Carlos Escotet, el banquero temeroso

La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.  

Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe

El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.

Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.

Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, miles de civiles ucranianos de los territorios ocupados se han desvanecido en el aire. Estos ‘prisioneros fantasmas’ son llevados por las fuerzas de ocupación a lugares de detención informales, donde se les retiene fuera de todo marco legal y se les somete a torturas. Algunos son trasladados al sistema penitenciario ruso, donde languidecen sin cargos o cumplen condenas falsas. Historias Prohibidas y sus colaboradores desvelan este sistema opaco destinado a descomponer la sociedad ucraniana.

En el verano de 2023, una reportera se infiltró en los territorios de Ucrania ocupados por los militares del Kremlin y cayó prisionera casi de inmediato. En febrero de 2025 volvió a Ucrania hecha cadáver, casi irreconocible, con signos de tortura y algunos órganos removidos. ¿Qué ocurrió entre una y otra fecha? La historia del descenso de Viktoriia Roshchyna al infierno del sistema de prisiones de Vladimir Putin la siguieron 45 periodistas de un consorcio liderado por ‘Forbidden Stories’ y Armando.info la republica en exclusiva. Esta es su primera entrega.

Desestimando las dificultades crónicas de abastecimiento en el país, el régimen chavista participa de forma activa, a través del Ministerio de Alimentación, en las exportaciones de esta especie marina, prohibidas desde 2017 de manera expresa en una normativa que busca garantizar la sustentabilidad de la industria pesquera local. Siete de cada diez toneladas, despachadas también por empresas privadas, fueron a parar a la isla, un gesto nada conservacionista que tiene menos de desprendimiento que de auxilio al aliado castrista.

Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.