Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Wilmer Ruperti, el empresario naviero que robusteció su fortuna al cobijo de Hugo Chávez, lo ha tenido casi todo en la vida. Pero lo elude el cumplimiento de su anhelo de ser el dueño del equipo de béisbol venezolano Tiburones de La Guaira, aunque lo sienta tan cerca que ya lo vocifera. Así sucedió el 28 de marzo de 2023, cuando, durante un contacto telefónico para un programa de su canal de televisión, apeló a la consigna de los fanáticos del equipo, “vamos pa` encima”, como el “lema que escogimos para la adquisición de los Tiburones de La Guaira”.
“Adquisición”, sin embargo, es una palabra inexacta o por lo menos prematura, pues Ruperti no ha podido aún comprar el equipo. No precisamente por un impedimento suyo, sino por un cabo suelto de uno de los dueños actuales, el abogado y también empresario hotelero venezolano, Francisco Arocha Hernández, presidente de Tiburones de La Guaira. Tanto él como su socio y vicepresidente, Antonio Cheíto Herrera, negociaron y firmaron con Ruperti un acuerdo de voluntades para venderle la marca. Pero una demanda contra Arocha, que Armando.info corroboró mediante la revisión de documentos mercantiles de Tiburones de La Guaira, hasta hace poco trababa la venta.
La querella pone en el terreno de este juego a Ahmad Reza Ataie, otro empresario marítimo, contratista de Pdvsa y cercano al chavismo, iraní de origen y demandante de Francisco Arocha Hernández. Es la historia de un equipo histórico de la liga venezolana que, de superarse un leve entuerto legal, quedaría en nuevas manos. Y no de cualquiera, sino uno de los más connotados empresarios del chavismo.
De acuerdo con lo constatado por Armando.info para este trabajo, el 21 de julio de 2022, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas decretó la medida cautelar innominada de prohibición de enajenar y gravar bienes de la sociedad de comercio Tiburones B.B.C., más específicamente, de Axoya Consultaduría y Marketing LTDA, la empresa registrada en Portugal mediante la cual Arocha y Herrera adquirieron una parte de las acciones en el equipo. La otra parte está registrada a nombre de Inversiones A.H. 2000, también presidida por ambos socios.
La segunda medida fue la prohibición de “inscribir actos societarios” en la empresa. El 28 de julio de 2022, Abel Ernesto Durán Gómez, director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), adjuntó la notificación en el expediente de la empresa.
El 17 de marzo de 2023, el juez Marcos de Armas Arqueta ratificó ambas medidas. Sin embargo, doce días después, Ruperti hizo pública su decisión de comprar el equipo. ¿Un paso en falso por su parte? En una primera entrevista telefónica para Armando.info el 2 de agosto de 2023, Herrera aseveró que no. El acuerdo de voluntades es la garantía de que pronto el equipo pertenecerá a Ruperti.
“En efecto, hay una demanda, una medida de enajenar y gravar contra Francisco [Arocha] por un tema comercial de él. Mientras, se vinieron dando una serie de pasos que se han cumplido. Esa medida se debe suspender cuando Francisco, que está muy cerca de hacerlo, resuelva su tema”, informó Herrera.
Así, la posibilidad de venta del equipo estuvo congelada hasta el 14 de agosto de 2023, cuando las prohibiciones fueron levantadas, según confirmó el mismo Arocha a Armando.info.
“Se intentó una acción judicial en Venezuela y se produjo una medida cautelar. Dicha medida fue levantada al haber llegado las partes a un acuerdo amigable y así consta en el expediente correspondiente”, explicó.
Acá entra en juego el origen del obstáculo de Ruperti: un empresario marítimo, como él; contratista del Estado venezolano, como él; cercano al chavismo, como él; y, de alguna forma, también dado a los medios de comunicación, como él. Se trata de Ahmad Reza Ataie, el acreedor de Arocha y fundador en 2012 de la empresa International Offshore Engeineering and Developing I.O.E.D. Company, C.A., con sede en La Guairita, Caracas, y a través de la cual interpuso la demanda que había trancado hasta fecha reciente la entrega del equipo.
Ahmad Reza Ataie cuenta con su propio historial de contrataciones con el Estado venezolano. Por ejemplo, la empresa a través de la que demandó a Arocha prestó servicios a Pdvsa y a Pdvsa Naval para adecuación de sistemas eléctricos, reemplazos de oleoductos y servicios de ingeniería.
También es propietario de Iranian Offshore Engineering and Construction Company de Venezuela (IOEC), C.A., dedicada a la construcción de estructuras marítimas para la industria petrolera; y de Inversiones Veniran, C.A., que también ha contratado obras civiles con el Estado, a través del Ministerio de Comunas y de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa).
En el plano internacional, Ahmad Reza Ataie ha cultivado negocios en paraísos fiscales. Sus empresas International Offshore Engineering and Development Company INC y Atban`s Corp. tienen sede en Barbados y fueron mencionadas en Paradise Papers, la filtración de 13.4 millones de documentos organizados en una investigación global que en 2017 coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Otro paraíso fiscal, Panamá, aloja más empresas de su propiedad. Una es South American Bakery Investments LTD Corp, y la otra es la sede panameña de International Offshore Engineering and Construction Company, Inc.
Como Ruperti, aunque desde otra área, Ahmad Reza Ataie también tiene la afición por comunicar: sus artículos sobre la gestión de proyectos de ingeniería, construcción e industrial naval, como él mismo los presenta, pueden leerse en varios portales de Venezuela.
La aseveración de Arocha sobre la resolución del entuerto judicial concuerda con lo expresado por el propio Ahmad Reza Ataie, quien mediante un representante y por correo electrónico respondió al cuestionario enviado para este reportaje.
“El señor Arocha había garantizado los préstamos que le hicimos con fianzas personales. En tal virtud, se intentaron diversas acciones por ante los tribunales venezolanos con el objeto de que se prohibiese la enajenación de la parte del equipo [de su] propiedad, hasta tanto no pagase la acreencia que tiene con nosotros”, explicó.
“En la medida en la que fue tomando cuerpo una negociación para la adquisición del equipo, el señor Arocha propuso un acuerdo para pagarnos [una parte del saldo de la deuda] con lo que reciba de la venta del equipo. Es así que hace unas semanas se celebró una transacción judicial que termina con la prohibición de venta”, añadió. A través de ese compromiso, Arocha terminaría de pagar su deuda.
Lo cierto es que el tránsito por este tipo de entuertos judiciales y su resolución en acuerdos extrajudiciales son asuntos a los que Arocha está acostumbrado. Armando.info revisó cinco demandas en su contra, radicadas ante la justicia del condado de Miami-Dade, en Florida, al menos desde 2019.
Estas demandas, unas directamente para Arocha, y otras, para la organización que preside en Estados Unidos, HES Group Holding, L.L.C, dedicada al sector hotelero y de la restauración en el sur de Florida (donde detenta la franquicia de los hoteles Aloft), varían: desde “malversaciones y uso indebido de fondos” para proyectos, incumplimiento de pagos de préstamos, fraude, enriquecimiento injusto y transferencias fraudulentas. Una de ellas la emite Nodus International Bank de Puerto Rico, propiedad de otro venezolano, Tomás Niembro Concha. Otra la radicó el empresario Giuseppe Sindoni.
Arocha justifica esos litigios así: “Tuve una crisis producto del Covid que me afectó económicamente y le he dado la cara a todo el mundo. No hay ninguna decisión definitiva en contra mía que implique que tuve una actuación inadecuada. Fueron negocios que no salieron bien y yo di la cara como garante personal”.
Sobre alguna relación de negocios previa con el acreedor y demandante iraní, Arocha también coincide con los representantes de Ahmad Reza Ataie: no la hubo. Todo fue “estrictamente comercial. Él realizó una inversión (en forma de préstamo convertible en equity) en una empresa de la cual formo parte, relacionada con un proyecto en la industria de la hotelería. No fue una operación a título personal”, dijo Arocha.
El origen del equipo que hoy se conoce como Tiburones de La Guaira fue Licoreros de Pampero, una novena fundada en 1956 por el empresario Alejandro Hernández. En 1962, en manos de José Antonio Casanova, fue rebautizado Tiburones de La Guaira. Tres años después, el empresario aduanero Pedro Padrón Panza lo compró, y durante su presidencia, el equipo ganó siete títulos en la liga de Venezuela. El último, en 1986.
En 2004, Arocha y Herrera compraron la marca a los herederos de Padrón Panza, quien murió en abril de 1999, de causas naturales. En diciembre de ese mismo año, durante los deslaves en Vargas, en el centro-norte costero de Venezuela, también murió su hijo, Pedro Padrón Briñez, quien debía tomar las riendas del equipo.
LLamativamente, en aquella época de la transacción liderada por Arocha y Herrera, el bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), a través del cual se protocolizó la operación de compra y venta del equipo, informaba a la Organización Cisneros (el consorcio familiar de ascendencia cubana que descolló en Venezuela a través de diversas ramas de negocios) sobre los pasos del proceso. ¿Por qué?
“Cisneros no tuvo nada que ver. Francisco trabajaba en la Organización Cisneros y ha tenido una relación muy buena con los Cisneros, tanto Gustavo como con Ricardo. Y yo también. Tenemos relaciones comerciales con ellos, hay ingresos por negociaciones que en el tiempo hemos tenido con ellos y por eso se informó, pero no han tenido nada que ver con Tiburones”, ahonda Herrera sobre las comunicaciones a las que tuvo acceso Armando.info, entre Luis Queremel, representante de la Organización Cisneros, y Alcogal.
El vaivén público en torno a la venta comenzó el 11 de febrero de 2022 cuando, tuit mediante, el periodista Daniel Álvarez-Montes, director del sitio web especializado en béisbol El Extrabase, anunció que Tiburones de La Guaira había sido vendido y que en pocos días la noticia sería oficial.
Herrera fungió como bateador designado para responder. Ese mismo día, en la cuenta de Twitter de Tiburones de La Guaira se reprodujo su mensaje: “No hay ningún acuerdo de venta de Tiburones de La Guaira”.
Por si había dudas, el 18 de febrero de 2022, más enfático, declaró que “todos esos tipos que quieren comprar el equipo, que compren abonos. Esto no es una cosa cínica. Lo que quiero decir es que el equipo no está en venta. El equipo lo que quiere es que todos los que lo quieren, lo ayuden”.
Pero nueve meses después, el tono y la noticia eran distintos. El 24 de noviembre de 2022, durante una rueda de prensa, Herrera anunció que el equipo estaba en venta. “Firmé un contrato condicionado. Estamos en el proceso de que se cumplan las condiciones (…) Francisco Arocha y yo seguimos siendo los únicos propietarios, pero hay un proceso muy avanzado de compra en marcha”, puntualizó.
A aquella declaración siguió un largo silencio respecto de quién era el comprador. Entre enero y febrero de 2023, el nombre de Ruperti como nuevo dueño se coló en algunos portales que presentaban la noticia sin atribución, hasta que él mismo, en el ya aludido contacto telefónico del 29 de marzo, se presentó como propietario, diciendo que había adquirido el equipo aunque, como explicó Herrera, el contrato firmado no implica una transferencia de propiedad.
Pese al obstáculo legal impuesto por Ataie, la LVBP aprobó por unanimidad la venta, según confirmó su presidente, Giuseppe Palmisano, en entrevista con Armando.info.
“Nosotros dimos los pasos necesarios que dicta la Confederación [de Béisbol Profesional del Caribe] y la Major League Baseball. Seguimos lineamientos de ellos, como nuestros jefes inmediatos, cuando expusimos la intención de Ruperti. MLB hizo todo el protocolo, las investigaciones sobre si Ruperti tenía sanciones, problemas con la justicia americana y todo estaba en okey, hasta que surgió una medida que llegó a la Liga: que se prohibía la venta de Tiburones por la demanda a uno de los socios”, recapituló.
Dos fuentes consultadas apuntan que el precio por el equipo fue 10 millones de dólares. Al respecto y por separado, Palmisano, Arocha y Herrera coincidieron en que el monto es parte de los acuerdos confidenciales en la negociación, y aseguran que no ha habido ningún pago hasta ahora. “Todo eso va a ser público muy pronto y se va a registrar", aseguró Herrera, refiriéndose a la venta y el monto.
Respecto del comprador, Wilmer Ruperti no se molesta en disimular sus vínculos con el oficialismo desde que puso a disposición del gobierno de Hugo Chávez seis de sus buques para importar combustible y, así, frenar los efectos del paro petrolero de los años 2002 y 2003 (protesta convocada por la oposición venezolana). Entre otras peculiaridades, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han agradecido de manera pública a Ruperti por haber comprado en subastas y haber cedido a la República armas que pertenecieron a Simón Bolívar. También socorrió a la familia presidencial venezolana en 2016, cuando el diario estadounidense Wall Street Journal reveló que Ruperti pagaba los abogados de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, capturados a finales de 2015, acusados de narcotráfico y encarcelados en Estados Unidos.
En 2020, durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos investigó a Ruperti por importar gasolina desde ese país a Venezuela, lo que implicaba una violación a las sanciones impuestas al régimen de Caracas. A pesar de que, en marzo de 2023, Pdvsa auditó las cuentas de Maroil Trading AG, empresa naviera de Ruperti que adeudaba más de 423 millones de dólares por el suministro de coque de petróleo, en julio reactivó al suministro del derivado de petróleo a la empresa de Ruperti, quien hasta el cierre de esta edición no contestó el cuestionario que, por correo electrónico, le envió Armando.info.
Mientras tanto, y negando haber tenido cualquier relación comercial previa con Ruperti, los dueños actuales afirman que el traspaso del equipo está cada vez más cerca. “Se cumplieron todas las formalidades correspondientes. Los términos de la transacción están apegados al estricto cumplimento de la normativa aplicable”, finaliza Arocha. Por su parte, Herrera confía en que, para la próxima temporada, Tiburones de La Guaira tendrá nuevo dueño: “¿Para octubre? Sí, creo que eso está muy cerca. Es inminente”.
Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni siquiera una inversión en un circuito radiofónico le hizo mella, terminó hace poco, cuando apostó a una candidata perdedora en unas elecciones municipales de Miami-Dade. Tanto por su resultado como por su propósito desconocido, todavía son pocos los que le encuentran sentido a esa inusual contribución.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.
Su construcción masiva en barrios populares de todo el país fue la solución que en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. Pero de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono. A pesar de esa ruina, el proyecto fue un negocio fértil para los empresarios que estaban detrás, los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, sancionados hace poco por el Departamento del Tesoro estadounidense. El dúo logró un contrato que, en cuestión de semanas, pasó de 60 a 100 millones de dólares gracias a la Fundación Pro-Patria 2000, un ente subordinado al Despacho de la Presidencia y por cuya directiva pasaron el hijo mayor y un sobrino de la primera dama, Cilia Flores.
Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
Empresario venezolano de origen iraní, dedicado especialmente a la construcción de plataformas marítimas para la industria petrolera. Su demanda contra Francisco Arocha ha trabado la venta de Tiburones de La Guaira.
Comunicador, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y empresario venezolano. Ha sido durante veinte años, y junto con Francisco Arocha, dueño y vicepresidente de Tiburones de La Guaira.
Abogado venezolano y empresario hotelero residenciado en Estados Unidos. Ha sido durante veinte años dueño y presidente del equipo Tiburones de La Guaira. Una demanda en su contra ha impedido la venta de la marca a Wilmer Ruperti.
Empresario naviero venezolano. Dueño del medio televisivo Canal I y de la empresa Maroil Trading, es también potencial comprador del equipo venezolano Tiburones de La Guaira.
Equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En su fundación, en 1956, fue llamado Licoreros de Pampero. En 1962 cambió su nombre al actual. Ha ganado siete títulos en su historia.
