LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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La embajada de EE.UU. en Caracas fue consultada sobre su política de asilo por dos reconocidos periodistas, aparentemente por instrucciones del excandidato presidencial. La legación consideraba que su salida del país lo haría ver culpable.
Antes que el excandidato presidencial Manuel Rosales recibiera asilo en Perú, varios “contactos” de la oposición llamaron a la embajada de EE.UU. en Caracas para informarse sobre la política de asilos de ese país. El encargado de negocios de la legación, John Caufield, sospechaba que eran gestiones realizadas en nombre de Manuel Rosales.
El entonces alcalde de Maracaibo había sido imputado en diciembre de 2008 por enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado Zulia (2000-2008). La embajada consideraba que detrás de la formulación de los cargos había motivos políticos. El 19 de marzo de 2009 un fiscal solicitó su arresto. A finales de ese mes crecía el rumor de que Rosales se había ido de Venezuela.
El entonces director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, conversó con el consejero político de la embajada el 31 de marzo e informó que el exgobernador aún se encontraba en Venezuela. Dos días antes le había planteado la posibilidad de que Rosales buscara asilo en Estados Unidos. En la embajada le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) resolvía esas solicitudes:
“Ravell dijo que los asesores políticos le habían aconsejado a Rosales permanecer en Venezuela y adoptar una postura en contra de las tácticas de intimidación de Chávez, pero sus amigos y la familia le aconsejaron no convertirse en un mártir político. Ravell se mostró a favor de la presencia de Rosales en Venezuela, pero señaló que no había unidad dentro de la oposición y nadie estaba dispuesto a sacrificarse en nombre de Rosales. Agregó que el jefe de estrategia política de Rosales, Timoteo Zambrano, pudiera contactar al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Occidente, Thomas Shannon, para examinar la cuestión”.
También el presentador de Globovisión, Julio César Pineda, “presionó al encargado de negocios en la tarde del 30 de marzo de 2009 en un acto público para obtener información sobre la política de asilo y visados de EE.UU.”, dice el cable enviado desde Caracas al Departamento de Estado. Caufield respondió que la embajada no ofrecía asilo y refirió a Pineda al DHS para obtener más información acerca de esas solicitudes. El presentador habló entonces con el embajador de Austria acerca del mismo tema. Éste admitió que no estaba al tanto de las leyes de la Unión Europea que automáticamente conceden el asilo, pero agregó que si alguien se presentaba en su embajada tendría que averiguar el procedimiento. “Pineda”, escribió Caufield “parecía buscar información a título profesional en lugar de a título personal, pero podría tener la intención de utilizarlo para su popular programa diario en Globovisión, Brújula Internacional”.
La embajada consideraba que el viaje de Rosales lo haría ver tanto culpable como especialmente débil. El opositor vive actualmente en Lima.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
