El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
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Poco antes de las elecciones del reciente 28 de julio, el presidente y entonces aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, llegó con su esposa, Cilia Flores, a un evento de su campaña electoral en el Teatro Teresaa Carreño de Caracas a bordo de un Tara, un vehículo de fabricación iraní. El sedán de cuatro puertas, colores plata y morado, llevaba el rótulo de Ridery, la aplicación made in Venezuela que ofrece servicios de movilidad privada similares a los de Uber o Lyft, conocidos en inglés como ride-sharing y en español como VTC (siglas de vehículo de turismo con conductor).
El episodio fue difundido deliberadamente en redes a través de cuentas oficiales del gobierno, incluyendo la del propio Maduro. En el video, un tanto sobreactuado, el líder chavista y la primera combatiente fingen esperar la llegada del servicio, como unos clientes cualquiera; cuando llega, resulta que el chofer de la pareja presidencial es el propio fundador de Ridery, Gerson Gómez.
El protagonismo de Gómez y su marca en un mensaje de esa naturaleza -que le valió al empresario críticas feroces en redes sociales y la atención de medios internacionales- no necesariamente correspondía, como entonces se interpretó, o a un endoso electoral al régimen o a una actividad de marketing para la marca, arriesgada pero con potencial viral; sino que parece haber seguido una lógica más elemental, la de agradar al proveedor de los vehículos iraníes que son parte de su flota.
Si bien no fueron asignados a la empresa de manera directa por el gobierno, Ridery compró los Tara iraníes a Aiko Motors, una compañía privada que funge como importadora y concesionaria del Ministerio de Transporte.
El titular de esta cartera, Ramón Velásquez Araguayán, había sido el encargado de anunciar, en enero de 2023, la importación de 3.000 vehículos de las marcas Ikco y Saipa desde la República Islámica de Irán. El ministro la promocionó entonces con el lema de “vehículos iraníes a bajo costo para los venezolanos” y como parte de la Gran Misión Transporte Venezuela, posible gracias a un acuerdo de cooperación firmado por Maduro y el presidente iraní, Ebrahim Raisí, durante una visita oficial del mandatario venezolano a Teherán en junio de 2022.
El propio Maduro había adelantado la reactivación de ese proyecto binacional en la inauguración de la Expo Feria Científica Tecnológica e Industrial Irán-Venezuela, en septiembre de 2022, celebrada en el Poliedro de Caracas, la principal arena de espectáculos y eventos de la capital venezolana. En ese momento habló de resucitar a Venirauto, la empresa de capital mixto lanzada en 2006 y que fue acordada por los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, e Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Aunque se instaló una línea de ensamblaje en el estado Aragua destinada a producir 25.000 vehículos al año, de la que llegaron a salir al mercado unidades de los modelos Turpial y Centauro, Venirauto naufragó en 2015 sin cumplir con sus metas.
Pero la llegada de los carros iraníes no alimentó la oferta de la Gran Misión Transporte Venezuela ni, mucho menos, se convirtió en el estandarte del programa social que contribuiría a renovar el parque automotor nacional. Tras llegar al país, los centenares de vehículos estuvieron durante más de un año expuestos a la resolana y el viento salitroso del litoral central, estacionados frente al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Nunca hubo explicación oficial para aquella larga retención.
Al cabo de ese año, poco a poco empezaron a retirarse los vehículos del estacionamiento. Pero, a pesar de lo proclamado por el ministro Araguayán, no iban al mercado "como vehículos a bajo costo para los venezolanos".
“¡Qué va! Ninguno de nosotros pudo comprar esos carros", comenta resignado J.M., un conductor de una histórica línea de taxis caraqueña, consultado para este reportaje. "Nadie tenía para pagar 12.000, 14.000 o 16.000 dólares de contado, y el financiamiento que ofrecían nos salía demasiado costoso. Al final eso se lo repartieron entre unos cuantos, que si Ridery, que si Conviasa, y otro poco se los agarraron para el Ministerio del Transporte”.
Los vehículos se habían convertido, de la noche a la mañana, en la mercancía de una empresa de un solo propietario, de creación reciente y trayectoria desconocida en el sector automotriz: Aiko Motors C.A. Una firma que, a partir de ese acto de prestidigitación mercantil, habría podido vender ese lote de automóviles por más de 42 millones de dólares en los últimos dos años, de acuerdo al cálculo hecho sobre la base de los precios de venta al público y el número de unidades que llegaron de Irán.
Desde agosto de 2022, Yessica Yulieth Rodriguez Godoy figura en los expedientes como dueña de Aiko Motors C.A. El nombre de esta mujer no resuena en el hoy lánguido sector automotriz. La comerciante caraqueña tenía 28 años de edad cuando, según el registro mercantil, adquirió las 500 acciones que componen la empresa por un valor de 500 bolívares, equivalentes a los 500 millones de bolívares del capital original antes de la reconversión monetaria de agosto de 2021, cuando a la moneda nacional le fueron suprimidos seis ceros.
Aiko Motors pasó a las manos de Rodríguez Godoy un mes antes de que Maduro anunciara en la Expo Feria Científica, Tecnológica e Industrial Irán-Venezuela que iban a ensamblar y comercializar cuatro modelos de carros iraníes que describió como “modernos, ahorradores y bellos”. El ministro Velásquez Araguayán secundó la noticia detallando que se trataba de una nueva línea de vehículos familiares y, de nuevo, "ahorradores", que incluiría modelos eléctricos y de combustión. También en septiembre de 2022, el estatal Banco Bicentenario dio “el primer visto bueno” al financiamiento para la compra de los vehículos iraníes, a precios que oscilaban entre 12.000 y 16.000 dólares.
A partir de entonces, el destino de esta compañía parece soldado a la gestión del Ministerio de Transporte. La página web de Aiko Motors incluye un cintillo con los logos de esa entidad pública y de su programa social insignia, la Gran Misión Transporte de Venezuela; el nombre de Aiko Motors, junto a los de las marcas iraníes Saipa e Ikco, está en un enorme pendón publicitario, que cuelga de la torre sede del Ministerio de Transporte; en el lobby de la nueva sede de Aiko, en el Centro Empresarial Galipán del este de Caracas, una bandera blanca de la Gran Misión Transporte Venezuela se exhibe junto a las de Venezuela e Irán.
Pero si los regímenes de los ayatolás y del chavismo nunca han tenido pudor alguna en mostrar su cercanía, y Teherán se instauró como un proveedor primordial para Caracas hasta de sensibles tecnologías militares, ¿por qué tendría que aparecer una empresa privada, Aiko Motors, como canal intermedio para una simple exportación-importación de carros que perfectamente pudo hacerse entre Estados que son aliados políticos?
Los fundadores y directivos originales de Aiko Motors, Carlos Alberto Arteaga Dorta y Roberto Antonio Moncada Viña, decidieron vender la empresa dos años después de su creación en 2020. El negocio no estaba produciendo ganancias y “apareció un comprador interesado”, dijo Moncada a Armando.info. Afirmó que el emprendimiento no solo no prosperó, sino que le costó arrancar en plena pandemia. “No llegamos ni a abrir una cuenta bancaria”, relata para ilustrar esa dificultad, mientras recalca que tanto él como Arteaga hoy están completamente desligados de la empresa.
La adquisición, venta y comercialización de “toda clase de automóviles, así como sus accesorios, componentes, autopartes y mantenimiento, reparación, latonería y pintura” eran algunas de las actividades asentadas en el expediente mercantil de Aiko al momento de su constitución el 20 de octubre de 2020. También la “importación y exportación de vehículos”, pero no se encontró evidencia alguna de compras de carros en el exterior durante sus dos primeros años de existencia. No se diga de vehículos iraníes.
El libro de accionistas certifica que el traspaso a Yessica Yulieth Rodriguez Godoy del 100% de la participación de Mocada y Arteaga en Aiko Motors se efectuó el 20 de agosto de 2022. A partir de entonces, los números de la empresa comenzaron a moverse. Los balances financieros de abril de 2024 indican que las ganancias netas de la empresa pasaron de 362,19 bolívares (70 dólares) en diciembre de 2021, aún bajo la administración de los fundadores, a 7,7 millones de bolívares o 196.000 dólares, al cambio oficial de entonces, en diciembre de 2023. También ese año, reportó por primera vez ventas por el orden de 70,2 millones de bolívares (más de 1,8 millones de dólares para la época).
Otras señales de crecimiento que se encuentran en el expediente mercantil fueron el aumento de capital y el cambio de sede comercial desde una casa alquilada de la urbanización Santa Mónica -un barrio de clase media en el suroeste de Caracas. a la moderna Torre C del Centro Galipán en El Rosal, el “distrito financiero” de la capital venezolana. También en agosto de 2024, la firma decidió abrir una sucursal en las instalaciones de Automotores Ipsfa (siglas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), en Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar venezolana, cerca de la antigua sede de Aiko. Allí funciona el taller autorizado de reparación de las marcas Ikco y Saipa.
De hecho, el principal showroom de Aiko Motors no esta en un concesionario propio, como es usual, sino en la torre del Ministerio de Transporte, en la avenida Francisco de Miranda. Aunque la empresa está actualizada en el Registro Nacional de Contratistas hasta 2025, en la ficha correspondiente sigue apareciendo los nombres de Arteaga Dorta y Moncada Viña como propietarios, pese a que en agosto de 2022 vendieron la totalidad de las acciones a Yessica Rodriguez Godoy, como consta en el expediente mercantil.
En sus redes sociales, Aiko Motors define los carros iraníes como “los nuevos reyes de la carretera” y hace gala de la apertura de talleres autorizados, venta de repuestos originales y la alianza con nueve concesionarios en todo el país. Los carros iraníes importados no solo se ofrecen en la capital sino también en Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara y Monagas. Una rápida expansión a contracorriente de un mercado automotriz contraído de manera crónica.
La base de datos de comercio internacional Importgenius no registra importaciones a Venezuela de sedanes iraníes entre enero de 2022 y julio de 2024. Sin embargo, el buscador 52wmb.com revela que, en enero de 2023, Aiko Motors CA importó un lote de carros, de casi dos toneladas de peso, proveniente de la firma Zamyad Company de Teherán. Los envíos coinciden con la fecha de llegada de los primeros automóviles del acuerdo automotriz firmado entre Irán y Venezuela.
En dos décadas, los gobiernos de Chávez y Maduro han firmado alianzas con otros gobiernos o con el sector privado bajo la figura de empresas mixtas o de las llamadas alianzas estratégicas y/o comerciales. Sin embargo, en el caso específico de la importación de automóviles desde Irán, el nombre de Aiko Motors no se ha hecho público como un socio del Estado venezolano en esa operación, tampoco como parte operativa o ejecutora del acuerdo binacional entre Irán y Venezuela, ambos sometidos a sanciones internacionales que, por ello, a menudo recurren a circuitos alternativos para su intercambio comercial.
Los registros de importaciones de carros iraníes a Venezuela empezaron hace una década, según la base de datos de Comtrade de Naciones Unidas. Pero entre 2013 y 2014, Irán exportó apenas 313 unidades a Venezuela, por un valor de unos cinco millones de dólares. Según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard, en 2014 los carros tipo sedan representaron 22% del total de las exportaciones de Teherán a Caracas.
Tras un paréntesis de ocho años, en 2022 Venezuela reanudó la importación de vehículos automotores desde Irán: 307 vehículos ese año por un monto de 4,8 millones de dólares. La cifra de Comtrade NU coincide con el primer envío de un total de 3.000 vehículos iraníes contemplados en el acuerdo binacional firmado por Maduro y Raisí. En el caso de Irán, a pesar de también ser objeto de sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, su industria automotriz, liderada por las fábricas Iran Khodro y Saipa Corp, gozan de una excepción que les permite operar en el mercado internacional y hasta registrar un crecimiento de sus operaciones.
Al mismo tiempo que se hacía de Aiko Motors, Rodriguez Godoy abrió una compañía homónima en Panamá. El 19 de agosto de 2024 registró la sociedad anónima Aiko Motors junto con los panameños Fernando José Troya Pérez, Bairon Joel Villar Hernandez, Juan Felipe Troya Pérez, y la venezolana Darkys Jineeth Gil Teran, quien en septiembre de 2018 había hecho a su nombre una importación de vehículos desde Estados Unidos, según se ve en la base de datos de comercio internacional Importgenius.
Si bien Rodríguez Godoy es propietaria de 100% de las acciones de Aiko Motors, desde que compró la empresa comparte la junta directiva con Karilú Raquel Molina Mendoza Valenzuela, comerciante que tiene registradas a su nombre varias empresas en Venezuela y en Panamá.
Con una distribución porcentual de 10-90, Rodríguez Godoy comparte sociedad con Mendoza Valenzuela en otra empresa, Innova Technology 2022, C.A., que ofrece “servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y Administrativos”. Fue registrada en Caracas en 2022, el mismo año que Rodriguez Godoy pasó a controlar Aiko Motors.
Pero Armando.Info comprobó que en la oficina en la urbanización Las Mercedes de Caracas identificada en los directorios empresariales como sede de Innova Technology funciona desde hace dos años una empresa fabricante de uniformes.
Aiko Motors CA e Innova Technology CA en Venezuela no son las únicas firmas que atan al dúo de emprendedoras. En Panamá registraron la compañía Domhanda Trading SA, dedicada al "transporte de comercio exterior y tramitación de importación y exportación de todo tipo de mercancías". Aunque fundada en 2014, tanto Rodríguez Godoy como Mendoza Valenzuela aparecen como directora y secretaria, respectivamente, a partir de agosto de 2024.
Según el registro de una asamblea extraordinaria asentado en el expediente mercantil, Karilú Mendoza renunció al cargo de directora de Aiko Motors el 28 de agosto del año en curso. Entonces la sustituyó Carlos Eduardo Ravelo Molina quien, según su perfil en la red social LinkedIn, se desempeñaba como coordinador de Aiko Motors desde 2023.
Por su parte, Karilú Mendoza Valenzuela, de tan solo 39 años de edad, acumula un catálogo de empresas importadoras bajo su control en Panamá.
En Caracas, aparte de Innova Technology 2022, Mendoza Valenzuela aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como directora de Inversiones Ibelfood, C.A, cuyo domicilio se encuentra en un edificio de apartamentos de la avenida Intercomunal El Valle, al suroeste de Caracas, y presta servicio en el comedor del Fuerte Tiuna y el Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja.
En Panamá, Mendoza Valenzuela figura como directora de Arion Buceo & Logística S.A.; Servicios Aéreos FSV C.A. e Importadora Mendoza Valenzuela S.A., esta última, con una empresa homónima en Venezuela.
Armando Info solicitó una entrevista a Yessica Rodríguez Godoy pero, hasta el cierre de esta historia, no obtuvo respuesta. También se intentó obtener la versión de la directora saliente, Karilú Mendoza Valenzuela, y del directivo entrante, Carlos Eduardo Ravelo, con idénticos resultados.
Mientras, el combustible no parece faltar a Aiko Motors, que sigue patrocinando eventos de automovilismo, participando en ferias y estableciendo alianzas con concesionarios en ciudades del interior del país para que sigan rodando los ya no tan accesibles carros iraníes.
Mientras los habitantes de El Cigarral y La Boyera se quejan de dos años de trastornos demenciales por la construcción del Centro Comercial Traki, las autoridades municipales de El Hatillo aseguran que la obra es legal “guste o no”. Detrás del edificio, que la administración del alcalde Elías Sayegh trató con benevolencia hacia la cadena de tiendas de los Chambra -hasta se reformó una ordenanza clave-, despuntan un terreno que era propiedad de dos constructores cercanos al chavismo y la necesidad de aumentar la recaudación a casi cualquier costa.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Un par de veinteañeros están detrás de una empresa privada que desde el año pasado regenta Farmacias Caribe, una nueva red que desde la Alcaldía de la capital de Venezuela y otras instancias municipales distribuye y vende medicamentos a bajo costo. Sin experiencia conocida y desde una oficina que parece un búnker, la dupla maneja también la distribución de medicinas de Irán e India y comparte apellido con un personaje sancionado por Estados Unidos por vínculos con una organización terrorista y estados forajidos del Medio Oriente.
El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
Con el declive de la industria automotriz venezolana -impulsada por el alicate oficialista que combinó falta de asignación de divisas e inseguridad jurídica- floreció el negocio de importación de vehículos desde el estado de Florida. Aunque Venezuela tenía capacidad instalada para producir hasta 250.000 carros y hace apenas 12 años fabricó 172.000, en lo que va de 2019 no ha producido ni uno y en los últimos tres años, solo por Puerto Cabello, entró casi uno de cada cuatro de los carros nuevos que hoy circulan por el país.
La familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna es quien realmente controla la operación de ensamblaje de los vehículos de la marca china. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”, el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore.
La desactivación de la licencia de Washington que permitía a Chevron operar en Venezuela abrió un hueco en las cuentas del régimen de Caracas que, obligado ahora a sacar -rápido y como sea- crudo que vender, flexibilizó las condiciones para los inversionistas. Atraídos por la oportunidad, nuevos postores participan en la piñata por los campos petroleros, pero uno compite con ventaja: el magnate Harry Sargeant III, que cuenta con dos fachadas corporativas y muchos contactos en el alto gobierno, así como un socio forzoso: Alejandro Betancourt, el de Derwick.
Cinco países, ocho empresas y una avioneta bastaban para lavar el oro de sangre de Venezuela, pero algo salió mal en un pequeño archipiélago del Caribe. Durante casi seis meses, Armando.info rastreó facturas y transferencias bancarias, litigó por expedientes judiciales y formuló solicitudes de acceso a información en varias jurisdicciones, para reconstruir rutas del oro ilegal que las mafias de Guayana logran colar hasta Europa.
Mientras Hugo Chávez se asomaba a la muerte, Nicolás Maduro, su anunciado sucesor, empezó a favorecer con contratos al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien hoy sigue siendo proveedor del Estado venezolano. El esquema previó además un bucle para beneficiar a la familia presidencial por la puerta trasera: a cambio de los pagos a través de la estatal Fundación Pro-Patria 2000 para el contratista, éste transfirió al menos 5,8 millones de dólares en presuntas coimas a una sobrina de Cilia Flores y su esposo.
Señalado como uno de los principales perpetradores de torturas contra los presos políticos, el coronel Alexander Granko Arteaga ha creado decenas de negocios que pone a nombre de familiares y amigos. Ahora el oficial de la Dgcim redobla su apuesta empresarial incursionando en el deporte, no solo con el Team Espartanos o tras bastidores del UCV F.C., sino también con un complejo de canchas de fútbol, para cuyas obras la alcaldía y la cámara municipal han servido más de propiciadores que de reguladores.
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, miles de civiles ucranianos de los territorios ocupados se han desvanecido en el aire. Estos ‘prisioneros fantasmas’ son llevados por las fuerzas de ocupación a lugares de detención informales, donde se les retiene fuera de todo marco legal y se les somete a torturas. Algunos son trasladados al sistema penitenciario ruso, donde languidecen sin cargos o cumplen condenas falsas. Historias Prohibidas y sus colaboradores desvelan este sistema opaco destinado a descomponer la sociedad ucraniana.
En el verano de 2023, una reportera se infiltró en los territorios de Ucrania ocupados por los militares del Kremlin y cayó prisionera casi de inmediato. En febrero de 2025 volvió a Ucrania hecha cadáver, casi irreconocible, con signos de tortura y algunos órganos removidos. ¿Qué ocurrió entre una y otra fecha? La historia del descenso de Viktoriia Roshchyna al infierno del sistema de prisiones de Vladimir Putin la siguieron 45 periodistas de un consorcio liderado por ‘Forbidden Stories’ y Armando.info la republica en exclusiva. Esta es su primera entrega.
Fundador y expropietario de 50% de las acciones de Aiko Motors CA. Exsocio de Carlos Alberto Arteaga Dorta:. En agosto de 2022 traspasó la totalidad de sus acciones a Yessica Yulieth Rodriguez Godoy.
Fundador y expropietario de 50% de las acciones de Aiko Motors CA. Exsocio de Roberto Antonio Moncada Viña. En agosto de 2022 traspasó la totalidad de sus acciones a Yessica Yulieth Rodriguez Godoy.
Comerciante. Propietaria de cuatro empresas en Venezuela. Fue directora Aiko Motors CA hasta agosto de 2024. Figura como accionista y miembro de la junta directiva de tres firmas en Panamá, dos de ellas vinculadas al comercio exterior.
Comerciante. Propietaria del 100% de las acciones de Aiko Motors C.A desde agosto 2022. Directora de Aiko Motors S.A registrada en Panamá en 2024. Con Karilú Molina Mendoza Valenzuela comparte propiedad accionaria en Innova Technology en Caracas y directiva en Domhanda Trading S.A en Panamá.
Ministro de Transporte desde 2022, año en que Aiko Motors CA cambia de propiedad. Fue Ministro de Ecosocialismo y Aguas entre 2017 y 2018. Actual presidente de la aerolínea estatal Conviasa y de la Compañía Anónima Metro de Caracas.
