Segunda entrega La carretera que permite ir por tierra desde el Pacífico peruano, cruzando por la Amazonía boliviana, hasta el Atlántico brasileño, tomó 30 años y costó una fortuna. Fue una audaz apuesta al desarrollo económico suramericano que, a un año de terminada, aún no arranca.
La frontera porosa ha cargado a los habitantes del Amazonas de Colombia con los casos de sus vecinos venezolanos. La escasez y la indiferencia ha conducido pacientes a buscar tratamiento hasta en Bogotá. En San Fernando de Atabapo, entretanto, el mosquito transmisor ha replegado a la gente en sus casas. Pero “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.
Los últimos meses de 2016 y el comienzo de año reportan un incremento en el diagnóstico de paludismo en el margen occidental de la provincia selvática venezolana. La crisis económica ha provocado que los habitantes de la frontera –venezolanos, colombianos, brasileños– vean en la explotación ilegal del oro una posibilidad de riqueza instantánea. La tala indiscriminada en la región ha provocado, además de un problema de seguridad por el control, el trabajo redoblado de las autoridades sanitarias. Este es un viaje a la Venezuela profunda, esa que no está en los titulares de los medios ni en la agenda de la dirigencia política
En Guatemala se encuentra una ciudad maya de proporciones colosales, famosa y desconocida a la vez: El Mirador. Un trabajo de Plaza Pública muestra cómo este sitio -definido como "un diamante en bruto" por el arqueólogo norteamericano Richard Hansen- desata conflictos, calienta las mentes y atrae codicias.
El reportaje sobre la carretera interoceánica que pasa por Bolivia, Brasil y Perú registró fotos y videos. Una galería muestra los mejores registros.
Quinta entrega Última entrega del reportaje "La autopista de la selva". Protagonistas de la sociedad civil en Brasil, Bolivia y Perú han luchado contra los problemas que ha traído la carretera interoceánica a sus comunidades.
Cuarta entrega La carretera interoceánica atrae a miles de personas en busca de oportunidades, los pueblos que los reciben no dan abasto para brindarles servicios, la violencia criminal crece y la calidad de vida se deteriora.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.
