Los gobiernos de Caracas y Quito suscribieron en 2007 un acuerdo de intercambio por el cual la estatal venezolana Pdvsa se ve ahora obligada a salir de compras al mercado internacional para suministrar derivados del petróleo a Ecuador. La gran paradoja: el gesto de solidaridad internacionalista, urdido explícitamente para evitar a los intermediarios capitalistas, ha terminado por beneficiar a traders globales como Trafigura y Glencore, a los que la administración de Rafael Correa declaró “contratistas incumplidos”.
¿Pueden concertarse dos partes para beneficiar a terceros a los que explícitamente se han propuesto evitar? Ese parece ser el caso del acuerdo petrolero que en 2007 firmó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el primer día de su mandato, con su homólogo venezolano y aliado regional, Hugo Chávez. El pacto parecía simple, lógico y mutuamente complementario: Ecuador, con escasa capacidad de refinación, se comprometía a entregar crudos a Venezuela que, a su vez, debía retribuir con embarques de derivados como gasolina, diesel o gasoil por un valor equivalente al del crudo recibido, según fórmulas previamente acordadas.
No obstante, a cinco años de su firma, el acuerdo ha desembocado en una modalidad que puede sorprender a extraños, aunque difícilmente fuera inesperada para los técnicos de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.
Según minutas de reuniones entre las compañías estatales de ambos países y facturas de embarques, obtenidas y analizadas por reporteros venezolanos y ecuatorianos para este informe –que arman-do.info coordinó-, Venezuela, atribulada desde 2009 por sus propias dificultades para producir suficientes derivados que satisfagan los compromisos con clientes y con su mercado interno, se ha visto en la obligación de obtener en el mercado internacional más de la mitad de los suministros que destina a Ecuador. Orígenes tan exóticos como Bélgica, Estonia, los Países Bajos y Arabia Saudita figuran en la bitácora de las entregas a partir de ese año, revelando la intrincada red de proveedores que tejió Pdvsa para suplir a Ecuador. En esos casos, la parte venezolana corrió con los costos de flete, una práctica poco común en el negocio.
Pero hubo más: el acuerdo original procuraba eludir a los intermediarios y por ello tenía un valor simbólico de carácter político, tan alto o más que el valor de sus potenciales ahorros. Los traders, además de encarecer la comercialización de productos petroleros desde y hacia Ecuador, constituyen un anatema ideológico para las revoluciones, la Ciudadana y la Bolivariana, que gobiernan en Quito y Caracas. No obstante, la terquedad de los mercados pudo más que la doctrina. Se pudo constatar que de 2009 a 2011, casi 4 de cada 10 barriles de derivados que Venezuela envió a Ecuador fueron comprados a través de manejadores de commodities de tan espeso abolengo capitalista como Trafigura y Glencore, entre otros.
El espíritu del acuerdo, “dando y dando”, que los mandatarios Chávez y Correa suscribieron, no podía más que ser traicionado. Tal vez los políticos no tenían cómo saberlo, pero los experimentados técnicos de Pdvsa sí. La petrolera venezolana no las ha tenido todas consigo para cumplir sus cuotas de producción de crudo y productos refinados por diferentes razones. “Pdvsa se ha puesto a celebrar acuerdos y luego no tiene los productos que acordó, bien sea por problemas de refinación, producción o calidades", declaró a la agencia Reuters un operador de una de las firmas involucradas, que prefirió no revelar su identidad.
Aunque, según la documentación disponible, en 2008 el intercambio parece haberse cumplido de manera escrupulosa en las condiciones pactadas, el déficit de producción de Pdvsa pronto impondría limitaciones y las quejas de la contraparte ecuatoriana, relativas a demoras en las entregas, fallas en la calidad de los productos y retrasos en el pago de multas, tampoco se hicieron esperar. Cierto es que, como confió Dorian Romero, exfuncionario de Pdvsa que asesoró el convenio de 2007 a 2009, a reporteros del diario El Universo de Ecuador, “siempre PDVSA asumió cuando hubo las pérdidas”. Pero esas gestiones que apaciguaron al socio ecuatoriano, aunque poco o nada beneficiaban al fisco venezolano, no garantizaban la factibilidad a mediano plazo del trato.
Quedaba como alternativa la aún poderosa estructura comercial de Pdvsa y su capacidad de negociación. Petroecuador no cuenta con nada comparable. “Se preveía que al manejar ellos grandes volúmenes de derivados, ellos siempre podían conseguirlo en mejores condiciones que Petroecuador", dijo a Reuters el gerente general de la petrolera ecuatoriana, Marco Calvopiña.
Fue así como al acuerdo refrendado por los presidentes, se añadió un protocolo diseñado por los técnicos de Pdvsa donde proponen que se amplíen los destinos y la disposición final del crudo ecuatoriano, así como la manufactura y el origen de los productos entregados por Pdvsa.
Esa disposición abrió las compuertas para que, por ejemplo, de 2009 a 2010, solo uno de los embarques de crudo Oriente despachados desde Ecuador a Pdvsa llegara a puertos venezolanos. El resto de la producción ecuatoriana de ese crudo, la variedad local mejor cotizada en el mercado internacional, viajó a clientes en Perú y Estados Unidos. En 2011, se retomó Punta Cardón, en el estado Falcón, como destino principal de los cargamentos de crudo ecuatoriano.
En contrapartida, entre 2009 y 2011 Pdvsa compró en mercados internacionales casi 14,7 millones de barriles de derivados para entregar a Ecuador, lo que indica que recurrió a otros países para cumplir con 53 por ciento de los despachos totales. O, en otras palabras: solo 47 por ciento de los derivados que Ecuador recibió como parte del acuerdo de intercambio con Pdvsa fueron producidos por la empresa venezolana.
Para todos los efectos, Pdvsa se constituyó en un broker que actúa a nombre de Petroecuador. El zar de los hidrocarburos venezolanos, Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Energía, lo admitió en declaraciones ofrecidas en abril de este año a la agencia Reuters: “Lo que hacemos es una triangulación. Agarramos su crudo, lo valorizamos bien y se vende y buscamos los productos que ellos necesitan, de las calidades que piden, y se les venden”.
La sucinta descripción de Ramírez no incluye, sin embargo, detalles coloridos y dispendiosos del negocio, como los vértices de esa triangulación y las condiciones en que se realizan el transporte de los productos.
Las facturas revelan, por ejemplo, que Pdvsa obtuvo productos para Ecuador en puertos tan lejanos como Yanbu, en la costa saudita sobre el Mar Rojo. Desde allá zarpó en junio de 2009 el tanquero Bright Express, fletado por Pdvsa, para llevar nafta catalítica a la refinería La Libertad en Ecuador.
Las minutas entre Petroecuador y Pdvsa también muestran que los términos del intercambio establecen que los embarques desde Ecuador se venden en el puerto de Esmeraldas a precios FOB (siglas del comercio internacional que significan “puestos en el puerto de embarque”). En cambio, Pdvsa se compromete a entregar derivados a Ecuador según su cotización DES (siglas del comercio internacional que significan “despacho en el puerto de destino”).
Quiere decir que el compromiso de Pdvsa incluye cubrir el costo del flete de los productos destinados a Ecuador. Así las cosas, la travesía de más de 14.000 millas náuticas (unos 23.000 kilómetros) de la nafta catalítica embarcada en Arabia Saudita para el puerto La Libertad en Ecuador, pudo costar a Pdvsa unos 1,2 millones de dólares, según cálculos de expertos navieros.
Aunque la mayor parte de las prestaciones del convenio parece diseñada para favorecer a Ecuador, como parte más débil sobre el papel, Quito todavía no está en condiciones de asegurar que esté ganando con el negocio. A lo sumo, está reduciendo costos. La desventaja de Ecuador es estructural: mientras continúe la escasez crónica de capacidades para refinar el petróleo, se mantiene a merced de las condiciones de venta de crudos y compra de derivados que los actores internacionales le impongan. La solución definitiva estriba en la construcción de la proyectada Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro”, de la que por ahora parece haber más rastros en los discursos de amistad ecuatoriana-venezolana que en los hechos.
Por su parte, Pdvsa desde Caracas parece haber abordado desde el comienzo este acuerdo con un espíritu que, según quien lo califique, puede pasar como no mercantilista, de hermandad, o de instrumento para la incidencia política del proyecto bolivariana en el hemisferio. “Esto se tiene que medir en un largo plazo”, subrayó el exfuncionario de Pdvsa, Dorian Romero, a El Universo de Ecuador, “no embarque por embarque, porque no sería justo para un convenio a largo plazo en el que la idea no es ni ganar ni perder”.
Pero sabido está que el camino al infierno se asfalta con buenas intenciones. Hasta 2011, Pdvsa había aportado productos derivados del petróleo a Ecuador por un valor acumulado de 4.294 millones de dólares, a razón de aproximadamente 26.000 barriles diarios. De ese total, volúmenes equivalentes a 947 millones de dólares fueron comprados por Pdvsa a intermediarios. Es razonable suponer que esos intermediarios participaron en términos distintos a la solidaridad y la hermandad entre los pueblos, sino parecidos al margen de rentabilidad del mercado spot.
“Yo no puedo subrogarme a lo que es la estimación de la rentabilidad de una empresa transnacional”, hacía Rafael Ramírez una verdadera declaración de principios en una entrevista a propósito del proyecto Magna Reserva, en 2011. Pero, aparte de desdecir sus propias premisas corporativas y políticas, al recurrir a traders, Pdvsa trasgrede la letra del acuerdo entre Ecuador y Venezuela. “Petroecuador suministra crudo ecuatoriano a Venezuela para su procesamiento en refinerías de Pdvsa y recibe a cambio volúmenes equivalentes de productos derivados de dicho procesamiento”, dicen las bases del convenio de intercambio, que hablan de la “eliminación de intermediarios en participación directa en los procesos de compra-venta”.
Una porción no especificada de los 947 millones de dólares terminó en las arcas de esos intermediarios como pago de sus servicios. En la lista de proveedores figuran firmas como Petrochina, Petroleum Company of Trinidad & Tobago, la estadounidense Chevron, Belgian Refining Corporation, la brasileña Petrobras y hasta ExxonMobil, que mantiene un multimillonario litigio de arbitraje internacional con Pdvsa. Pero son tres las compañías que concentraron 80 por ciento de los embarques contratados por Pdvsa: Trafigura, Glencore y PRSI Trading. De ellas, Trafigura y Glencore resultan emblemas de la comercialización mundial de commodities, estrellas rutilantes en el firmamento de uno de los negocios más rapaces y estratégicos del planeta. Además, cada una fue sancionada en años recientes por el Estado ecuatoriano con medidas que le impedían hacer negocios petroleros en ese país a cuyo mercado han regresado, sin embargo, por la puerta trasera que Pdvsa les abrió.
Con sede en Suiza, Glencore es el mayor jugador mundial del negocio. Su valor de mercado ronda los 60 millardos de dólares, más que Boeing, Ford Motors o casi cualquier trasnacional de consumo masivo. Fundada por el fugitivo empresario Marc Rich, en mayo pasado un reportaje de la revista Foreign Policy llamaba a la empresa “Un gigante entre gigantes”. En la nota se relacionan los métodos que Glencore usa para conservar acceso a los jerarcas de la política en Rusia, Asia Central y África, vale decir: acceso a los más grandes yacimientos de materias primas. Sus apuestas son altas y en función de ellas, con frecuencia, debe jugar rudo. Marc Rich llegó a estar vetado por la estatal Pdvsa en tiempos de la denominada democracia puntofijista, y –como recordó el periodista Joseph Poliszuk en el diario El Universal de Caracas- a los representantes de Glencore se les investigó en Argentina por una presunta red de extorsión entre Buenos Aires y Caracas, que hace dos años denunció Eduardo Sadous, quien fue embajador de Argentina en Venezuela durante el gobierno del fallecido exmandatario, Néstor Kirchner.
Por su parte, la angloholandesa Trafigura fue la carta bajo la manga que el gobierno del presidente Chávez blandió para quebrar el paro petrolero que entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 cortó el suministro de combustible al mercado interno y amenazó la propia estabilidad del régimen. Los embarques de Trafigura hicieron llegar combustible y, de paso, convirtieron al representante de la compañía entonces, Wilmer Ruperti, en uno de los magnates más renombrados del país. En 2009, Trafigura fue señalada como responsable de un escandoloso tráfico de desechos tóxicos con destino a Costa de Marfil, descubierto por una investigación periodística internacional liderada por el diario The Guardian de Londres.
Como reseñó el diario El Universo de Guayaquil, Glencore fue declarada contratista incumplida en Ecuador entre el 2007 y fines del 2011 y, por tanto, el Estado no podía negociar con esa empresa. Trafigura está demandada por la estatal ecuatoriana Flopec, dedicada al transporte de petróleo, por lo que también fue declarada contratista incumplida en junio del año 2011 y se le impuso la misma prohibición. Poco tiempo les tomó a ambas para regresar al mercado ecuatoriano de combustibles por la espita abierta de Pdvsa. Ante la finta, los ecuatorianos prefieren hacerse de la vista gorda con un pragmatismo dictado por las circunstancias.
El socialismo quedará para más tarde.
Con informaciones de diario El Universo (Ecuador), diario El Universal (Caracas) y Reuters.
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
El testimonio ante la justicia de un testigo arrepentido, Claudio Uberti, quien por años sirvió como embajador oficioso de los negocios K en Venezuela, permite ahora conocer la discrecionalidad con que se emplearon fondos públicos venezolanos para alimentar milmillonarias transacciones privadas con bonos de deuda argentina. El periodista Daniel Santoro tuvo acceso a la declaración de Uberti y relata cómo los presidentes de ambos países se asignaron entre 2005 y 2007 parte de los beneficios en efectivo que se obtenían mediante operaciones especulativas con esos papeles en el controlado mercado cambiario venezolano. Nelson Merentes y Rafael Ramírez tenían roles clave en el cálculo y distribución de las ganancias.
Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
