Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
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El 13 de febrero de 2017, los negocios de Samark López Bello parecían haber llegado a un punto crítico. Una sanción impuesta desde Washington por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en la que se le señalaba como testaferro del entonces Vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, no solo lo expuso ante el público sino que prometía, con ello y sus restricciones financieras, dificultar las futuras operaciones comerciales de López.
Pero no fue así. De hecho, recibió del Estado venezolano una suerte de promoción, más que un premio de consolación: entró de lleno al negocio de negocios, el petrolero. De la mano, cómo no, del propio El Aissami, obtuvo un contrato de la petrolera estatal Pdvsa, para actividades de subsuelo y mantenimiento del campo petrolero Carito-Pirital, en el estado Monagas, oriente de Venezuela.
El acuerdo lo hizo principalmente a través de una empresa, Oryx Resources de Venezuela, que constituyó más tarde, el 19 de septiembre de 2018.
Aunque en el acta constitutiva de Oryx Resources figuran Carlos Abigaíl Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, se sabe que entre sus directores también se encuentra Armando José Salazar Gibory, socio de Samark López en diversos emprendimientos, como Profit Corporation, una de las empresas expresamente aludidas en la lista de 13 activos bloqueados por el Departamento del Tesoro.
Ello, así como la presente historia, se desprenden de la revisión de un grupo de documentos filtrados de Oryx Resources, obtenidos por la organización francesa Forbidden Stories y compartidos con Armando.info. La filtración incluye correos institucionales, informes, presentaciones y comunicaciones internas de diversas áreas.
Aunque en mayo de 2022, López Bello negó a Armando.info, a través de sus asesores legales, que estuviese vinculado con Pdvsa, los correos filtrados —anclados a un servidor ruso, como evidencia la terminal de los emails (.ru) y un mensaje de agosto de 2021, con los datos del dominio— demuestran lo contrario.
De acuerdo con lo que se ve en mensajes intercambiados, en marzo de 2022, entre Salazar Gibory y sus empleados, incluyendo fragmentos de un “documento para la propuesta de reconocimiento de deuda”, en enero de 2019 Oryx Resources de Venezuela, C.A. inició un proceso de negociación de términos del contrato con la Vicepresidencia de Energía y Petróleo de Pdvsa.
Todavía antes, en agosto de 2018, el manejo de este campo petrolero había sido asignado a Venezolana de Enfriadores C.A. (Venenca), una compañía del sector petrolero que ha tenido directivos cercanos a Samark López, entre ellos su primo, José Esteban Chacín Bello. Fue parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción de Pdvsa, anunciado por Nicolás Maduro entre bombos y platillos. Pero este cambio de empresa no tuvo un anuncio oficial.
Según lo aducido en el mismo correo institucional, la negociación de términos de 2019 “originó una caída de producción del campo Carito o Pirital de 166.7 MBD [miles de barriles diarios] a 144.5 MBD”. Esta producción representaba, aproximadamente, 10% de la producción de crudo del país para la fecha, cuando frente a la estatal se encontraba el mayor general Manuel Quevedo.
En el texto se señala también que, en agosto de 2021, Oryx Resources reinició las actividades de este proyecto "con ocasión de las disposiciones establecidas en el acuerdo de fecha 13 de mayo de 2021", sin agregar más detalles sobre el contrato.
Identificado como director de Oryx en el mensaje, Salazar Gibory indica que el borrador del documento en cuestión debe ser enviado a “S” —letra con la que se refieren los protagonistas del intercambio de correos a Samark López, como se deduce de las respuestas a estos correos de otros empleados que lo llaman simplemente “Samark”— “para su aprobación final”. La fecha de reactivación del proyecto coincide con la gestión de Tareck El Aissami en la cartera del Petróleo. A la postre, El Aissami debió abandonar el ministerio -a su cargo desde abril de 2020- en marzo de 2023, y ahora enfrenta acusaciones por irregularidades en las contrataciones durante su gestión.
En los correos corporativos de marzo de 2022 también queda en evidencia que los pagos de nóminas de Oryx Resources y de Profit Corporation, en los casos de Armando Salazar, Marcos Cabello y López Bello son hechos a través de Oryx. La aprobación de estos pagos en bolívares también debe contar con el visto bueno de este último, quien, a diferencia de sus socios de confianza, prefiere recibir su pago de nómina a través de Profit Corporation, la contratista de Pdvsa sancionada en 2017.
Otros documentos y correos reafirman la clara relación entre la estatal y la compañía privada, como un informe de Gestión Ambiental de Oryx Resources sobre el levantamiento de un derrame de crudo, originado en el área operacional de la Unidad de Producción Pirital de la División Punta de Mata, ocurrido el 28 de abril de 2022, en el que se detalla que “el personal de Oryx estuvo presente en apoyo al personal de Pdvsa para controlar el derrame existente”.
Todos estos movimientos contractuales ocurrían en simultáneo con los intentos de Samark López por limpiar su nombre y recuperar los activos que las disposiciones del Tesoro estadounidense congelaron. En junio de 2021, apenas dos meses antes de que Oryx reiniciara las actividades en el campo petrolero de Monagas, López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal en Washington, asegurando ser víctima de una “campaña falsa”. “López es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento se ha visto seriamente amenazado por las acciones ilícitas y los reclamos difamatorios”, alegaban sus representantes legales, quienes cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas hasta entonces derivadas de la aplicación de las sanciones.
Oryx Resources no solo ha servido para la reconexión del conglomerado de Samark López con Pdvsa y el Estado venezolano, sino también como brazo ejecutor de tareas administrativas para otras empresas del mismo grupo.
En uno de los correos revisados por Armando.info, por ejemplo, se adjunta el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de 18 compañías, muchas de ellas relacionadas con el área petrolera. Para efectos de la presente cobertura, esa correspondencia sirve para pasar lista a algunas de las compañías del emporio de Samark López.
En la lista aparecen Profit Corporation, y Venenca, la encargada inicial del campo Carito-Pirital. También Provandel Consultores, C.A., en donde figuran como director el propio Samark López, y Consorcio Profvenca, en cuya directiva ha estado Salazar Gibory.
De Ilios Energy de Venezuela, también en la lista, no hay mucha información disponible. Sin embargo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aporta el dato de que una de sus extrabajadoras, María Eugenia Rodríguez Pinto, figuró como Gerente de Proyecto de otra empresa de López Bello, Postar Intertrade Limited, con sede en Barbados. Con esta compañía Samark López importó pinos navideños a Venezuela a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa del Estado encargada de centralizar las compras públicas. Rodríguez Pinto también ha sido directiva de 1000 Investment Group Limited, otra empresa de López Bello.
Más empresas del listado: SMT Tecnología, dedicada a las telecomunicaciones, con Samark López y Armando Salazar, nuevamente, a la cabeza, no solo tiene vínculos con el empresario sancionado, sino también contratos, por servicios de mensajería de texto a través de SMS, con Pdvsa, entre 2013 y 2015. Esta sociedad, también entre las sancionadas por Estados Unidos en 2017, logró acuerdos con la alcaldía del municipio Libertador, en 2015, con Corpoelec, en 2015, la Fundación GIS XXI (una encuestadora que ha sido dirigida por dos exministros del Gobierno, Nelson Merentes y Jesse Chacón), en 2015, el Ministerio de Comunicación, en 2013 y 2015, y el Ministerio para la Energía en 2012.
En el caso de Energy Service, C.A. nuevos nombres aparecen, como los de Carlos Abigail Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, quienes figuran como Directores Gerentes de la compañía, y son, a su vez, directores de Oryx Resources, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa a la que tuvo acceso Armando.info. Si bien tanto Gago como Febres están mencionados en los correos institucionales de Oryx, sus cargos no se detallan.
De acuerdo con fuentes que conocen la trayectoria laboral de Gago, este y sus socios de empresas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, se fueron del país en 2017, tras las medidas de la OFAC contra Samark López, por sus vínculos con el sancionado. La misma fuente asegura que Gago Itriago regresó a Venezuela hace unos meses, específicamente a Maturín, estado Monagas, donde se ubica la sede de Oryx.
En el mismo domicilio de Energy Service, ubicado en la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas, se encuentra Fénix Resources, empresa creada en febrero de 2021, directamente vinculada a la industria petrolera y que registra en su corta trayectoria al menos diez contratos con Corpoelec y tres con Pdvsa, todos en 2022. Esta sociedad también es mencionada en el intercambio de correos de Oryx.
Entre sus directivos se halla Luis Javier Martínez Figuera, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) incluye otras dos compañías dedicadas a la construcción: Bitmar, C.A, y Construcciones Gresso, ambas con sede en el estado Delta Amacuro, en el extremo oriental de Venezuela, del que es oriundo Samark López. Su otro directivo es José Gregorio Franco Herrera, quien posee otras cuatro empresas en el Sistema Nacional de Contrataciones.
Un correo del 24 de abril de 2022, enviado por Carlos Gago a Armando Salazar, revela que el grupo de empresas está trabajando en el proyecto Ulé-Amuay, un oleoducto que transporta petróleo desde el patio de tanques de Ulé en Tía Juana, Zulia, región ubicada en la frontera con Colombia, hasta la refinería Amuay en Carirubana, Falcón, en el occidente costero del país.
En este caso, Gago reenvía un correo de Gregg Mitjens, representante de una empresa llamada Triple MG Consult BV, con sede en Bélgica, en el que hace dos ofertas para la compra de una tubería de 30 pulgadas para el proyecto. La primera propuesta es de una empresa china de nombre Cnood Asia Limited, con sede en Hong Kong. La operación se haría a través de DBS Bank (HK) Limited, la sucursal en Hong Kong de esa entidad financiera con sede en Singapur. La otra postulante es Project Materials SAS (PM Piping), la sucursal turca de Project Materials Group, una corporación especializada en el diseño de tuberías petroleras con sede en Alemania. La propia Project Materials SAS, sin embargo, tiene su cuartel general en El Havre, una ciudad portuaria en el noroeste de Francia.
Aunque no se precisan los montos de la posible transacción, Gago explica que “la idea es trabajar con cartas de crédito, entiendo que por Fénix [Resources] ya se tiene el banco con el cual se actuaría”.
Armando.info envió cuestionarios, el 20 de abril, a Armando Salazar Gibory y a Carlos Gago Itriago, para conocer sus versiones sobre sus vínculos con la compañía y los de esta con Pdvsa, pero hasta la fecha de publicación no obtuvo respuesta. A Samark López Bello se le contactó a través de la persona encargada de sus comunicaciones; si bien este afirmó el 23 de abril que el cuestionario sería contestado "lo más pronto posible", al cierre de este texto no se había recibido su respuesta.
Aunque el vínculo entre Oryx Resources y la estatal se vio fortalecido durante la gestión de El Aissami, en la últimas semanas la trayectoria del exministro ha virado en un sentido diametralmente opuesto, tras investigaciones de la Policía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de Venezuela sobre una red de corrupción vinculada con Pdvsa, por la que hasta el 19 de abril se totalizaban 61 detenidos, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos.
Ante las acusaciones, El Aissami renunció a su cargo. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", escribió en su cuenta de Twitter.
A pesar de que el propio Samark López negó hasta tres veces, en sus respuestas enviadas el 13 de marzo de 2022 a este medio, que haya retomado los negocios con el estado venezolano, lo cierto es que por esa fecha un nuevo grupo de sus empresas no solo continuó contratando con Pdvsa, sino que sus acuerdos tomaron un nuevo impulso con la llegada del exministro Tareck El Aissami, ahora caído en desgracia.
*Adrián González, de Cazadores de Fake News, colaboró con la revisión y procesamiento de los datos.
**El 16 de abril de 2024 se introdujo una corrección en sobre los socios de la empresa Venenca C.A. Los hermanos Bevilaqcua antes señalados en la infografía no fueron socios de las personas señaladas, le vendieron a estas personas la empresa en el año 2011.
No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Todavía en 2016, con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo, Torino Capital, una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos, seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas, sobre todo con el respaldo de PDVSA. Entonces puso su empeño en reclutar para esa operación a un inversionista cuando menos discutible, Samark López, a pesar de que este ya sonaba como uno de los contratistas preferidos del chavismo y solo cuatro meses más tarde sería sancionado por Washington como presunto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami.
El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.
La inclusión del empresario venezolano en la lista de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos deja al descubierto la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro: primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que hasta ahora ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Empleado de Oryx Resources de Venezuela, empresa vinculada con Samark López, presunto testaferro de Tarek El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro en 2017. Es socio de López Bello en otras compañías vinculadas con la industria, entre ellas Profit Corporation.
Director de Oryx Resources de Venezuela, empresa vinculada con Samark López, presunto testaferro de Tarek El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro en 2017. Es socio de López Bello en otras compañías vinculadas con la industria, entre ellas Profit Corporation.
Empleado de Oryx Resources de Venezuela, empresa vinculada con Samark López, presunto testaferro de Tarek El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro en 2017.
Empleado de Oryx Resources de Venezuela, empresa vinculada con Samark López, presunto testaferro de Tarek El Aissami, sancionado por el Departamento del Tesoro en 2017.
Empresa venezolana a cargo de trabajos de subsuelo y mantenimiento del campo petrolero Carito–Pirital en el estado Monagas. Dirigida por Armando Salazar, socio de Samark López Bello en otras compañías vinculadas con la industria, entre ellas Profit Corporation, sancionada por la OFAC en 2017.
Exvicepresidente de la República, ex gobernador y exministro de Petróleo entre 2020 y 2023. Fue una de las figuras más poderosas dentro del chavismo, hasta su defenestración el año pasado, cuando se desmanteló una red de contratistas de Petróleos de Venezuela que desviaron miles de millones de dólares. Detenido esta semana por acusaciones de corrupción.
Contratista del chavismo sancionado por Estados Unidos en 2017, señalado como testaferro y cómplice de Tareck El Aissami en actividades de narcotráfico. Detenido junto con este por las autoridades venezolanas por cargos de corrupción y lavado de dinero. Es mencionado por la Fiscalía de Portugal como prestanombres de Rafael Reiter y Javier Alvarado.
