Ex altos ejecutivos de la constructora brasileña aseguran haber sobornado con 10 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
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Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la causa de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.
Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones.
Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.
Eso es lo que sostienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos.
Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:
Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales.
* * *
El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.
Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.
Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.
Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.
De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.
Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.
Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.
Construcciones Industriales Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.
Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta.
De hecho, para algunos ya lo estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.
Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.
De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba laselecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.
Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.
Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.
Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.
Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros.
Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.
Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.
Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación.<
Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.
Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más.
Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares.
Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares.
* * *
Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.
De Meneses expresó, como han hecho todos los 77 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal.
Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.
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Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el ITAM y maestro por la Universidad de Havard, llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.
Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.
Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”.
Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad.
El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales acordados.
Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.
Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1 de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas.
Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht.
El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.
De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar.
El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”.
Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otro cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.
Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.
Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.
La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.
* * *
Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.
Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.
Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.
Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”.
Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…”.
Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.
“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”.
Eso firmaron.
* * *
El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas.offshore.que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.
Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.
Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.
La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.
Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.
Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Monteiro.
“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.
El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.
Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.
La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como.laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.)
Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.
Debajo de ese párrafo, una firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.
* * *
Un cuarto como el de cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir más o menos años en una cárcel.
Luis de Meneses Weill lo sabe. Por eso está ahí.
–¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? –pregunta uno de los fiscales.
–En 2012 como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex –responde y “corta” con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.
–¿Él recibía los favores ya como director general de Pemex?
–Seis millones –asiente Meneses.
–¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? –quiere averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de Odebrecht.
–El me indicaba las cuentas y después me confirmaba (que se había recibido el depósito).
–¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como director general de Pemex? –repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones. Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Meneses endurece ligeramente el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio.
–Sí –murmura y su mano muestra en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos minutos antes de las seis.
Es el minuto 41 de la audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro audiovisual de su colaboración premiada.
–¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro de Pemex?
–No. Las reuniones para tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera... en unas dos o tres veces en mi casa, en Polanco… –se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio–. O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y yo. Nadie más.
–¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? –desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses.
–Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.
–¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)?
–Era sólo con él. Si él dividía el pago, no tengo conocimiento.
Emilio Lozoya no ha sido acusado de ningún delito en Brasil, México o Estados Unidos. Y cuando aparecieron las primeras noticias sobre los dichos de Odebrecht, hace unos meses, el financiero acudió a Javier Coello Trejo, para buscar consejo.
Con su ayuda, presentó a la Procuraduría General de la República un escrito firmado, donde Lozoya se dijo dispuesto a responder a las preguntas de la autoridad. Pero esas preguntas no han llegado. Funcionarios de la PGR le han dicho a Coello que no tienen el expediente completo que integró la fiscalía brasileña.
“Para mí es una sorpresa esto”, reaccionó el abogado al conocer detalles del expediente brasileño, que ahora publica Aristegui Noticias.
Según Coello Trejo, ni él ni Emilio Lozoya tenían conocimiento de que hubiesen señalamientos directos de tres altos funcionarios de Odebrecht que involucren a Lozoya en la trama de corrupción. El abogado anotó sus nombres en una hoja amarilla de papel.
“No quiero decir, porque no conozco el expediente, lo conocen mejor ustedes, para mí es una sorpresa esto, porque no podemos irnos a meter a Brasil, porque no estamos imputados. Entonces, todo esto es mediático, que si dijo, que si no dijo”.
En el expediente de Brasil, los directivos para México y América Latina, y el jefe del área que operaba los sobornos, narraron con detalle una serie de reuniones en las que, afirman, Lozoya aceptó abrir paso a la empresa a cambio de dinero. Hablan de haberle transferido 10 millones de dólares entre 2012 y 2014, a cuentas de empresas que él indicó.
“Lo único que digo yo es, si a Emilio Lozoya le acreditan que él recibió el dinero, está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Pero no recibió. Ahora, qué fácil es depositar en una cuenta y luego ¿por qué no le dan seguimiento a esa cuenta?
Que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero ¿Quién lo sacó? No quiero hablar de más. Yo lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Él me lo ha dicho, me lo ha jurado y me lo ha probado”.
Las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht son parte de un proceso más amplio que inició en diciembre de 2016, cuando la empresa se declaró culpable ante los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil, que la acusaron de operar una amplia red que distribuyó miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios en 3 continentes. 78 ejecutivos han declarado ya; podrían recibir una reducción en sus condenas a cambio.
“Eso es un testigo protegido”, reaccionó Coello Trejo. “Jurídicamente, el valor que puede tener un testigo protegido es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja: si yo digo lo que tu quieres que yo diga, ¿me reduces la pena? ‘Pues sí’. ‘Pues te lo digo” (…) Ahora, que Odebrecht sea corrupta, ya no lo pueden tapar. Pero de eso a que el licenciado Lozoya haya recibido un peso de Obebrecht, es absolutamente falso, y lo vamos a probar en su momento”.
Según el abogado, si Odebrecht no prueba los dichos de sus ejecutivos, demandará a la empresa por daño moral.
A su salida de Pemex, en febrero pasado, Emilio Lozoya retomó su trabajo anterior, en una firma financiera. “Obviamente que todas estas situaciones mediáticas lo han dañado, porque su trabajo es lo financiero, colocar créditos. Sinceramente, él está en la tesitura de demandar por lo que sea, por todas estas difamaciones”, dijo el exprocuador desde su despacho en ciudad de México.
(*) Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info en Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e IDL-Reporteros en Perú.
En el balneario y sitio arqueológico maya del litoral de México, el sol y las redes sociales arrojaron una luz inusitada sobre el mayor cónclave que se recuerde de modelos e 'influencers' venezolanas. Fue en enero reciente y la ocasión era un festival de música electrónica que a la vez convocó a empresarios cercanos a los jerarcas de la Revolución Bolivariana. La concurrencia de las unas y de los otros permite hacer un retrato fidedigno del mundo donde se transan la sensualidad, el lujo y el poder.
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Angelina Estrada viajó con su hijo, de dos años, desde Venezuela hasta México para solicitar asilo a Estados Unidos en uno de sus puestos fronterizos, pero el plan cambió dramáticamente cuando, agotándose el tiempo y los recursos, puso su destino en manos de “coyotes” en el poblado mexicano de Reynosa. Ya no como parte de un reportaje sino como protagonista, la periodista venezolana -quien decidió migrar tras años de amenazas por publicar una pieza- cruzó un río y una selva entre ráfagas de disparos, gritos y sonidos que hoy no salen de su cabeza.
La Línea 5 del Metro, el Metro Guarenas-Guatire, la Línea 2 del Metro de Los Teques y el Cabletrén de Petare: todos esos proyectos de infraestructura quedaron a medio hacer. Pero tan temprano como 2014, solo ese año y en conexión con las obras del subterráneo capitalino, la constructora brasileña canalizó coimas por 34 millones de dólares. Los registros de estos pagos se encuentran en la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, a la que ahora se tiene acceso por primera vez gracias a una filtración obtenida por el ICIJ de Washington DC. El rastro del dinero fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del ex ministro Haiman El Troudi.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Seis de cada diez trabajadoras sexuales venezolanas asesinadas en el exterior desde 2012 estaban en México. En ese país se trata con frecuencia de chicas atractivas que trabajan como damas de compañía de alto nivel o mesoneras de sitios nocturnos, negocios manejados directamente por el crimen organizado. Son muchas las pistas que conducen al Cártel Jalisco Nueva Generación en la cúspide de este comercio de personas, con complicidad de otros como Los Cuinis y Tepito. A menudo la mercancía humana pasa a ser propiedad de capos y sicarios, con quienes conoce el infierno de los femicidios.
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.