Si alguien sabe de los giros del destino, ese es Alex Nain Saab Morán. Con su inesperada “deportación” a Estados Unidos, oficializada por el servicio migratorio el pasado 16 de mayo y ratificada por la propia Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, la suerte del otrora contratista predilecto, “diplomático”, “enviado especial” y Ministro de Industrias de Nicolás Maduro, se torció por completo. 

Tras la captura en Caracas de Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero por tropas de élite de Estados Unidos, a Saab Morán lo esperaba una serie de acontecimientos, ciertamente desafortunados para él, que a la postre lo condujeron a la prisión en el sur de Florida en la que hoy se encuentra: el 16 de enero fue removido de su cargo como ministro; a comienzos de febrero fue apresado sigilosamente en Caracas para recluirlo en El Helicoide hasta hace una semana, cuando fue devuelto a la justicia del país que lo investiga desde hace más de una década y que, en 2023, lo regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros impulsado entonces por la administración de Joe Biden.

Aún con el historial de auges y caídas que Saab carga como bagaje, semejante desmoronamiento le resultó difícil de anticipar, pues, por ejemplo, el día que lo destituyó del gabinete, la misma Delcy Rodríguez agradeció su labor mediante un mensaje publicado en X -antes Twitter-, en el que también le prometió futuras designaciones. “Agradezco al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió el 16 de enero en un post que, al día de hoy, está eliminado de su perfil en esa red social. 

Y así como Rodríguez borró esa promesa, la plana mayor de la autodenominada Revolución Bolivariana lo execró de un plumazo. Del “héroe” que luchó por traer alimentos y medicinas a Venezuela, como alguna vez se dijo, en la narrativa oficial pasó a ser un “ciudadano colombiano” que tiene una cédula de identidad venezolana falsa y asuntos que resolver con la justicia estadounidense… Y si te he visto, no me acuerdo. 

La rapidez con la que los hechos se precipitaron anuló el plan B que Saab Morán venía tejiendo para evadir los efectos de una eventual caída en desgracia. El plan comprendía una potencial ruta de escape hacia Italia, país donde nació su esposa, Camilla Fabri, y a donde, desde mediados del año pasado, el barranquillero preparaba el terreno para tener una alternativa de mudanza. Solo a su esposa le quedó abierta esa puerta, su particular “vuelta a la patria”, completada este viernes, según confirmaron diversos medios, aunque entonces con versiones contradictorias.

Asesorado por un abogado italiano y aprovechándose de las detenciones arbitrarias de extranjeros por parte del régimen de Maduro, Alex Saab encontró en Alberto Trentini, uno de los italianos presos ilegalmente en Venezuela desde noviembre de 2024, la carta para presionar a las autoridades italianas en beneficio propio. En cierto modo, lo logró.

Diplomacia de rehenes

La alternativa italiana no estaba tan a la mano para Saab. Tanto él como su esposa, junto con varios de sus familiares, enfrentaban desde 2020 acusaciones en la nación transalpina por los delitos de “conspiración criminal”, propiedad ficticia de bienes y blanqueo de capitales proveniente de sociedades de papel en varias jurisdicciones y ligadas a sus negocios con el chavismo, como Mirona Food FZE, Mulberry Proje Yatirim o Glenmore Proje Insaat. Esa imputación derivó, en 2022, en la emisión de una orden de captura que resultó imposible de ejecutar gracias a la protección que desplegó el régimen venezolano de Maduro en favor de Saab y Fabri, a quienes designó para desempeñar sendos cargos en la administración pública tras el retorno triunfal a Caracas del propio Saab Morán en diciembre de 2023.

En el caso de Camilla Fabri, además de Viceministra de Comunicación Internacional en la Cancillería venezolana, Maduro la designó en junio de 2025 como presidenta del programa de la Misión Vuelta a la Patria, el programa con que el régimen chavista permite a algunos migrantes venezolanos regresar al país. Pero el retorno de Fabri tendría sentido opuesto. 

Este viernes el diario El País reportó que, en su salida de Venezuela, a Fabri la acompañó un séquito de 10 personas de su entorno familiar. Desde que Saab Morán fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, en octubre de 2021, Fabri se instaló en Caracas con sus dos pequeñas hijas, con su hermana y cuñado -Beatrice Fabri y Lorenzo Antonelli, respectivamente- y con los tres hijos mayores de Saab, nacidos del matrimonio de este con Cynthia Certain Ospina.

Tanto Beatrice Fabri como Antonelli, su marido, figuraron también entre los acusados por la justicia italiana. Jorge Rodríguez les dio rostro público cuando los presentó en junio de 2023 en una sesión de la Asamblea Nacional, parlamento que entonces presidía como hoy, en la que los diputados chavistas aprobaron con vehemencia un Proyecto de acuerdo para la liberación inmediata de Alex Saab y compararon al mercader barranquillero con los llamados “cinco héroes cubanos”, el quinteto de espías castristas que se infiltraron en organizaciones del exilio en Florida y que, tras ser descubiertos en 1998, pasaron años en prisiones estadounidenses hasta su liberación final en 2014.

El proceso legal en Italia llevaba seis años encallado, a pesar de que Alex Saab contaba sobre el terreno con un equipo de siete abogados, encabezado por Paola Severino, exministra de Justicia. Pero a mediados del año pasado empezó a destrabarse de manera repentina. 

La fórmula que se planteó calcaba la que permitió a Saab Morán librarse de la justicia estadounidense en diciembre de 2023: el canje de presos o la diplomacia de rehenes. Tanto Saab como Luigi Giuliano, un abogado italiano que se sumó al proceso en julio de 2025,  que conoce a Delcy Rodríguez y mantiene vínculos con Rafael Lacava -actual gobernador del estado Carabobo, de ascendencia italiana y embajador de Venezuela en Roma entre 2007 y 2008-, ofrecieron a las autoridades italianas la posibilidad de servir como conductos para un proceso por el que Nicolás Maduro liberaría a Alberto Trentini a cambio de un arreglo judicial para Saab.

Trentini, de 46 años, originario de Venecia, trabajaba para la oenegé Humanity & Inclusion, cuando fue detenido mientras viajaba de Caracas a Guasdualito, en el estado Apure (Llanos suroccidentales del suroeste de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia). Se le acusó de espionaje sin siquiera ser presentado en tribunales y lo recluyeron en la cárcel El Rodeo I, al este de la capital venezolana. 

Durante los primeros seis meses de su detención no se le permitió contacto ni con representantes consulares ni con sus familiares. Ello no evitó que Trentini se convirtiera pronto en una causa célebre. Hasta la jefa del Gobierno italiano, Georgia Meloni, se pronunció sobre el caso.

Con el ofrecimiento y compromiso de liberar a Antonio Trentini, la fiscalía italiana y Saab pactaron un patteggiamento, una figura jurídica propia del Código Penal de Italia, que la prevé en su artículo 444. La fórmula supone que el acusado se aviene a un “acuerdo de culpabilidad” que incluye el pago de una sanción económica, a condición de obtener una pena bastante más reducida de la que podría arrojar un juicio que desemboque en una sentencia condenatoria. “El abogado Giuliano hizo el acuerdo para una pena reducida, pero está claro que los términos del acuerdo no se podían hacer públicos para no dejar constancia de una negociación con secuestradores”, afirmó a Armando.info una fuente diplomática que exigió reservar su identidad. Giuliano rechazó la petición de entrevista que se le hizo llegar  a través de Whatsapp. 

El acuerdo se firmó el 31 de octubre de 2025. Según los términos del arreglo, Alberto Trentini debía quedar en libertad apenas unos días después. Pero Saab incumplió el acuerdo, alegando que el despliegue aeronaval que Washington mantenía entonces en aguas del Caribe contra Venezuela se había convertido en un obstáculo imprevisto para que persuadiera a Maduro de la liberación de Trentini. Así lo explicó otra fuente que conoció los detalles de las negociaciones entre las partes y que también pidió mantener su nombre bajo reserva. 

La fiscalía italiana reaccionó de inmediato a la falta de Saab. El 12 de noviembre de 2025 introdujo una apelación al acuerdo; con ello advertía al contratista colombiano que el patteggiamento estaba sujeto a reversión. “No pagarían pena de prisión, pero pagaron mucho dinero. [Si] Giuliano convenció a Alex Saab de aceptar el acuerdo de culpabilidad y la apelación, fue porque no habían cumplido”, detalló la fuente. 

Finalmente, Alberto Trentini quedaría libre el 12 de enero pasado, pero no por los efectos del acuerdo de Saab con Italia. En realidad, para esa excarcelación, Maduro tuvo que ser capturado y enviado a una prisión en Nueva York, y la administración de Donald Trump se avino con Delcy Rodríguez para que esta pasara a ocupar el cargo de Presidente Encargada de la República. Así, Trentini formó parte de un primer lote de presos políticos y extranjeros detenidos arbitrariamente de los que Rodríguez dispuso su liberación, ya bajo la presión de Estados Unidos. Italia envió un avión a Caracas exclusivamente para recoger al cooperante y a otro compatriota recién liberado, Mario Burló, y traerlos de vuelta a un aeropuerto de Roma, sobre cuya pista de aterrizaje los esperaba la propia Georgia Meloni. 

A la vez, la rodada cuesta abajo de Saab estaba a punto de comenzar.

Alex a prisión, Camila a Italia

A finales de enero, Delcy Rodríguez destituyó a Alex Saab. Fue el inicio de un fugaz período en el que el colombiano, quien por años hizo de la discreción y el bajo perfil la base de su accionar, mostró una actividad inusual en las redes sociales.

Entre sus posts en X dejó colar algunos mensajes sin precedentes sobre la política colombiana que a algunos llevaron a pensar que Saab quizás se proponía regresar a su país de origen, una vez defenestrado en Venezuela. Pero la opción de Colombia no era el eje principal de sus maniobras; probablemente, en cambio, se trataba solo de una distracción.

También en X, en esa rara época de destape, Saab celebró en redes sociales lo que había conseguido en Italia. “No he sido condenado en ningún país, ni tengo procesos abiertos”, escribió el 21 de enero en respuesta a una publicación de Vicky Dávila, la periodista colombiana, exdirectora de la revista Semana de Bogotá, que en ese momento aún estaba en la carrera electoral para la presidencia de Colombia. Saab hasta se permitió alguna ironía en su respuesta: “Se nos olvidó contarte que nos regresaron también el apartamento en Italia por ser inocentes”, alardeó en la red social, en referencia a una propiedad de cinco millones de euros en una lujosa zona de la capital italiana.

Aunque era cierto que con el acuerdo de culpabilidad la pareja Saab-Fabri logró la devolución del apartamento sobre la Via Condotti romana, incautado desde 2020, el presunto testaferro de Maduro mintió al afirmar que habían sido declarados “inocentes”. A la par que omitía los detalles sobre cómo se gestó el acuerdo, evitó referirse a los 10 millones de euros que, entre dinero en cuentas congeladas y otros activos obtenidos al momento de la investigación, debió entregar a las autoridades italianas.

En el marco del patteggiamento, a Camilla Fabri se le impuso formalmente una pena de prisión de un año y siete meses, mientras que la de Alex Saab fue de un año y dos meses, aunque por tratarse de sentencias menores a dos años no debieron cumplirlas tras las rejas. El resto de los familiares involucrados en el caso, como Luis Alberto Morán Saab -hermano de Alex Saab-, Beatrice Fabri -hermana de Camilla Fabri- y el esposo de esta, Lorenzo Antonelli, también recibieron sanciones menores a los dos años.  

El 23 de enero, la prensa italiana inicialmente asomó a Saab como “mediador" en la liberación de Trentini, pero cuando trascendieron los detalles del caso se confirmó, en realidad, que el rehén en Venezuela había formado parte de una suerte de canje por la solución de las imputaciones contra Saab y sus allegados en Roma. Días después, el periodista ítalo-venezolano Estefano Tamburrini asomó las primeras claves que descifraban lo pactado entre Saab y las autoridades italianas en un artículo en el medio Avvenire. 

Posteriormente, en una entrevista para Il Fato Quotidiano, publicada el 2 de febrero, el propio Trentini le declaró a Tamburrini tras la liberación que “yo estuve preso por razones políticas. Maduro quería la libertad de Saab”.

En fecha más reciente, la televisora pública italiana RAI publicó un amplio reportaje sobre la situación en Venezuela y la detención de ciudadanos italianos, en el que confirmó el uso de Trentini por parte de Alex Saab como llave para solucionar sus problemas legales en Italia y conseguir, así, una vía de escape para cuando hiciera falta. 

Hoy Saab Morán está en la misma prisión federal de Miami en la que estuvo entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, luego de su extradición desde Cabo Verde. Su esposa, al menos, sí consiguió su “vuelta a la patria”. 

A lo largo de 25 años de turbulencias, la promesa de construir un hotel de cinco estrellas anexo al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, amagó varias veces con concretarse. En algunos casos, las obras avanzaron hasta cierto punto; en otros, solo se trató de partidas en falso. Pero en dos de esas ocasiones, incluyendo la última y definitiva, el proyecto quedó en manos de Álex Saab Morán, el empresario de origen colombiano que por mucho tiempo sirvió de incógnito como el contratista predilecto de Nicolás Maduro, y que hoy se desempeña a la vez como ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).  

Fue el mismo Maduro quien por fin inauguró este lunes reciente el hotel, con el nombre de Gran Cacique Maiquetía. En el acto, transmitido por TV, Maduro se animó a calificar el nuevo alojamiento como “el más bello de todo el Caribe”. “Me dicen quienes construyeron el hotel que tiene obras de artistas venezolanos, y que se inspiraron en el gran Cacique Maiquetía y en toda esa estética hermosa de nuestros pueblos originarios”, siguió el mandatario, sin desglosar a quiénes incluía entre “quienes construyeron este hotel” o mencionar la larga lista de proveedores a los que, durante un cuarto de un siglo, el Estado chavista confió la tarea de terminar el proyecto pero defraudaron esa confianza.  

En realidad, la culminación del edificio y su puesta en funcionamiento quedaron a cargo de un esquema que involucra tanto a Saab como a parientes de la pareja presidencial y, en particular, de Cilia Flores, la Primera Dama de la República o Primera Combatiente, como la jerga chavista prefiere llamarla.

De hecho, Saab es uno de aquellos que alguna vez no hicieron el trabajo. Porque el esquema actual repite un cuadro de copartícipes que data de 2013. Entonces Saab aparecía en el rol de contratista junto a su socio y compatriota, Álvaro Pulido Vargas, a través de Fondo Global de Construcción, la empresa con la que desembarcaron en Venezuela, y que ese año debió recibir al menos 42 millones de dólares para completar la construcción del hotel en doce meses. 

Por esas fechas y en simultáneo, Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, sobrino e hijo de Cilia Flores, respectivamente, asignaban millonarios contratos a Saab Morán desde la Fundación Propatria 2000, aquella institución creada por Hugo Chávez para promover proyectos de infraestructura y que Maduro pasó al control del Despacho de la Presidencia apenas falleció el Comandante Eterno.

Si bien la sociedad entre Saab y los Gaviria-Flores se repitió para la recta final de lo que terminaría por ser el hotel Gran Cacique Maiquetía, hay que notar que los actores de la trama y el rol que cumplen variaron un poco: mientras en la actualidad Alex Saab se involucra como presidente del CIIP, organismo estatal que tendrá la gestión integral de la instalación en el marco de una “alianza estratégica” con el Ministerio de Turismo que se hizo pública apenas unas semanas atrás, fue Walter Ramón Gavidia Rodríguez, exesposo de Cilia Flores y padre de Walter Jacob, quien, a partir de 2024 y por la familia Flores, impulsó el último envión para completar la obra desde la Corporación Juntos Todo es Posible, también adscrita al Despacho de la Presidencia. Es decir, las cosas cambiaron para que siguieran igual.

Se solicitó al CIIP que detallara sus nuevas funciones frente al Hotel Gran Cacique Maiquetía pero, hasta el cierre de la presente edición, no se había recibido respuesta. 

La quintuplicación de los cobres

En 2013, cuando la completación de la obra fue asignada a la empresa de Saab Morán y Pulido Vargas, Maduro todavía maniobraba para garantizarse el poder después de la muerte de Hugo Chávez y de unas elecciones improvisadas que en abril había ganado, según los resultados oficiales, por un estrecho margen de poco más de 1% sobre el candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. Que, en esa coyuntura exigente, una de las primeras cosas que Maduro hizo como presidente fuera entregar el proyecto al Fondo Global de Construcción, resulta elocuente sobre la importancia que el sucesor de Chávez ya daba a Saab, su futuro ministro. 

Según se indicaba en la Memoria y Cuenta de 2013 del Ministerio de Transporte, el Fondo Global de Construcción C.A. no solo debió continuar las obras del hotel, que había comenzado a construirse en el año 2000, sino también conformar una empresa mixta con el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), en la que la parte privada iba a detentar una participación minoritaria de 49% de las acciones. Esa compañía elaboraría “los diagnósticos, proyectos y ejecución de las obras necesarias para la culminación, la explotación y administración directa o indirecta”, además de los “lineamientos para el logro efectivo de la puesta en marcha del Hotel Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.

El Fondo Global de Construcción asumió la reactivación de “la última etapa de construcción en obra gris” con una inyección de 134 millones de bolívares, lo que se traduce en 21,3 millones de dólares a la tasa de cambio vigente entonces. Del monto, la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) desembolsó 70 millones de bolívares (unos 11,1 millones de dólares), según la citada Memoria y Cuenta. 

Pero el presupuesto para “la gerencia, diseño y construcción” de la terminación del hotel del aeropuerto, que figura en documentos internos de 2014 del Fondo Global de Construcción a los que tuvo acceso Armando.info, revela un cambio con respecto al monto publicado por el ministerio: se le asignaron 42 millones de dólares para que la “empresa mixta” completara 45.000 metros cuadrados de construcción en tan solo 12 meses. Se desconoce si la compañía de Saab Morán y Pulido Vargas recibió esos fondos pero, evidentemente, no concluyó la obra. 

Ese no fue el único aumento del presupuesto manejado por el Fondo Global de Construcción. Cuando el entonces ministro de Transporte, mayor general retirado Hebert García Plaza, anunció la reactivación de las obras en el estado Vargas (hoy La Guaira), aseguró que el hotel estaría listo hacia finales de 2013, para lo que dispondría de un presupuesto incrementado de 64 a 300 millones de bolívares. De ese modo, el monto asignado se quintuplicaba -al menos en el discurso- de 10,15 millones de dólares a 47,6 millones de dólares, según la tasa de cambio oficial de ese año. 

Mismo saco con fondo

Al revisar el Registro Nacional de Contratistas (RCN), el proyecto para la culminación del hotel del aeropuerto de Maiquetía no aparece entre las 19 obras, correspondientes a 16 contratos, adjudicadas al Fondo Global de Construcción. En cambio, sí figuran otras tres obras en el estado La Guaira (cuando se llamaba estado Vargas) bajo la administración del exgobernador regional (2008-2021), el fallecido general Jorge García Carneiro: el estadio de béisbol Carlos ‘Café’ Martínez, sede del equipo Tiburones de la Guaira, que pasó a llevar el nombre del general García Carneiro tras su fallecimiento en 2022; la construcción de un polideportivo que serviría de sede a los III Juegos Suramericanos de Deportes de Playa 2014 y la ampliación, para la ocasión, de la Avenida La Playa hasta Punta de Mulatos; y el levantamiento de un galpón industrial de 500 metros cuadrados en Ciudad Caribia, el hoy inconcluso y muy venido a menos modelo de comunidad socialista concebido por Hugo Chávez.

El único contrato de la constructora relacionado con el aeropuerto de Maiquetía que figura en el RNC fue para la “construcción de un caney y remodelación de habitaciones de oficiales ubicadas en el aeropuerto Simón Bolívar”, y lo asignó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como cliente. 

Cuando terminó 2013, el hotel del aeropuerto no había sido entregado. En febrero de 2014, el entonces director general del IAIM, Luis Gustavo Graterol Caraballo, aseguró que las obras registraban 72% de avance y que, después de establecer un cronograma con las empresas ejecutoras, el que estaría llamado a ser el primer hotel aeroportuario de Venezuela abriría sus puertas en el primer semestre de 2015. Algo que finalmente acaba de ocurrir, pero una década más tarde.

En realidad, las obras se paralizaron ese 2013. Lo que no se paralizó fue la buena suerte de los socios del Fondo Global de Construcción, que recibirían de la Fundación Propatria 2000, a cargo de Walter Jacob Gavidia Flores, 100 millones de dólares para la edificación de 30 gimnasios verticales en zonas populares del país, de los que muchos nunca se terminaron, y otros, completados, quedarían a la postre en el abandono. 

La última constructora que el régimen venezolano presentó como la encargada de terminar el hotel del aeropuerto fue el Fondo Global de Construcción en 2013. Después de la compañía de Saab y Pulido, no se ha mencionado otra contratista. Aunque hay que considerar que, a partir de 2014, el Estado venezolano dejó de rendir cuentas sobre el proyecto.

Tendrían que pasar algunos años para que a esa racha afortunada la interrumpiera un hiato de tres años, desde que en 2020 Saab fue detenido en Cabo Verde para extraditarlo a Estados Unidos, hasta 2023, cuando llegó a Venezuela deportado como parte de un intercambio de prisioneros con la administración del presidente Joe Biden en Washington. Por su parte, para Álvaro Pulido Vargas -nombre postizo del ciudadano colombiano Germán Rubio- la caída en desgracia no ha sido tan solo un paréntesis: desde abril de 2023 continúa tras las rejas en Caracas por acusaciones vinculadas al llamado caso Pdvsa-Cripto. 

Familia que contrata unida

El regreso de Saab al proyecto, pero ahora como presidente del CIIP, representa la reedición del equipo que en 2013 conformó con los Gavidia-Flores, quienes esta vez participan desde  la Corporación Juntos Todo es Posible. 

Esta es una empresa del Estado que nace de la amalgama entre el programa gubernamental del mismo nombre y la Misión Venezuela Bella, ambas adscritas al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, y herederas de los lineamientos de la hoy desactivada Fundación Propatria 2000, que fue presidida por Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erik Malpica Flores, que tantos contratos otorgó a Saab.

El vínculo de negocios de Saab con la familia Flores, revelado en 2014, es tan estrecho que, cuando en 2019 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al empresario barranquillero, en el mismo documento también incluyó a los hijos y sobrinos de Cilia Flores, identificados como los chamos y parte de un mismo esquema comercial. 

La Corporación Juntos Todo es Posible, que preside el también diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Walter Ramón Gavidia, fue creada en principio para el mantenimiento y supervisión de obras en las comunidades, según anuncio oficial. Pero en agosto de 2025 se le concedió otro propósito: la supervisión a las empresas contratistas que entonces daban los toques finales del hotel anexo al aeropuerto de Maiquetía. 

Apenas dos meses antes de que Maduro anunciara la venidera inauguración del hotel, el programa de recuperación de espacios públicos como plazas, parques y vías públicas, mutó por un decreto presidencial en “una instancia que llega para acabar con la burocracia”, según el propio Maduro. 

Pero la Corporación Juntos Todo es Posible nació con una vida previa. Con domicilio en el edificio Hotel León de Oro de la avenida Universidad, en el centro histórico de Caracas, se constituyó como compañía privada en 2018, con un objeto social descrito así: “Compra, venta, distribución y comercialización de productos no especializados”. Nada cercano a la construcción.

Durante esa precuela como empresa privada, tuvo como directivos y propietarios a partes iguales a Carlos José Flores y José Rafael Pérez Pastran, quienes se desempeñaron como empleados de una empresa de reclutamiento llamada PHX SS CA, según sus planillas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

José Pérez declinó la solicitud de entrevista formulada por vía Whatsapp para este reportaje.

Se pisan la manguera

A los manejos de Saab y los Gavidia Flores se le suma la Operadora Turística Humboldt 1956 CA, la misma que gerencia el emblemático Hotel Humboldt del Parque Nacional Ávila, rebautizado Waraira Repano.

La Operadora Turística Humboldt 1956 será la encargada de gestionar el hotel Gran Cacique Maiquetía, según versiones en redes sociales y de El Pitazo. Su gerente, Luis Semprun van Grieken, manejará las operaciones de la nueva edificación hotelera, ya no a 2.200 metros de altitud sino también a nivel del mar y un poco más al norte. Armando.Info solicitó a la empresa confirmar la signación, pero no obtuvo respuesta.

El presidente y socio mayoritario de la Operadora Turística Humboldt 1956, Luis Alberto Hernández Abreu, es al mismo tiempo propietario de otras ocho empresas contratistas del Estado: Inversiones Van Grieken CA; Constructora X99 CA; Constructora Poyo K CA; Constructora Jedicar CA; Inversiones YV979 CA; Transporte N.F.C CA; Inversiones Aurum y Grupo 1324 CA. De ellas, cuatro se desempeñan en el sector de la construcción

Tras ejecutar 19 obras correspondientes a 13 contratos con el Estado, según el RNC, el Grupo 1324 no solo acaba de cambiar de directiva sino también de domicilio, al mudarse en febrero de 2025 de los Bloques 22 y 23 de la urbanización 23 de Enero, en el oeste proletario de Caracas, a la calle California, cruce con Mucuchíes de la urbanización Las Mercedes, la zona rosa del entretenimiento VIP y el consumo de lujo en el sureste de la ciudad.

En su cartera de clientes públicos figuran el Ministerio de Transporte, Corpomiranda, Corporación Desarrollo Río Tuy, Vialidad y Construcciones Sucre S.A. Además, ha suscrito contratos con las privadas Constructora X99 (de la que es propietario) e Inversiones Alfamaq, cuyo presidente y socio mayoritario es Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, con múltiples contratos con el Estado, también ligados al sector de la construcción. 

El Grupo 1324 ha trabajado también para la entidad que supervisa las obras del hotel Gran Cacique Maiquetía. Entre julio de 2020 y abril de 2025, Grupo 1324 ejecutó el contrato de “Mantenimiento y reparaciones” para la Fundación Misión Venezuela Bella, programa creado en 2019 por Maduro para el rescate de espacios públicos que, al menos hasta enero de 2025, fue presidida por Jacqueline Farías, exjefa de gobierno del Distrito Capital. 

Un entramado de connivencias que hace realidad el lema de “Juntos todo es posible”. Pero, eso sí, siempre que quienes se junten tengan apellidos como Saab o Gavidia-Flores.

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Aunque las autoridades han evitado cuantificar las pérdidas por el crudo despachado desde 2019 a través de intermediarios, pero aún sin cobrar, las cifras de la compañía anuncian un naufragio de miles de millones de dólares. A los 8.406 millones de dólares que hasta agosto de 2022 estaban en “cuentas por cobrar”, tal y como reveló Armando.Info en noviembre pasado, se suma el monto de otras 230 facturas que en una operación contable Pdvsa “cedió” al Estado, de acuerdo a nuevos documentos obtenidos para este reportaje.

Un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces Vicepresidente de Comercio y Suministro y hoy detenido, coronel Antonio Pérez Suárez, revela que Pdvsa traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”. Este monto incluye buena parte de las cuentas por cobrar que ya registraba Pdvsa hasta agosto de 2022 en el reporte citado, pero descubre otros pasivos millonarios por “embarques entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.

El documento revela, por ejemplo, un impago a Pdvsa de alrededor de 1.500 millones de dólares asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro desde que llegó al poder.

La fecha del reporte confidencial de Pdvsa también resulta reveladora, ya que tanto Nicolás Maduro como el Fiscal General de la República nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, han reconocido recientemente que fue en octubre del año pasado cuando se iniciaron las investigaciones sobre la corrupción en Pdvsa.

Además del defenestrado coronel Antonio Pérez Suárez, a quien William Saab calificó como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, otros directivos de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa están detenidos, así como algunos de los empresarios que estaban tras las sociedades a las que habían asignado despachos de crudo venezolano, como Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arosio Hobaica o los hermanos Perdomo de la Constructora HP.

“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela (...) Aparte de que haces una negociación al margen de la ley, incumplen los pagos [sic]”, resumió el pasado 25 de marzo William Saab, en lo que definió como el modus operandi de una de las tramas de corrupción “más escabrosas” de los últimos años.

Aunque entre los detenidos por la razzia no está Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, se sabe que su residencia en el Country Club de Caracas fue allanada en el marco de la investigación, según confirmó el Fiscal a la WRadio de Colombia. En esa misma declaración, el funcionario desvinculó del caso a Alex Saab, a quien el chavismo defiende como “diplomático venezolano” desde su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. 

Sin embargo, los documentos obtenidos confirman que tanto Saab como Pulido figuran entre los intermediarios que más petróleo se llevaron de Pdvsa y dejaron de pagar a la estatal.  De hecho, buena parte de las facturas aún sin cobrar de los años 2019 y 2020 que Pdvsa traspasó al Estado tienen conexión con las sociedades operadas por Saab y Pulido, como las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, o las rusas Protón y Delta, entre otras. 

Saab, aunque mal pague

Así como en 2016, en plena ola inflacionaria y de desabastecimiento de productos básicos, Maduro confió al tándem colombiano buena parte del suministro de alimentos para los denominados Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a mediados de 2019, en otro momento de aprietos, Maduro encargó la comercialización de petróleo venezolano a la dupla colombiana, con la misión de evadir las trabas que para ello habían creado las sanciones que Washington impuso a la petrolera estatal a inicios de ese mismo año.  

Los documentos internos de Pdvsa confirman el fracaso de la estrategia: al menos 19 sociedades manejadas por la dupla Saab-Pulido acumulaban, todavía en octubre de 2022, una deuda con Pdvsa de casi 1.500 millones de dólares. Dos de esas compañías son las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, con las que Pdvsa prácticamente comenzó esa tercerización en la venta de sus productos y detrás de las cuales estaban Saab y Pulido junto al mexicano Joaquín Leal, sancionado por el Departamento del Tesoro a mediados de 2020 al ser considerado el “conducto” para burlar las sanciones contra Pdvsa. 

Al principio, el negocio entre Pdvsa y las empresas mexicanas se planteó como un “intercambio humanitario” a través del cual estas compañías cargaban petróleo venezolano a cambio del suministro de mercancías. Así, el 13 de junio de 2019 Libre Abordo pactó con Corpovex, la estatal encargada de centralizar las importaciones públicas, la venta de 1.000 camiones cisterna y, cuatro días después, el 17 de junio, la entrega de 210.000 toneladas de maíz blanco. 

Ambos contratos sumaron 195 millones de euros, pero nunca se ejecutaron del todo. En cambio, el petróleo cargado y adeudado por Libre Abordo a Pdvsa entre 2019 y 2020 asciende a 422 millones de dólares distribuidos en 16 facturas que finalmente la petrolera estatal traspasó al Estado. En el caso de Schlager Business Group, el petróleo adeudado a la Pdvsa suma volúmenes cotizados en 276 millones de dólares, distribuidos en 15 facturas del año 2020.

Lo más paradójico de esa relación comercial, lesiva para Pdvsa, se vio cuando las autoridades norteamericanas investigaban las actividades de Joaquín Leal y las empresas mexicanas: Libre Abordo anunció su bancarrota acusando pérdidas por 90 millones de dólares. “El valor de la mercancía que se iba a compensar por el petróleo era mucho más bajo que el valor del petróleo”, asegura una fuente que conoció las actividades de Libre Abordo, pero prefiere el anonimato. Un petróleo que, además, quedaría debiendo.

Pero el recorrido de Alex Saab y Álvaro Pulido como comercializadores de petróleo venezolano no quedó allí. A las compañías mexicanas le sucedieron otras registradas en Rusia que, al igual que las primeras, a la postre quedaría en deuda con Pdvsa el petróleo que se llevaron.

La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a Pdvsa casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021. 

Pese a las deudas que ya mantenía, el 30 abril de 2020 esa misma Protón Sociedad Limitada obtuvo dos contratos de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de la corporación, para el suministro de alimentos por 1.023 millones de euros pagaderos con petróleo. Fue el último gran negocio que logró Saab justo antes de caer detenido. Por ello, su ejecución efectiva recayó en Pulido, tal y como reveló Armando.Info en un reportaje publicado en diciembre pasado, pero desde la oficina en Moscú de los empresarios colombianos a cargo de la también colombiana María Camila Ballén Hernández, quien registró a Protón en Rusia.

Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son otras de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas por casi 1.500 millones de dólares entraron en el traspaso contable que la petrolera estatal hizo al Estado, de acuerdo a los documentos conseguidos para este reportaje. De hecho, esas cinco empresas fueron listadas, junto a la mexicana Schlager Business Group, en un correo electrónico que llegó el 11 de agosto de 2020 al departamento de “Administración de Contratos” de Pdvsa para solicitar un “estado de cuenta” de todas las compañías que hacían parte de lo que denominaron como un “consorcio”, como también publicó Armando.Info. 

“Alex Saab se encargaba de la parte política de conseguir los cupos de petróleo, compensaciones, contratos, mientras que Álvaro Pulido se encargaba de la parte operativa y financiera”, relata otra fuente que también prefiere el anonimato.

Cuentas por cobrar hasta en Rusia

A diferencia del tratamiento de las deudas de las compañías operadas por Saab y Pulido, en el informe confidencial del 11 de octubre de 2022 sí se incluyeron los impagos de otras compañías ligadas a otros empresarios que ya estaban listadas en el reporte de las cuentas por cobrar a agosto del año pasado, y cuyos casos ya habían llegado a instancias judiciales en Venezuela por el incumplimiento en los pagos. 

Una de esas sociedades es Montmagastre Ventures Ltd, registrada en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, con una subsidiaria en Serbia, y ligada en Venezuela a los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, viejos contratistas del chavismo en distintos negocios. La deuda de Montmagastre Ventures Ltd con Pdvsa y a la postre traspasada al Estado llega a casi 311 millones de dólares, distribuidos en ocho facturas del año 2021.

Ese caso de Montmagastre Ventures Ltd llegó al propio Tribunal Supremo de Justicia porque la empresa, que usaría el petróleo para cobrar una acreencia que otra compañía ligada a los Khalil tenía con Pdvsa, terminó denunciando el robo del cargamento.  

El informe que detalla la cesión de facturas de Pdvsa al Estado también incluyó las deudas de Supraquimic, la fabricante de los productos de limpieza Clic, del empresario José Alfredo Llamozas González, por 221 millones de dólares; y la de casi 50 millones de dólares de Arcos Services Ecuador, ligada a Kristina Antonorsi Quintero, detenida el 9 de octubre de 2022. 

Otras deudas que no aparecían en las cuentas por cobrar de Pdvsa hasta agosto del año pasado y que surgen en el nuevo informe de octubre de 2022 son las de algunas sociedades que vendieron petróleo venezolano a Rusia, especialmente entre 2021 y 2022.

Tres compañías identificadas como One Maritime Services, Tracor Trading y Yunshu Maritime, quedaron debiendo a Pdvsa alrededor de 1.200 millones de dólares por petróleo transportado en el año 2021. Al cierre de esta investigación no se pudo establecer qué empresarios operan esas compañías. 

El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa es tal que, según los documentos, en octubre pasado y con el aval de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. 

Mientras tanto, en Pdvsa siguen sin saber dónde está el dinero de buena parte del petróleo comercializado desde 2019. 

Como una sombra que aparece y desaparece, su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, es otro pariente problemático que lo ha obligado varias veces a dar explicaciones.

Nacido en Zipaquirá, un municipio del altiplano a las afueras de Bogotá, hijo del llamado Zar de la papa y veterinario de profesión, Carlos Gutiérrez es un empresario de la ganadería casado con María Teresa Alcocer García, hermana de la Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer García. Del apetito por el poder político de esta última se especula mucho en la prensa colombiana.

El de Gutiérrez Robayo no es un nombre nuevo para la prensa venezolana. En su parábola empresarial destaca un punto tangente, ya dado a conocer, con los negocios en Venezuela de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los contratistas predilectos de Nicolás Maduro durante más de una década, investigados en varias jurisdicciones por lavado de dinero y, en el caso de Saab, aún espera juicio en un tribunal de Florida, en Estados Unidos. 

“A Carlos [Gutiérrez] lo conocí hace un par de años: una persona muy inteligente. Me planteó una sociedad que finalmente no pudimos hacer”, reconoció Alex Saab al diario El Tiempo de Bogotá en agosto de 2017, cuando todavía el barranquillero negaba su participación en los millonarios contratos del suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Negaba, incluso, conocer al propio Maduro, su principal benefactor y quien sorpresivamente lo empezó a reclamar como su “diplomático” tras su detención en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, de donde fue extraditado en octubre de 2021.

Aquel negocio al que se refería Saab en una de las pocas veces que declaró a medios de comunicación fue el de Trenaco, la desconocida petrolera registrada en Suiza y Colombia que recibió en 2015 un contrato de la estatal Pdvsa por 4.500 millones de dólares, y en la que Carlos Gutiérrez Robayo figuraba como Presidente, tal y como demostraron documentos de la filtración Panama Papers.

“Yo no tenía la capacidad financiera para hacer esa inversión”, detalló Saab en esa misma entrevista para justificar el fallido negocio petrolero y del cual Pdvsa nunca ofreció explicaciones. Aunque la relación entre Gutiérrez y Saab también se creía disuelta con el fracaso de Trenaco, ahora nuevos documentos confirman que no hubo un deslinde y que aquella no fue la única sociedad con la que intentaron sacar provecho de una Venezuela en pleno derrumbe económico.

Cazando rebajas en Venezuela

En 2018, año en el que Gustavo Petro perdió contra Iván Duque su primer intento por alcanzar la Casa de Nariño, y el mismo en que Maduro cedió a Saab el control de commodities venezolanos como el oro, el carbón o la madera bajo la fachada de compañías turcas, Carlos Gutiérrez participó en esa compleja estructura societaria tejida en diversas jurisdicciones representando los intereses de Saab y Pulido, pero también intentando él mismo quedarse con algunas de esas materias primas a precios favorables a través de sus empresas.

Como una secuencia previamente calculada, entre julio y agosto de 2018, Alex Saab a través de Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim, compañías registradas en Turquía pero controladas por varios de sus operadores, se aseguró el control de las estatales Maderas del Orinoco, Carbones del Zulia y la Compañía General de Minería de Venezuela bajo la figura de tres “empresas mixtas” Mavetur, Carboturven y Mibiturven, respectivamente.

Pocas semanas después, el 17 de septiembre de 2018, a Maderas del Orinoco, ya bajo la égida de Alex Saab, y Mavetur, llegó una “carta de intención” de la compañía colombiana C.I Global Multi Commodities (Glomco) para comprar la madera de Uverito, la extensa explanada al sur del estado Monagas, colindante con las riberas del Orinoco, donde durante décadas se sembró un bosque de casi 600.000 hectáreas de pino caribe pero que hoy no sobrepasa las 200.000 hectáreas, según estimaciones de ambientalistas y de trabajadores de Maderas del Orinoco. 

Glomco no era un comprador cualquiera. Desde su nacimiento en diciembre de 2017, pocos meses antes de la negociación con Maderas del Orinoco, y al menos hasta finales de 2019, el único accionista de Glomco era Fema Reforestaciones, una compañía que desde su creación en 2008 ha intercambiado como accionistas a Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa y sus hijos menores de edad. O, a la luz actual de sus parentescos: el concuñado, la cuñada y los sobrinos del presidente de Colombia.

En su objeto social inicial, Glomco apuntaba en su razón de ser al comercio de “metales ferrosos y no ferrosos en formas primarias”, la “comercialización y distribución al por mayor y al por menor de metales en general”, así como también el “desarrollo de la industria de la minería” para comercializar oro y plata. En su página web sí destacan los productos “maderables” como otra de las materias primas de su portafolio. 

Por su parte, Fema Reforestaciones está ubicada en la hacienda La Primorosa de Zipaquirá, un municipio a las afueras de Bogotá, y que es la misma sede de CGR Biotecnología Reproductiva, la principal empresa ganadera de Carlos Gutiérrez. Zipaquirá es también la región donde Gustavo Petro se crió, terminó su primaria e hizo carrera política como concejal de ese municipio en la década de los 80 del siglo pasado. Y también allí Petro hizo amistad con el padre de Carlos Gutiérrez Robayo, como reconoció en julio de 2020, una de las veces que salió a desmarcarse de su concuñado. 

Parte del ventajismo con que contó Carlos Gutiérrez Robayo se confirma no sólo porque la negociación ocurrió meses antes de que se formalizara en Gaceta Oficial la constitución de Mavetur, lo que ocurrió el 18 de febrero de 2019, sino que el propio Gutiérrez, amparado bajo el seudónimo de un tal Alberto Fernández, según relatan trabajadores de Maderas del Orinoco, visitó en septiembre de ese 2018 los complejos madereros al oriente del país en representación de los supuestos “inversionistas turcos” que, en realidad, eran operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido.

De acuerdo a los documentos, Glomco envió varias órdenes de compra a las oficinas de Madera del Orinoco, el 1 de octubre de 2018, con la firma de Francisco Sierra Carreño como director de marketing de la compañía o CMO, por sus siglas en inglés. Allí la compañía ofertó 146 dólares por metro cúbico de madera de pino de Uverito, un precio por debajo de la cotización internacional, según la respuesta del entonces presidente de Maderas del Orinoco, José Pérez Guevara.

“Mi deber es informarle que su oferta comercial, [sic] está muy por debajo de los precios esperados en función a nuestra estructura de costo y estimación de precios del mercado mundial de los commodities forestales de la especie pino”, se lee en la carta enviada a Glomco. En el texto se invitaba a la compañía controlada por Carlos Gutiérrez a “presentar su mejor oferta”, algo que nunca ocurrió. 

“Cuando los colombianos llegaron querían que la madera se le vendiera a Glomco por debajo del precio de mercado”, relata una de las fuentes que prefiere el anonimato.

David Lascano Correa, directivo de la compañía desde su creación y uno de los propietarios desde finales de 2019, se mostró desconcertado ante las consultas para este reportaje. Pese a las evidencias, Lascano sostiene que Carlos Gutiérrez “no tiene nada que ver con Glomco”, que las ofertas de compra enviadas a Mavetur se iniciaron a “mediados de 2019” y que la adquisición de la compañía se negoció con María Alcocer, la esposa de Carlos Gutiérrez y cuñada de Gustavo Petro. 

“María Teresa (Alcocer) no quería la compañía porque no daba lo que esperaba, por eso la quería vender y entramos a comprarla”, respondió Lascano vía WhatsApp. Admitió “estar alarmado” y no descartó acciones legales contra “quienes se hayan hecho pasar por Glomco”.

La representante legal de Fema Reforestaciones, Claudia Zambrano, no contestó a la solicitud de una versión para este reportaje, así como tampoco a la petición de entrevista con Carlos Gutiérrez Robayo.

De lejitos con el concuñado 

Pese a que el comercio de la madera no se concretó, Carlos Gutiérrez siguió tras otros commodities venezolanos, especialmente los de la minería. 

Los papeles obtenidos para este reportaje, así como el testimonio de las fuentes, coinciden en que aún en 2019 Gutiérrez despachaba desde las oficinas del tándem colombiano en el Centro Galipán, un edificio de oficinas del este de Caracas, y que ordenaba negociaciones con varias de las sociedades que Alex Saab y Álvaro Pulido registraron en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otras jurisdicciones. 

“Además de Mavetur, él estuvo con las actividades del oro en Mibiturven, compras de fertilizantes, chatarra y hasta producciones agropecuarias en Venezuela”, detalla otra de las fuentes consultadas, que también confirma que en muchas ocasiones Gutiérrez usaba el seudónimo de Alberto Fernández y mantenía contactos con funcionarios del alto gobierno, como Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo. 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, siempre se ha desligado de los negocios de su concuñado. “Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, concuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana”, expresó el 22 de julio de 2020, siendo aún senador y en respuesta a una publicación del medio digital Cuestión Pública, en el que mostraban que Carlos Gutiérrez Robayo y varias de sus empresas aportaron dinero a algunas de las campañas electorales de Petro al Senado y a la Alcaldía de Bogotá.

Pocos días después, el 30 de julio de 2020, cuando las repercusiones de la detención de Alex Saab también se sentían en Colombia, Petro publicó un tuit en el que reconocía haber sido amigo del padre de Carlos Gutiérrez Robayo desde su juventud en Zipaquirá. Allí mostraba, además, a Gutiérrez en un video en el que se le veía manifestado su apoyo por Iván Duque en la campaña presidencial de 2018. 

“Este es Carlos Gutierrez Robayo, con quien me sindican falsamente de vínculos con [Alex] Saab y otros. Esta es su militancia política. Con Carlos Gutiérrez no tengo vínculo de parentesco. Fui amigo de su papá, concejal conservador de Zipaquirá y gran agricultor de la papa”, tuiteó Petro.

Pero seis años antes, y cuando Petro era el alcalde de Bogotá, revelaciones periodísticas mostraron que Carlos Gutiérrez Robayo, su esposa -la cuñada de Petro-, María Alcocer, y Juan Carlos Alcocer García, también cuñado, se beneficiaron en la construcción de unos desarrollos inmobiliarios en una zona que requería licencias ambientales de la Alcaldía de Bogotá. 

En esa oportunidad, Petro también se desmarcó y manifestó su impedimento ante el Procurador General de Colombia para resolver la situación en vista del evidente conflicto de interés. “Con dicha actuación el mandatario distrital pretende, en aras de la transparencia, separarse de cualquier injerencia en las competencias de las autoridades distritales a las que les corresponde efectuar el control urbanístico”, declaró el entonces alcalde de la capital colombiana en un comunicado.

Fue también con un comunicado del pasado 2 de marzo cuando el ahora presidente de Colombia se desmarcó del escándalo reciente provocado por las actuaciones de uno de sus hijos. “Le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”. 

Pero con Carlos Gutiérrez Robayo el asunto todavía no llega a la Fiscalía de Colombia.   

A diferencia de Saab, Álvaro Pulido siempre prefirió el perfil bajo desde que llegó a Caracas. Si bien sus cercanos lo apodan Cuchi, eso ni niega ni impide que su personalidad arrastre un halo sombrío. Hasta su identidad fue un misterio durante años, ya que su nombre real es Germán Enrique Rubio Salas, tal y como reveló en su momento la cadena televisiva en español Univisión de Estados Unidos. Fue con esa identidad pasada que quedó relacionado al narcotráfico como cabecilla del llamado Cártel de Bogotá.

La captura de Saab y la posterior exaltación de su figura por la propaganda oficial, apartó a Pulido casi por completo de esos focos de atención mediática que siempre evadió. Su discreción, que así se vio reforzada, escondía el hecho de que siempre fue el “cerebro”  o mastermind de muchas de las tramas financieras de la dupla colombiana, desde aquel germen del Fondo Global de Construcción, donde la cara visible siempre fue la de Saab, pero en papeles el beneficiario final era Pulido.

No en vano, el nombre de Álvaro Pulido está en la misma acusación de un tribunal de Florida, divulgada a mediados de 2019, que provocó la captura de Alex Saab un año más tarde en Cabo Verde, así como en otra aún mayor, revelada sólo días después de la extradición de Saab a Estados Unidos en octubre de 2021, y relacionada con el posible lavado de 1.600 millones de dólares a través de la venta de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), negocio que el tándem colombiano acaparó con la empresa Group Grand Limited desde la propia creación del programa en 2016. 

Pero el torbellino judicial que se tragó a Alex Saab fue una oportunidad para Pulido. Documentos obtenidos para este reportaje confirman que la detención de su socio en Cabo Verde no lo arredró. En realidad, tras ese episodio, Pulido continuó no sólo las operaciones millonarias ligadas al despacho de alimentos para el régimen de Nicolás Maduro, sino que añadió a su portafolio la comercialización de millones de barriles de petróleo venezolano mediante decenas de compañías de fachada que, en algunos casos, todavía adeudan millones de dólares a la estatal Pdvsa y que, en otros, maquillaron a su favor las cifras reales de crudo transportado a puertos asiáticos.

Además de esas sociedades de fachada, muchas de ellas sin siquiera registro comprobable, los papeles conseguidos por Armando.info revelan el uso de identidades y direcciones ficticias, así como la falsificación o adulteración de los documentos de embarque a espaldas de la propia Pdvsa. 

Nada más un par de esas sociedades de pantalla controladas por Pulido, Retino Maritime y Yugtang Fung, en conjunto deben a Pdvsa 90,3 millones de dólares por petróleo despachado en 2021 y que no está asociado a “esquemas de compensación financiera”, de acuerdo a documentos internos de la estatal. Son los mismos documentos que muestran que, hasta agosto de este año, las deudas de los intermediarios que colocaron el crudo en mercados internacionales alternativos como parte de la estrategia diseñada por el Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para evadir las sanciones de Estados Unidos impuestas a la petrolera en 2019, causaron un hueco de hasta 8.000 millones de dólares en las finanzas de la estatal.

Pero el negocio petrolero que Álvaro Pulido Vargas terminó manejando a discreción tras la captura de Alex Saab era mucho más amplio y caudaloso. Superó los 1.000 millones de euros y comprendía la comercialización de petróleo como “compensación” de pago por el suministro de alimentos.

Ganancia por todos lados 

El 30 de abril de 2020, cuando en Venezuela ya se sentían los efectos de la pandemia de la covid-19, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de la compra en mercados internacionales de suministros y materiales para la estatal, suscribió dos contratos por poco más de 1.000 millones de euros con una desconocida compañía rusa denominada Protón S.L. para ese suministro de alimentos a cambio de buques cargados con petróleo venezolano.

Como representante de Protón en el contrato figura un ciudadano llamado Eduardo Ortiz, sin segundo apellido, como tampoco cédula o documento de identificación, datos que regularmente aparecen en contrataciones con el Estado. Pero Protón es, en realidad, una compañía rusa ligada a Pulido y Saab. De acuerdo al registro mercantil fue fundada en marzo de 2020, apenas un mes antes del millonario acuerdo con Bariven, por María Camila Ballén Hernández, una joven también colombiana que dirigió la oficina de los empresarios en Moscú, tal y como reveló Armando.info recientemente. 

A la postre fue el último gran negocio que consiguió Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro, sólo mes y medio antes de ser detenido en Cabo Verde, y quedó en manos de Álvaro Pulido.  

El primero de los contratos entre Bariven y Protón llegó a 970,5 millones de euros a cambio del “suministro de víveres” en 30 millones de “combos compuestos por alimentos de primera necesidad” como arroz, leche en polvo, azúcar o pasta con “un peso total de 12 kg y la mayor variedad de productos posible”. De allí se desprende que cada caja de alimentos fue facturada por la compañía rusa controlada por Saab y Pulido en 32,35 euros, y cada kilogramo de productos en 2,69 euros.

El segundo contrato, firmado el mismo día, fue por 52.521.696 euros y pacta otros precios por los mismos productos. Ese convenio fue por 1.490.400 “combos” que debían sumar 19 kilogramos de los mismos “alimentos de primera necesidad” y la “mayor variedad de productos posible”, lo que promedia cada caja en 35,24 euros, a razón de 1,80 euros por cada kilogramo. 

Ambos acuerdos sumaron 1.023 millones de euros que Pdvsa debía cancelar a Protón con petróleo. “Infórmese a Protón S.L que se ofrecen de manera expresa, irrevocable e incondicional los derechos de pago y créditos comerciales derivados del suministro de crudo de petróleo a quien Protón S.L determine”, establece el acuerdo firmado por el presidente de Bariven, Óscar Dávila Rondón, un militar del ejército con recorrido en varios cargos públicos.

Para esas operaciones, Álvaro Pulido manejó una red de decenas de compañías de fachada que movieron el crudo a puertos de Singapur y Malasia, sobre todo. Si los documentos revelan inconsistencias en los precios de facturación de los alimentos, algo similar ocurre al detallar la operación entre Pdvsa y la red de empresas de Álvaro Pulido. 

La documentación muestra que, entre septiembre de 2020 y enero de 2021, con Álex Saab ya detenido en Cabo Verde, unas 15 compañías manejadas por Álvaro Pulido realizaron al menos 24 embarques con una carga neta total -esto es, restando el porcentaje de agua y sedimentos al momento del embarque- de 18,1 millones de barriles de petróleo crudo, la mayoría del tipo Merey. Pero en los puertos de destino esa carga se redujo artificialmente a 17,6 millones de barriles, unos 570.535 barriles menos, tras abultar aún más el porcentaje de pérdidas.

En la práctica, las intermediarias controladas por el socio de Alex Saab se quedaron con el equivalente a entre 16 y 29 millones de dólares, según el precio promedio que el crudo Merey tuvo en los años 2020 y 2021. Al precio actual de 71,56 dólares por barril al cierre de octubre, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la pérdida para Pdvsa sería aún mayor, ya que esos 570.535 barriles se cotizarían ahora en 40,8 millones de dólares. 

Uno de los casos más llamativos entre esas transacciones es el del buque Ocean Pride 1. El 28 de septiembre de 2020, poco más de tres meses después de la detención de Alex Saab en la Isla de Sal en Cabo Verde, partió de los muelles de la refinería de Jose en el estado Anzoátegui, hasta el puerto de Sungai Linggi en Malasia, donde atracó el 16 de noviembre. Al momento del embarque la carga neta totalizó 675.765 barriles de crudo Merey 16 tras descontar el equivalente a 1,515% de pérdida por agua y sedimentos. Sin embargo, al llegar al puerto destino la pérdida reportada se incrementó un 7,05%, equivalente a casi 40.000 barriles, para totalizar 637.784 barriles de crudo.

“Es un negocio en el que ganaba por todos lados: el valor real de la caja de alimentos era inferior, pero con esos precios se inflaba la deuda de Pdvsa y luego se quedaba con más petróleo del que realmente correspondía, un petróleo que de entrada Pdvsa le entregaba con descuentos”, explica una fuente que pide el anonimato. 

El negocio de petróleo por alimentos controlado por Álvaro Pulido pudo ser aún mayor, ya que la misma Bariven firmó el 4 de mayo de 2020 un contrato por 33,12 millones de euros con Corporación Inlaca, en manos de Saab y Pulido desde marzo de 2019, para el suministro de 24 millones de leche líquida marca Mi Vaca, a razón de 1,38 euros por cada litro. Esa mercancía también debía pagarse con petróleo venezolano, según muestran los documentos.

Vidas paralelas

El esquema con Protón fue el mismo que a mediados de 2019 ensayó el régimen de Nicolás Maduro, también con Alex Saab y Álvaro Pulido como contrapartes. 

En esa oportunidad, el pago con petróleo era a cambio de camiones cisternas. A la operación le sirvieron de fachada unas empresas mexicanas que nada tenían que ver con el negocio petrolero y en las que también apareció Joaquín Leal Jimenez, un joven empresario mexicano a la postre sancionado por el Departamento del Tesoro en 2020. 

Las autoridades norteamericanas calcularon entonces que a través de ese esquema de tres sociedades mexicanas, la dupla de empresarios colombianos había cargado unos 30 millones de barriles de Pdvsa. 

Los nuevos documentos obtenidos para esta cobertura permiten confirmar que el negocio petrolero para Saab y Pulido se extendió al menos hasta los primeros meses de 2021 y que en 2020 transportaron al menos 61,9 millones de barriles, casi la mitad de los cuales salió de las refinerías venezolanas después de la detención de Saab en Cabo Verde el 12 de junio de 2020.

Esa captura de Alex Saab en el archipiélago africano, así como su posterior extradición a los Estados Unidos, cortó lo que durante más de una década fue una vida paralela con Álvaro Pulido haciendo millonarios negocios con el régimen chavista. 

Ahora, mientras Alex Saab espera en una prisión de Florida el eventual inicio del juicio en su contra, dilatado por la estrategia de su defensa de alegar “inmunidad diplomática”, Álvaro Pulido duerme en una casa del Country Club de Caracas. Así como en el pasado evadió las acusaciones en Colombia con su identidad real, hasta ahora ha logrado escapar a la justicia estadounidense. “Rubio está desde hace dos años en Colombia, trabajando con cinco identificaciones falsas con las que entraba y salía del país”, reseñó El Tiempo de Bogotá en una nota del 11 de mayo de 2000.

Fuentes conocedoras de las actividades de Álvaro Pulido señalan que desde hace un tiempo no es una figura del agrado de Delcy Rodríguez, la poderosa vicepresidenta de la República y hermana del presidente del parlamento chavista y jefe de la delegación negociadora del oficialismo en México, Jorge Rodríguez. Eso explicaría que este año Pdvsa haya descartado al colombiano mientras recurría a otros intermediarios afines a distintos grupos de poder para la comercialización del petróleo venezolano, como los hermanos Majed y Khaled Khalil. 

Coinciden también en que, a diferencia de Alex Saab, quien con una personalidad más jovial mantenía las relaciones con ministros y hasta con el propio Nicolás Maduro, la personalidad “tosca” y “arrogante” de Pulido le ha causado roces con la plana mayor de Pdvsa y otros funcionarios.

Por ahora, en todo caso, congraciado o en desgracia, a Álvaro Pulido el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin mencionarlo, tal y como pasaba con Alex Saab hasta aquel 12 de junio de 2020 en el que fue detenido en Cabo Verde. Solo entonces empezaron a hablar de este. ¿Deberá ocurrir algo similar con Pulido-Rubio para que el régimen de Caracas acepte su existencia?