LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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La embajada de EE.UU. en Caracas fue consultada sobre su política de asilo por dos reconocidos periodistas, aparentemente por instrucciones del excandidato presidencial. La legación consideraba que su salida del país lo haría ver culpable.
Antes que el excandidato presidencial Manuel Rosales recibiera asilo en Perú, varios “contactos” de la oposición llamaron a la embajada de EE.UU. en Caracas para informarse sobre la política de asilos de ese país. El encargado de negocios de la legación, John Caufield, sospechaba que eran gestiones realizadas en nombre de Manuel Rosales.
El entonces alcalde de Maracaibo había sido imputado en diciembre de 2008 por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado Zulia (2000-2008). La embajada consideraba que detrás de la formulación de los cargos había motivos políticos. El 19 de marzo de 2009 un fiscal solicitó su arresto. A finales de ese mes crecía el rumor de que Rosales se había ido de Venezuela.
El entonces director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, conversó con el consejero político de la embajada el 31 de marzo e informó que el exgobernador aún se encontraba en Venezuela. Dos días antes le había planteado la posibilidad de que Rosales buscara asilo en Estados Unidos. En la embajada le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) resolvía esas solicitudes:
“Ravell dijo que los asesores políticos le habían aconsejado a Rosales permanecer en Venezuela y adoptar una postura en contra de las tácticas de intimidación de Chávez, pero sus amigos y la familia le aconsejaron no convertirse en un mártir político. Ravell se mostró a favor de la presencia de Rosales en Venezuela, pero señaló que no había unidad dentro de la oposición y nadie estaba dispuesto a sacrificarse en nombre de Rosales. Agregó que el jefe de estrategia política de Rosales, Timoteo Zambrano, pudiera contactar al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Occidente, Thomas Shannon, para examinar la cuestión”.
También el presentador de Globovisión, Julio César Pineda, “presionó al encargado de negocios en la tarde del 30 de marzo de 2009 en un acto público para obtener información sobre la política de asilo y visados de EE.UU.”, dice el cable enviado desde Caracas al Departamento de Estado. Caufield respondió que la embajada no ofrecía asilo y refirió a Pineda al DHS para obtener más información acerca de esas solicitudes. El presentador habló entonces con el embajador de Austria acerca del mismo tema. Éste admitió que no estaba al tanto de las leyes de la Unión Europea que automáticamente conceden el asilo, pero agregó que si alguien se presentaba en su embajada tendría que averiguar el procedimiento. “Pineda”, escribió Caufield “parecía buscar información a título profesional en lugar de a título personal, pero podría tener la intención de utilizarlo para su popular programa diario en Globovisión, Brújula Internacional”.
La embajada consideraba que el viaje de Rosales lo haría ver tanto culpable como especialmente débil. El opositor vive actualmente en Lima.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
