La república del "Niño Guerrero"

Maracay.- El debut fue en diciembre de 2015. Se había instalado una tarima con equipos de sonido e iluminación y una docena de centinelas se movía con sagacidad entre el montón de gente del sector El Viñedo I de San Vicente, al suroeste de Maracay, en el estado Aragua, para asegurarse del orden. Héctor Guerrero Flores, apodado el Niño Guerrero, estaba acompañado de la actriz y DJ Jimena Araya, conocida como Rosita, y había tomado el micrófono para dirigirse al público. Sus promesas eran las mismas de un candidato político: rescatar a los jóvenes de las drogas, embellecer el barrio, conseguir la paz y no aceptar a los “azules” (policías). Pero su vestimenta hacía que se le confundiera con un reggaetonero: pantalones y franelas unas tallas más grandes, collares gruesos y metálicos, tenis y una gorra deportiva. Del momento solo hay recuerdos, relatados bajo anonimato porque en San Vicente nadie tiene autorización para hablar del Niño Guerrero.

Aunque Guerrero Flores sea mencionado en los periódicos, noticieros de televisión y de radio venezolana y en las comisarías policiales, debido a su amplio prontuario criminal y liderar una megabanda delictiva llamada Tren de Aragua, los habitantes de San Vicente tienen prohibido hablar sobre él.

Su ley fue instaurada hace más de dos años. Ya el barrio estaba dominado por el Tren de Aragua y los cuerpos policiales comenzaban una contienda por el dominio del territorio. Pero el Niño Guerrero se ha ido asentando sobre cualquier autoridad legal.

Su figura polariza en esta comunidad. Es apoyado por, supuestamente, ofrecer seguridad, orden y ayudas económicas a las familias. “Desde que tomó el barrio ha disminuido la inseguridad. Ellos le dan medicinas y sillas de ruedas a los ancianos. Aquí hay dos iglesias católicas y 10 cristiana evangélicas. Ni siquiera los curas se atreven hablar sobre ellos”, dice un vecino. Pero el Niño Guerrero también es aborrecido por convertir a San Vicente en una cárcel a cielo abierto.

No hay cadenas que amarren al Niño Guerrero en San Vicente. Muchos lo han visto entrar, merodear o salir en camionetas negras y blindadas, escoltado y dictando órdenes a la tropa de hombres que dirige. Se impuso con la ley del fuego que, entre otros ademanes, se manifestó con allanamientos, desalojos de familias, desapariciones y violencia. Su banda ha sido capaz de sentar “toques de queda”, así como el ocurrido a finales de noviembre cuando 150 de sus hombres tomaron la comisaría de la Policía de Aragua en el barrio y paralizaron a los lugareños. 

Hágase su voluntad

En San Vicente cualquier propiedad está a merced de los caprichos del Niño Guerrero: administración de mercados, transporte público y espacios recreativos. Si hay un festejo promovido por él o sus hombres, alguna cancha o plaza es ocupada por dirigentes del Tren de Aragua. Si se necesita abastecer de alimentos a la banda, entonces se dispone de despensas de mercados. Si se necesita una movilización masiva, los autobuses públicos son utilizados. O, por lo menos, en esto coincide una docena de vecinos.

No es un territorio de fácil dominio. San Vicente tiene más de 28 mil habitantes, distribuidos en 28 sectores con distintas demandas. Pero el Niño Guerrero ha delegado en sus hombres el control de esta comunidad. Cada parcela de este barrio es regentada por dos o más lugartenientes designados por él que, entre otras misiones, tiene que velar porque no haya escandalosas fiestas después de las 11:00 de la noche y porque ningún joven esté en las calles en las madrugadas. Los ladrones solo roben fuera de estos predios y nadie delate al grupo delictivo.

Si hay algún reclamo, existe una instancia para decidir sanciones. Muchos vecinos señalan al Tarántula –un moreno de 37 años, nariz alargada y achatada, ojos achinados– como el designado por el Niño Guerrero para esta tarea. Dicen que su despacho está en el vertedero de basura llamado El Bote y desde allí, según lugareños, impone penitencias a los sentenciados por el Tren de Aragua que se barajan entre el trabajo comunitario, golpizas o el desalojo definitivo de la comunidad.

Pero pocos desafían al Niño Guerrero. R.R., un trigueño de 58 años de edad, recuerda que muchos policías fueron expulsados de sus casas por no plegarse a estas reglas: “Se tuvieron que ir del barrio, los hombres del Tren de Araguales decían que sus casas ahora pertenecían a Tocorón (cárcel aragüeña dominada por Guerrero)”.

Desde afuera, San Vicente es visto como un territorio sin garantías para la vida. Los taxistas se niegan a llevar a los clientes al barrio. Juan Acevedo, un chofer de la ciudad, jura que ni por el doble de la tarifa va a este sitio: “¡Nooo, yo no me meto ahí por nada, primero la seguridad!”. El mismo argumento es repetido por dos, tres y cuatro taxistas más. El transporte público se ha convertido en la opción más expedita para los moradores y los visitantes de este barrio.

Los autobuses con destino a este barrio circulan esporádicamente y casi siempre repletos de pasajeros: tríos sentados en puestos dobles, otros parados, apretujados, y muchos guindados en la puerta. Un conductor asegura que la flota del transporte público ha mermado debido al encarecimiento y la ausencia de repuestos provocados por la alta inflación en el país –calculada en 108% en 2015, según reportes del Banco Central de Venezuela– y la escasez de divisas para importarlos, pero también argumentan que sienten miedo de atravesar diariamente una ruta definida por la delincuencia. Pero los buses, aparentemente, no solo prestan servicio a la comunidad. Según los habitantes de San Vicente y dos choferes entrevistados que exigieron el resguardo de su identidad, en ocasiones son utilizados para el traslado de los visitantes de la cárcel de Tocorón, uno de los principales centros de operaciones del Tren de Aragua, y para otras disposiciones del Niño Guerrero como funerales o protestas masivas en apoyo al grupo delictivo.

Una visita, un mensaje

Los Embajadores, como denominan a los encargados de enviar mensajes de las cabecillas de organizaciones criminales, visitaron a José Ramón Arias, diputado al Consejo Legislativo del Estado Aragua (Cleba), para advertirle que dejara de denunciar las operaciones de las bandas delictivas de la región. Su trabajo se ha centrado en llevar el pulso a la violencia en Aragua y sugerir políticas a la Gobernación para mejorar la seguridad ciudadana. “He recibido amenazas (no especifica de qué delincuentes), muchos hemos sido intimidados. Nuestra principal crítica es en contra del Gobierno por la ineficacia de los planes de seguridad. No es solo San Vicente, pues hay un estado de sitio en la entidad debido a la inseguridad”, indicó.

Arias valida algunos testimonios de los vecinos de San Vicente. Confirma que esta comunidad está asediada por delincuentes que imponen sus reglas sin poder ser controlados por la policía y el gobierno local. “Se imponen gobiernos paralelos debido a la ausencia de planes estructurales de las autoridades oficiales”, explica.

San Vicente es fiel al chavismo, su población ha votado por esta opción política en los últimos 17 años. Sin embargo, esta comunidad se ha sentido ignorada por los gobernadores y vejada por la policía regional, como consta en denuncias hechas por sus habitantes a la prensa aragüeña en los años precedentes a la llegada del Niño Guerrero al sector. Margarita Rivero, diputada opositora del Cleba, es austera al opinar sobre este barrio, porque admite que la seguridad no es su “fuerte”. Pero indica que es muy evidente el desgobierno de las autoridades locales en este territorio. “Las razones por las que el hampa se ha apoderado de este barrio son las mismas que podría tener el resto del país. Hay debilidades gubernamentales, falta de gobierno y eso es aprovechado por grupos al margen de la ley”, afirma.

El gobierno de los pranes se inició en empobrecidas zonas rurales de Aragua y se expandió como un virus a toda esta entidad. El gobierno de los delincuentes se fortaleció hace aproximadamente dos años, asentándose en diferentes barrios e instaurando el terror entre los ciudadanos. Esta ciudad fue paralizada por órdenes del Chino Pedrera, uno de los líderes de las bandas que integra el Tren de Aragua, el pasado 4 de febrero. En un comunicado, divulgado por este grupo criminal, se decretó un día de luto por el asesinato de Emilio Rojas Madriz, su lucero –así llaman en las cárceles venezolanas a los lugartenientes de los líderes o pranes–, que obligaba al cierre de los comercios, hoteles, agencias de loterías y a la inoperatividad del transporte público.

El cortejo fúnebre fue seguido por unos 200 hombres, en motocicletas y con armas de fuego. Los cuerpos policiales solo fueron espectadores, no hubo detenciones. Los habitantes de Maracay se escondían en sus viviendas o se asomaban con timidez para presenciar el duelo del Tren de Aragua.

Solo transcurrieron 19 días para que otro entierro paralizara a Maracay. José Gabriel Álvarez Rojas, o el Chino Pedrera había sido asesinado un mes antes de cumplir 34 años de edad por supuestos agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPCP), aunque inicialmente la prensa regional adjudicó el crimen a una rencilla e incluso a un robo cometido por enemigos.

Días antes de morir, el Chino Pedrera supo sobre el asesinato de dos aliados, Rojas Madriz y Josue Manuel Bolívar, debido a supuestos enfrentamientos con policías. Los prontuarios de estos tres prófugos engordaron desde que se asentaron en un barrio conocido como Pedrera, en Maracay. Allí planificaban y ejecutaban robos, secuestros, extorsiones e incluso se les acusaba de homicidios. Sin embargo, el Chino Pedrera se autoproclamaba como un defensor de esta comunidad. “Buenos días, mi gente de Maracay, La Pedrera, siempre los protejo, pero todo amerita un sacrificio”, escribieron el 7 de febrero en la cuenta de Twitter @ChinoPedrera que, supuestamente, pertenecía al delincuente. Según vecinos de La Pedrera, él pedía al barrio que le ayudara a actuar en contra de la policía que le perseguía.

Álvarez Rojas, o el Chino Pedrera, murió en la clandestinidad, huyendo de los cuerpos policiales, en la población de Guacara, localizada en el estado Carabobo, y muy lejos de sus predios. Freddy Bernal, exjefe de la Policía de Caracas y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dedicó unas líneas a la muerte del delincuente en su cuenta de Twitter: “La muerte de ‘El chino pedrera’ del Tren de Aragua, es un duro golpe al crimen organizado. Felicitaciones al CICPC”. Aún, después de su deceso, no cesaron los enfrentamientos y las muertes.

La opinión del concejal Arias es que el crimen organizado se arraigó en la entidad ante la ausencia de políticas de seguridad de la Gobernación, presidida por el oficialista Tareck El Aissami. El diputado, que dirige un observatorio para monitorear la criminalidad en Aragua, asegura que las muertes asociadas con eventos violentos han aumentado 56% en la región desde 2013, año en que hubo más de 924 homicidios en esta entidad, según cifras extraoficiales. En esta región nor-central de Venezuela no son divulgadas las estadísticas oficiales, son ocultadas como sucede en el resto de este país, una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Hugo Chávez y continuada por el actual mandatario Nicolás Maduro. “Sin embargo, el grupo que dirijo lleva una data de los delitos gracias a las publicaciones de la prensa local. Esto significa que el número de muertes puede ser mayor, ya que no se registran algunas. Casi la totalidad son provocadas por armas de fuego”, dijo.

El perfil de las víctimas de la violencia en Aragua son hombres de 28 años, pertenecientes a las clases socioeconómicas medias y pobres y con hijos. Las balas han dejado a 1.526 niños y adolescentes huérfanos en esta región del país. El municipio con más muertos producto del crimen es Girardot, justo donde está asentado San Vicente.

El perfil de las víctimas de la violencia en Aragua son hombres de 28 años, pertenecientes a las clases socioeconómicas medias y pobres y con hijos. Las balas han dejado a 1.526 niños y adolescentes huérfanos en esta región del país. El municipio con más muertos producto del crimen es Girardot, justo donde está asentado San Vicente.

La huella del delito

Aragua es solo una minúscula pieza en el rompecabezas de la violencia en este país. Según un informe elaborado en 2015 por la organización internacional Seguridad, Justicia y Paz, Venezuela tiene tres de las 10 ciudades más violentas del mundo: Caracas (Distrito Capital), Valencia (Estado Carabobo) y Maturín (Estado Monagas). El estudio, aunque cuestionado por autoridades, muestra una nación marcada por el delito.

Caracas, la capital de este país caribeño, ocupa el primer lugar de este penoso ranking, seguida por la ciudad San Pedro Sula en Honduras. Entre 1998 y 2015 se sextuplicó el número de homicidios: de 4.550 saltó a 27.875 asesinatos en 17 años. Se trata de cifras del Observatorio Venezolano de Violencia que anualmente registra nuevos récords de inseguridad en esta nación.

En esta guerra no declarada de las organizaciones criminales contra la población predomina el uso del arma de fuego como objeto de dominio. Muchas están en manos de delincuentes rasos, cabecillas de bandas, prisioneros que las exhiben dentro de las cárceles y en algunos integrantes de grupos conocidos como colectivos que se han caracterizado por defender al chavismo.

Ninguno de los 24 planes aplicados entre 1999 y 2015 han podido desarmar al país. En San Vicente, por ejemplo, se aplicó un programa de prevención de seguridad e inclusión social llamado A Toda Vida Venezuela, creado por el gobierno de Maduro para atacar la inseguridad, en 2014. De esta misión social hay videos testimoniales, relatos de los vecinos y una pequeña fábrica de bloques bautizada como La Esperanza Cristiana que tuvo una inversión de 550.000 bolívares (55.000 dólares calculados a la tasa de cambio de Divisas Protegidas, Dipro).

Las trazas de las balas

La comisaría de la Policía de Aragua de San Vicente es una evidencia del potente arsenal de la tropa del Niño Guerrero. Las paredes y el techo de esta comandancia están marcados por agujeros hechos por las balas, unos imperceptibles y otros cuyo tamaño es comparable con el grosor de un limón. Esta es una oficina que ha sentido la furia del Tren de Aragua en, al menos, tres ocasiones desde agosto. Uno de estos ataques cometidos por 15 hombres mató al oficial Nelson Álvarez Hernández e hirió de un disparo en la cabeza a su compañero Ángel Miguel Utrera. Tras este asalto, en el sitio fueron hallados casquillos de balas procedentes de armas cortas y largas.

La guerra fue declarada a principios de 2015. Jesús Rafael Chourio, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Aragua), indicó entonces a la prensa venezolana que conocía la organización de los delincuentes: “Tienen una distribución por cuadrantes para delinquir en todos los sectores del estado”. San Vicente apenas se erigía como un bastión para el grupo delictivo, casi una treintena de sectores entrelazados por callejones y caseríos por donde se movían los tentáculos del Tren de Aragua.

San Vicente es indomable para la policía. Varias avanzadas armadas de los cuerpos de seguridad estatales han intentado frenar el arraigo del Tren de Aragua en el barrio, pero los enfrentamientos han resultado en la muerte de 19 presuntos delincuentes y de un policía, centenares de detenidos y decenas de heridos. Es una cifra cuestionada por los moradores, que cuentan más de 30 bajas por esta guerra que se inició hace más de un año. Ni los cuatro Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, (un plan iniciado por el presidente Maduro y cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su letalidad), han zafado al barrio del poderío del Niño Guerrero.

Esta guerra captó la atención de los medios de comunicación en agosto de 2015. Siete agentes de la Policía de Aragua fueron grabados cuando sujetaban a un hombre y le disparaban para asesinarlo, mientras otros tres yacían en el suelo ensangrentados. La fecha de la grabación coincide con la muerte de Leonardo Antonio Mejías Medina, Douglas Bolívar Reyes, Omar Ramírez, que, según informaciones ofrecidas por fuentes policiales al periódico regional El Siglo, se enfrentaron a los agentes al ser sorprendidos durante un secuestro en un taller conocido con la firma comercial Tebelca, ubicado en la Zona Industrial de San Vicente II. Tras divulgarse el vídeo aficionado del ajusticiamiento, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que ocho oficiales fueron detenidos e imputados por el exceso policial.

El tesoro

Según fuentes policiales y vecinos, el tesoro del Tren de Aragua está en un sitio denominado El Bote. No es más que un extenso vertedero de desechos, invadido por moscas y buitres, pero que supuestamente esconde oscuras transacciones.

Por El Bote se han desatado enardecidas pugnas entre los vecinos y las autoridades regionales. A finales de noviembre hubo una protesta, encarnizada por lugareños y miembros del Tren de Aragua, para rechazar un plan del gobernador El Aissami de cerrar este vertedero. Los manifestantes, que estuvieron más de dos días en reclamo, argumentaban que se dejaría a seiscientas familias sin empleo. Después de cuatro meses de esta protesta, hay vecinos que insisten en que es una fuente de trabajo y otros que afirman que fueron obligados a salir en defensa del botadero de desechos.

Este kilométrico terreno de escombros, desechos y malos olores, se conecta con el estado Carabobo a través del lago de Valencia. Los que habitan cerca de este vertedero aseguran que escuchan el sonido de los motores de potentes camionetas y de lanchas casi a diario. Es en este lugar donde, según fuentes policiales, podría almacenarse y distribuirse cargamentos de droga. Lo cierto es que, si no se conoce la anatomía de ese horizonte de desperdicios, es difícil emprender una persecución con resultados alentadores para las autoridades. Por eso, el Niño Guerrero y sus secuaces han hecho de estos dominios su república.