Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
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Un escándalo familiar sacude por estos días al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro, ha sido acusado por su expareja de recibir dineros de narcotraficantes durante la campaña electoral que finalmente llevó al exguerrillero y exalcalde de Bogotá a la Casa de Nariño. El caso ya está en manos de la Fiscalía colombiana, pero ese no es el único lío familiar que persigue al hoy presidente de Colombia.
Como una sombra que aparece y desaparece, su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, es otro pariente problemático que lo ha obligado varias veces a dar explicaciones.
Nacido en Zipaquirá, un municipio del altiplano a las afueras de Bogotá, hijo del llamado Zar de la papa y veterinario de profesión, Carlos Gutiérrez es un empresario de la ganadería casado con María Teresa Alcocer García, hermana de la Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer García. Del apetito por el poder político de esta última se especula mucho en la prensa colombiana.
El de Gutiérrez Robayo no es un nombre nuevo para la prensa venezolana. En su parábola empresarial destaca un punto tangente, ya dado a conocer, con los negocios en Venezuela de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro durante más de una década, investigados en varias jurisdicciones por lavado de dinero y, en el caso de Saab, aún espera juicio en un tribunal de Florida, en Estados Unidos.
“A Carlos [Gutiérrez] lo conocí hace un par de años: una persona muy inteligente. Me planteó una sociedad que finalmente no pudimos hacer”, reconoció Alex Saab al diario El Tiempo de Bogotá en agosto de 2017, cuando todavía el barranquillero negaba su participación en los millonarios contratos del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Negaba, incluso, conocer al propio Maduro, su principal benefactor y quien sorpresivamente lo empezó a reclamar como su “diplomático” tras su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, de donde fue extraditado en octubre de 2021.
Aquel negocio al que se refería Saab en una de las pocas veces que declaró a medios de comunicación fue el de Trenaco, la desconocida petrolera registrada en Suiza y Colombia que recibió en 2015 un contrato de la estatal Pdvsa por 4.500 millones de dólares, y en la que Carlos Gutiérrez Robayo figuraba como Presidente, tal y como demostraron documentos de la filtración Panama Papers.
“Yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”, detalló Saab en esa misma entrevista para justificar el fallido negocio petrolero y del cual Pdvsa nunca ofreció explicaciones. Aunque la relación entre Gutiérrez y Saab también se creía disuelta con el fracaso de Trenaco, ahora nuevos documentos confirman que no hubo un deslinde y que aquella no fue la única sociedad con la que intentaron sacar provecho de una Venezuela en pleno derrumbe económico.
En 2018, año en el que Gustavo Petro perdió contra Iván Duque su primer intento por alcanzar la Casa de Nariño, y el mismo en que Maduro cedió a Saab el control de commodities venezolanos como el oro, el carbón o la madera bajo la fachada de compañías turcas, Carlos Gutiérrez participó en esa compleja estructura societaria tejida en diversas jurisdicciones representando los intereses de Saab y Pulido, pero también intentando él mismo quedarse con algunas de esas materias primas a precios favorables a través de sus empresas.
Como una secuencia previamente calculada, entre julio y agosto de 2018, Alex Saab a través de Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim, compañías registradas en Turquía pero controladas por varios de sus operadores, se aseguró el control de las estatales Maderas del Orinoco, Carbones del Zulia y la Compañía General de Minería de Venezuela bajo la figura de tres “empresas mixtas” Mavetur, Carboturven y Mibiturven, respectivamente.
Pocas semanas después, el 17 de septiembre de 2018, a Maderas del Orinoco, ya bajo la égida de Alex Saab, y Mavetur, llegó una “carta de intención” de la compañía colombiana C.I Global Multi Commodities (Glomco) para comprar la madera de Uverito, la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde durante décadas se sembró un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe pero que hoy no sobrepasa las 200.000 hectáreas, según estimaciones de ambientalistas y de trabajadores de Maderas del Orinoco.
Glomco no era un comprador cualquiera. Desde su nacimiento en diciembre de 2017, pocos meses antes de la negociación con Maderas del Orinoco, y al menos hasta finales de 2019, el único accionista de Glomco era Fema Reforestaciones, una compañía que desde su creación en 2008 ha intercambiado como accionistas a Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa y sus hijos menores de edad. O, a la luz actual de sus parentescos: el concuñado, la cuñada y los sobrinos del presidente de Colombia.
En su objeto social inicial, Glomco apuntaba en su razón de ser al comercio de “metales ferrosos y no ferrosos en formas primarias”, la “comercialización y distribución al por mayor y al por menor de metales en general”, así como también el “desarrollo de la industria de la minería” para comercializar oro y plata. En su página web sí destacan los productos “maderables” como otra de las materias primas de su portafolio.
Por su parte, Fema Reforestaciones está ubicada en la hacienda La Primorosa de Zipaquirá, un municipio a las afueras de Bogotá, y que es la misma sede de CGR Biotecnología Reproductiva, la principal empresa ganadera de Carlos Gutiérrez. Zipaquirá es también la región donde Gustavo Petro se crió, terminó su primaria e hizo carrera política como concejal de ese municipio en la década de los 80 del siglo pasado. Y también allí Petro hizo amistad con el padre de Carlos Gutiérrez Robayo, como reconoció en julio de 2020, una de las veces que salió a desmarcarse de su concuñado.
Parte del ventajismo con que contó Carlos Gutiérrez Robayo se confirma no sólo porque la negociación ocurrió meses antes de que se formalizara en Gaceta Oficial la constitución de Mavetur, lo que ocurrió el 18 de febrero de 2019, sino que el propio Gutiérrez, amparado bajo el seudónimo de un tal Alberto Fernández, según relatan trabajadores de Maderas del Orinoco, visitó en septiembre de ese 2018 los complejos madereros al oriente del país en representación de los supuestos “inversionistas turcos” que, en realidad, eran operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido.
De acuerdo a los documentos, Glomco envió varias órdenes de compra a las oficinas de Madera del Orinoco, el 1 de octubre de 2018, con la firma de Francisco Sierra Carreño como director de marketing de la compañía o CMO, por sus siglas en inglés. Allí la compañía ofertó 146 dólares por metro cúbico de madera de pino de Uverito, un precio por debajo de la cotización internacional, según la respuesta del entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Pérez Guevara.
“Mi deber es informarle que su oferta comercial, [sic] está muy por debajo de los precios esperados en función a nuestra estructura de costo y estimación de precios del mercado mundial de los commodities forestales de la especie pino”, se lee en la carta enviada a Glomco. En el texto se invitaba a la compañía controlada por Carlos Gutiérrez a “presentar su mejor oferta”, algo que nunca ocurrió.
“Cuando los colombianos llegaron querían que la madera se le vendiera a Glomco por debajo del precio de mercado”, relata una de las fuentes que prefiere el anonimato.
David Lascano Correa, directivo de la compañía desde su creación y uno de los propietarios desde finales de 2019, se mostró desconcertado ante las consultas para este reportaje. Pese a las evidencias, Lascano sostiene que Carlos Gutiérrez “no tiene nada que ver con Glomco”, que las ofertas de compra enviadas a Mavetur se iniciaron a “mediados de 2019” y que la adquisición de la compañía se negoció con María Alcocer, la esposa de Carlos Gutiérrez y cuñada de Gustavo Petro.
“María Teresa (Alcocer) no quería la compañía porque no daba lo que esperaba, por eso la quería vender y entramos a comprarla”, respondió Lascano vía WhatsApp. Admitió “estar alarmado” y no descartó acciones legales contra “quienes se hayan hecho pasar por Glomco”.
La representante legal de Fema Reforestaciones, Claudia Zambrano, no contestó a la solicitud de una versión para este reportaje, así como tampoco a la petición de entrevista con Carlos Gutiérrez Robayo.
Pese a que el comercio de la madera no se concretó, Carlos Gutiérrez siguió tras otros commodities venezolanos, especialmente los de la minería.
Los papeles obtenidos para este reportaje, así como el testimonio de las fuentes, coinciden en que aún en 2019 Gutiérrez despachaba desde las oficinas del tándem colombiano en el Centro Galipán, un edificio de oficinas del este de Caracas, y que ordenaba negociaciones con varias de las sociedades que Alex Saab y Álvaro Pulido registraron en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otras jurisdicciones.
“Además de Mavetur, él estuvo con las actividades del oro en Mibiturven, compras de fertilizantes, chatarra y hasta producciones agropecuarias en Venezuela”, detalla otra de las fuentes consultadas, que también confirma que en muchas ocasiones Gutiérrez usaba el seudónimo de Alberto Fernández y mantenía contactos con funcionarios del alto gobierno, como Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, siempre se ha desligado de los negocios de su concuñado. “Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, concuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana”, expresó el 22 de julio de 2020, siendo aún senador y en respuesta a una publicación del medio digital Cuestión Pública, en el que mostraban que Carlos Gutiérrez Robayo y varias de sus empresas aportaron dinero a algunas de las campañas electorales de Petro al Senado y a la Alcaldía de Bogotá.
Pocos días después, el 30 de julio de 2020, cuando las repercusiones de la detención de Alex Saab también se sentían en Colombia, Petro publicó un tuit en el que reconocía haber sido amigo del padre de Carlos Gutiérrez Robayo desde su juventud en Zipaquirá. Allí mostraba, además, a Gutiérrez en un video en el que se le veía manifestado su apoyo por Iván Duque en la campaña presidencial de 2018.
“Este es Carlos Gutierrez Robayo, con quien me sindican falsamente de vínculos con [Alex] Saab y otros. Esta es su militancia política. Con Carlos Gutiérrez no tengo vínculo de parentesco. Fui amigo de su papá, concejal conservador de Zipaquirá y gran agricultor de la papa”, tuiteó Petro.
Pero seis años antes, y cuando Petro era el alcalde de Bogotá, revelaciones periodísticas mostraron que Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa -la cuñada de Petro-, María Alcocer, y Juan Carlos Alcocer García, también cuñado, se beneficiaron en la construcción de unos desarrollos inmobiliarios en una zona que requería licencias ambientales de la Alcaldía de Bogotá.
En esa oportunidad, Petro también se desmarcó y manifestó su impedimento ante el Procurador General de Colombia para resolver la situación en vista del evidente conflicto de interés. “Con dicha actuación el mandatario distrital pretende, en aras de la transparencia, separarse de cualquier injerencia en las competencias de las autoridades distritales a las que les corresponde efectuar el control urbanístico”, declaró el entonces alcalde de la capital colombiana en un comunicado.
Fue también con un comunicado del pasado 2 de marzo cuando el ahora presidente de Colombia se desmarcó del escándalo reciente provocado por las actuaciones de uno de sus hijos. “Le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”.
Pero con Carlos Gutiérrez Robayo el asunto todavía no llega a la Fiscalía de Colombia.
Tras la captura del contratista predilecto de Nicolás Maduro en Cabo Verde, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, su socio, quedó al frente del millonario negocio de intercambio de alimentos por petróleo venezolano. Con decenas de empresas fachada, algunas ni siquiera existentes en registros, manejó millones de barriles de crudo sin que la propia Pdvsa tuviera control sobre los cargamentos.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Muchos se dedicaron durante décadas a levantar en las planicies del sur del estado Monagas el mayor bosque conífero creado por el hombre para que Alex Saab, con su socio y allegados, le sacara provecho en un santiamén. Lo que nominalmente pasa por una empresa mixta binacional entre Turquía y Venezuela es en realidad el parabán para conceder al empresario colombiano otra materia prima estratégica del Estado, en este caso, la madera de Uverito. Para comercializarla se inventaron otro burladero en los Emiratos.
El primer gran negocio del empresario colombiano en Venezuela no solo dejó muestras de las que serían sus prácticas irregulares del futuro -amaños cambiarios, precios inflados, palancas en el gobierno-, sino que quedó inconcluso. Entregó menos de cuatro de cada 100 viviendas de un proyecto habitacional en el estado Carabobo, que había facturado a precio de oro. El monte, los invasores y el olvido ahora amenazan la obra, iniciada hace una década y abandonada a medio hacer.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
Se sabía que las tentaciones petroleras del mercader colombiano y de su paisano y socio, Álvaro Pulido Vargas, se habían canalizado a través de Trenaco, registrada en Ginebra y receptora en 2016 de un multimillonario contrato de Pdvsa, al final frustrado. Pero surgen nuevas evidencias sobre otra firma hasta ahora desconocida, Polmont Oil, incorporada en Panamá para esos mismos fines y por las gestiones de un banquero suizo, Jorge Würms, que desde diversos flancos se revela como el arquitecto financiero de Saab.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Es esposa de Gustavo Petro y Primera Dama de Colombia. En la prensa colombiana se asegura que ha tenido influencia en el nombramiento de algunos funcionarios y hasta se especula que podría ser una sucesora de Petro cuando finalice su mandato presidencial.
está casada con Carlos Gutiérrez. Es hermana de Verónica Alcocer García, esposa de Gustavo Petro y Primera Dama de Colombia.
empresa colombiana creada en diciembre de 2017. Hasta finales de 2019 su accionista principal era Fema Reforestaciones, compañía perteneciente a Carlos Gutiérrez y su esposa María Alcocer García, cuñada de Gustavo Petro.
empresario colombiano del sector de la ganadería. En 2015 compartió el negocio petrolero de Trenaco con los cuestionados Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. En 2018 intentó comprar madera venezolana a Maderas del Orinoco a través de Glomco, una compañía colombiana.
