Cuarta entrega La carretera interoceánica atrae a miles de personas en busca de oportunidades, los pueblos que los reciben no dan abasto para brindarles servicios, la violencia criminal crece y la calidad de vida se deteriora.
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Los pueblos azules son la nueva forma de vida en la llamada pampa peruana de Madre de Dios en la vía hacia Puerto Maldonado. Los conforman centenares de construcciones endebles de palos y tablas recubiertas por una gruesa lona azul que, sola o combinada con hojas de palma, sirve de protector impermeable a la frecuente lluvia del Amazonas. Para los mineros son hogar suficiente mientras buscan fortuna en las minas de oro.
No hay orden en estos pueblos improvisados que crecieron de la noche a la mañana. Entre las viviendas y tiendas de víveres hay talleres que sueldan y reparan motores pegados a duchas y baños públicos y a prostibares, como les dicen a las cantinas donde los hombres beben y fiestean, después de un día pesado de trabajo.
Guacamayo, la vibrante capital de los pueblos azules del Perú, toma su nombre de la otrora cristalina quebrada que ahora sirve como desagüe natural de la suciedad que produce esta población flotante que a veces alcanza las 30 mil personas, según calculan las autoridades locales. Al borde de la carretera, como si fuera una feria permanente, se mezcla el bullicio de música alegre con el ruido de motores de las decenas de camiones y de buses que traen y llevan provisiones y personal para las minas. El aire permanece cargado del olor que se desprende de los humildes comedores, que con coloridos anuncios compiten por la clientela ofreciendo cada uno la mejor versión de la famosa cocina peruana.
Vea en este enlace (http://www.connectas.org/amazonas/es/vias3.html) la nota completa del especial. Y consulte acá (http://www.connectas.org/amazonas/es/video4.html) el video del día sobre lo que sucede en este vasto sector del Amazonas.
La frontera porosa ha cargado a los habitantes del Amazonas de Colombia con los casos de sus vecinos venezolanos. La escasez y la indiferencia ha conducido pacientes a buscar tratamiento hasta en Bogotá. En San Fernando de Atabapo, entretanto, el mosquito transmisor ha replegado a la gente en sus casas. Pero “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
Los últimos meses de 2016 y el comienzo de año reportan un incremento en el diagnóstico de paludismo en el margen occidental de la provincia selvática venezolana. La crisis económica ha provocado que los habitantes de la frontera –venezolanos, colombianos, brasileños– vean en la explotación ilegal del oro una posibilidad de riqueza instantánea. La tala indiscriminada en la región ha provocado, además de un problema de seguridad por el control, el trabajo redoblado de las autoridades sanitarias. Este es un viaje a la Venezuela profunda, esa que no está en los titulares de los medios ni en la agenda de la dirigencia política
En Guatemala se encuentra una ciudad maya de proporciones colosales, famosa y desconocida a la vez: El Mirador. Un trabajo de Plaza Pública muestra cómo este sitio -definido como "un diamante en bruto" por el arqueólogo norteamericano Richard Hansen- desata conflictos, calienta las mentes y atrae codicias.
El reportaje sobre la carretera interoceánica que pasa por Bolivia, Brasil y Perú registró fotos y videos. Una galería muestra los mejores registros.
Quinta entrega Última entrega del reportaje "La autopista de la selva". Protagonistas de la sociedad civil en Brasil, Bolivia y Perú han luchado contra los problemas que ha traído la carretera interoceánica a sus comunidades.
Tercera entrega Desde siempre hubo madereros y mineros en la Amazonía donde se encuentran Perú, Bolivia y Brasil, pero con la carretera interoceánica la destrucción de la selva se tornó caótica y desborda el miope control oficial.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
