LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
La embajada de EE.UU. en Caracas fue consultada sobre su política de asilo por dos reconocidos periodistas, aparentemente por instrucciones del excandidato presidencial. La legación consideraba que su salida del país lo haría ver culpable.
Antes que el excandidato presidencial Manuel Rosales recibiera asilo en Perú, varios “contactos” de la oposición llamaron a la embajada de EE.UU. en Caracas para informarse sobre la política de asilos de ese país. El encargado de negocios de la legación, John Caufield, sospechaba que eran gestiones realizadas en nombre de Manuel Rosales.
El entonces alcalde de Maracaibo había sido imputado en diciembre de 2008 por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado Zulia (2000-2008). La embajada consideraba que detrás de la formulación de los cargos había motivos políticos. El 19 de marzo de 2009 un fiscal solicitó su arresto. A finales de ese mes crecía el rumor de que Rosales se había ido de Venezuela.
El entonces director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, conversó con el consejero político de la embajada el 31 de marzo e informó que el exgobernador aún se encontraba en Venezuela. Dos días antes le había planteado la posibilidad de que Rosales buscara asilo en Estados Unidos. En la embajada le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) resolvía esas solicitudes:
“Ravell dijo que los asesores políticos le habían aconsejado a Rosales permanecer en Venezuela y adoptar una postura en contra de las tácticas de intimidación de Chávez, pero sus amigos y la familia le aconsejaron no convertirse en un mártir político. Ravell se mostró a favor de la presencia de Rosales en Venezuela, pero señaló que no había unidad dentro de la oposición y nadie estaba dispuesto a sacrificarse en nombre de Rosales. Agregó que el jefe de estrategia política de Rosales, Timoteo Zambrano, pudiera contactar al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Occidente, Thomas Shannon, para examinar la cuestión”.
También el presentador de Globovisión, Julio César Pineda, “presionó al encargado de negocios en la tarde del 30 de marzo de 2009 en un acto público para obtener información sobre la política de asilo y visados de EE.UU.”, dice el cable enviado desde Caracas al Departamento de Estado. Caufield respondió que la embajada no ofrecía asilo y refirió a Pineda al DHS para obtener más información acerca de esas solicitudes. El presentador habló entonces con el embajador de Austria acerca del mismo tema. Éste admitió que no estaba al tanto de las leyes de la Unión Europea que automáticamente conceden el asilo, pero agregó que si alguien se presentaba en su embajada tendría que averiguar el procedimiento. “Pineda”, escribió Caufield “parecía buscar información a título profesional en lugar de a título personal, pero podría tener la intención de utilizarlo para su popular programa diario en Globovisión, Brújula Internacional”.
La embajada consideraba que el viaje de Rosales lo haría ver tanto culpable como especialmente débil. El opositor vive actualmente en Lima.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
