Cabudare es uno de los nombres del infierno desde febrero. La ciudad-dormitorio que se extiende a un costado de Barquisimeto es escenario de una batalla en la que universitarios y vecinos sufren el asedio de los grupos de choque del oficialismo.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
-A mi hijo y a su amigo ni siquiera les dio tiempo de correr. Estaban mirando las barricadas de la urbanización vecina, cuando llegaron varias camionetas marrones, se bajaron unas mujeres, funcionarias militares, los montaron en los carros y se los llevaron. Eran las seis y media de la tarde.
Gustavo relata cómo su hijo, del mismo nombre y estudiante de 23 años, estuvo desaparecido junto con su amigo Jhonny. Mientras sus familiares los buscaban en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional en Barquisimeto –la adyacente capital del estado Lara-, en el Fuerte Terepaima y en la 14ta Brigada de Infantería Mecanizada, a los muchachos los ruletearon por Cabudare –capital del municipio Palavecino- y cuando llegaban a barricadas con brasas aún encendidas, los obligaban a apartarlas con las manos. “Presentan quemaduras en las manos. Los golpearon durante todo el trayecto y al amigo de mi hijo le metieron el cañón de un fusil o de un arma larga en la boca. Poco antes de la medianoche los soltaron a la salida de Cabudare y los muchachos regresaron a pie hasta la casa. Sin teléfonos y sin el poco dinero que pueden cargar unos estudiantes”, resume Gustavo, el padre.
Sobre las riberas del río Turbio, Cabudare –y el rosario de urbanizaciones de clase media que se suceden a las orillas de la vía que la conectan con Barquisimeto- sirve de dormitorio para la capital larense. Se dice que su nombre aborigen significa “árbol grande”, una imagen perfecta para un reclamo publicitario. Pero Cabudare dejó de ser desde febrero un ensueño inmobiliario para convertirse en una sucursal del infierno. El 9 de marzo, a pesar de ser domingo, fue el lugar de un saldo alarmante: dos estudiantes detenidos –además de los dos jóvenes obligados a limpiar con las manos los escombros todavía ardientes de las barricadas-, una docena de heridos con perdigones, vecinos asfixiados por los gases lacrimógenos, niños aterrorizados por la presencia de efectivos militares, dos tanquetas que patrullaban en las urbanizaciones, rejas destrozadas y vecinos que se miran con recelo ante la posibilidad de que el otro sea un soplón de los policías.
Este 9 de marzo ocurrió una verdadera batalla de 12 horas entre jóvenes vecinos del lugar, en un bando, y efectivos de la Guardia Nacional y motorizados de los colectivos oficialistas, en el otro. Fue en Valle Hondo, una de las urbanizaciones de este cantón de clase media. La tranquilidad dominical quedó interrumpida como las vías en las inmediaciones del supermercado Central Madeirense, ubicado justo en la intersección de la avenida que comunica a Cabudare con Barquisimeto. Poco después de las nueve de la mañana, un grupo de personas decidió protestar y quemar cauchos.
La Guardia Nacional se hizo presente. Con la idea, también dominguera, de que los desórdenes se acabarían rápidamente, los soldados prodigaron bombas lacrimógenas a granel. También entraron a algunas viviendas para arrastrar consigo a los jóvenes que encontraran a su paso. Lograron llevarse a Carlos Alberto Siegert y Elio Durán como presas. Este hecho enardeció a los vecinos, quienes se organizaron y, desde las siete etapas que integran el sector, se lanzaron a una refriega que duraría hasta entrada las nueve de la noche.
Dos tanquetas, además de 20 motorizados con capuchas, jeeps y maquinaria pesada para levantar los escombros, hicieron el elenco de la película que vieron ese día en Valle Hondo. Los militares estuvieron casi todo el día quitando barricadas y enfrentando a los manifestantes, quienes además de incendiar parcialmente una tanqueta, armaban las barricadas con la misma rapidez con las que se las quitaban.
Durante el sitio se registraron ataques contra otras urbanizaciones aledañas a Valle Hondo, entre las que destacaron por su violencia Tarabana Plaza y La Hacienda.
El alcalde del municipio Palavecino José Barreras, en rueda de prensa manifestó su extrañeza de que después de cinco días de calma en el municipio, aparecieran barricadas un domingo y que se presentara “presunto enfrentamiento con la Guardia que da origen a las detenciones y a que la Guardia se metiera a las urbanizaciones”.
Este lunes, mientras los abogados de la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) –una organización de vecinos víctimas de ataques durante las protestas contra el resultado electoral del 14 de abril de 2013- apoyaban a los dos estudiantes en su presentación ante los tribunales, el padre de Gustavo realizaba las gestiones para llevar el caso de su hijo ante la Fiscalía. Por su parte, los comerciantes de Valle Hondo miraban con tristeza los vidrios rotos y las calles aun interrumpidas por trincheras.
Por comodidad y usanza, en Lara resumen en un solo nombre, Cabudare, a las tres parroquias que integran el municipio Palavecino. Se trata, en realidad, de casi 200 urbanizaciones, barrios y caseríos rurales. Palavecino forma parte de lo que se conoce como el Área Metropolitana de Barquisimeto, y apenas se separa de la capital larense por dos vías comunes: una avenida intercomunal y una vía rápida, La Ribereña.
Cabudare es una zona tranquila. Por eso, el 12 de febrero -fecha en la que se iniciaron las protestas juveniles en todo el país- los larenses se asombraron ante la movilización que lograron los estudiantes de las dos universidades privadas que tienen su sede en el municipio.
-Yo, la verdad, nunca había hecho eso de trancar las calles, nunca había hecho una guarimba…Y es que yo no me gradúe de guarimbera. Toda la vida he sido educadora y violenta, la verdad, es que no soy…
Marlene es una de vecinas que salió a protestar a las calles del municipio Palavecino ese día. Su historia bien puede ser la de cualquiera de las 15 urbanizaciones que desde entonces, y por una semana, soportaron el asedio de grupos armados que llegaban al inicio de la noche o al filo de la madrugada.
Las barricadas internas, los cierres de vías entre urbanizaciones y la quema de cauchos, trastocaron la cotidianidad de casi 200.000 habitantes del municipio, en su mayoría, parte de una población flotante que todos los días debe trasladarse entre Cabudare y Barquisimeto. Pero el asombro de tanta energía para protestar contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, dio paso al terror que vivieron los habitantes de las urbanizaciones, cuando comenzaron las incursiones de la Guardia Nacional y sus aliados, los grupos armados que se desplazan en motocicletas.
En la urbanización Los Samanes –conformada por viviendas unifamiliares y muy cerca de la avenida Ribereña- sus habitantes debieron organizarse en turnos para detectar el momento preciso en el que llegarían los motorizados y la Guardia. “Tengo cuatro días sin dormir. En la noche armamos barricadas con colchones y colocamos pipotes en la entrada, de tal forma que sonaran si alguien intenta entrar a nuestras casas”, dijo un vecino que prefirió no dar su nombre.
Dos días después de esta declaración, los diarios regionales reseñaban la incursión más intensa en Los Samanes. Esa madrugada del 24 de febrero, dicen los reportes, los atacantes incendiaron el portón de acceso a la urbanización. Desde una tanqueta de la Guardia Nacional cantaban el himno chavista –antes, de los batallones blindados- “Patria, patria, patria querida…”. Mientras, los motorizados de los grupos de choque disparaban contra las viviendas desde la reja perimetral que delimita la urbanización.
-Esa noche llegué a tener 30 llamadas en mi celular de gente que pedía ayuda desde las urbanizaciones para enfrentar a los motorizados que los asediaban- comentó el alcalde del municipio, José Barreras, en una reunión sostenida con un grupo de vecinos.
Los colectivos se han ganado con toda propiedad el puesto como azotes de la vecindad. Habitantes de Tierra del Sol –otro urbanismo integrado por tres etapas de viviendas unifamiliares- colgaron en la red un video denominado "Colectivo Armado entra a Tierra de sol 2". El video fue grabado de las cámaras de seguridad de la urbanización, “luego un vecino lo grabó de su celular para poder llevarlo a las redes sociales colocando la narración”, según explica Zulay Lopez, una lugareña. La trama del video es simple pero aterradora: el 21 de febrero los vecinos de Tierra del Sol se manifestaron. Al concluir la concentración, ya en horas de la noche, motorizados armados llegaron al lugar. Dispararon contra la garita de vigilancia y las viviendas.
Ese mismo día, pero un poco más temprano, en la cercana Valle Hondo, un escuadrón antimotines de la Guardia Nacional irrumpió en algunos hogares de la quinta etapa. Resulta que algunos estudiantes que protestaban en las cercanías de Valle Hondo y otras dos urbanizaciones, Hondo, La Hacienda y Altamira, fueron perseguidos y acorralados dentro de las calles de los tres complejos habitacionales.
Al día siguiente, desde las cinco de la madrugada, los vecinos que viven en las adyacencias cerraron el distribuidor Valle Hondo, acceso que comunica a Barquisimeto con Cabudare. Cauchos, palos y toda clase de desechos se juntaron para construir las barricadas. Durante el día, unos 20 agentes contra disturbios de la Guardia Nacional se encargaron de despejar la vía una y otra vez, mientras contenían a los protestantes con perdigones y gases. El saldo fue de cinco heridos con perdigones, además de numerosos vecinos con síntomas de asfixia. Pero en horas de la noche, los grupos de motorizados rondaron por casi todas las urbanizaciones de Palavecino.
- Yo prefiero denominar como bandas paramilitares a quienes actuaron contra las comunidades. Estas bandas son muy agresivas, tienen entrenamiento militar, van vestidos de militares o encapuchados, se desplazan en motos o camionetas y portan armas modernas, como pistolas 9 mm- explica el sociólogo Nelson Freitez, docente y coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA).
La historia de violencia grupal se repite con ligeros matices en las urbanizaciones del municipio, donde los motorizados incursionan en grupo de hasta 60 personas en noche o en la madrugada. Entre las zonas afectadas destacan El Palmar, Atapaima, Almariera, Tierra del Sol, Villa Park y Villa Granada. “Dijeron que vendrían por nosotros y lo cumplieron”, comentan dos jóvenes en Almariera, urbanización integrada por lotes de edificios de cuatro pisos y unas 500 viviendas. En sus casas sufrieron las cargas de perdigones y la invasión del humo. A las cinco de la mañana del sábado los motorizados acudieron a su labor de intimidación por las dos únicas calles que no están cerradas con portones. Luego, Almariera resistió días de cierre y amenazas de los grupos armados.
- Los “valientes muchachos”- como los llama María Dolores Pereira, vecina que tiene más de 20 años en Almariera- que se enfrentaron a estas arremetidas fueron dejando la lucha al pasar los días y los vecinos salían más bien a curiosear. Fue a estos vecinos a quienes asaltaron los grupos paramilitares.
Marlene Hernández vive en El Trigal, muy cerca de Almariera. Ella es profesora jubilada y activa organizadora en su comunidad. Cuenta que vio que los jóvenes organizaron la protesta en la calle y que entonces ella, junto a otros vecinos, decidió unirse a sus reclamos. Era una protesta pacífica hasta que se enteraron de que en el oeste de Barquisimeto a un familiar le habían incendiado su carro dentro del edificio donde vivía. “Nos pusimos alerta y fortalecimos las barricadas. Ya antes habían venido los uniformados y en una ocasión estuvieron frente a nuestras casas durante una hora con la sirena encendida”.
Una de las noches, cuando ya la manifestación de los lugareños había finalizado, el grito de su hija cimbró a la comunidad: “Ahí vienen los colectivos”.
- Esa noche fue impresionante. Motorizados encapuchados con franelas rojas y armas hicieron rondas por las calles de la urbanización. Los vecinos apagamos las luces de nuestras viviendas y nos comunicamos mediante silbatos. Al día siguiente volvieron y agarraron botellas de una licorería y se dedicaron a lanzar botellazos y sabotear un cumpleaños en una casa.
Nelson Freitez, por su parte, se esfuerza en hacer definiciones sobre la violencia que ha presenciado todos estos días en la otrora apacible zona. “Es cierto que hubo excesos en algunas barricadas, pero si eso es violencia, ¿cómo podemos calificar cuando un militar dispara con una 9 mm a un estudiante, o cuando tienes situaciones como la de Valle Hondo, donde dispararon bombas contras las viviendas, hubo tanquetas, helicópteros y más de 100 efectivos disparándole a las viviendas?”.
A todas estas angustias se suma en Cabudare la creciente sospecha fratricida. En Las Mercedes, una de las urbanizaciones de la zona, una tanqueta logró entrar porque un vecino les abrió el paso. En Tierra del Sol, las mujeres de la insurgencia comentan con tristeza que sus vecinas de toda la vida les tomaron fotografías para difundirlas por Twitter, señalando con nombres y apellidos quiénes eran las supuestas jefas de las protestas. “Tenemos los mensajes y allí nos señalan y les informan a los motorizados quiénes somos y les dicen que venga por nosotras. Es muy triste”, dice Zulay.
Por su parte, Marlene Hernández, la educadora que no se graduó de guarimbera, señaló que un amigo que trabaja con las autoridades policiales le comentó que una denominada Operación Sapo se había activado. Dijo saber que una vecina la fotografió y le hizo llegar la foto a los colectivos motorizados.
-Fuimos a hablar con ella pero por supuesto lo negó. Me tomó foto al lado de los muchachos y la pasó a las autoridades para que supieran quién estaba al frente de las guarimbas…De esta violencia creo que hemos aprendido que no ganamos nada con quemar e incendiar las calles. Eso sí, lo aprendimos rápido- comenta, mientras se prepara para asistir a una cadena humana por la paz.
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
La historia del vicealmirante retirado Pedro Manuel Pérez Rodríguez, detenido desde el 18 de abril acusado de liderar un complot contra el presidente Nicolás Maduro, permanece sepultada bajo la estela de los gases lacrimógenos y la costra quemada de los trastos que sirven de barricadas. Los documentos del proceso judicial que se le sigue, plagado de informantes anónimos y de actuaciones inherentes al último cargo que desempeñaba, calificadas como una conspiración contra el jefe del Estado, demuestran que este oficial fue de los primeros que denunció la cooperación entre los pistoleros chavistas y las fuerzas armadas para reprimir manifestaciones de la oposición Su testimonio fue ignorado por sus superiores. Ahora que la relación entre colectivos y guardias nacionales es más descarada el testimonio del vicealmirante resulta fundamental para entender de qué va la cooperación cívico-militar que invoca el régimen como mantra sagrado
Una de las organizaciones de base revolucionarias y emblema de la parroquia 23 de enero ya lleva tiempo en su conversión a un conglomerado de 14 empresas, todas de pequeña dimensión, diseminadas por cuatro estados de Venezuela, e invariablemente fondeadas por organismos gubernamentales. Incluyen una panadería, una bloquera, una televisora y un matadero. Pero, a despecho de su ideario comunal o comunista, los emprendimientos de ‘Alexis Vive’ están registrados a nombre de sus directivos y no de un igualitario ente colectivo.
Acusado de financiar las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, con un pasado de estudiante inconforme, el opositor venezolano es una innegable influencia para el movimiento que en 2007 irrumpió como actor en la escena política. Su figura también despierta críticas entre los adversarios del gobierno, que lo señalan de arrogarse la creación del movimiento juvenil, manejar financiamientos y fomentar la antipolítica.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.