LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
La embajada de EE.UU. en Caracas fue consultada sobre su política de asilo por dos reconocidos periodistas, aparentemente por instrucciones del excandidato presidencial. La legación consideraba que su salida del país lo haría ver culpable.
Antes que el excandidato presidencial Manuel Rosales recibiera asilo en Perú, varios “contactos” de la oposición llamaron a la embajada de EE.UU. en Caracas para informarse sobre la política de asilos de ese país. El encargado de negocios de la legación, John Caufield, sospechaba que eran gestiones realizadas en nombre de Manuel Rosales.
El entonces alcalde de Maracaibo había sido imputado en diciembre de 2008 por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado Zulia (2000-2008). La embajada consideraba que detrás de la formulación de los cargos había motivos políticos. El 19 de marzo de 2009 un fiscal solicitó su arresto. A finales de ese mes crecía el rumor de que Rosales se había ido de Venezuela.
El entonces director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, conversó con el consejero político de la embajada el 31 de marzo e informó que el exgobernador aún se encontraba en Venezuela. Dos días antes le había planteado la posibilidad de que Rosales buscara asilo en Estados Unidos. En la embajada le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) resolvía esas solicitudes:
“Ravell dijo que los asesores políticos le habían aconsejado a Rosales permanecer en Venezuela y adoptar una postura en contra de las tácticas de intimidación de Chávez, pero sus amigos y la familia le aconsejaron no convertirse en un mártir político. Ravell se mostró a favor de la presencia de Rosales en Venezuela, pero señaló que no había unidad dentro de la oposición y nadie estaba dispuesto a sacrificarse en nombre de Rosales. Agregó que el jefe de estrategia política de Rosales, Timoteo Zambrano, pudiera contactar al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Occidente, Thomas Shannon, para examinar la cuestión”.
También el presentador de Globovisión, Julio César Pineda, “presionó al encargado de negocios en la tarde del 30 de marzo de 2009 en un acto público para obtener información sobre la política de asilo y visados de EE.UU.”, dice el cable enviado desde Caracas al Departamento de Estado. Caufield respondió que la embajada no ofrecía asilo y refirió a Pineda al DHS para obtener más información acerca de esas solicitudes. El presentador habló entonces con el embajador de Austria acerca del mismo tema. Éste admitió que no estaba al tanto de las leyes de la Unión Europea que automáticamente conceden el asilo, pero agregó que si alguien se presentaba en su embajada tendría que averiguar el procedimiento. “Pineda”, escribió Caufield “parecía buscar información a título profesional en lugar de a título personal, pero podría tener la intención de utilizarlo para su popular programa diario en Globovisión, Brújula Internacional”.
La embajada consideraba que el viaje de Rosales lo haría ver tanto culpable como especialmente débil. El opositor vive actualmente en Lima.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
