecinos, pero no pudimos”, recuerda una mujer.
Venezuela comenzó a ser apuntada repetitivamente como un cooperador con el tráfico de drogas después de la muerte de Chávez en marzo de 2013. Hasta los parientes del caudillo bolivariano han sido salpicados con sendas acusaciones provenientes de Norteamérica. En enero de 2015, el mayor de los hermanos Chávez, Adán, entonces gobernador de Barinas, rechazó las denuncias que involucraban a su familia, a él y a altos cargos del Gobierno de Venezuela en supuestos negocios de tráfico de drogas. Según su versión, esas acusaciones solo obedecían a “una guerra psicológica” organizada por Estados Unidos que “utilizaba” al capitán Leamsy Salázar Villafaña, un ex asistente del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y otros desertores contra la llamada revolución bolivariana. “Es decir, el imperio comprando la conciencia de estos muchachos (informantes). (Eso) pareciera, porque hasta ahora ellos no han manifestado estas supuestas declaraciones directamente; todo ha sido a través de terceros, de medios de comunicación internacionales que forman parte de ese guion pro-imperialista… Dentro de esas supuestas declaraciones dicen que la familia Chávez, los hijos biológicos de él y su hermano –tratando de involucrarme directamente– formamos parte de ese supuesto cartel de la droga… ¡Todo eso es totalmente falso!”, decía a la cadena de noticias Telesur.
Los
Soles es
el supuesto cartel al que se refería el hermano del expresidente de Venezuela,
una organización que estaría operada por altos mandos militares y hombres del
chavismo, según investigaciones de diarios internacionales. Por este motivo,
Cabello demandó por difamación al diario estadounidense The Wall Street
Journal por publicar un reportaje en mayo de 2015 acerca de sus
presuntos nexos con el narcotráfico, un juicio que perdió a mediados de agosto
de 2017 en una corte de Nueva York. Pero hay expertos que consideran que en
Venezuela no existen organizaciones como las tradicionales dedicadas al tráfico
de drogas como en Colombia o México, sino extensiones de la red de grupos o
carteles foráneos. Una de las mentoras de esta tesis es Mildred Camero, la
exmagistrada y expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las
Drogas (Conacuid, ahora ONA), quien en un foro sobre este asunto (2016) refería
que la droga ya elaborada y procedente de Colombia, principalmente, tenía como
destino Venezuela para posiblemente ser transportada, “almacenada o enfriarla”,
a otros países.
A pesar de la poca resonancia, las capturas de
narcotraficantes o incautaciones de cargamentos mantienen alerta a los moradores
de Barinas sobre el poderío de los negocios ilícitos en la zona. El caso más
reciente ocurrió el 13 de febrero de 2016. En esa fecha se supo de la captura
del mayor del Ejército Juan José Sorja, un hombre vinculado al anillo de
seguridad de los padres de Chávez, y otros oficiales con 500 kilógramos de
cocaína. Muchos pobladores de la cuna del fallecido presidente ahora reprochan a
las autoridades no haber detenido el narcotráfico en esa
región.
(*) La identidad de los
autores de este reportaje está protegida por razones de
seguridad
Febrero de 2020: representantes del ELN y de las disidencias de las Farc -la misma facción de (a) 'Gentil Duarte' que ahora Nicolás Maduro hace bombardear en Apure- reúnen en asamblea a los pobladores indígenas de Pendare, un rincón selvático del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana. ¿La ocasión? El anuncio a los locales de que los irregulares se proponen instalarse allí y hacerse ley, con el permiso de Caracas, según aseguran. Los aborígenes se resisten; los guerrilleros tratan de convencerlos. Pero se olvidan de que los piaroas también saben grabar. Así quedó un testimonio en audio de la historia y planes que las bandas armadas colombianas relatan de sí mismas en el Sur de Venezuela. Armando.info tuvo acceso acceso y lo da a conocer.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Una investigación periodística llevada a cabo por un consorcio internacional de reporteros revela detalles, negociaciones fallidas, errores de los Gobiernos de Quito y Bogotá, y encubrimientos en el secuestro y asesinato de los reporteros del diario El Comercio de Ecuador en marzo pasado, ejecutado por ‘Guacho’, el señor de las tinieblas donde se juntan el narcotráfico y la disidencia de las desmovilizadas guerrillas de las Farc.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
