Los negocios de hidrocarburos ahogan los derechos de los migrantes en Trinidad y Tobago. Abandono consular, deportaciones, multas prohibitivas, explotación laboral y condenas de prisión, son algunas de las hostilidades que aguardan a los que llegan desde Venezuela buscando una mejor vida allá. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Puerto España trata con guantes de seda al régimen de Nicolás Maduro, para el que reserva los miramientos que se tienen con un socio que, en el marco de acuerdos de cooperación que llevan años negociándose, aportará el gas natural y los recursos que permitirán reactivar importantes instalaciones industriales en la nación de las dos islas.
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La sede de la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas no acepta correspondencia formalmente. Ya a sus puertas empiezan los peros para no recibir cartas, y si las reciben, no las sellan. No importa si se trata de la solicitud de un diputado, del familiar de un migrante detenido o de un periodista. La comunicación parece ser fluida solo con el Gobierno de Venezuela, sin otra exposición o movimiento que afecte lo que parece ser una alianza de conveniencia perfecta.
Ni el creciente flujo de migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago, ni los problemas derivados de esa corriente humana -solicitudes de asilo, arrestos por falta de papeles, denuncias de malos tratos- mueve a los gobiernos lejos de esta zona de confort.
Resonó con fuerza el reclamo, ese sí, hecho por el primer ministro trinitario, Keith Rowley, pero dirigido a Naciones Unidas, asegurando que no permitirá que su país se convierta en un “campo de refugiados”. Un impasse que ocurrió tras la reprimenda de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) por la deportación de 82 venezolanos, de los cuales más de la mitad eran solicitantes de asilo. Rowley no dirigió una palabra al gobierno venezolano y este también prefirió el mutismo, incluso cuando empezaron a circular audios de venezolanos maltratados detenidos en Trinidad.
El apoyo trinitario a la autodenominada Revolución Bolivariana no es sobrevenido, como tampoco se trata de un asunto ideológico. En Puerto España, de hecho, nadie sabe definir muy bien si la administración de Rowley es de derecha o de izquierda. Esa indefinición, en todo caso, ha facilitado los pragmáticos espaldarazos que el Gobierno de esta nación bi-insular del Caribe anglófono ofrece cada tanto al del país vecino.
En junio de 2017, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro reconsiderar la convocatoria para la Asamblea Constituyente y propuso formar un grupo de países para acompañar una nueva iniciativa de diálogo en la nación, Trinidad y Tobago fue uno de los cuatro países de la cuenca del Caribe que no aprobó la iniciativa, junto con Granada, Haití, Surinam. Un año después, también la OEA, durante la cuarta sesión plenaria de la 48° Asamblea General, aprobó una resolución para desconocer las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo -en las que Maduro “relegitimó” su mandato- , con 19 países que votaron a favor. Pero entre las once abstenciones estuvo la de Trinidad y Tobago.
El guante de seda del Gobierno trinitario tiene que ver con el negocio de los hidrocarburos. En la isla se habla abiertamente de la necesidad de concretar los acuerdos que llevan más de cinco años discutiéndose con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la poderosa estatal petrolera, para reactivar la principal planta de gas licuado de la isla y, a su vez, la planta de metanol -la segunda más grande del mundo- de las que dependen no solo el consumo energético de Trinidad y Tobago sino su principal fuente de ingresos, la venta de gas y sus derivados. Como Venezuela, la nación de doble isla caribeña es exclusivamente monoproductora de hidrocarburos.
El acuerdo firmado el sábado reciente en Caracas entre Keith Rowley y Nicolás Maduro –sin la aprobación obligatoria de la Asamblea Nacional, por el lado venezolano- destrabó un proyecto para la explotación de gas en una zona conocida como Campo Dragón, ubicada en aguas del estado venezolano de Sucre a escasos kilómetros de la plataforma Hibiscus, ya en aguas de Trinidad y Tobago y operada por la gigante petrolera angloholandesa Shell. El documento oficializa una alianza que supone que el gas natural extraído desde Venezuela sea captado en Hibiscus y de ahí enviado a la planta trinitaria de Point Fortin, donde será convertido en gas licuado. Aún queda pendiente saber si se concretará un negocio similar con el envío de gas venezolano desde el campo compartido de Loran-Manatee, que empezó a conversar el entonces presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, con las autoridades trinitarias en el año 2015. Tres cuartas partes de ese depósito de gas se encuentran en aguas venezolanas.
Mientras se alcanzaban estos acuerdos irrumpió la crisis migratoria y una vez más Trinidad y Tobago prefirió pasar por alto cualquier ruido que pudiera perturbar la alianza en ciernes, hasta el punto de proponerse invisibilizar la oleada de más de 40.000 inmigrantes venezolanos que solo reconoce en reuniones privadas y encuentros diplomáticos. En la isla, ni uno de los venezolanos detenidos por causas migratorias ha sido visitado por el personal del consulado venezolano. Apenas el esfuerzo de algunos diputados de la oposición venezolana ha reflotado el tema en esferas más allá del estricto contacto entre los gobiernos.
“Hemos pedido a la Cancillería que, por favor, con urgencia se atienda estos casos, que se utilice la diplomacia venezolana para traer a estos venezolanos de regreso, no bajo la figura de la deportación sino de la repatriación, porque con la primera quedan ellos con una carga judicial”, explica el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana.
“Hemos hecho múltiples gestiones ante la embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela (…) pensábamos que podíamos resolver esto por la vía de los canales diplomáticos y la diplomacia parlamentaria. Pero hasta ahora todo ha sido infructuoso. Vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos que tienen trámite como refugiados y que están detenidos. Hasta ahora lo que tenemos claro es que Trinidad y Tobago está violentando las normas internacionales”, sigue Valero. Además de algunos encuentros con los diputados de la oposición, la embajada de Trinidad y Tobago en Caracas solo ha recibido cartas de los familiares de los migrantes sin reaccionar de modo alguno. Solo silencio.
Los familiares de los detenidos han mantenido su peregrinaje por diferentes instituciones exigiendo respeto a los derechos de sus seres queridos: acudieron tres veces a la Cancillería, cinco veces al consulado de Trinidad y Tobago en Venezuela y una vez a la sede del Ministerio Público en Caracas. En junio alquilaron un autobús que trasladó a los familiares desde Güiria (estado de Sucre, en el extremo nororiental del país) y Valencia (capital del estado de Carabobo, región central) hasta Caracas. Con carteles en mano pedían que se repatriaran a sus familiares y que se cumpliera el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas.
Yasmín Juares lideró el encuentro. Por ser de las pocas familiares residenciadas en Caracas, Yasmín se ha dedicado a visitar la Cancillería, el Consulado y la Asamblea Nacional para buscar la intermediación para traer a los venezolanos detenidos. Su hijo, José Silva Juares, de 19 años de edad, fue detenido en Trinidad y Tobago el 3 de abril en un local nocturno donde trabajaba como diyei y lo condenaron a pagar una multa de 1.500 dólares -trinitarios o titi; alrededor de 225 dólares estadounidenses-.
“No hemos tenido asistencia del Gobierno y en el Consulado nos dicen que el Convenio de Estrasburgo no tiene validez”
A José le dijeron que sería uno de los deportados que vendrían el 21 de abril a Venezuela, pero al último minuto no lo dejaron abordar el avión militar que desembarcó por rampa 4 -la que usan dignatarios del Poder Ejecutivo- tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.
Desde entonces, Yasmín logró el primer censo de detenidos en la cárcel de inmigrantes de Trinidad y Tobago para ponerle nombre y apellido a los afectados y comenzó a hacer visible las detenciones a través de las redes sociales. “No hemos tenido asistencia del Gobierno y en el Consulado nos dicen que el Convenio de Estrasburgo no tiene validez”, cuenta desconcertada en medio de la protesta respaldada por esposas y madres de los inmigrantes detenidos.
Luego de múltiples gestiones, José, el hijo de Yasmín, estaba supuesto a regresar a Venezuela este miércoles en un vuelo regular desde Puerto España. Pero, de nuevo a última hora, las autoridades trinitarias se lo impidieron mientras volvían a exigirle el pago de la multa.
En efecto, el 21 de abril llegó a Maiquetía un avión con 82 venezolanos deportados. La mayoría había cumplido condena. Algunos habían tramitado una solicitud de refugio a través de Acnur; a otros, las autoridades de Trinidad y Tobago les despojaron de sus respectivos pasaportes. Entre los devueltos viajaba Sebastián*, de 25 años de edad. En 2014 participó en las protestas que hicieron tambalear al Gobierno chavista y se prolongaron por tres meses, con un saldo de un centenar y medio de fallecidos. Muchos de sus compañeros de rebelión fueron detenidos. La agudización de la crisis económica y los señalamientos de “guarimbero” que le hacían de manera constante y lo ponían en riesgo frente a las autoridades venezolanas, lo llevaron a decidir que debía migrar. Desde Güiria, un amigo pescador lo llevó hasta Trinidad y Tobago, donde trabajó como cocinero.
El 31 de diciembre de 2017 la policía allanó la residencia en la que dormía. Fue puesto bajo arresto. El tribunal lo sentenció a seis meses de cárcel porque en su pasaporte no había un sello de que certificara su entrada legal a la isla, pero por su buena conducta solo cumplió tres meses de la condena, antes de ser deportado. Durante su tiempo en prisión, un amigo trinitario lo ayudó para que solicitara refugio, pero ese trámite no fue siquiera considerado a la hora de deportarlo. La víspera del viaje de regreso a Venezuela lo llamaron para avisarle que sería embarcado. En el área de migración los funcionarios trinitarios le quitaron su pasaporte.
Sebastián recuerda que, en el cruce de palabras con la embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, esta les dijo en el aeropuerto: “Para pasar trabajo acá es mejor que lo pasen en Venezuela. Denle las gracias al Presidente”. Así lo cuenta Sebastián. “La embajadora de Venezuela y un funcionario de Trinidad y Tobago nos grabaron en video por separado para declarar que aceptábamos la deportación de manera voluntaria”, aseguró.
No es de extrañar entonces la escasa o nula simpatía que sienten los inmigrantes hacia la embajada venezolana, que tampoco les asiste en la cárcel y que, en algunos de sus escasos encuentros, se permite exhibir una actitud desafiante ante los connacionales a los que se supone protege.
Por ejemplo, en junio reciente, algunos de los venezolanos detenidos fueron llevados a la sede de la embajada en Puerto España, donde les hicieron conocer de manera oficial la inconformidad del Gobierno de Nicolás Maduro con su presencia en la isla.
Jean Carlo*, detenido en el Centro de Detención para Inmigrantes, estuvo presente en uno de esos encuentros. “A mí me llamó una funcionaria, no sé si era la embajadora”, hace memoria. “Y me dijo: ‘Tú no sabes en lo que te metiste, no eres un perseguido político, a ti tu país no te persigue’. Y yo solo pensé para mis adentros: ‘Sí, tal vez Maduro no me persiga, pero el hambre sí’”.
Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon de las playas falconianas con rumbo a Curazao y desaparecieron con 51 personas a bordo entre 2019 y 2020. Un cuerpo recuperado, ni una estela de gasolina y muchas irregularidades se reseñan en el expediente del caso, pero no alcanza a revelar el misterio. La actividad de una banda local del crimen organizado que mantiene un pie en tierra firme y otro en las ex Antillas Neerlandesas, y los ecos de un operativo también previo e inusual de agentes de la policía científica, figuran entre los posibles motivos para que ninguna autoridad se muestre con ganas de resolver ambos casos. Entre tanto, el acarreo ilegal de migrantes continúa por mar, con ganancias para muchos y riesgos para unos pocos.
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
Si el papel clave de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en la trama de importaciones para el programa del Gobierno de Nicolás Maduro ha salido a relucir, casi nada lo ha hecho la participación de los comerciantes que desde México le sirven como proveedores. Se trata de grupos económicos que, aún antes de hacer negocios con Venezuela, tampoco eran ajenos a la controversia pública.
Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.
Desbordados los pasos hacia Colombia y Brasil y con mínimo acceso a divisas para alcanzar otros destinos apetecibles, cruzar hasta Trinidad y Tobago es una de las rutas más accesibles para quienes buscan huir de la Venezuela en zozobra. Trasladarlos es el negocio de los ‘coyotes’ que tienen base en los estados de Sucre o Delta Amacuro, mientras que pecharlos es el de los lancheros, pescadores, contrabandistas y cuerpos de seguridad que los acechan.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
