Envíanos
un dato

El trueque con México se quedó chucuto

Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.

El 18 de junio pasado Estados Unidos emitió sanciones financieras contra un par de empresas mexicanas. Con ello, asestó un nuevo golpe a Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano favorecido por el régimen de Nicolás Maduro como su mayor contratista y operador comercial, quien aguarda bajo arresto en Cabo Verde su posible extradición a Miami para enfrentar cargos por lavado de dinero.

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

ArmandoInfo

Sólo seis días después de su detención en Cabo Verde, el Departamento del Tesoro señaló a Alex Saab como cabeza junto al mexicano Joaquín Leal de un esquema para evadir las sanciones financieras contra la estatal Pdvsa.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right

zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe "a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan". Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: "Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes", remata. 

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros. 

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right

zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar

La documentación además ofrece pistas sobre una sucursal de Libre Abordo en Venezuela, Libre Abordo Venezuela C.A, que figura en los papeles del primer despacho. En el segundo, el del 20 de abril, los datos de aduana conducen a las oficinas de la petrolera Southern Procurement Services Ltd, ubicada en el penthouse de una de las torres del Centro Banaven, mejor conocido como el Cubo Negro de Chuao, en el sureste de Caracas. En los últimos años, Southern Procurement Services Ltd ha sido contratista de la estatal Pdvsa y de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

De las 200.000 toneladas de maíz blanco ofrecidas junto a los camiones cisterna como parte del intercambio, no se sabe si finalmente llegaron a puertos venezolanos. Hay evidencias para creer que no. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que Libre Abordo nunca envió esa mercancía a Venezuela, ni ningún tipo de alimento a granel. Se sabe, sí, que representantes de la estatal mexicana Diconsa estuvieron pidiendo cotizaciones a traders de granos para enviar maíz blanco a Venezuela, algo que tampoco sucedió. “En el mercado mexicano el que sonaba ante el público por ese negocio de Libre Abordo era Joaquín Leal. Él iba a Venezuela con frecuencia”, reconoce un empresario, que prefiere el anonimato. 

En cualquier caso, si solo el valor del petróleo cedido por Pdvsa asciende a los 300 millones de dólares, como alega el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está claro que excede al valor de la mercancía que, por lo que se sabe, Libre Abordo hizo llegar al puerto de La Guaira.

La fuerte e inesperada caída del precio del crudo en los mercados globales como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, con toda probabilidad, causó un desajuste a las equivalencias previstas en el acuerdo original de 2019 y pudiera explicar que Libre Abordo al final haya quedado en deuda con Venezuela. En ese escenario, de acuerdo a fuentes conocedoras del negocio, la petrolera estatal venezolana entregó de manera anticipada volúmenes de crudo sin la contraprestación acordada, algo que desde el oficialismo se niega. 

chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right

zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar

Socios ‘navegaos’

El endurecimiento de las sanciones del Gobierno norteamericano a comienzos de año contra uno de los principales socios comerciales de Pdvsa, la empresa rusa Rosneft Trading y su subsidiaria TNK Trading, abrió una oportunidad de negocio para los mexicanos, al quedar de inmediato convertidos en una alternativa para la colocación del petróleo que Venezuela seguía produciendo. Fue así como los tratos con Libre Abordo pasaron a representar de 3% de las exportaciones de Pdvsa, en enero, a 40% en abril. Una nueva intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos segó definitivamente esa bonanza.

Los cargamentos operados por los socios mexicanos y sus correspondientes intermediarios navieros -también sancionados por Washington- empezaron en noviembre del año pasado, según el Departamento del Tesoro, y replicaban las operaciones que ejecutaba la propia Rosneft. Un ejemplo es la bitácora de ruta del Delos Voyager, un buque que navega con bandera panameña, y que el pasado 18 de marzo atracó en el puerto de Amuay, en el estado Falcón, con un cargamento de 680.000 barriles de fuel oil, según el portal El Pitazo. El Delos Voyager zarpó al día siguiente con un cargamento de más de 500.000 barriles de crudo rumbo a Asia, en cuyos mercados spot se vienen transando los volúmenes llegados de Venezuela o se desvían hacia el cliente final. El encargado de la transacción, consta en los registros marítimos, era Libre Abordo. Su subsidiaria, Schlager Business Group, se encargaba de dar apoyo administrativo.

El buque ancló en Gibraltar, enclave británico sobre la costa andaluza de España, donde es común que la carga de un barco se trasborde a otro. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Delos Voyager y a su propietaria, Delos Voyager Shipping LTD, una empresa fundada en noviembre de 2017 con sede en las Islas Marshall, una república insular en medio del océano Pacífico, donde la información de los propietarios de la compañía es confidencial. Delos, así como otras empresas y embarcaciones con sede en el Mediterráneo, sobre todo griegas, fueron excluidas de la lista negra estadounidense el pasado 2 de julio, bajo promesa de que ya no harían tratos relacionados con Venezuela. Los destinos de Pdvsa habituales en Asia, según citan las autoridades estadounidenses, eran China, Malasia y Singapur. Para que los cargamentos desde Venezuela lleguen hasta las refinerías asiáticas sin levantar sospechas en Washington, se utilizan varias embarcaciones e intermediarios, se reetiquetan los productos y se alteran los registros aduanales, según una investigación de Reuters publicada en junio.

chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right

zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar

“Teníamos un convenio de petróleo por alimentos con una empresa mexicana y el Gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia, Juan Guaidó, fueron a amenazar empresa por empresa para tumbar el acuerdo para traer los alimentos a Venezuela de México”, se quejó Nicolás Maduro el 30 de mayo, un día antes de que Libre Abordo anunciara su presunta bancarrota en México. Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, advirtió que el caso de Libre Abordo se sumaría a la “denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional”.

“El ilegítimo régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto”. replicó en junio Justin G. Muzinich, el subsecretario de ese ministerio en la administración Trump, al comunicar la sanción contra Libre Abordo.

Chiste repetido

La trama de la venta de petróleo recuerda a la de alimentos, el millonario negocio de los Clap (por Comités Locales de Abastecimiento y Producción) detrás del programa bandera de Nicolás Maduro, y en la que se vieron involucradas también varias empresas mexicanas coludidas como proveedoras de Alex Saab. Entre 2016 y 2018, Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para el negocio detrás de los Clap. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos productos de muy baja calidad nutricional para las combos que luego enviaban a Venezuela.

Con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, Saab y Pulido obtuvieron dos contratos para el suministro de los Clap por poco más de 765 millones de dólares. Con Asasi Food FZC, inscrita en los Emiratos Árabes Unidos, otro convenio por 345 millones de euros, según ha documentado Armando.info. Estas sociedades y otras manejadas por la dupla colombiana en el negocio de los alimentos fueron igualmente señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro en julio de 2019.

Pero las irregularidades del negocio ya habían sido denunciadas antes por la Fiscalía mexicana, entonces Procuraduría General de la República. El 18 de octubre de 2018, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, declaró que se trataba de un “esquema fraudulento” con “operaciones inusuales”, además de productos de “baja calidad” con “sobreprecios”. Todavía estaba en ejercicio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Empresas mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI) o Grupo Brandon, entre un total de catorce, fueron incluidas en la investigación a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. A la postre esas compañías, como las intermediarias manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que Santiago Nieto, el ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica como “ilegales”.

Ese organismo, precisamente, es el que acaba de reactivar la investigación por posible lavado de dinero detrás de los Clap y sigue también el rastro de los 200 millones de euros pactados entre Libre Abordo y Corpovex tras el aviso de las autoridades estadounidenses y de la propia Secretaría de Energía de México.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas tienen constancia de al menos 28 operaciones de Libre Abordo con el extranjero, con compañías de China, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Lituania o Polonia, pero ninguna de esas asociadas a ingreso de dinero.

(*) Este reportaje es la primera entrega de dos en un proyecto de cobertura conjunta entre Armando.Info y el diario El País, de cuya plantilla forman parte los periodistas Elías Camhaji y Javier Lafuente.

El próximo domingo 2 de agosto de 2020, La última trama de Alex Saab- Parte 2: "Los yuppies contratacan (y salen perdiendo)". 


Armandogram (Versión AMP)

Armando.Info moderniza su plataforma brindando historias en formato AMP, especialmente diseñado para celulares.

Ver aquí versión AMP


¡Hola! Gracias por leer nuestro artículo.

A diferencia de muchos medios de comunicación digital, Armandoinfo no ha adoptado el modelo de subscripción para acceder a nuestro contenido. Nuestra misión es hacer periodismo de investigación sobre la situación en Venezuela y sacar a la luz lo que los poderosos no quieren que sepas. Por eso nos hemos ganado importantes premios como el Pulitzer por nuestros trabajos con los Papeles de Panamá y el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia.

Para poder continuar con esa misión, te pedimos que consideres hacer un aporte. El dinero servirá para financiar el trabajo investigativo de nuestros periodistas y mantener el sitio para que la verdad salga al aire.

Gracias por leernos. Recuerda que al final del texto puedes contribuir con nuestras investigaciones, disfrutar otros formatos y leer otras historias.