San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.
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Un escándalo producido por decenas de guacamayas y tucanes fue lo que se registró en un video con el que el exdiputado chavista, Adel El Zabayar, denunció por redes sociales la existencia de un galpón en la carretera Petare-Guarenas, al este de Caracas, donde estaba enjaulado un lote de aves atrapadas, presuntamente de manera ilícita, en el valle de la capital venezolana. El 25 de agosto de 2023, al día siguiente de develar este “sádico crimen”, como lo tildó el exparlamentario oficialista, el fiscal general designado en 2017 por la írrita Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab, ordenó desde su cuenta de la red X (antes Twitter) que la Fiscalía 88 con Competencia en Defensa y Delito Ambiental iniciara una investigación del caso bajo presunción de contrabando de fauna silvestre .
En aquel momento, el Ministerio Público no identificó ante el público a los responsables del galpón donde almacenaban las aves silvestres, ubicado en el kilómetro 14 del sector El Carmen de la vieja carretera Petare-Guarenas, en el estado Miranda. Sin embargo, imágenes captadas durante la inspección que en el lugar hizo la Policía del Municipio Sucre (Polisucre), en cuya jurisdicción se halla ese cobertizo industrial, confirmaron que se trataba del local del Criadero San Antonio Abad C.A., una empresa privada con la que el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) ha realizado, desde 2021, actividades promocionadas como “conservacionistas” y “defensoras de la biodiversidad”.
Lo cierto es que, detrás de esa fachada ambientalista, el zoocriadero San Antonio Abad también lleva adelante la comercialización de aves silvestres en el mercado internacional, una actividad que requiere de la aprobación de las autoridades locales y de los correspondientes permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), a la que Venezuela está suscrito como país miembro.
Ocho meses después de la denuncia pública y del anuncio de la fiscalía, nada se sabe de la investigación penal por contrabando de especies silvestres que Saab dijo haber ordenado. De lo que sí hay certeza es que el zoocriadero San Antonio Abad no paralizó sus operaciones, a juzgar por las bases de datos de comercio internacional que, como Importgenius, registran entre septiembre y diciembre de 2023, es decir, en fechas posteriores a la inspección de Polisucre al galpón, la empresa exportó 8,5 toneladas de animales silvestres vivos a India, Tailandia y Kuwait, un peso del que casi la mitad, 4,18 toneladas, correspondió a pájaros Psitaciformes, clasificación taxonómica que incluye géneros como los de loros, guacamayas y cacatúas.
De los 14 tipos de especies exportados por el Criadero San Antonio Abad que reflejan las bases de datos de comercio global y los certificados de importación a los que tuvo acceso Armando.Info, un tercio forma parte de la lista roja de fauna amenazada de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que funciona como un indicador de la salud de la biodiversidad en el mundo, así como del Sistema Venezolano de Diversidad Biológica (SVDB) del Ministerio de Ecosocialismo (Minec). Con el estatus de “Vulnerable” (VU) o “Casi amenazado” (NT), en estos reportes se encuentran la guacamaya militar (Ara militaris), el tucán arcoiris (Ramphastos sulfuratus), el tucán pechiblanco (Ramphastos tucanus) y el tucán de pico acanalado (Ramphastos vitellinus).
Otro destino registrado para las exportaciones es Bangladés (o Bangladesh, antigua Bengala Oriental, en el sur de Asia y al este del subcontinente indio). En este caso, el Criadero San Antonio Abad C.A. aparece vinculado a Kantal S.A. Ambas compañías tienen, a su vez, un mismo representante: Luis Miguel Faria Vieira.
Los tres nombres -San Antonio Abad, Kantal y Faria Vieira- destacan en cuatro certificados de no objeción (NOC) para importar aves incluidas en el tratado Cites, revisados por Armando.info para la presente historia y emitidos todos por el Departamento de Bosques de Bangladés. Aún si cuentan con esta aprobación en el país asiático, los envíos desde Venezuela incluyen especies catalogadas en las listas rojas de UICN y del SVDB.
En un cargamento a Bangladés del 5 de octubre de 2022, Kantal S.A. y Faria Vieira aparecen como exportadores de 96 aves correspondientes a tres especies amenazadas: 16 tucanes arcoiris (con categoría NT o casi amenazado); 40 tucanes de pico rojo (categoría VU o vulnerable); y 40 tucanes pico acanalado (también VU).
El 23 de octubre de 2022, de nuevo para Bangladés pero esta vez a nombre del Criadero San Antonio Abad, Faria Vieira se registra como responsable de la exportación de 30 tucanes arcoiris.
Así mismo pero en sentido contrario, el zoocriadero tampoco detuvo sus importaciones de fauna a Venezuela. Entre mayo y noviembre de 2023, el San Antonio Abad compró 5,5 toneladas de especies exóticas vivas, procedentes de Portugal, España y Países Bajos, según reportes de Importgenius.
La de Kantal es una marca conocida en Venezuela, con larga presencia en el mercado de comida y artículos para mascotas. Luis Miguel Faria Vieira y su hermano, Agostinho, son descendientes de uno de los fundadores de la compañía, el portugués Francisco P. Vieira. Aunque viven y trabajan en Venezuela, conservan la nacionalidad del padre.
El Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre de 1999 establece que todo aquel que pretenda exportar o importar animales silvestres o cualquiera de sus productos, requerirá de un permiso otorgado por el Ministerio de Ecosocialismo, y solo después de consignar una serie de requerimientos, como lugares de origen y destino de los animales, guía de movilización y sistema de transporte a utilizar. En el caso de que la exportación o importación tenga fines comerciales, el solicitante debe contar, además, con la licencia de comercio o industria.
El anuncio de la investigación del Ministerio Público tampoco detuvo la actividad dentro del galpón donde se encuentra el zoocriadero San Antonio Abad, en la carretera Petare-Guarenas. “¡Aviso! acceso restringido. Monitoreo por circuito cerrado y satelital las 24 hrs”, advierte un cartel en los altos muros del recinto, rodeado de barriadas y plantas industriales. Dos letreros enormes llevan el nombre de la empresa que allí funciona, con su correspondiente número de licencia expedida por el Ministerio de Ecosocialismo, así como también el Registro de Información Fiscal (RIF). Todo lo remata un lema: “¡Conserva y preserva la naturaleza!”. El imponente portón sigue abriéndose para dar paso a camionetas pick-up cargadas de cestas de plástico con frutas y verduras, confirman testigos.
Los vecinos de ese sector semirrural e industrial fueron quienes advirtieron al denunciante original, Adel El Zabayar, sobre la sospechosa naturaleza de lo que en el galpón se almacenaba, cosa que dedujeron por el bullicio de las aves, afirmó el propio exparlamentario en su cuenta de X.
El Minec, organismo que autoriza el funcionamiento de los zoocriaderos en Venezuela, no se pronunció en aquella oportunidad y, hasta la fecha, mantiene el mismo silencio. Pero diez días después de que la fiscalía anunciara la investigación por el supuesto contrabando de fauna silvestre, el ministerio, que dirige Josué Lorca, convocó un taller sobre bienestar animal, enriquecimiento ambiental y manejo conductual de fauna en cautiverio, que el 5 de septiembre de 2023 dictó el biólogo cubano René Rodriguez González. En la capacitación participó el zoocriadero San Antonio Abad, junto con La Casita del Avestruz, ExpanZoo y otro zoocriadero al que los boletines oficiales de prensa no identificaron en esa oportunidad.
En el evento del Minec, por supuesto, tampoco se mencionó la actividad comercial paralela del zoocriadero. Como podría haber sido el envío a Bangladés, entre 2023 y 2024, de 28 cargamentos de especies silvestres, que sumaron un total de 11 toneladas, de acuerdo a los registros de otra base de comercio internacional, 52wmb.
Sobre el curso de la investigación anunciada por el Ministerio Público en su momento, se intentó consultar por correo electrónico a la fiscal 88 con competencia nacional, Anamar Amaru Ravelo Labrador, así como a los fiscales auxiliares, Beatriz Carolina Díaz y Aden Eduardo Crespo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Peticiones de información impresas fueron entregadas también en el despacho de la fiscalía, ubicado en el quinto piso del edificio sede, en la avenida Urdaneta de Caracas.
Armando.Info también solicitó información sobre el funcionamiento del zoocriadero San Antonio Abad y los objetivos de la alianza con el Minec a Carlis Díaz, Presidenta de la Fundación de Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funzza), así como a Juan Carlos Santander, director de Diversidad Biológica del Minec.
Los funcionarios de la cartera de Ecosocialismo no respondieron el cuestionario enviado por Armando.Info el reciente 15 de abril pero, a manera de una réplica indirecta, el Minec anunció seis días más tarde la liberación de cuatro guacamayas militares en el Parque Nacional Waraira Repano (antes El Ávila) para garantizar “la diversidad biológica del área”. El acto de reinserción de estas especies en peligro de extinción estuvo a cargo del zoocriadero San Antonio Abad, como muestran las fotos publicadas en la cuenta de Instagram del organismo. Justo la guacamaya militar es una de las especies cotizadas que comercializa el Criadero San Antonio Abad, según registros de la base de datos sobre comercio internacional 52wmb. En enero de 2023 exportó 20 ejemplares a Bangladés.
A diferencia de Kantal, la trayectoria del zoocriadero que lleva el nombre del santo protector de los animales es de reciente data. Estableció alianza con el Minec en plena pandemia. Una de sus primeras apariciones públicas ocurrió en el II Encuentro de Zoocriaderos, Zoológicos y Acuarios, organizado por el Minec en agosto de 2021 en el Zoológico de Caricuao, una parroquia del suroeste de Caracas. Participó junto a otros zoocriaderos privados de actividad también cuestionada, como Inversiones Alazán GAC y Orinoco Reptiles.
El San Antonio Abad fue también el zoocriadero a donde llevaron, por órdenes del Ministerio Público, los 62 ejemplares de diversas especies silvestres incautados en octubre de 2023 en un operativo en el estado Portuguesa (Llanos occidentales de Venezuela) bajo sospecha de contrabando de fauna silvestre y caza ilícita. A las guacamayas, el rey zamuro y los osos hormigueros decomisados, provenientes de la sede del zoocriadero Inversiones Alazán GAC, con sede en Táchira, se les intentaba trasladar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para ser exportados a República Dominicana.
Los registros de comercio internacional indican que el San Antonio Abad comenzó a exportar animales vivos en 2022. Pero desde entonces nunca lo ha hecho de manera aislada. Vende fauna local a otros países en combinación con dos empresas tradicionales del renglón de las mascotas: la ya mencionada Kantal S.A. y Pajarolandia 2000 C.A.
La coincidencia de nombres en las juntas directivas de estas tres empresas explican su vinculación. Los hermanos Luis Miguel Faria Vieira y Agostinho Alberto Faria Vieira son, al mismo tiempo, directivos de Kantal S.A y Pajarolandia 2000. Además, el nombre del primero aparece en los certificados de importación de Bangladés adjudicados al Criadero San Antonio Abad y a Kantal.
La sede de Kantal S.A. continúa estando, como desde su fundación en 1974, entre las esquinas de Cruz a Cola de Pato, en la histórica parroquia de La Pastora, centro-norte de Caracas. Su expediente en el Registro Mercantil indica que se dedica a la elaboración, empaque y venta de alimentos para aves, así como a la importación y exportación de productos relacionados al ramo. La compañía está desactualizada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), razón por la que no podría firmar contratos con el Estado, si bien es cierto que la inscripción en el RNC no es un requisito para comercializar fauna silvestre en el exterior.
Solo en 2022, Kantal S.A. exportó unas 3,5 toneladas de guacamayas y loros a Bangladés y Tailandia. De 2021 a 2023 importó de República Checa, España, Países Bajos y Portugal unas 1,8 toneladas de fauna exótica viva, incluyendo guacamayas, loros y reptiles, según Importgenius.
Luis Miguel Faria Vieira es uno de los gerentes más activos del grupo familiar-empresarial. Cuando tenía 24 años el joven, recién graduado de Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, relató al Correio de Venezuela, un semanario dirigido a la colonia portuguesa, la historia de su llegada a Kantal y Pajarolandia 2000.
En la entrevista, publicada en la edición del 7 al 13 de agosto de 2008 de ese medio, contó cómo su padre fundó Kantal en los años 70 junto a otros socios. Luego, según el mismo narrador, el negocio fue creciendo con la incorporación de otros parientes y la apertura de nuevas empresas. Una de ellas terminaría siendo Pajarolandia, la venta de canarios, loros y semillas para pájaros con su legendario local en la avenida Casanova de Caracas, que el grupo familiar adquirió en el año 2000. Entonces cambió su nombre a Pajarolandia 2000.
”Esa cacatúa cuesta 9.000 dólares”, señaló a un ave blanca el dependiente de la histórica tienda, ahora decorada con grama artificial sobre sus paredes, cuando la reportera de Armando.info la visitó. No quiso hablar, sin embargo, sobre el origen de dos exóticas guacamayas de plumaje negro y rojo (Probosciger aterrimus) que ese día se topaban contra los barrotes de sus jaulas. En el local no solo se venden productos de Kantal. También ofrece artículos importados para aves, perros, gatos y peces. En una pared lateral, tres incubadoras anidaban polluelos que pronto estarían en oferta. Al fondo, se veía un cuarto lleno de jaulas, del suelo al techo, donde permanecían almacenados cientos de canarios que no paraban de trinar.
Se solicitó información a Luis Miguel Faria Vieira por correo electrónico. También se entregó una petición similar en la sede de Pajarolandia 2000. Pero, al cierre de este reportaje, no se había obtenido la versión del empresario. Una de las interrogantes que pudo haber respondido era la de si su zoocriadero está cumpliendo con el mandato de conservación de la diversidad biológica, aparte del “aprovechamiento sustentable” ligado a la comercialización de las especies.
En contraste con la crisis de los zoológicos en Venezuela, dejados a su suerte por el Estado, algunas acciones promocionadas como “ambientalistas” por el Minec, en las que ha tenido al zoocriadero San Antonio Abad por aliado, fueron cuestionadas por expertos que sostienen que aquellas no se corresponden con estrategias realmente efectivas de conservación de especies, investigación y educación ambiental, sino con las de “exhibición y entretenimiento”.
Tal fue el caso de la llegada al país de cuatro leones blancos (Pantera leo krugeri) provenientes de Sudáfrica, que el propio presidente Nicolás Maduro saludó el 25 de mayo de 2022 en un evento televisado. El Ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, ratificó la noticia por redes sociales, agregando que el traslado de los felinos solo había sido posible después de seis meses de negociaciones con la República Checa, y gracias al esfuerzo del gobierno de Maduro “por garantizar ciudades más armoniosas donde los venezolanos puedan disfrutar en familia de espacios más recreativos”.
Aunque los cuatro leones blancos fueron acogidos en el Zoológico de Caricuao, su traslado no tuvo un motivo científico, sino comercial. De hecho, fue el Criadero San Antonio Abad, y no el ministerio, quien sirvió como consignatario de la importación de los felinos que, desde Chequia, la comercializadora Moniva Exotic S.R.O vendió y envió, según registra la base de datos de comercio internacional 52wmb. Los archivos de Cites correspondientes a 2022 refieren que la compra-venta y despacho de seis leones (no cuatro) tenía un objetivo comercial, muy diferente al del intercambio científico entre zoológicos de ambos países o de colaboración institucional con fines conservacionistas.
El más reciente proyecto oficial en el que participa el San Antonio Abad es el plan de control de la población de zamuros (Coragyps atratus) en el vertedero de basura de Las Mayas, al suroeste de Caracas. Entre montañas de desperdicios, el Ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, declaró en diciembre de 2023 que el objetivo del plan consiste en disminuir el riesgo en el tráfico aéreo que supone la presencia en la zona de esas aves carroñeras que, también, sirven de vectores para diversas enfermedades. El funcionario aseguró que las aves serían trasladadas al Zoológico de Caricuao y, luego, reubicadas en distintos sitios del país para, finalmente, ser liberados.
Si en este caso se trata de retirar los zamuros de la zona, al mismo tiempo, el Criadero San Antonio Abad en su catálogo promociona como mercancía al rey zamuro (Sarcoramphus papa), la especie más vistosa de la familia de buitres americanos, conocida como Catathartidae. Toda una paradoja.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Detrás de la fachada conservacionista, este zoocriadero comercializa miles de morrocoyes sabaneros oriundos del Macizo Guayanés, con la autorización del Ministerio de Ecosocialismo. Desde hace más de una década, ha exportado más de 200.000 a cuatro continentes tomando rutas poco convencionales para saciar la demanda global de la fauna silvestre.
Colombia prohibió la pesca y comercialización de tiburones en 2021. Apenas un año más tarde, un cargamento con algo más de 3.400 aletas de tiburón, con destino a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Los miembros de estos escualos iban camuflados con vejigas natatorias de pescado que provendrían del Lago de Maracaibo, todas exquisiteces apreciadas por los gourmets chinos. Esta investigación sigue el rastro de parte del cargamento desde la Guajira venezolana hasta la capital colombiana y revela quién es el propietario de tan inusitado contrabando.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la "nueva Punta Cana" es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Ministro de Ecosocialismo y expresidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques). Antes de ser nombrado ministro el 22 de abril de 2021 por Nicolás Maduro, se desempeñó como viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente desde 2018
Exdiputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar (2000-2015). Miembro del Psuv. En 2013 obtiene un permiso indefinido de la AN para combatir en la guerra civil de Siria en apoyo a Bashar Al-Assad. En mayo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputa cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión ilegal de armas de guerra.
Empresario de nacionalidad portuguesa. Licenciado en Relaciones de la Ucab. Hijo de uno de los fundadores de Kantal SA (1974). Socio de Kantal SA y directivo de Pajarolandia 2000 CA y el Criadero San Antonio Abad CA.
