Colombia prohibió la pesca y comercialización de tiburones en 2021. Apenas un año más tarde, un cargamento con algo más de 3.400 aletas de tiburón, con destino a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Los miembros de estos escualos iban camuflados con vejigas natatorias de pescado que provendrían del Lago de Maracaibo, todas exquisiteces apreciadas por los gourmets chinos. Esta investigación sigue el rastro de parte del cargamento desde la Guajira venezolana hasta la capital colombiana y revela quién es el propietario de tan inusitado contrabando.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En septiembre de 2021, la policía colombiana recibió la alerta de una empresa de transporte para que revisara una serie de cajas de cartón que serían exportadas a Hong Kong desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Estaba a punto de realizar el mayor decomiso de aletas de tiburón hasta ahora en ese país.
Habían pasado seis meses desde que Colombia prohibiera la pesca y comercialización de tiburones, pero al abrir las cajas encontraron 3.493 aletas de cinco especies de estos animales, todas amenazadas de extinción. Las aletas estaban procesadas y camufladas entre 117 kilos de vejigas natatorias de otras especies -los tiburones no tienen-, un órgano que permite a los peces mantenerse a flote. Secadas y procesadas, al igual que las aletas de tiburón, las vejigas son vendidas en el mercado asiático como una delicatessen.
En aquel momento, las autoridades dieron a conocer algunos detalles. Por ejemplo, que se sacrificaron entre 900 y 1.000 tiburones; que, al parecer, las vejigas también estaban siendo traficadas, pues el exportador no contaba con permisos para su comercialización; y un dato curioso: la carga provenía de Roldanillo, un municipio al interior del Valle del Cauca que está a más de tres horas de distancia del mar.
¿Cómo y por qué llegaron las aletas desde un lugar tan alejado del océano? Pero, sobre todo, ¿Qué empresas están detrás y a quién pertenecía el cargamento?
Durante nueve meses, un equipo periodístico de Mongabay Latam, Occrp y Armando.info examinó decenas de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para responder a estas preguntas. También procesó más de 40 pedidos de información enviados a diferentes organismos públicos, siguió los pasos de los sospechosos en las redes sociales, viajó a los diferentes puntos para reconstruir la ruta del cargamento ilegal y entrevistó a más de 20 personas entre funcionarios, testigos, pescadores, científicos y expertos.
Los correos electrónicos y reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia provienen de una filtración de más de 13 millones de documentos a la que tuvo acceso esta alianza, junto con otros medios de todo el mundo, dentro del proyecto NarcoFiles: el nuevo orden criminal, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esta investigación revela que el enorme cargamento interceptado era de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del fallecido capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, y quien también ha sido procesado por tráfico de drogas. Además, da fe de una nueva modalidad para traficar aletas y de la existencia de un lucrativo comercio ilegal de vejigas natatorias provenientes de una zona del Lago de Maracaibo, al noroeste de la vecina Venezuela, tomada por grupos armados ilegales que amenazan y aterrorizan a cientos de pescadores de ese país.
Según los registros del servicio de mensajería Servientrega, que son parte de las pruebas documentales de la fiscalía, el cargamento fue enviado desde Maicao —ciudad del departamento de La Guajira, al norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela— hacia Roldanillo, a 1.100 kilómetros al suroeste colombiano, por Stevenson Bautista Moreno. Cuando la fiscalía solicitó información de esta persona a DataCrédito, la central de riesgo que recopila toda la información sobre el comportamiento de pago de las obligaciones de personas y empresas, la respuesta fue que ese nombre no coincidía con el número de identificación proporcionado. La identidad del primer eslabón de la cadena era, por lo tanto, un misterio.
Esta investigación periodística, sin embargo, logró identificar a través del análisis de redes sociales y de documentos de la registraduría obtenidos por solicitudes públicas de información, que la persona que envió el cargamento desde Maicao es, en efecto, la que aparece en el registro de Servientrega, solo que su nombre está escrito con sutiles diferencias de ortografía. El nombre correcto es Stivinzon Bautista Moreno. En redes como YouTube se identifica como Estivenson.
Su perfil de Facebook contiene fotografías y videos de 2018 y 2019 que muestran el procesamiento de vejigas natatorias —también conocidas como buches de pescado— en una planta que, según la misma información hallada en sus redes sociales, está situada en un barrio de Maicao. Algunas fotografías muestran a Bautista Moreno posando no solo con las vejigas, sino con armas y fajos de billetes, además de posar con fotografías de famosos capos del narcotráfico como Pablo Escobar. Entre sus contactos hay numerosos perfiles de comerciantes en países como Indonesia, Malasia, Corea del Sur o Pakistán, que venden vejigas, aletas de tiburón y otros productos marinos apetecidos en el mercado asiático, como los pepinos de mar.
Procesamiento de los buches de pescado. Video publicado en las redes sociales de Stivinzon Bautista
La información proporcionada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) permitió también establecer que ningún permiso para procesar vejigas natatorias se ha emitido hasta el momento ni en Maicao ni en ningún otro lugar del departamento de La Guajira. Esto sugiere que la planta donde Stivinzon Bautista Moreno procesaba los buches operaba de manera clandestina. En la Aunap no existe ningún reporte al respecto.
Un detalle extraído de las redes sociales de Bautista Moreno aportó una pista más a esta historia. Se trata de una fotografía publicada en 2021 en la que se ve un cartel pegado en la pared del lugar donde Bautista Moreno posa con las vejigas, donde se lee: “Pesquera Kike”. Esta empresa familiar, ubicada en el corazón del mercado de Maicao, es una de las pescaderías más antiguas y consolidadas de todo el municipio. Su dueño, Teobaldo Enrique De Moya Barcelo, aseguró no conocer a Bautista Moreno, aún cuando en una foto colgada en la pared de su negocio aparecen los dos, y también a pesar de la estrecha y constante comunicación de Moreno con diferentes miembros de la familia De Moya, según es posible ver en sus redes sociales.
Aunque hasta ahora no ha sido posible establecer quiénes fueron los proveedores de las vejigas que Stivinzon Bautista envió a la empresa Fernapez S.A.S., propiedad de Fernando Rodríguez Mondragón, en Roldanillo, municipio al interior del Valle del Cauca a más de tres horas por carretera del puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano, esta investigación comprobó la existencia de un activo tráfico de buches de pescado desde el norte del Lago de Maracaibo hacia Maicao. Rodríguez Mondragón es el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del Cartel de Cali, conocido como El Ajedrecista, quien murió el año pasado en una cárcel en Carolina del Sur, Estados Unidos.
Los reporteros de esta historia viajaron a la zona norte del lago, en el estado venezolano de Zulia, donde se registra la mayor actividad pesquera. La Isla de Toas, ubicada frente a la llamada Barra del Lago de Maracaibo, que separa este de las aguas saladas del Golfo de Venezuela, queda a tan solo 40 kilómetros de Maicao. Es uno de los centros pesqueros más activos y, de hecho, la mayoría de sus 12.000 habitantes se dedican a esa práctica. Los buches de pescado, principalmente de corvinas, se han convertido en el producto más vendido de la región.
Las operaciones de distribución están controladas por grupos criminales conocidos como piratas que operan armados con fusiles de alto calibre. Los pescadores sostienen que pueden recibir hasta 170 dólares por un kilo de buche, pero el dueño de una de las organizaciones pesqueras de Isla de Toas, que pidió mantener su nombre bajo reserva por razones de seguridad, comentó que para poder trabajar deben pagar a los grupos armados un diezmo de entre 50 y 100 dólares diarios por embarcación. Incluso así, si se les antoja, los piratas pueden rodear las lanchas pesqueras y llevarse las corvinas más grandes, con sus valiosos buches.
Los habitantes de la zona viven en medio de esta dinámica delictiva en la cual también deben pagar extorsiones a los agentes de seguridad del Estado. Todos los insumos —incluidos la gasolina y el aceite de motor— tienen sobreprecio. Las ganancias de los pescadores suelen ser mínimas en este contexto. La respuesta de los grupos armados hacia quienes se han atrevido a vender los buches al margen de los grupos armados ha sido implacable. Los testimonios que corren por Isla de Toas señalan que los piratas han desmembrado a pescadores y amarrado las partes de sus cuerpos a las lanchas a modo de advertencia para la población.
Fuentes señalan que los buches suelen ser comprados en el lugar por personas de origen asiático, pero también confirmaron que parte del producto es enviado hacia Maicao.
Se usan dos rutas para llegar hasta esa ciudad comercial de La Guajira colombiana, también primera parada de muchos migrantes que dejan Venezuela. Una parte desde San Rafael del Moján, en tierra firme al oeste de Isla de Toas, que se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con Colombia, y adonde llegan las embarcaciones provenientes de las islas del norte del lago. La otra sale desde la península de San Carlos, al noroeste, y continúa por un cordón de arenas finas hasta conectar con Paraguaipoa, la más importante población wayúu en el estado Zulia. Desde ese punto hasta la línea fronteriza, en plena Guajira, son solo 20 minutos de camino.
Cada una de las rutas tiene la posibilidad de desviarse en las trochas sin asfaltar de la porosa frontera colombo-venezolana, los famosos caminos verdes, que son controladas por grupos criminales. Así mismo, desde Paraguaipoa, en un recorrido de dos horas y media pasando por el poblado colombiano de Flor de la Sabana, en la Guajira, el contrabando también puede llegar a Uribia, a unos 55 kilómetros al norte de Maicao.
Hasta el cierre de esta publicación, ni Stivinzon Bautista ni Teobaldo Enrique De Moya habían respondido a las preguntas enviadas por esta alianza periodística.
Los documentos de la fiscalía revelan que el cargamento salió desde Maicao rumbo a Roldanillo el 23 de agosto de 2021. Allí permaneció tres semanas y luego fue enviado a Bogotá. En este punto se suma a la historia el nombre de Luis Alberto Cardona Bonilla, el hombre que recogió la carga y que sería el encargado de despacharla hacia Hong Kong.
El plan, sin embargo, no salió como se esperaba. La carga valorada en 30.000 dólares fue interceptada antes de salir del país.
Las aletas estaban procesadas, es decir, no solo habían sido secadas sino también peladas, lo que entraña un procedimiento complejo que implica la utilización de químicos y conocimientos específicos que sólo tienen los chinos, afirman distintos expertos entrevistados para este reportaje. Es así como las venden en las tiendas de Hong Kong, donde los consumidores asiáticos las compran para preparar una sopa conocida como yúchì tāng, un platillo para festejos y ceremonias que es símbolo de estatus, y que puede llegar a valer hasta 200 dólares en un restaurante. Un mal procesamiento puede hacer que la aleta pierda su valor. Por esa razón, quizás, no es usual encontrar en América Latina un cargamento de aletas procesadas.
“Esta es la primera vez que conocemos un caso en el que el procesamiento de aletas tuvo lugar en el país donde se capturaron los tiburones”, precisa la investigación que publicó el biólogo Diego Cardeñosa, luego de obtener los resultados de las 214 muestras moleculares que tomó de las aletas decomisadas para determinar las especies de tiburón a las que pertenecían.
Esta característica, más allá de ser una novedad en el tráfico de aletas, preocupa a los expertos, pues reconocen que podría hacer más difícil la lucha contra el tráfico de fauna silvestres. Según explica Cardeñosa, cuando una aleta es procesada pierde la forma y la coloración, entre otras características. Por lo mismo, “si empezamos a tener aletas peladas estamos en un problema, porque se complica la identificación. Ya no se puede saber sin una prueba de ADN a qué especie de tiburón corresponde”, comentó Alicia Kuroiwa, directora de hábitats y especies amenazadas de Oceana Perú, una ONG que investiga, entre otros temas, el tráfico de tiburones en ese país.
De hecho, para Cardeñosa, lo más probable es que los traficantes estén comenzando a procesar las aletas antes de enviarlas, justamente, para evitar la detección. Además, el experto asegura que “los chinos son muy celosos con ese proceso” y que, “aunque todavía no hay suficiente evidencia, creemos que debe haber gente china viniendo a estos países a enseñarle a la gente [de acá] a hacerlo”.
Pero no hay que perder de vista que ese valor agregado, además, implica mayores ganancias para una industria que, se estima, mueve 500 millones de dólares al año. Según Stanley Shea, director de Bloom Association, una ONG con sede en Hong Kong dedicada a la conservación de los océanos, el precio de un kilo de aletas puede variar dependiendo de tres factores: si tienen piel, si están procesadas y -una variable que define considerablemente la ganancia- de qué especie provienen. “Hemos visto especies listadas en Cites procesadas secas [sin piel] que van desde los 171 dólares por 500 gramos hasta los 677 dólares los 500 gramos”. Sin embargo, lo que sí es seguro es que “el producto con piel es más barato, dado que el mercado minorista de Hong Kong se basa principalmente en aletas procesadas”.
Las pruebas moleculares realizadas a las aletas decomisadas en el aeropuerto de Bogotá arrojaron que 60% pertenecía a la especie Carcharhinus falciformis, comúnmente conocido como tiburón sedoso y que se encuentra en estado vulnerable, según la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La segunda especie que más identificaron los científicos y que está en peligro cítico fue el tiburón martillo (Sphyrna lewini), seguido del tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), el tiburón toro (Carcharhinus leucas) y el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), todos incluidos en la lista de especies amenazadas de la UICN.
Todos estas variedades de tiburones, además, están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un acuerdo internacional que busca asegurar que el comercio de especies silvestres no amenace su supervivencia. Por lo mismo, para exportar estos tiburones o sus partes, la empresa o persona natural requiere de permisos especiales. El cargamento que sería exportado a Hong Kong carecía de ellos y violaba el tratado internacional del cual Colombia forma parte. Además, en cualquier caso, nunca habría podido obtenerlos, porque Colombia prohibió la pesca y la comercialización de tiburones y de sus partes en marzo de 2021.
Así mismo, los más de 100 kilos de vejigas natatorias donde estaban camufladas las aletas tampoco contaban con la documentación necesaria. Al momento de la incautación, Luis Alberto Cardona Bonilla presentó un permiso vencido que la Aunap le otorgó a Fernapez en 2019 para comercializar productos pesqueros. Y un detalle más: ese permiso sólo autorizaba la comercialización de productos pesqueros dentro del país. No permitía exportar, mucho menos, aletas de tiburón.
Fernando Rodríguez Mondragón también es conocido como el Hijo del ajedrecista, título del libro que él mismo escribió en 2007 y que cuenta desde adentro la historia del cartel de Cali.
Según los documentos de la fiscalía, entre 1993 y 2000 fue socio y miembro de la junta directiva de la Fundación para el Servicio del Ser Integral (Fundecali), una empresa que entre 2003 y 2014 fue incluida en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de EEUU, también conocida como la Lista Clinton. En 2002, fue capturado con heroína en un apartamento en el norte de Bogotá por lo que fue condenado a prisión en febrero de 2003 y obtuvo su libertad en junio 2005 por suspensión condicional de pena. Rodríguez Mondragón le dijo a esta alianza periodística que el caso ya “prescribió” —aunque según abogados consultados un proceso judicial que devino en condena no puede prescribir— y que todo fue “un montaje para poder poner [a] la familia en la palestra pública, puesto que en esa época Gilberto Rodríguez había salido en libertad”.
Luego de sus años en la cárcel, Rodríguez Mondragón se instaló en el municipio de Roldanillo, otrora uno de los centros de actividad del llamado Cártel del Norte del Valle, que se formó luego del declive del Cártel de Cali, donde abrió en 2017, en el barrio Los Llanitos, su empresa Fernapez dedicada, según los registros, al “comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos”.
Esta sería la primera pista para responder a una pregunta clave en la historia de este tráfico: ¿Por qué el cargamento fue hasta Roldanillo en lugar de viajar directamente desde Maicao a Bogotá, un viaje más corto? Sobre la base de testimonios e información obtenida por solicitudes de transparencia, todo indica que el cargamento se detuvo en esta ciudad de montañas, a 178 kilómetros de Buenaventura —el principal puerto comercial de Colombia en la costa Pacífico, en el departamento de Valle del Cauca —, para camuflar allí las aletas de tiburón.
“Uno sabía que trabajaban con pescado, pero lo que la gente dice es que no era para vender en Colombia sino para venderles a los chinos, porque pagan más. Ahí trabajaban a puerta cerrada y solamente empacando”, dijo una mujer sobre el lugar en donde funcionó la Comercializadora Fernapez SAS, y del cual ella es vecina, mientras barría la calle frente a su casa. Otros vecinos consultados coincidieron en que les llamaba la atención que en la empresa no había trabajadores colombianos sino dos chinos.
“El negocio estuvo funcionando allí unos años, pero ellos se fueron”, contó otro vecino del inmueble. Efectivamente, según la matrícula inmobiliaria, la casa que pertenecía a Fernando Rodríguez Mondragón fue vendida en noviembre del 2021. Es decir, tan pronto conoció sobre la incautación de las aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado, el hijo mayor del capo sacó todo lo que tenía en la casa y la vendió por 68 millones de pesos colombianos (alrededor de 17.000 dólares al cambio del momento). Así lo confirma el propio Rodríguez Mondragón, quien aseguró que “la empresa quebró a raíz del problema”.
En la misma línea de lo que relatan los vecinos, el permiso de un año que la Aunap le otorgó a Fernapez en abril 2019 —y que Cardona Bonilla le mostró a la policía el día del decomiso en el aeropuerto para justificar el envío de la carga—, especifica que en esa dirección de Roldanillo la empresa tenía una bodega de almacenamiento de pescados, incluidos tiburones. Entre las especies que la Aunap le había autorizado almacenar y comercializar, había tiburón trompa blanca (Carcharhinus velox), tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) y tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). Cabe recordar que, al momento del decomiso del cargamento, el permiso no solo estaba vencido de tiempo sino que había perdido toda validez por la entrada en vigencia de la nueva ley que prohíbe la comercialización de tiburones.
Aunque los vecinos consultados no tienen certeza de haber visto aletas de tiburón, lo que sí recuerdan es el olor fuerte y constante a productos de mar. “Eso era un olor a pescado pero rancio”, dicen, cosa que justamente es característica de las aletas tanto cuando están húmedas como cuando están en proceso de secado. De hecho, eso es lo que ha permitido en ciertos casos llevar a cabo operativo de confiscación. Así ocurrió en abril de este año, cuando la policía encontró en Tumaco, el segundo puerto de Colombia sobre el Pacífico, a unos 300 kilómetros por mar desde Buenaventura, un costal con 386 aletas sin secar que estaba siendo transportado por un camión de la empresa de transporte y mensajería Inter Rapidísimo. Las aletas viajaban camufladas entre un doble empaque plástico cubierto con abundante café molido, buscando tapar el olor. Sin embargo, “se dieron cuenta inmediatamente porque huele feo, muy fuerte”, contó uno de los especialistas que trabajó en la identificación de las especies tras el decomiso, y que pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad.
Dos vecinos relataron también que en la casa donde operaba Fernapez había presencia constante de policías. “Les preparaban comidita”, cuentan, y aseguran que en los días posteriores a que desocuparan la vivienda y vendieran todo, hubo movimiento de policías enviados desde Cali porque, al parecer, no le tenían confianza a los uniformados que estaban prestando su servicio en Roldanillo y que, según relatan las fuentes consultadas, parecían muy cercanos a Fernando Rodríguez Mondragón.
Como parte de esta investigación, se solicitó a la policía las inspecciones realizadas en las dependencias de Fernapez. Sin embargo la solicitud fue negada por tratarse de una información que “goza de reserva legal”.
Una información de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que obtuvo este equipo periodístico a partir de un derecho de petición, confirmó, como habían relatado vecinos de Fernapez, que el origen de las aletas decomisadas en el aeropuerto era Buenaventura, puerto a tres horas de camino en carro desde Roldanillo.
Lo anterior tiene sentido sobre todo porque Buenaventura, según las estadísticas oficiales, es el lugar en Colombia donde se trafica la mayor cantidad de tiburones. De acuerdo con datos de la Aunap, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), de la Armada y de la Policía Nacional, de los 22 eventos en los que se decomisaron tiburones o aletas entre 2016 y 2020 en Colombia, al menos 14 ocurrieron en el Valle del Cauca y 11 de ellos fueron en Buenaventura.
Tras la prohibición de pescar y comercializar tiburón en marzo de 2021, la situación no cambió mucho. Cifras del Ministerio de Ambiente dan fe de al menos 23 decomisos de tiburones y aletas desde la entrada en vigencia de la ley hasta julio de 2023. En la mayoría de los casos los animales o sus partes provenían de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, y de Buenaventura.
Además, existen casos en que, si bien el decomiso ocurrió en otras zonas del país, los responsables procedían de este puerto del Valle del Cauca. Por ejemplo, en abril de 2022, guardacostas de Bahía Solano, al norte de la costa pacífica colombiana, encontraron en una embarcación de nombre JD, que procedía de Buenaventura, dos neveras con 30 tiburones sin cabeza y sin cola. Lo mismo ocurrió en noviembre de ese mismo año, cuando los guardacostas, también de Bahía Solano, encontraron 114 tiburones y 89 aletas en la embarcación Los pescadores. De hecho, las aletas interceptadas en Tumaco dentro de los sacos con café también provenían de Buenaventura.
Este equipo periodístico recorrió la plaza de mercado principal y la llamada galería de Pueblo Nuevo, en Buenaventura, y confirmó que aún es posible adquirir, incluso a muy bajo precio, un tiburón tollo entero. Además, el aceite de estos animales se comercializa ante la vista de locales y visitantes.
Una fuente de la Armada Nacional reconoce que es casi imposible que las autoridades marítimas ejerzan control efectivo sobre la pesca de tiburón en Buenaventura y los puertos aledaños, porque “Buenaventura no tiene muelles formales. Aquí cualquier patio de casa que da al mar es un muelle y ahí están atracados los buques. La informalidad y la falta de control es mucha, es demasiado amplio para acudir a controlar todos esos sitios”.
El comandante de la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), capitán Alberto Buelvas, reconoce que esa “es una de las grandes problemáticas”. Por eso, dice, “apuntamos siempre con los administradores de turno a tener un gran muelle de cabotaje único donde se mueva la carga, donde se mueva la pesca”.
Pero, además, científicos y ambientalistas advierten otro problema grave. Tras la publicación del decreto de prohibición de pesca, el tiburón dejó de ser un recurso pesquero y, por lo tanto, ya no le corresponde a la Aunap fiscalizarlo. “Salió la Ley 281 a través de la cual el gobierno nacional declaró el tiburón como un recurso hidrobiológico, lo cual pasa a ser competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros, como autoridad pesquera, ya no tenemos competencia sobre ese tema”, dice Sandra Angulo, directora regional de la Aunap en Cali, capital de Valle del Cauca.
Es por eso que, según Angulo, cuando la Aunap hace operativos de control y encuentra tiburones, “automáticamente lo que hacemos es informar a la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Ambiente, y ya ellos entran desde sus procedimientos a hacer todo el proceso de decomiso”. ¿Qué ha traído este cambio? Según Juan Manuel Díaz, director de la fundación MarViva que trabaja en beneficio de la conservación marina en Colombia, tras la declaratoria de la nueva ley, “ya no hay registros de cuánto [tiburón] se captura” y toda la comercialización “se volvió algo muy oscuro”.
Este equipo de reporteros buscó la versión del Ministerio de Ambiente, pero hasta la publicación de este reportaje no se habían recibido respuestas.
Un ingeniero pesquero residente de Buenaventura, que conoce sobre el manejo de las aletas de tiburón y que pidió mantener su identidad en reserva, asegura que “la gente seca las aletas encima de los bambúes, de la caña en esterillas de guadua, pero ya no son aletas grandes, sino pequeñas, porque cada vez más se reduce el tamaño de la especie”, explica. El experto no descarta, además, que las aletas estén siendo trasladadas para ser secadas en otras localidades menos húmedas que Buenaventura, como el propio Roldanillo.
Ho’S Import & Export Limited es el nombre de la empresa que iba a recibir la carga en Hong Kong, pero que fue incautada en Bogotá, según los documentos de la fiscalía.
De acuerdo con la información obtenida de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre las exportaciones de Rodríguez Mondragón, Ho’S Import & Export Limited es el principal comprador de Fernapez. De hecho, desde que el hijo del fallecido capo puso en marcha su exportadora y comenzó a hacer envíos al extranjero, el principal socio comercial siempre fue esa empresa que, según los registros oficiales, queda en un edificio industrial en Tuen Mun, una zona remota de Hong Kong. Al visitar el lugar, sin embargo, los periodistas no encontraron ninguna empresa con ese nombre.
En las últimas tres semanas de diciembre de 2018, Fernapez realizó sus primeras tres exportaciones por un poco más de 86.000 dólares. En 2019, las ventas se dispararon y, de los tres procesos de exportación realizados en 2018, pasó a 24. Fueron casi 14 toneladas de vejigas y productos para la alimentación animal, por un total de 816.000 dólares que se enviaron a Chan Man Kin, Sui Man Wholesale y Ho’S Import & Export Limited. Ese año, Fernapez también exportó a Canadá mangos, pitahayas y granadillas, pero en los dos años siguientes Rodríguez Mondragón concentró su negocio sobre todo en las vejigas, el producto donde iban camufladas las aletas decomisadas en el aeropuerto de Bogotá. En 2020, las ventas alcanzaron los 550.000 dólares y en los primeros nueve meses de 2021, antes de que tuviera lugar el decomiso, la empresa alcanzó a exportar 495.000 dólares en vejigas.
Un dato importante es que todos los cargamentos fueron clasificados con un código arancelario que corresponde a vejigas de animales excepto, justamente, las de pescado. Sin embargo, la descripción de la carga precisa dice que se trata de vejigas natatorias.
Según el ex director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, las agencias aduaneras son las encargadas de presentar los documentos de los exportadores y las que hacen la clasificación arancelaria. El problema, es que “Colombia no revisa la clasificación arancelaria del exportador. Ahí no hay gran vigilancia”, asegura Ortega, quien precisa que rotular una carga con un código que no corresponde al producto real “es falsedad de documentos públicos y es un delito grave”.
Por otro lado, puesto que el permiso que la Aunap le otorgó a Fernapez había vencido en 2020 y, dado que mientras estuvo vigente solo le permitió a la empresa comercializar al interior del país, es posible deducir que todas las exportaciones de vejigas natatorias fueron ilegales.
Rodríguez Mondragón, en un descargo que presentó a la Aunap por la investigación administrativa que la entidad abrió en su contra y al que este equipo periodístico tuvo acceso, se defendió argumentando que la comercialización de buches es una actividad que “no requiere permiso de la Aunap” porque las vejigas son “sobrantes cuyo otro destino posible es la incineración o depósito como basuras”. Lo mismo aseguró al ser consultado para esta investigación: “En Colombia la vejiga natatoria es un desecho del pescado”, sostuvo.
Sin embargo, el abogado de la dirección técnica de inspección y vigilancia de la Aunap, Henry Gómez, asegura que “no se puede tener la concepción de que las vejigas natatorias son un residuo, un desecho”. La principal razón, explica, es que “representan un lucro económico, y esa es una de las condiciones que debe tener el recurso pesquero para ser considerado como tal”. Por lo mismo, para comercializar vejigas natatorias, es necesario contar con un permiso de la Aunap, insistió.
Otro punto que llama la atención es que en 2020 y 2021, prácticamente todos los envíos de vejigas que hizo Fernapez fueron por un valor de 30.000 dólares, aún cuando existen diferencias considerables en el peso de los cargamentos. Por ejemplo, en 2021, de las 19 exportaciones realizadas, 11 pesaron 300 kilos y su valor fue de 30.000 dólares. Sin embargo, también hubo cargamentos de 117 kilos, de 125 kilos o incluso uno de 49 kilos en diciembre de 2020 y el monto del valor declarado siempre fue el mismo: 30.000 dólares. El cargamento que fue decomisado, por cierto, también estaba valorado en esa cantidad y pesaba 225 kilos. ¿Por qué tantos cargamentos con pesos distintos fueron valorizados siempre con la misma cantidad?
El empresario pesquero Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, un recurso cuyo principal mercado es el asiático, no logra encontrarle sentido a esa diferencia. En los años que tiene de experiencia, tanto en el sector privado como en el público, en el que figuró como exministro de la Producción y viceministro de Pesquería de Perú, nunca ha visto un producto pesquero o agrícola con esa fluctuación de precios en un plazo tan corto. “Me suena a trampa”, dice Miranda y suma un ejemplo. “La harina de pescado pudo haber costado 300 dólares en el año 98 y hoy día cuesta 1.600 dólares, pero eso cambió en 25 años, no en 25 días. No hay mercado que pueda fluctuar así, con ese margen extraordinario de diferencia”, asegura.
Pero hay un detalle más. “Que los números sean cerrados es muy raro. Los números nunca son tan absolutos”, dice Ortega, quien sostiene que “es tan fácil hacer esas trampas en Colombia, que la gente ni se molesta en ocultarlas”.
En respuesta a estas dos dudas, Fernando Rodríguez Mondragón respondió que la diferencia está en que el valor de las vejigas varía según la especie de pescado. Por ejemplo, “la corvina es más cara que la merluza y la cachama”, dice.
¿Qué exportó realmente Rodríguez Mondragón en todos esos envíos? En el caso de las vejigas que fueron decomisadas en el aeropuerto, para el abogado de la Aunap, Henry Gómez, “en realidad lo que venían era ocultando la exportación que se pretendía hacer de las aletas de tiburón”. ¿Cuántas veces fueron enviadas aletas de tiburón en cargamentos que iban rotulados como vejigas?
Según el ex director de la DIAN, “no hay mucho interés” en el país por corroborar que las exportaciones correspondan efectivamente al producto declarado y “desafortunadamente, no hay colaboración; con China no hay ninguna. China hoy en día es el gran facilitador de lavado en el mundo, entonces el nivel de coordinación es cero”.
Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF), explica que “cuando un delincuente quiere exportar droga o quiere exportar aletas de tiburón no lo va a decir de frente; va a decir muchas mentiras y parte de las mentiras que va a decir son las financieras”. Para él, considerando que “el lavado de activos es ocultar el origen del pago”, en la operación de Fernapez, “si se comprueban los hechos, habría lavado de activos”.
De hecho, de acuerdo con la información fiscal a la que esta investigación tuvo acceso, la fiscalía abrió, a partir del decomiso en el aeropuerto de Bogotá, un proceso de lavado de activos que, según confirmó la fiscalía, continúa en proceso de indagación.
El fiscal Fernando Jiménez, Director Especializado para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, confirmó a esta alianza periodística que Fernando Rodríguez Mondragón se encuentra con medida de aseguramiento privativa de libertad en su domicilio en Roldanillo. La medida fue ordenada por el juzgado luego de haber sido imputado como “autor del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables en concurso con el delito de tráfico de fauna con aumento de pena por la comercialización de aleta de tiburón”. El caso se encuentra actualmente en investigación.
Por su parte, Rodríguez Mondragón dijo a los reporteros que planea apelar los cargos que se le imputan. “Soy inocente. Estoy reuniendo pruebas contundentes que demostrarán que no tuve nada que ver con lo que respecta al envío de esta carga hacia Hong Kong”, dijo. Según detalla, el responsable habría sido un ciudadano chino que mantenía un contrato de trabajo con su comercializadora. “Él abusó de la confianza y envió a Bogotá para ser exportado a Hong Kong unas aletas de tiburón sin mi consentimiento, mientras me encontraba cuidándome del Covid 19 fuera de Roldanillo”, aseguró.
También compartió dos videos de las cámaras de seguridad de su empresa donde es posible ver a sus empleados manipulando las aletas de tiburón. Según dice, los videos están en manos de la fiscalía. Sin embargo, no proporcionó pruebas que descarten su participación en la operación.
Esta alianza periodística intentó contactar al ciudadano chino a la dirección de correo electrónico de contacto que aparece en su solicitud de visa, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibió respuesta.
Luis Alberto Cardona Bonilla, por su parte, tampoco envió respuestas a las preguntas de los reporteros. Fuentes policiales aseguraron que se encuentra “prófugo de la justicia”, y que actualmente está siendo buscado “para desarticular toda la organización”.
Este contenido es parte de 'NarcoFiles: el nuevo orden criminal', una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con Armando.info y 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
Impulsados por la necesidad de producir coca fuera de la región andina y abrir franquicias más rentables, los narcotraficantes están reinventando el viejo negocio del contrabando de drogas hasta hacerlo más global: por ejemplo, los cultivos se mueven a Centroamérica mientras, en Holanda, España, Australia y Senegal, aparecen laboratorios para procesar cocaína, algunos con ‘cocineros’ colombianos. Pero no solo eso: las organizaciones criminales también innovan en el transporte de la droga que ahora camuflan de las maneras más disímiles.
No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cártel de Sinaloa y el ELN. Su estructura es difusa, a veces se le tiene por una leyenda, pero existe, y es capaz de trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cártel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que ahora respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
