LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
En febrero de 2009 la Embajada de Estados Unidos en Caracas consideró que dos figuras del proceso bolivariano calificaban para el programa de Visas Viper. Mientras el gobierno de Venezuela trataba a la dirigente Lina Ron como una aliada, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela recomendó al Departamento de Estado incluirla en el programa de Visas Viper. Las personas mencionadas en ese programa son consideradas por Washington como terroristas.
Creado luego del primer atentado contra el World Trade Center en 1993, Visas Viper es una iniciativa del Departamento de Estado que compila en una lista a todas las personas citadas en los cables como terroristas. El objetivo del programa es que esos nombres estén disponibles en la base de datos de los consulados. Una vez al mes un comité en Caracas se reúne para discutir quién califica para formar parte de la lista.
Ron, fallecida repentinamente en febrero de 2011, era la líder del partido Unidad Popular Venezolana (UPV) afín al chavismo. En 2009, dirigió un ataque con bombas lacrimógenas contra el canal Globovisión. La legación estadounidense consideraba que la dirigente había “amenazado con violencia política tanto a los miembros de los medios de comunicación independientes como a los líderes de la oposición”.
En ese mismo listado de febrero de 2009 fue incluido Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, un grupo paramilitar de extrema izquierda identificado con el presidente Hugo Chávez, que hace vida en el sector 23 de Enero, al oeste de la capital venezolana. “En una entrevista reciente”, se lee en el cable, “Santana se responsabilizó de los ataques con bombas lacrimógenas contra los medios de comunicación y las amenazas contra medios independientes, incluidos el conglomerado de medios dirigido por Marcel Granier, la franca periodista Marca Colomina y el canal por cable Globovisión. Santana también se atribuyó la responsabilidad de ataques a los partidos políticos de oposición Copei y Bandera Roja. Dijo que La Piedrita fue el responsable de un ataque a la sede diplomática del Vaticano en Venezuela”.
“Las declaraciones públicas de Santana y sus acciones violentas ofrecen evidencia creíble de su calificación para el programa de Visas Viper”, agregó el encargado de Negocios, John Caufield.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.
